La Masacre de Rosario fue investigada por distintas vías, pero ninguna logró establecer judicialmente quiénes planificaron y ejecutaron el atentado. La atribución a Montoneros aparece desde las primeras horas y conserva una fuerte plausibilidad histórica, aunque nunca se encontró una reivindicación primaria. Expedientes perdidos, actuaciones militares, circuitos clandestinos de inteligencia y una causa federal reabierta décadas después explican por qué, cincuenta años más tarde, todavía no existe una sentencia.
Hay una idea que durante mucho tiempo acompañó a la Masacre de Rosario: que el atentado del 12 de septiembre de 1976 nunca había sido investigado. La documentación reunida para este libro obliga, sin embargo, a corregir esa afirmación, porque investigaciones hubo; lo que nunca hubo fue una sentencia.
Existieron actuaciones militares, intervenciones judiciales, interrogatorios, pericias, sospechosos y, décadas más tarde, una causa federal que volvió a reunir testimonios y documentos. Ninguno de esos caminos terminó estableciendo, mediante las garantías de un juicio, quién ordenó colocar el coche bomba en Junín y Rawson, quién consiguió el vehículo, quién preparó el explosivo, quién realizó la inteligencia previa y quién accionó la carga cuando pasó el interno 231. Ese sigue siendo uno de los grandes vacíos que permanecen medio siglo después.
Tres caminos y ningún juicio
La reconstrucción permite identificar tres vías institucionales diferentes. La primera fue militar y existen referencias a una actuación del Consejo de Guerra relacionada con Carlos Enrique Pérez Rizzo, e incluso a una condena producida en ese ámbito, aunque el expediente no pudo ser localizado. Sin esas actuaciones resulta imposible determinar con precisión cuáles fueron los cargos, qué pruebas se analizaron, qué resolvió aquel tribunal y, sobre todo, qué relación concreta tuvo ese procedimiento con el atentado contra el micro de Guardia de Infantería.
La segunda vía fue la Justicia provincial. Según la documentación incorporada posteriormente a la causa federal, la Justicia santafesina informó que no había sustanciado un proceso relacionado con el hecho y tampoco pudieron localizarse actuaciones provinciales que permitan reconstruir una investigación autónoma sobre la planificación y ejecución del ataque.
La tercera vía fue la Justicia Federal, y allí aparece uno de los mayores interrogantes documentales de toda esta historia.
El expediente que desapareció
Después del atentado se realizaron pericias, se fotografió el lugar, se recogieron restos del coche bomba y se identificaron las víctimas. También se abrió una actuación federal contemporánea a los hechos, cuya carátula era “Gutiérrez, José María y otros s/sus muertes”.
La existencia de ese expediente fue posteriormente confirmada y también se comprobó que las actuaciones fueron remitidas al Comando del II Cuerpo de Ejército, pero a partir de allí el rastro se pierde y el expediente original no pudo ser localizado. Eso no demuestra que el atentado no haya sido investigado, sino algo posiblemente más grave desde el punto de vista institucional: cincuenta años después, el Estado no puede explicar completamente qué investigó, qué información reunió, qué personas fueron señaladas y qué ocurrió con buena parte de esas actuaciones.
Un Estado tiene obligación de investigar, pero también tiene la responsabilidad de conservar los registros de aquello que investigó.
La pregunta que atraviesa medio siglo: ¿quién puso la bomba?
Desde las primeras horas posteriores al ataque comenzó a circular una atribución: Montoneros. Esa hipótesis apareció entre policías, sobrevivientes, familiares, medios de comunicación y posteriormente dentro de distintas actuaciones e investigaciones, aunque aquí resulta indispensable distinguir entre aquello que la historia permite considerar plausible y aquello que puede afirmarse como judicialmente probado, porque no son lo mismo y, cincuenta años después, esa diferencia sigue siendo central.
Una reivindicación que nunca apareció
Montoneros reivindicó formalmente numerosas acciones armadas y existe incluso un caso rosarino especialmente útil para la comparación. El atentado contra la Comisaría 14.ª, ocurrido el 25 de enero de 1977, fue reconocido públicamente por la organización y quedó documentado en Noticias de la Resistencia, publicación del Secretariado Zonal de Rosario con el Movimiento.
Con la Masacre de Rosario ocurre algo diferente, porque hasta ahora no pudo localizarse un comunicado, parte de guerra, panfleto o publicación original de Montoneros que reivindique directamente el atentado contra el interno 231. Los ejemplares examinados de Evita Montonera tampoco proporcionaron una referencia inequívoca y los supuestos panfletos atribuidos al denominado “Pelotón de Demolición Fernando ‘Pancho’ Abasto”, mencionados posteriormente en la denuncia judicial, tampoco fueron encontrados.
Eso impone un límite metodológico claro: no se puede escribir seriamente la historia afirmando que apareció una reivindicación que nadie logró encontrar.
Entonces, ¿por qué se atribuye a Montoneros?
La ausencia de una reivindicación primaria tampoco elimina los demás indicios. En septiembre de 1976 Montoneros disponía de una estructura político-militar clandestina, conducción centralizada, mecanismos de inteligencia y capacidad operativa para ejecutar acciones complejas, y el atentado de Junín y Rawson necesitó precisamente una preparación importante: conocer el recorrido y los horarios del micro, obtener un automóvil, preparar una carga explosiva con metralla, elegir un punto exacto, vigilar la llegada del interno y coordinar la detonación en el momento adecuado.
Ese perfil operativo resulta compatible con otras acciones que Montoneros efectivamente realizó y reivindicó, pero compatibilidad no significa prueba. Que una organización tuviera capacidad para ejecutar un atentado no demuestra por sí sola que lo haya ejecutado, y ese límite metodológico permite evitar dos errores opuestos: negar la atribución a Montoneros ignoraría buena parte de los indicios históricos, mientras que presentarla como una autoría definitivamente probada iría más allá de la documentación disponible.
Una hipótesis fuerte, pero no una sentencia
El dictamen del Ministerio Público Fiscal producido en la causa reabierta consideró plausible la hipótesis de autoría montonera, aunque un dictamen fiscal tampoco equivale a una sentencia. No pudo localizarse una orden operativa, un documento de planificación, una reivindicación primaria ni una declaración directa y corroborada de alguno de los participantes.
La hipótesis de una intervención organizacional de Montoneros posee, según la investigación, un grado consistente de plausibilidad histórica por la combinación del método empleado, las capacidades de la organización, la naturaleza del objetivo, la atribución contemporánea y otros antecedentes, pero lo que no pudo establecerse con igual grado de respaldo fueron las responsabilidades individuales.
Siguen abiertas, por lo tanto, preguntas esenciales: quién decidió, quién obtuvo el automóvil, quién preparó la bomba, quién estudió el recorrido, quién vigiló la llegada del micro y quién accionó el dispositivo.
Pérez Rizzo y “lo del ómnibus”
Uno de los indicios más llamativos apareció muchos años después, durante los juicios por delitos de lesa humanidad. Carlos Enrique Pérez Rizzo había sido secuestrado el 14 de octubre de 1976, poco más de un mes después del atentado, y llevado clandestinamente al Servicio de Informaciones de la Jefatura de Policía de Rosario.
Durante el juicio Feced II recordó un interrogatorio realizado por Agustín Feced. Según su declaración, Feced le preguntó: “Jurame por la quebrantada salud de tu padre que no participaste de lo del ómnibus”, a lo que Pérez Rizzo respondió que no había participado.
El episodio tiene una enorme importancia histórica porque demuestra que el atentado del micro aparecía dentro de los interrogatorios realizados por la estructura represiva, aunque tampoco permite conocer por qué Pérez Rizzo había quedado bajo sospecha. La información podía provenir de inteligencia previa, de otra persona detenida, de una hipótesis interna o incluso de una acusación sin corroborar; no lo sabemos, y precisamente eso es lo que un proceso judicial debería haber permitido determinar.
La investigación que pudo salir de los tribunales
Aquí aparece una de las zonas más complejas de la historia. Durante aquellos años, junto a las instituciones formales operaba en Rosario un aparato clandestino de persecución, secuestros, interrogatorios ilegales y ejecuciones, y distintos testimonios describieron la coexistencia de estructuras policiales visibles con circuitos clandestinos vinculados con la represión ilegal.
Eso permite formular una hipótesis: que al menos una parte de la búsqueda de los responsables del atentado haya sido desplazada desde los canales judiciales hacia mecanismos clandestinos de inteligencia y represión. Sin embargo, nuevamente hay que marcar el límite de la evidencia, porque no existe documentación que permita afirmar que las operaciones represivas posteriores hayan sido una represalia directa por la Masacre de Rosario.
Existen proximidades temporales, personas vinculadas a estructuras perseguidas de Montoneros y referencias que permiten formular preguntas, pero esos elementos no alcanzan para dar por demostrada esa conexión.
El problema de investigar fuera de la ley
Si parte de la investigación efectivamente circuló por la estructura clandestina, se produjo una paradoja profunda. El aparato represivo podía secuestrar, interrogar, obtener información e incluso eliminar sospechosos, pero nada de eso podía producir una verdad judicial, porque la información obtenida clandestinamente quedaba fuera de un proceso con acusación, defensa, prueba, contradicción y control judicial.
Así, aun suponiendo que determinados organismos hubieran llegado a conocer quiénes habían participado del atentado, esa información pudo quedar atrapada en un circuito incapaz de transformarla en justicia. El resultado histórico fue devastador: represión sin sentencia y víctimas sin justicia.
La reapertura
Décadas después se abrió una nueva etapa. La causa federal FRO 43000069/2009 reunió testimonios, documentación y antecedentes que permitieron reconstruir nuevamente el atentado y sostener hipótesis sobre su autoría, aunque tampoco llegó a juicio oral.
El Ministerio Público Fiscal pidió declarar prescripta la acción penal y la querella cuestionó esa postura mediante el correspondiente recurso. Entre las fuentes judiciales utilizadas para esta investigación se encuentran el dictamen fiscal del 27 de mayo de 2020, la resolución sobre prescripción dictada en junio de 2026 y el recurso de apelación y nulidad presentado por el abogado Gonzalo Pablo Miño. Por eso, la discusión judicial no puede considerarse completamente cerrada.
Prescripción y verdad
El debate jurídico plantea un problema central: si el atentado constituye un delito común sometido al régimen ordinario, el paso del tiempo puede determinar la prescripción de la acción penal, aunque la querella cuestiona esa conclusión. Pero cualquiera sea finalmente la respuesta de los tribunales, existe una cuestión diferente que ninguna prescripción histórica puede resolver: qué ocurrió.
La verdad judicial y la reconstrucción histórica no son idénticas. La primera establece responsabilidades individuales mediante un proceso con garantías, mientras que la segunda trabaja sobre documentos, testimonios, indicios y contextos. La historia puede aproximarse a una explicación y determinar que algunas hipótesis son mucho más sólidas que otras, pero no puede convertirse retroactivamente en un tribunal, del mismo modo que una investigación histórica, por rigurosa que sea, nunca sustituye una sentencia.
No todas las hipótesis valen lo mismo
La ausencia de sentencia tampoco significa que cincuenta años después todo sea igualmente desconocido. Sabemos que el atentado fue cuidadosamente planificado, que la atribución a Montoneros surgió tempranamente, que esa organización poseía capacidad operativa para realizar una acción semejante, que el atentado apareció dentro de interrogatorios realizados por la estructura represiva y que décadas después la investigación federal consideró plausible esa hipótesis.
También sabemos algo igualmente importante: no apareció una reivindicación primaria y ningún tribunal determinó judicialmente que Montoneros ejecutó la Masacre de Rosario ni quiénes fueron sus autores materiales e intelectuales. Ambas afirmaciones deben convivir, porque es precisamente allí donde empieza una reconstrucción histórica seria.
Una investigación sin sentencia
Medio siglo después, el problema ya no consiste en preguntar si alguien investigó. La documentación demuestra que hubo actuaciones, pericias, interrogatorios, sospechosos, expedientes, una actuación militar, una investigación federal y una reapertura décadas después.
Lo que faltó fue aquello que organiza institucionalmente todos esos elementos: un juicio.
Sin juicio no hubo una acusación sometida a contradicción, una defensa en condiciones de discutir la prueba, una valoración pública de los elementos reunidos, una determinación de responsabilidades individuales ni, finalmente, una sentencia. Por eso la deuda no es solamente penal, sino también institucional.
El Estado no puede explicar completamente qué hizo con toda la información reunida después de un atentado que dejó nueve policías y dos civiles asesinados, numerosos heridos y familias atravesadas durante generaciones por sus consecuencias. Los homenajes pueden conservar los nombres, los sobrevivientes pueden transmitir sus recuerdos, los historiadores reconstruir documentos y los periodistas continuar preguntando, pero ninguna de esas tareas reemplaza aquello que nunca ocurrió.
Una sentencia que dijera, con pruebas sometidas a las garantías de un juicio, quiénes planificaron y ejecutaron la Masacre de Rosario.
A cincuenta años, esa sigue siendo una de las grandes deudas de esta historia.
La próxima entrega será el 12 de septiembre, cuando se cumplan cincuenta años del atentado criminal de Junín y Rawson. Ese día publicaremos de manera libre y gratuita el libro completo La Masacre de Rosario, para que cualquier lector pueda acceder a la investigación, revisar las fuentes, conocer los documentos y formarse su propia opinión sobre uno de los episodios más graves y todavía irresueltos de la historia reciente de la ciudad. A medio siglo del ataque, creemos que la mejor forma de homenajear a las víctimas es preservar la memoria, sostener las preguntas y poner toda la investigación a disposición de la sociedad.
(*) Periodista. Corresponsal en Buenos Aires.
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Será lanzado el próximo 12 de septiembre de manera libre y gratuita en formato digital.
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