Mientras el MPA será anfitrión de las XXXVIII Jornadas Nacionales e Internacionales de los Ministerios Públicos Fiscales, organizaciones vinculadas a los derechos humanos y familiares de policías anticiparon que se movilizarán para cuestionar el uso de las prisiones preventivas, los juicios abreviados y lo que denuncian como causas judiciales armadas por fiscales.
Rosario será sede este jueves 1 y viernes 2 de octubre de las XXXVIII Jornadas Nacionales e Internacionales de los Ministerios Públicos Fiscales, organizadas por el Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe junto con el Consejo General de Procuradores y Fiscales Generales de la República Argentina y el Consejo Federal de Política Criminal. El encuentro reunirá a fiscales, procuradores, funcionarios y especialistas nacionales e internacionales para debatir sobre investigación criminal y persecución penal.
La apertura está prevista para las 10 de la mañana en el complejo La Fluvial, bajo estrictos protocolos de seguridad. Entre las autoridades anunciadas figuran el gobernador Maximiliano Pullaro, la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, representantes de los consejos de fiscales y procuradores y la fiscal general del MPA, María Cecilia Vranicich.
Pero el encuentro tendrá también una escena fuera del programa oficial.
Organizaciones defensoras de derechos humanos y agrupaciones vinculadas a la familia policial anticiparon que se movilizarán para expresar cuestionamientos al funcionamiento del sistema penal santafesino y, particularmente, a prácticas atribuidas a fiscales del MPA.
Prisiones preventivas, abreviados y denuncias de causas armadas
Los convocantes señalaron que uno de los principales ejes de la protesta será el uso que consideran abusivo de la prisión preventiva, especialmente cuando la medida se prolonga antes de que exista una condena firme.
También cuestionarán la utilización de los juicios abreviados, mecanismo mediante el cual el imputado admite responsabilidad a cambio de una pena acordada con la Fiscalía y posteriormente sometida al control judicial.
Desde estos sectores sostienen que, en determinados casos, la combinación entre prisión preventiva prolongada, imputaciones graves y negociación de penas genera una presión excesiva sobre los acusados. Algunos de los organizadores definieron este mecanismo como una forma de “tortura judicial”, expresión que corresponde a la caracterización de quienes impulsan la protesta y no constituye una calificación judicial de esas prácticas.
El planteo adquiere especial actualidad después de conocerse un documento interno del MPA en el que se menciona expresamente la posibilidad de formular una “acusación sobredimensionada” y ofrecer luego una reducción sustancial de la pena durante las tratativas de un juicio abreviado, incluso reconociendo el posible efecto de esa dinámica sobre la libre determinación del imputado.
“Tortura judicial”: prisión preventiva y condenas negociadas en el MPA
La discusión que llegará hasta la puerta del encuentro
Mientras dentro de La Fluvial fiscales y procuradores debatirán sobre fortalecimiento de la investigación criminal, narcocriminalidad, microtráfico, organizaciones criminales, cibercrimen y persecución penal estratégica, afuera se buscará instalar otro debate: qué controles existen sobre quienes tienen el poder de acusar.
Ese contraste puede convertirse en uno de los elementos políticamente más significativos de las jornadas. El propio programa oficial está orientado al perfeccionamiento de las herramientas de persecución penal, mientras los manifestantes pretenden discutir los límites de esas mismas herramientas cuando afectan garantías constitucionales o, según denuncian, son utilizadas de manera abusiva.
Familias de policías también llevarán sus reclamos
Entre quienes anunciaron su participación se encuentran sectores vinculados a familiares de policías procesados o detenidos, que desde hace tiempo cuestionan determinadas investigaciones penales abiertas contra integrantes de las fuerzas de seguridad.
Su reclamo apunta especialmente a lo que consideran causas construidas con imputaciones sobredimensionadas, prisiones preventivas extensas y posteriores ofrecimientos de juicios abreviados.
Se trata de afirmaciones que deberán analizarse caso por caso y que no permiten concluir que las investigaciones cuestionadas sean ilegales o fabricadas. Pero la movilización busca precisamente colocar esas denuncias frente a quienes integran los organismos encargados de conducir la persecución penal.
Un MPA que llega al encuentro bajo fuerte escrutinio
Las jornadas se desarrollan además en un momento especialmente sensible para el organismo santafesino. Durante septiembre, la investigación sobre el exfiscal Mariano Ríos Artacho volvió a colocar bajo examen los controles internos del MPA a raíz de la causa por el presunto manejo irregular de fondos judiciales. En ese expediente se dispuso prisión preventiva para varios de los acusados mientras continúa la investigación.
A ello se suma la discusión pública generada por el documento interno referido a las denominadas “acusaciones sobredimensionadas”, que reavivó el debate acerca del poder negociador de la Fiscalía frente a una persona sometida a proceso penal.
Dos discusiones en un mismo lugar
Las jornadas fueron convocadas oficialmente para analizar cómo mejorar la capacidad de los Ministerios Públicos para investigar y perseguir delitos.
La movilización prevista pretende introducir la pregunta inversa: cómo se controla el poder de quienes investigan y acusan.
Dentro de La Fluvial se debatirá sobre herramientas para fortalecer la persecución penal. Afuera, organizaciones y familiares reclamarán garantías frente al eventual abuso de esas herramientas.
En definitiva, Rosario podría reunir en unas pocas cuadras las dos caras de una misma cuestión institucional: la necesidad de un Estado eficaz para perseguir el delito y, al mismo tiempo, la obligación de que ese poder tenga límites, controles y respeto irrestricto por las garantías constitucionales.
(*) Periodista. Corresponsal en Buenos Aires.
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