Los allanamientos contra docentes vinculados con actividades de solidaridad con Palestina obligan a discutir algo más amplio que el conflicto de Medio Oriente.
Sin acceso completo al expediente no corresponde anticipar que exista persecución política, pero tampoco puede ignorarse el contexto: Rosario lleva años atravesada por dispositivos excepcionales de seguridad y, al mismo tiempo, desde la máxima autoridad nacional se instala una retórica que habla de “terroristas”, “enemigos”, “golpes de Estado” y actores que buscarían “dinamitar” el modelo argentino.
Los allanamientos realizados contra docentes rosarinos vinculados con organizaciones de solidaridad con Palestina abren un interrogante que no debería quedar atrapado en la discusión sobre Israel, Gaza o el sionismo. La cuestión institucional es mucho más concreta: qué hechos específicos pueden justificar que fuerzas federales ingresen en domicilios particulares, secuestren teléfonos, computadoras, libros y materiales políticos vinculados con una actividad militante.
Uno de los afectados, Mariano Soria, denunció que todavía no había podido acceder al expediente y sostuvo que las medidas buscarían intimidar y silenciar su actividad política. También afirmó que entre los elementos secuestrados había bibliografía histórica y política sobre Palestina. Esa interpretación pertenece al denunciante y deberá contrastarse con la causa judicial, porque todavía falta conocer qué delito se investiga, qué pruebas fueron presentadas y cuál fue el fundamento concreto de los allanamientos.
La pregunta no es si estamos de acuerdo con los docentes
Criticar al Estado de Israel, cuestionar el sionismo o expresar solidaridad con Palestina no constituye automáticamente antisemitismo. Tampoco la identificación con una causa política excluye la posibilidad de que existan amenazas, expresiones discriminatorias o incitación a la violencia que puedan ser investigadas penalmente.
La diferencia sólo puede establecerse examinando hechos concretos.
Por eso preocupa que, mientras el expediente permanece parcialmente fuera del conocimiento público, la discusión pueda desplazarse desde eventuales conductas ilícitas hacia qué libros se leen, qué organizaciones se integran, qué documentales se proyectan o qué posicionamientos políticos se sostienen.
Allí aparece una frontera particularmente delicada.
Rosario ya viene siendo tratada como territorio excepcional
El contexto local no es neutro. En julio de 2025, la Justicia Federal habilitó en Rosario la aplicación de la Ley 27.786 de Organizaciones Criminales, conocida como Ley Antimafia, a pedido del Ministerio de Seguridad nacional y en el marco de la lucha contra el narcotráfico y las estructuras criminales organizadas. El Gobierno presentó entonces a Rosario como el primer lugar donde se aplicaría formalmente ese régimen especial.
Rosario bajo excepción: se habilitó la Ley Antimafia y crecen los riesgos para ciudadanos y policías
No existe información que permita afirmar que los allanamientos de los docentes se hayan realizado bajo esa normativa y no deberíamos establecer artificialmente ese vínculo.
Pero sí existe un dato político e institucional que no puede ignorarse: Rosario ha sido utilizada como escenario para una ampliación de herramientas extraordinarias de investigación y coerción justificadas por amenazas igualmente extraordinarias.
La cuestión que siempre aparece después es hasta dónde se expande esa excepcionalidad.
Cuando desde arriba se multiplica la categoría de “enemigo”
Ese interrogante adquiere otra dimensión cuando se observa el lenguaje que viene utilizando el propio presidente Javier Milei.
En una entrevista reciente con Luis Majul, Milei afirmó que su gobierno había sufrido “siete intentos de golpe de Estado”, expresión con la que se refirió a pedidos de juicio político presentados en el Congreso. Los proyectos de juicio político existen, pero se trata de un mecanismo contemplado por la Constitución y no de golpes de Estado.
En esa misma entrevista aseguró que durante 2025 habían sido expulsados 10.000 “terroristas” y que en 2026 ya eran otros 20.000, a quienes describió como personas provenientes del exterior para intentar “dinamitar el modelo argentino”. Sin embargo, los datos oficiales conocidos no respaldan esa caracterización: el Ministerio de Seguridad registró en 2026 cientos de expulsiones y miles de inadmisiones migratorias por distintas causas administrativas o judiciales, pero esas estadísticas no identifican a esas personas como terroristas; además, el jefe de la SIDE había informado ante el Congreso que no se había registrado una amenaza terrorista concreta contra el país.
No es una cuestión semántica menor.
Cuando un presidente denomina “golpes de Estado” a procedimientos constitucionales y “terroristas” a miles de personas sin que los registros oficiales conocidos respalden esa categoría, se produce una ampliación discursiva del campo de la amenaza.
Del adversario al enemigo
Milei también habló recientemente de tener “enemigos muy pesados acá y en el mundo” y justificó medidas especiales de seguridad alrededor de la residencia presidencial. En discursos oficiales ha utilizado además expresiones como “enemigos de la libertad”, atribuyendo a determinados adversarios capacidad para manipular, ejercer “terrorismo psicológico” e incluso financiar terroristas.
No corresponde convertir automáticamente esas expresiones en delitos ni etiquetarlas jurídicamente como “discurso de odio” sin aplicar criterios específicos. Sí puede señalarse algo políticamente verificable: el lenguaje presidencial viene construyendo reiteradamente a determinados adversarios en categorías de amenaza, enemigo, saboteador o terrorista.
Y eso importa cuando al mismo tiempo el Estado posee herramientas cada vez más intensas de vigilancia, investigación y coerción.
Porque una cosa es que un dirigente político critique ferozmente a sus opositores y otra es que el aparato estatal comience a operar sobre personas cuya peligrosidad pueda inferirse por sus ideas, vínculos o pertenencias.
Ahí está la frontera que debe vigilarse.
Gobernar mediante la sospecha
La situación puede leerse brevemente a la luz de lo desarrollado en Gobernar mediante la sospecha.
La sospecha deja de ser simplemente una hipótesis derivada de un hecho cuando empieza a construirse sobre contextos, relaciones, identidades, discursos y proximidades. El problema no aparece necesariamente con una prohibición abierta, sino cuando el Estado comienza a observar determinados ambientes como potencialmente peligrosos y luego interpreta las conductas individuales desde esa clasificación previa.
Primero aparece el territorio sospechoso, después el grupo sospechoso., luego el vínculo sospechoso y finalmente, puede aparecer el ciudadano sospechoso. Ese recorrido no necesita una declaración formal de estado de excepción. Puede desarrollarse progresivamente mediante leyes especiales, dispositivos de inteligencia, ampliaciones procesales y discursos públicos que ensanchan la categoría del enemigo.
Rosario, precisamente por su historia reciente y por el despliegue extraordinario realizado para enfrentar al narcotráfico, debería ser especialmente cuidadosa frente a esa deriva.
Una biblioteca no debería convertirse en prontuario
Según los docentes, entre los elementos secuestrados había libros de autores que analizan históricamente la cuestión palestina, además de computadoras y teléfonos.
Puede existir una explicación procesal para ese secuestro y habrá que conocerla. Pero si la posesión de determinado material intelectual fuera utilizada como indicio autónomo de peligrosidad política, estaríamos frente a un problema considerable.
La libertad de expresión no protege solamente aquello que resulta agradable, moderado o coincidente con el gobierno de turno.
Protege precisamente discursos políticos duros, críticos y muchas veces incómodos, con el límite de aquellas conductas que el derecho penal define específicamente como ilícitas.
La diferencia entre ambas cosas debe probarla el Estado, no presumirla a partir de una biblioteca.
La Justicia Federal también forma parte del problema a analizar
Sería además un error convertir a la Policía Federal en única protagonista de este episodio.
Un allanamiento domiciliario requiere una decisión judicial. Detrás del agente que ejecuta la medida existe una investigación, una solicit
La Justicia bajo el análisis de la Teoría del Foco y la Vara
Por eso, si posteriormente se comprobara una afectación injustificada de derechos, la discusión no debería detenerse en los policías que ingresaron a las viviendas.
Habrá que saber quién originó la investigación, qué hechos denunció, qué prueba produjo la Fiscalía, qué pidió exactamente y cuáles fueron los fundamentos utilizados por la Justicia Federal para autorizar los procedimientos.
En una ciudad donde esa misma Justicia Federal ya acompañó la implementación de herramientas extraordinarias para enfrentar al crimen organizado, el control sobre cada expansión del poder estatal debería ser particularmente riguroso.
El peligro de naturalizar la excepcionalidad
El narcotráfico es real.
El crimen organizado es real.
El terrorismo también constituye una amenaza que cualquier Estado debe prever.
Pero precisamente porque esas categorías habilitan respuestas extraordinarias, deberían utilizarse con enorme precisión.
Si un juicio político pasa a llamarse golpe de Estado, una inadmisión migratoria puede convertirse discursivamente en la expulsión de un terrorista y un adversario político puede ser presentado como enemigo dispuesto a destruir el modelo nacional, las palabras dejan de describir solamente la realidad y comienzan a ampliar simbólicamente el espacio de aquello que el poder considera peligroso.
Y cuando ese lenguaje coincide con un aparato estatal dotado de mayores capacidades de control, el problema merece mucha más atención.
La criminalización de la protesta puede comenzar antes de la protesta
No siempre se criminaliza una protesta cuando aparecen patrulleros frente a una manifestación.
Puede comenzar antes, cuando una organización entra en una hipótesis investigativa por sus vínculos, cuando una publicación política se incorpora a una causa penal, cuando determinados libros adquieren valor indiciario o cuando una persona siente que su militancia puede convertir su domicilio en objeto de una medida judicial.
Nada de esto demuestra todavía que eso haya ocurrido en estos allanamientos.
Pero precisamente porque existe esa posibilidad, corresponde conocer rápidamente el expediente y las pruebas.
La discusión es mucho más grande que Palestina
No necesitamos adoptar una posición sobre el conflicto israelí-palestino para defender este principio. Si hubo amenazas, incitación al odio, discriminación o cualquier delito concreto, que se investigue y se pruebe.
Pero si detrás de la intervención aparecen fundamentalmente opiniones, libros, militancia o participación en actividades políticas, estaremos ante otra discusión completamente distinta.
Rosario ya soporta suficientemente el peso de la violencia criminal como para aceptar sin debate que las herramientas construidas para enfrentar mafias terminen naturalizando una cultura de sospecha sobre la ciudadanía.
Porque el problema comienza cuando el Estado deja de preguntar “¿qué hizo?” y comienza a preguntar “¿quién es, con quién se reúne y qué piensa?”.
Y en un país donde desde la propia Presidencia se habla cada vez con mayor facilidad de terroristas, golpes de Estado, enemigos y saboteadores, esa diferencia debería preocuparnos especialmente.
“Quien quiera oír que oiga”
(*) Ex oficial de la PSF. Periodista. Licenciado en Seguridad Pública y Ciudadana (Universidad Nacional de Chaco Austral – UNCAUs). Autor de los libros Doctrina de la Sospecha Permanente (DSP), «La Teoría del Foco y la Vara» (FyV), «El Principio de Reciprocidad Institucional» (PRI) ,«Gobernar mediante la sospecha», «Ciudadanía de Segunda Clase (CSC)» , ¿En nombre del odio? y «La Masacre de Rosario».
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