En febrero advertimos sobre silencios, presiones y concentración mediática durante las protestas policiales. Ocho meses después, Roberto Caferra contó en Radio 2 que Gustavo Scaglione decidió irse de Rosario con su familia por miedo a la inseguridad. La novedad reabre un debate incómodo: qué se informa, qué se minimiza y qué ocurre cuando la experiencia privada contradice el relato público.
En febrero de este año, cuando las protestas policiales se extendían por distintos puntos de la provincia, desde APROPOL Noticias planteamos una discusión que entonces muchos prefirieron esquivar: qué papel estaban jugando los grandes medios rosarinos frente a una crisis institucional que involucraba directamente a la Policía de Santa Fe.
No señalábamos a los trabajadores de prensa como responsables. Al contrario. Advertíamos que muchos periodistas padecían salarios bajos, precarización y presiones editoriales, mientras las decisiones acerca de qué se publicaba y qué quedaba afuera se tomaban bastante más arriba.
En aquel momento reproducimos dos advertencias públicas particularmente fuertes.
Ariel Bulsicco había escrito que la protesta policial era un escándalo provincial y que la orden había sido que el tema no se hablara, para concluir con una frase que sintetizaba el problema: “Es el peligro de la información en manos de uno”.
Claudio Berón, periodista de La Capital, apuntó en una dirección semejante cuando planteó la posibilidad de que desde la Provincia se llamara a los grandes medios para que determinadas cuestiones no fueran publicadas.
«El testaferro de Vila Manzano Massa, dueño de los medios rosarinos, dice que se va a vivir a Bs As por la inseguridad. Pullaro y Javkin sostienen sus medios con toneladas de plata, justamente, para que en sus medios digan que Rosario es Disney – Santiago Baraldi – @BaraldiSantiago
No eran afirmaciones nuestras.
Eran destacados periodistas rosarinos describiendo públicamente un problema que conocían desde adentro.
Ocho meses después, la realidad devuelve una imagen difícil de ignorar
Ahora aparece un episodio que obliga a releer aquella discusión. Roberto Caferra contó al aire en Radio 2 que Gustavo Scaglione, propietario de Televisión Litoral y La Capital, le manifestó personalmente que decidió abandonar Rosario junto a su familia y radicarse en Buenos Aires por temor a la inseguridad.
La frase que Caferra atribuyó al empresario no necesita demasiadas interpretaciones: “No vuelvo más a Rosario hasta que no me garanticen seguridad”.
Y el propio periodista agregó algo todavía más significativo: decidió contar aquella conversación porque la consideraba “un síntoma”. Lo es.
El problema no es que Scaglione tenga miedo
Sería absurdo cuestionar a una persona por intentar proteger a su familia.
Si Gustavo Scaglione considera que él o sus hijas están en riesgo, tiene todo el derecho del mundo a tomar las decisiones que considere necesarias.
El problema periodístico aparece en otro lugar.
Durante mucho tiempo, desde distintos sectores oficiales se construyó una narrativa según la cual Rosario había dejado atrás su etapa más crítica y se encontraba encaminada hacia una situación de normalización.
Las estadísticas de homicidios efectivamente mejoraron y ese dato no debe negarse.
Pero una cosa es reconocer la reducción de un indicador y otra bastante diferente convertir esa mejora en un relato cerrado donde las expresiones de miedo, violencia o inseguridad pasan a ser tratadas como excepciones incómodas.
Ahora una de esas excepciones alcanza al propietario del principal entramado mediático de la ciudad.
La pregunta que formulamos en febrero vuelve intacta
En nuestra nota de febrero distinguíamos claramente entre dos mundos.
Por un lado, estaban los periodistas y trabajadores de prensa que querían informar y muchas veces encontraban límites, presiones o condiciones laborales que dificultaban hacerlo.
Por otro, estaba el negocio empresarial de los medios: propietarios, gerencias y estructuras económicas capaces de definir agendas, jerarquizar noticias y administrar silencios.
Ese era —y sigue siendo— el punto central.
La concentración mediática no implica automáticamente censura. Pero sí concentra la capacidad de decidir qué hechos adquieren dimensión pública y cuáles quedan reducidos a una columna secundaria, una mención marginal o directamente desaparecen de la agenda.
Y cuanto mayor es la concentración, mayor debería ser también la responsabilidad pública de quienes administran esa capacidad.
El propio Scaglione controla dos grupos de enorme peso en la comunicación rosarina y participa además de un conglomerado nacional.
La pauta oficial vuelve necesariamente al debate
También habíamos planteado entonces otra cuestión: la relación económica entre el Estado y los grandes grupos de comunicación.
La Provincia reconoce oficialmente que destina recursos públicos a publicidad y mantiene un apartado específico de transparencia sobre inversión publicitaria.
El presupuesto provincial 2026, además, se encuentra aprobado mediante la Ley 14.424 y su correspondiente distribución analítica.
Esto no permite afirmar, por sí solo, que una cobertura determinada haya sido comprada o condicionada.
Para sostener algo semejante hace falta prueba concreta.
Pero sí habilita una pregunta democrática absolutamente legítima: ¿Qué grado de independencia editorial puede garantizarse cuando medios económicamente relevantes reciben importantes recursos del mismo poder político al que deben controlar?
La pregunta no es exclusiva de Santa Fe.
Es una cuestión clásica de cualquier sistema democrático donde existe pauta oficial.
El último gran negocio concedido al grupo vinculado a Scaglione
A la relación entre poder político, pauta oficial y concentración mediática se suma un dato reciente: la explotación comercial por 30 años del predio de la ex Rural de Rosario, donde funciona el Invencible Arena, quedó en manos de una estructura empresaria vinculada a Gustavo Scaglione y su entorno, en sociedad con productores del sector del entretenimiento. La adjudicación fue realizada durante las gestiones de Maximiliano Pullaro y Pablo Javkin.
El dato no prueba por sí solo una irregularidad, pero sí agrega contexto a una relación donde el mismo empresario que controla medios centrales para la construcción del relato público aparece también beneficiado por decisiones de largo plazo sobre activos estratégicos de la ciudad. Por eso, cuando hoy dice que se va de Rosario por inseguridad, la contradicción excede lo personal: alcanza al entramado de medios, negocios y poder político que acompañó y legitimó estos años de gestión.
No invalida una cosa a la otra.
Pero sí obliga a abandonar la comodidad de los relatos absolutos.
Rosario puede tener menos homicidios y continuar siendo una ciudad atravesada por amenazas, violencia localizada, extorsiones y miedo.
Y un medio puede publicar estadísticas oficiales correctas y, al mismo tiempo, ser legítimamente interpelado acerca de cuánto espacio concede a los hechos que contradicen el discurso dominante.
Lo advertimos cuando la protesta era policial
En febrero, aquella discusión surgió alrededor del reclamo de los policías.
Entonces dijimos que la cuestión no era solamente salarial ni exclusivamente institucional.
También era informativa.
Porque cuando una protesta alcanza buena parte de una fuerza de seguridad y su visibilidad pública no guarda relación con su magnitud, el silencio también se convierte en un dato.
Hoy el contexto es distinto, pero la pregunta es parecida.
Cuando la inseguridad alcanza al propietario de uno de los mayores grupos mediáticos de Rosario y éste decide marcharse de la ciudad, ¿Cómo se contará esa historia? ¿Cómo un episodio aislado? ¿Cómo consecuencia exclusiva de una disputa entre clubes? ¿O como parte de una realidad de seguridad más compleja que la que permiten algunas consignas oficiales?
No se trata de celebrar una contradicción
Sería mezquino convertir la preocupación de una familia en una revancha editorial.
No se trata de eso.
Se trata de recordar que la realidad no debería cambiar de importancia según quién resulte alcanzado por ella.
Cuando quien denuncia inseguridad es un policía, un vecino de un barrio periférico, un comerciante extorsionado o una familia amenazada, esa experiencia merece la misma atención que cuando la víctima potencial pertenece al poder económico o mediático.
De eso se trata, en última instancia, la función periodística.
No de fabricar una realidad conveniente.
Sino de contarla también cuando incomoda a quien paga la pauta, al funcionario que gobierna o incluso al propietario del propio medio.
En febrero escribimos que la manera en que se informa sobre seguridad también forma parte del problema.
La frase de Caferra (a cuenta y orden de Scaglione seguramente), ocho meses después, vuelve a colocar aquella discusión sobre la mesa.
Y esta vez salió al aire desde adentro mismo del sistema mediático que durante años administró pauta, silencios y legitimación política alrededor del poder provincial.
“Quien quiera oír que oiga”
(*) Ex oficial de la PSF. Periodista. Licenciado en Seguridad Pública y Ciudadana (Universidad Nacional de Chaco Austral – UNCAUs). Autor de los libros Doctrina de la Sospecha Permanente (DSP), «La Teoría del Foco y la Vara» (FyV), «El Principio de Reciprocidad Institucional» (PRI) ,«Gobernar mediante la sospecha», «Ciudadanía de Segunda Clase (CSC)» , ¿En nombre del odio? y «La Masacre de Rosario».
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