Un aparato estatal capturado para fines ajenos a la ley

Las maniobras investigadas habrían ocurrido durante el gobierno de Omar Perotti, con Marcelo “La Picante” Saín al frente del Ministerio de Seguridad. Entre las personas perfiladas, según la acusación, estaba Maximiliano Pullaro, entonces diputado opositor y hoy gobernador.

La audiencia se extendió durante horas y puso en escena dos planos que se cruzan: la acusación de la Fiscalía sobre una presunta estructura de inteligencia ilegal y la declaración de Milagros Bernard, excontratada del Ministerio de Seguridad e imputada en la causa.

Fuentes judiciales consultadas por esta redacción dijeron estar “atónitas” ante la magnitud de lo expuesto. La hipótesis fiscal describe una estructura que habría utilizado recursos estatales para obtener información personal, elaborar perfiles y difundir datos sobre personas consideradas adversarias.

Saín, Perotti y una trama con antecedentes

Las maniobras investigadas se ubican durante la gestión de Omar Perotti como gobernador, cuando Marcelo Saín ocupó el Ministerio de Seguridad. La responsabilidad política de esa administración no puede quedar al margen de la discusión: corresponde preguntar qué controles se establecieron, qué sabía la conducción política y por qué no alcanzaron para impedir los hechos que ahora se investigan.

Saín ya tenía una trayectoria previa en la seguridad santafesina. Había asesorado al entonces gobernador Miguel Lifschitz, colaborado con el equipo de Maximiliano Pullaro cuando este era ministro de Seguridad y dirigido el Organismo de Investigaciones. Más tarde, durante el gobierno de Perotti, asumió al frente de la cartera de Seguridad.

La acusación fiscal sostiene que Pullaro —entonces diputado provincial opositor y actual gobernador— fue uno de los perfilados, junto con personas de su entorno político y familiar. El dato vuelve especialmente significativo el recorrido de Saín entre distintas gestiones y equipos políticos.

Una estructura de mando paralela

Bernard describió a Nadia Schujman como una “secretaria en los hechos”, aunque Diego Rodríguez ocupaba formalmente la Subsecretaría de Control Institucional. Según su declaración, Schujman ejercía una relación vertical sobre quienes trabajaban en el área y tenía llegada directa a Saín.

La Fiscalía ubica a Saín como presunto jefe de la asociación ilícita investigada. La declaración de Bernard aporta elementos para examinar cómo se distribuían las órdenes y las responsabilidades dentro del Ministerio y del Organismo de Investigaciones.

También relató que varias personas tenían acceso a una cuenta de Gmail utilizada como correo institucional. La existencia de cuentas compartidas y circuitos informales plantea interrogantes sobre los controles, la trazabilidad de las comunicaciones y la responsabilidad de quienes impartían o ejecutaban instrucciones.

Perfiles sobre personas vinculadas con protestas

La Fiscalía sostuvo que se obtuvieron datos y se elaboraron informes sobre personas vinculadas con Familia Azul y con las protestas policiales de septiembre de 2020. Entre ellas mencionó a los abogados Evelyn Andriozzi, Jorge Bedouret, Nicholás Oviedo, Nair Moreno y Gabriel Sarla. Tambien del ex jefe policial  Ernesto Andriozzi entre otros.

Según la acusación, esas tareas se habrían realizado por la opinión política de las personas o por su supuesta adhesión a Familia Azul. Bernard relató que recibió pedidos para buscar información e identificar participantes de la protesta. También dijo que algunas tareas se le presentaban como relacionadas con investigaciones fiscales.

La Fiscalía afirmó que, al revisar los casos atribuidos y consultar a distintos fiscales, no encontró requerimientos que justificaran esas búsquedas dentro de investigaciones penales. La hipótesis es grave: la inteligencia estatal habría sido dirigida sobre personas por sus vínculos, opiniones y participación en una protesta.

Bases de datos y dossieres

Durante la audiencia se enumeraron consultas a bases y registros como RENAPER, AFIP, ANSES, Migraciones, el Banco Central, Sudamérica Data, catastro, redes sociales y sistemas de información judicial. La acusación sostiene que se habrían confeccionado informes con datos personales y del entorno familiar, laboral y social de las personas observadas.

Los dossieres podían incluir fotografías, domicilios, teléfonos, redes sociales, correos electrónicos, actividad laboral, deudas, vehículos, bienes y antecedentes o causas penales. La Fiscalía también afirmó que se habría accedido a grupos cerrados de WhatsApp y Telegram sin autorización judicial.

La acumulación de esos datos no aparece en la causa como una búsqueda aislada. La acusación describe un sistema de recolección y organización de información que habría permitido perfilar a personas y a sus entornos.

Información reservada y operaciones en redes

La frase sobre “empezar una guerrilla en las redes” fue expuesta por la Fiscalía al presentar la acusación. Según la hipótesis fiscal, Esteban Germán Montenegro habría propuesto esa estrategia a Saín, Schujman y Débora Cotichini, con la intención de “meter terror” ante la posibilidad de que los hechos se judicializaran.

La Fiscalía también sostiene que parte de la información obtenida fue entregada a periodistas y divulgada públicamente. Bernard habló de pedidos para revisar audios de policías y enviarlos a Schujman. Dijo que algunos comentarios sobre funcionarios le parecían irrelevantes y que Saín habría escuchado ciertos audios, según le transmitieron.

La eventual filtración de información reservada y su utilización para incidir en la opinión pública constituyen otro eje que deberá investigarse y probarse.

El señalamiento sobre el allanamiento

El señalamiento más grave atribuido a Bernard alcanza a Schiappa Pietra: habría afirmado que el fiscal avisó a funcionarios del Ministerio de Seguridad, minutos antes, que se realizaría un allanamiento. De confirmarse y corroborarse, ese aviso podría explicar por qué, al llegar los funcionarios judiciales, parte de la documentación estaba siendo destruida.

Papeles triturados y un teléfono oficial reseteado

La Fiscalía atribuye a varios integrantes de la estructura la destrucción de documentos públicos y el borrado de información antes de los allanamientos. Bernard dio cuenta de una práctica de picado de papeles en las oficinas. Dijo que destruyó documentos de su propio escritorio, como borradores y material que consideraba descartable, y que separó documentación vinculada con investigaciones para remitirla a fiscales.

También afirmó que vio bolsas con papeles triturados y a otros empleados utilizando una picadora. Sobre qué documentos se destruyeron y con qué criterio, dijo que no podía dar cuenta de todo lo que hicieron los demás.

Bernard reconoció que reseteó un teléfono oficial de Schujman durante el cierre de gestión, por indicación de esta. Sostuvo que no recibió un protocolo formal para hacerlo y que desconocía si existía uno. La Fiscalía, por su parte, atribuye a distintos funcionarios acciones de destrucción de documentos y eliminación de información.

Dos episodios con celulares secuestrados

Bernard describió dos situaciones en oficinas de la Fiscalía Regional de Rosario. Sobre un teléfono atribuido a Domínguez, dijo que lo vio envuelto en papel de aluminio y que Matías Edery lo abrió, lo revisó brevemente y luego lo cerró para enviarlo a análisis forense. Afirmó que ella no manipuló ese aparato.

En el otro episodio, relativo al teléfono de Bordón, dijo que el dispositivo llegó dentro de una bolsa transparente y encintada. Mientras lo revisaban, apareció una llamada vinculada con un comisario Cristaldi. Según Bernard, Edery le pidió que enviara una foto a Schujman para preguntarle si se trataba de la persona que buscaban. Bernard reconoció que la imagen fue enviada, aunque dijo no recordar si la tomó ella o Carla Belmonte.

Al preguntársele si estas prácticas eran habituales, Bernard respondió que no podía afirmarlo y que recordaba esas dos situaciones. También sostuvo que entendía que la apertura de un teléfono secuestrado debía contar con autorización fiscal o judicial.

Este portal publico tiempo atrás la denuncia de la Dra Ebelyn Andriozzi donde señalaba entre otras graves irregularidades la manipulación de su teléfono en el allanamiento irregular a su estudio jurídico.

Preguntas institucionales pendientes

La audiencia expuso una hipótesis que excede la eventual responsabilidad individual de cada imputado: el posible uso de estructuras, información y recursos públicos para vigilar a personas por su actividad política o sindical, difundir información y destruir documentación.

La responsabilidad de Saín y de quienes ejecutaron las tareas deberá establecerse en el proceso. La responsabilidad política de la gestión Perotti también exige respuestas: qué sabía el gobernador, qué mecanismos de control funcionaban y qué hizo su gobierno ante el uso de las áreas bajo su conducción.

Las preguntas son concretas: quién ordenó cada búsqueda, quién tuvo acceso a los datos, cómo circularon, qué documentos fueron destruidos y qué ocurrió con los teléfonos secuestrados. La investigación deberá aportar las pruebas. La ciudadanía tiene derecho a conocer las respuestas.

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(*) Periodista. Corresponsal en Santa Fe.