El derecho a pensar, incluso cuando quien piensa nos incomoda

Hay momentos en los que una sociedad revela mucho más acerca de su cultura democrática por la manera en que trata a quienes cuestiona que por las declaraciones de principios que sus dirigentes acostumbran pronunciar. La libertad, la tolerancia, el pluralismo y el respeto por las instituciones constituyen valores relativamente sencillos de reivindicar cuando quienes los ejercen pertenecen a nuestro propio espacio de pertenencia, pero adquieren un significado bastante más profundo cuando debemos reconocerlos en personas con las que mantenemos diferencias importantes, a las que atribuimos errores graves o cuya presencia simplemente nos resulta incómoda.

Las declaraciones formuladas por el gobernador Maximiliano Pullaro y el intendente Pablo Javkin contra la participación de Marcelo Saín en una actividad académica de la Universidad Nacional de Rosario ofrecen una oportunidad para reflexionar sobre ese problema, no porque resulte necesario defender personalmente al exministro de Seguridad de Santa Fe, ni porque debamos ignorar las controversias políticas y judiciales que lo involucran, sino porque detrás de los cuestionamientos aparece una pregunta que excede ampliamente a sus protagonistas: ¿hasta dónde puede llegar el poder político cuando pretende establecer quién merece enseñar, investigar, participar de una discusión intelectual o ser escuchado por los demás?

La cuestión merece una reflexión que procure escapar de las simpatías y antipatías personales, porque sospecho que estamos frente a uno de esos asuntos donde el verdadero valor de nuestras convicciones comienza precisamente cuando debemos aplicarlas a quienes no forman parte de nuestro universo de preferencias.

La tentación de dividir el mundo entre buenos y malos

Una de las formas más antiguas de simplificar la política consiste en organizar la realidad alrededor de dos campos aparentemente irreconciliables, donde de un lado se encuentran quienes representan el orden, la responsabilidad y las soluciones, mientras que del otro quedan quienes encarnan el fracaso, el daño y las amenazas que deben impedirse. Esta división posee una enorme eficacia comunicacional porque permite reducir problemas complejos a una confrontación moral fácilmente reconocible, pero también contiene un riesgo considerable: cuando la identidad del adversario termina siendo más importante que sus argumentos, resulta cada vez menos necesario escuchar lo que tiene para decir.

En las intervenciones públicas de Pullaro y Javkin sobre seguridad aparece con frecuencia esa contraposición entre el presente que reivindican y el pasado del que buscan diferenciarse, una interpretación política que puede resultar comprensible cuando se pretende explicar un cambio de gestión, pero que adquiere otra dimensión cuando comienza a proyectarse sobre la legitimidad de quienes participan de la conversación pública.

El problema no consiste en que un gobernador cuestione las políticas de su antecesor ni en que un intendente atribuya responsabilidades políticas por los resultados de una gestión, porque ambas discusiones forman parte de la vida democrática y deben poder desarrollarse con toda la severidad necesaria. La dificultad aparece cuando ese juicio se extiende desde las decisiones públicas de una persona hacia su propia condición de interlocutor, como si haber ocupado determinada posición política o encontrarse sometido a una investigación judicial pudiera privarla de toda autoridad intelectual.

El pasado no convierte necesariamente a nadie en culpable de todo lo ocurrido, del mismo modo que el presente tampoco transforma automáticamente en acertadas todas las decisiones de quienes gobiernan. Una sociedad madura debería conservar la posibilidad de reconocer logros y errores en ambos períodos, sin necesidad de distribuir certificados definitivos de virtud o condenas morales que pretendan sustituir el análisis de los hechos.

El especialista que ayer resultaba necesario y hoy provoca vergüenza

Hay un antecedente que vuelve particularmente interesante esta controversia y que parece haber quedado relegado en medio de las descalificaciones públicas. Marcelo Saín no ingresó al debate santafesino sobre seguridad durante el gobierno de Omar Perotti, ni comenzó entonces su relación con las autoridades provinciales, porque en mayo de 2016 fue incorporado al equipo del Ministerio de Seguridad conducido por Maximiliano Pullaro, durante la gestión de Miguel Lifschitz.

En aquellos años, Saín participó del trabajo vinculado con la reorganización policial y el diseño de políticas de seguridad, y su incorporación fue presentada públicamente como un aporte especializado al proceso de transformación que impulsaba el propio ministro. La colaboración no se prolongó durante los cuatro años completos de aquella administración, pero existió y quedó documentada en publicaciones periodísticas de la época.

No encuentro ninguna contradicción en que Pullaro haya modificado posteriormente su valoración sobre quien fuera su colaborador, porque las relaciones políticas cambian, las experiencias de gobierno pueden revelar diferencias profundas y nadie está obligado a conservar indefinidamente las opiniones que sostuvo en el pasado. Lo que merece una reflexión distinta es la facilidad con que una trayectoria intelectual que ayer resultaba suficientemente importante para ser convocada por un ministerio puede convertirse, años después, en motivo de vergüenza cuando una universidad decide ofrecerle un espacio de discusión.

Los conocimientos no desaparecen cuando se termina una relación política, las investigaciones no pierden retrospectivamente su existencia cuando cambia una administración y los libros no dejan de contener ideas discutibles o valiosas porque su autor haya pasado a integrar el campo de los adversarios.

Quizás convendría recordar que la autoridad intelectual no depende exclusivamente del reconocimiento que pueda otorgarle un funcionario, del mismo modo que tampoco desaparece por su desaprobación.

Reconocer una trayectoria no significa absolver una gestión

Mantengo diferencias y reservas personales respecto de Marcelo Saín, particularmente sobre determinadas posiciones y sobre aspectos de su actuación en la seguridad pública santafesina, pero considero que sería intelectualmente deshonesto desconocer que se trata de uno de los exponentes más persistentes y reconocidos de los estudios sobre seguridad pública, instituciones policiales y gobierno político de la seguridad en la Argentina durante las últimas décadas.

Podemos discutir sus diagnósticos, cuestionar sus propuestas, rechazar sus interpretaciones e incluso considerar que su desempeño como funcionario estuvo lejos de responder a las expectativas que generó, pero ninguna de esas valoraciones debería llevarnos a negar una producción académica que existe y que debe ser examinada mediante los procedimientos propios del conocimiento: la lectura, la confrontación de argumentos, la evidencia, la crítica y el debate.

Una persona puede ser un investigador destacado y un funcionario cuestionable, como también puede desempeñarse eficazmente en una responsabilidad política sin producir aportes intelectuales significativos. La capacidad académica y la eficacia gubernamental pertenecen a dimensiones relacionadas, pero diferentes, y confundirlas constituye una forma particularmente pobre de evaluar las trayectorias humanas.

Tampoco corresponde desconocer las investigaciones judiciales que involucran a Saín, porque los hechos eventualmente delictivos deben ser esclarecidos mediante los procedimientos legales correspondientes y las responsabilidades acreditadas deben producir las consecuencias que establezca la ley. Sin embargo, una imputación o un procesamiento no equivalen a una condena y, aun cuando exista una sentencia condenatoria, sus efectos sobre el ejercicio de determinadas actividades deben surgir del ordenamiento jurídico y no de la mera voluntad de quienes ejercen responsabilidades políticas.

El conocimiento no constituye una recompensa reservada a quienes exhiben biografías impecables, del mismo modo que la universidad no debería transformarse en una institución dedicada a certificar la pureza moral de quienes participan en sus actividades.

La universidad no pertenece al gobernador que estudió en ella

Pullaro expresó su malestar por la participación de Saín en una actividad de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario, institución de la cual es graduado, y dirigió sus cuestionamientos también hacia las autoridades académicas responsables de la convocatoria.

Comprendo que una persona pueda experimentar un rechazo profundo hacia alguien con quien mantuvo enfrentamientos políticos, especialmente cuando considera que sus decisiones produjeron consecuencias graves. Pero existe una diferencia sustancial entre expresar ese rechazo y proyectarlo sobre una institución universitaria que, precisamente por su naturaleza, debe conservar la libertad de convocar a personas con trayectorias, perspectivas y antecedentes diversos.

La universidad pública no es una prolongación del gobierno provincial, ni pertenece a sus graduados más importantes, ni tiene la obligación de organizar sus actividades de acuerdo con las simpatías políticas de quienes ocupan circunstancialmente los cargos de mayor jerarquía institucional. Su autonomía constituye una garantía para toda la sociedad y no solamente para quienes trabajan o estudian dentro de sus edificios.

Conviene recordar, además, que la Constitución Nacional reconoce expresamente la libertad de enseñar y aprender, mientras que el artículo 75, inciso 19, establece la autonomía y autarquía de las universidades nacionales. No se trata de privilegios destinados a proteger a determinados profesores o investigadores, sino de garantías institucionales orientadas a preservar las condiciones necesarias para la producción y circulación del conocimiento.

Nada impide que Pullaro critique la invitación, exprese sus discrepancias o cuestione públicamente las ideas de Saín. Su condición de gobernador no lo priva de libertad de expresión. Sin embargo, esa misma condición le impone una responsabilidad particular respecto de los efectos que sus palabras pueden producir sobre instituciones que deben conservar su independencia frente a los poderes políticos.

La autoridad de un gobernador alcanza para adoptar numerosas decisiones dentro de sus competencias, pero no le confiere una potestad especial para determinar qué personas merecen ser escuchadas en una universidad.

Cuando la descalificación pretende reemplazar la discusión

Las expresiones del intendente Pablo Javkin introducen una dimensión adicional, especialmente cuando calificó indirectamente a Saín de payaso y manifestó que no permitirían que determinadas personas regresaran a dar clases o a mentir sin hacerse cargo de las responsabilidades que les atribuye.

Es legítimo reclamar que quienes ocuparon responsabilidades públicas respondan por sus decisiones y que las investigaciones judiciales avancen cuando existen sospechas fundadas sobre la comisión de delitos, pero existe una diferencia considerable entre exigir responsabilidades y sugerir que alguien no debería participar de una actividad académica mientras no satisfaga determinadas exigencias políticas o morales.

No afirmo que esas declaraciones hayan producido una censura efectiva, porque para sostenerlo sería necesario demostrar una prohibición, una presión institucional concreta o una interferencia verificable sobre la actividad universitaria. Pero tampoco considero razonable ignorar la importancia que adquiere una expresión de esa naturaleza cuando proviene del intendente de una de las principales ciudades del país.

Y aquí aparece una paradoja particularmente interesante, porque el propio Javkin había destacado, durante la apertura del Congreso sobre Democracia, la importancia de reunir a personas que piensan diferente para construir colectivamente, una idea valiosa que parece entrar en tensión con la posterior descalificación de un expositor cuya presencia le resultaba objetable.

Quizás la democracia comience a mostrar su verdadera profundidad precisamente cuando sus principios dejan de ser declaraciones generales y deben aplicarse a situaciones concretas, especialmente a aquellas que generan incomodidad.

El arte, la enseñanza y el aprendizaje como territorios sagrados

Hace algunas semanas propuse una reflexión alrededor de lo que denominé Territorios Sagrados, entendidos no como espacios religiosos o inmunes a toda crítica, sino como dimensiones de la experiencia humana frente a las cuales deberíamos reconocer que no todo puede ser abordado mediante los mismos criterios de confrontación, utilidad o imposición que empleamos en otras actividades de la vida cotidiana.

Territorios Sagrados

Entonces me detuve particularmente en la muerte, el dolor, la intimidad, la memoria y la creación artística, pero sospecho que también debemos incorporar a esa reflexión el campo de la enseñanza y el aprendizaje, porque existen pocas experiencias humanas tan profundamente vinculadas con nuestra libertad como la posibilidad de transmitir conocimientos, encontrarnos con ideas diferentes y construir nuestras propias interpretaciones del mundo.

La libertad académica no convierte a las universidades en espacios donde todo argumento merece idéntico reconocimiento ni donde cualquier conducta deba ser tolerada. La investigación exige rigor, la enseñanza supone responsabilidades y las instituciones tienen reglas legítimas que deben respetarse. Pero ninguna de esas exigencias debería confundirse con la pretensión de subordinar el intercambio intelectual a la aprobación de las autoridades políticas.

En el arte reconocemos, al menos como principio, que la creación puede incomodar, provocar, cuestionar y desafiar las sensibilidades dominantes. En la universidad deberíamos reconocer algo semejante, porque el conocimiento también necesita atravesar zonas de incomodidad y exponer a los estudiantes a perspectivas que no necesariamente comparten.

No se aprende solamente escuchando a quienes nos agradan, ni se desarrolla el pensamiento crítico mediante la repetición de aquello que ya creemos verdadero. Aprender también supone confrontar nuestras certezas con argumentos que pueden obligarnos a revisarlas, y esa posibilidad pierde buena parte de su sentido cuando pretendemos eliminar anticipadamente a quienes podrían ponerlas en cuestión.

Si estos ámbitos constituyen territorios sagrados en el sentido que propongo, no es porque se encuentren por encima del derecho ni porque sus protagonistas merezcan una consideración especial por sus títulos o antecedentes, sino porque representan experiencias esenciales de la autonomía humana que deberían permanecer protegidas frente a las pretensiones de apropiación del poder.

Las condenas judiciales no borran la condición intelectual de una persona

Hay una dimensión de este problema que también me interpela personalmente, porque conozco por mi propia experiencia lo que significa atravesar una condena judicial y continuar desarrollando una vida de trabajo, investigación, escritura y participación pública.

No pretendo aquí revisar mi situación personal ni establecer equivalencias con las causas que involucran a Saín, porque cada proceso posee características propias y debe examinarse de manera independiente. Lo que me interesa señalar es un principio mucho más amplio: ninguna persona debería quedar reducida definitivamente a un expediente judicial, como si toda su existencia anterior y posterior pudiera ser explicada exclusivamente mediante esa circunstancia.

Una condena puede producir consecuencias jurídicas concretas y, en determinados casos, restricciones legítimas al ejercicio de funciones o actividades específicas, pero no debería interpretarse automáticamente como la desaparición de la capacidad humana para pensar, aprender, escribir, crear o contribuir a la comunidad.

Las sociedades necesitan mecanismos para atribuir responsabilidades y sancionar conductas, pero también deben conservar espacios para reconocer que las personas poseen dimensiones que no se agotan en los actos por los cuales fueron juzgadas. De lo contrario, corremos el riesgo de convertir la responsabilidad jurídica en una descalificación existencial permanente que difícilmente contribuya a una convivencia democrática más madura.

No necesito compartir las opiniones de Marcelo Saín para reconocer que tiene derecho a participar de una discusión académica, del mismo modo que tampoco necesito desconocer las decisiones que considero equivocadas de Pullaro o Javkin para reconocerles su derecho a cuestionarlo.

La dificultad comienza cuando alguno de esos derechos pretende desplazar al otro y cuando la legitimidad de una voz queda subordinada a la aprobación de quienes disponen del poder político.

La seguridad pública también necesita pensamiento incómodo

Existe, además, una circunstancia que vuelve especialmente relevante este episodio. Las declaraciones de Pullaro y Javkin se produjeron mientras el Gobierno provincial impulsaba nuevas reformas legislativas destinadas a ampliar y reorganizar determinadas herramientas estatales para enfrentar el delito, en medio de diferencias dentro de la propia coalición oficialista sobre el alcance de esas atribuciones.

No se trata de negar la gravedad de la violencia criminal ni de desconocer que el Estado tiene responsabilidades concretas para proteger la vida, la libertad y la seguridad de los ciudadanos. Tampoco sería razonable rechazar anticipadamente toda modificación legislativa cuando las instituciones necesitan adaptarse a fenómenos delictivos cambiantes.

Pero precisamente porque la seguridad pública involucra el ejercicio de capacidades coercitivas, decisiones sobre libertades individuales, control territorial y utilización de recursos estatales, su discusión necesita un campo académico libre, plural y capaz de cuestionar las decisiones gubernamentales sin temor a descalificaciones institucionales.

El conocimiento especializado puede aportar fundamentos para mejorar una política, pero también puede mostrar sus errores, señalar consecuencias no previstas o advertir sobre riesgos que quienes gobiernan preferirían no escuchar. Esa capacidad crítica no constituye una amenaza para la democracia, sino una de sus herramientas más importantes.

Desde hace años vengo reflexionando sobre los peligros de organizar la acción estatal alrededor de categorías permanentes de sospecha, amenaza y enemistad, especialmente cuando esas clasificaciones comienzan a sustituir la evaluación individualizada de conductas y responsabilidades. No sostengo que las expresiones de Pullaro y Javkin permitan demostrar por sí mismas la existencia de semejante mecanismo, pero sí considero que ofrecen una oportunidad para examinar cómo la lógica de los buenos y los malos puede trasladarse desde la confrontación política hacia otros espacios de la vida institucional.

Una cosa es combatir organizaciones criminales mediante la ley y otra muy diferente es comenzar a interpretar toda discrepancia como una manifestación de pertenencia a un campo adversarial al que no merece escucharse.

La seguridad pública necesita policías profesionales, investigaciones eficaces, instituciones judiciales independientes y gobiernos capaces de tomar decisiones, pero también necesita universidades que puedan analizar críticamente esas decisiones y especialistas que no dependan del reconocimiento político de turno para participar del debate.

El verdadero examen de nuestras convicciones

Defender la libertad académica de una persona a la que admiramos constituye un ejercicio relativamente sencillo, porque nuestras simpatías ya nos predisponen a reconocerle legitimidad. Mucho más difícil resulta hacerlo cuando se trata de alguien con quien mantenemos diferencias importantes, cuyas decisiones cuestionamos o cuya trayectoria pública nos produce reservas profundas.

Quizás por eso el episodio de Marcelo Saín tenga un valor que excede ampliamente su situación personal y las polémicas que lo acompañan, porque nos obliga a distinguir entre el juicio que formulamos sobre una persona y los derechos que estamos dispuestos a reconocerle.

Pullaro y Javkin pueden sostener que Saín fue un mal ministro, cuestionar sus políticas, discutir sus aportes académicos y reclamar que la Justicia esclarezca las responsabilidades que pudieran corresponderle. Nada de eso debería ser impedido ni descalificado por el solo hecho de provenir de autoridades políticas.

Pero la misma libertad que les permite formular esas críticas debe permitir que Saín participe de una actividad universitaria, exponga sus ideas y se someta al debate de estudiantes, docentes e investigadores que podrán coincidir con él, cuestionarlo o rechazar sus conclusiones.

No necesitamos convertir a Saín en un héroe académico ni a sus críticos en enemigos de la universidad para comprender que existe una frontera institucional que conviene preservar. La defensa de la libertad intelectual pierde credibilidad cuando se transforma en una forma de militancia selectiva que reclama derechos solamente para aquellos con quienes compartimos una identidad política.

En los Territorios Sagrados, la prudencia no debería significar silencio obligatorio ni renuncia a la crítica, sino conciencia del lugar al que estamos ingresando y de las consecuencias que pueden producir nuestras palabras. Esa prudencia resulta especialmente importante cuando hablamos desde una posición de autoridad, porque no es lo mismo expresar una diferencia que sugerir que una institución debería haber impedido la participación de alguien.

Tal vez convendría recuperar una idea sencilla que nuestras disputas políticas parecen olvidar con demasiada frecuencia: no necesitamos admirar a una persona para respetar sus derechos, ni compartir sus pensamientos para reconocer su capacidad de producir conocimientos, ni absolver su pasado para permitirle participar de la conversación pública.

Porque si la libertad solamente alcanza a quienes consideramos buenos, deja de ser un principio y se convierte en un privilegio administrado por quienes tienen la facultad de distribuir esas categorías.

Y acaso allí resida la verdadera cuestión que deberíamos plantearnos después de las declaraciones de Pullaro y Javkin: no si Marcelo Saín merece nuestra simpatía, nuestra confianza o nuestra aprobación, sino si estamos dispuestos a conservar la libertad de enseñar, aprender y pensar incluso cuando quien ejerce esos derechos nos incomoda.

La respuesta que demos dirá probablemente mucho más sobre nuestra propia cultura democrática que sobre la persona a la que pretendemos juzgar.

“Quien quiera oír que oiga”