Santa Fe: la Policía podrá pedir el IMEI a cualquier ciudadano y allanar sin orden judicial a partir de la geolocalización

Santa Fe: la Policía podrá pedir el IMEI a cualquier ciudadano y allanar sin orden judicial a partir de la geolocalización

La Ley 14.495, publicada hoy en el Boletín Oficial, crea un sistema contra el mercado ilegal de celulares. También faculta a la Policía a exigir el identificador de los dispositivos sin necesidad de sospecha y suma la geolocalización a los supuestos de ingreso a domicilios sin orden de un juez. El texto prohíbe revisar el contenido de los teléfonos y no prevé traslados ante una negativa, a diferencia de lo que anunció la jefa de la Unidad Regional I.

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La provincia de Santa Fe incorporó una nueva herramienta de seguridad pública. El gobernador Maximiliano Pullaro promulgó la Ley 14.495 mediante el Decreto 2464/2026, del 16 de noviembre, y la norma se publicó hoy, 18 de noviembre, en el Boletín Oficial. Crea el Sistema Provincial de Intervención de los Mercados Ilícitos de Dispositivos Tecnológicos.

La ley no se limita al robo y la reventa de celulares. Faculta a la Policía a requerir a cualquier ciudadano el identificador de sus dispositivos, ordena retenerlos si la persona se niega y permite usar la geolocalización para entrar a un domicilio sin autorización judicial previa. Varias de estas cuestiones ya habían sido advertidas durante el tratamiento legislativo. Lo que entonces era un proyecto, hoy es derecho vigente o a punto de serlo.

Un sistema contra el mercado ilegal

El objetivo declarado es cortar la cadena económica que sostiene el robo y la reventa de teléfonos. La ley crea un Registro Provincial de Comercialización de Celulares y Dispositivos Afines. Deberán inscribirse quienes compren, vendan, reparen o reacondicionen equipos usados, incluso a través de plataformas digitales.

Esos comercios tendrán que registrar cada operación, identificar el IMEI de los aparatos y verificar si tienen denuncia o bloqueo. La autoridad de aplicación es el Ministerio de Justicia y Seguridad, que podrá inspeccionar locales, inmovilizar mercadería y clausurar preventivamente. Las sanciones van desde multas de 1 a 1.000 unidades Jus hasta el decomiso y la clausura.

La lógica es razonable: si un celular robado no encuentra comprador, robarlo deja de ser negocio. Intervenir sobre la reventa puede ser más eficaz que perseguir uno por uno a quienes arrebatan. La ley suma, además, una consulta pública y gratuita para que cualquier persona verifique si un IMEI tiene denuncia de robo antes de comprar un equipo usado.

Pero conviene distinguir dos cosas. Una es regular una actividad comercial vinculada con un mercado ilícito; sus destinatarios son los comerciantes. Otra es ampliar el control policial sobre la población en general, que alcanza a cualquiera que lleve un teléfono encima. En esta segunda dimensión aparecen los interrogantes más importantes.

«Cualquier ciudadano»

El núcleo de la discusión está en los artículos 24 y 25. El 24 establece que las personas están obligadas a exhibir el identificador electrónico único de sus dispositivos cuando lo requiera la autoridad competente. El 25 incorpora un inciso j) al artículo 10 de la Ley Orgánica de la Policía, que faculta a los efectivos a «requerir a cualquier ciudadano la exhibición del identificador electrónico único de los dispositivos tecnológicos que tuvieren en su poder y verificar su situación registral».

La facultad no se limita a personas sorprendidas en un delito, investigadas por la Justicia o vinculadas con la reventa de equipos. El texto dice «cualquier ciudadano» y no exige ninguna sospecha previa. El control se desplaza así de una actividad comercial específica a algo tan cotidiano como llevar un teléfono. Y no solo un teléfono: la ley define el identificador como cualquier código que individualice un dispositivo, sea IMEI, eSIM o número de serie.

El mismo inciso fija un límite que debe reconocerse. «Queda absolutamente vedado solicitar otra información contenida en el dispositivo o la exploración de las comunicaciones, archivos o datos». Verificar el código de un aparato no autoriza a revisar su contenido.

Pero la norma también prevé una consecuencia intensa ante la negativa: la Policía «debe retener el dispositivo tecnológico y dar inmediato aviso al Ministerio Público de la Acusación». Negarse a mostrar un código no prueba que el teléfono sea robado ni que su portador haya cometido un delito. Aun así, la negativa basta para que la persona pierda, al menos por un tiempo, un bien que usa para trabajar, estudiar y comunicarse. Esa retención deberá poder controlarse judicialmente con criterios de razonabilidad y proporcionalidad.

Lo que dice la ley y lo que se anunció

El texto promulgado contradice lo que se dijo en público antes de su vigencia. El 12 de noviembre, la jefa de la Unidad Regional I, Margarita Romero, explicó cómo se preparaba al personal. Dijo que, ante el llamado por una persona sospechosa, se trataba de ver «qué está comunicando, con quién se está comunicando». Y, consultada por una negativa a exhibir el IMEI, respondió: «Va a ser trasladado y puesto a disposición del fiscal que esté de turno».

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La ley dice otra cosa. Prohíbe de manera absoluta explorar las comunicaciones del aparato y, ante la negativa, ordena retener el dispositivo, no a la persona. No contiene ninguna disposición que autorice un traslado. Romero habló, además, cuatro días antes de la promulgación y seis antes de la publicación oficial.

No hay elementos para afirmar que exista un protocolo escrito con esas instrucciones. Pero la distancia entre el texto y lo anunciado obliga al Ministerio de Justicia y Seguridad a aclarar qué se está enseñando. La capacitación debería reproducir literalmente la prohibición del artículo 25 y dejar en claro que la consecuencia legal de la negativa es la retención del aparato.

La geolocalización entra al allanamiento sin orden

El artículo 23 modifica el inciso 5 del artículo 170 del Código Procesal Penal, uno de los supuestos de allanamiento sin orden judicial previa. La nueva redacción permite ingresar ante objetos vinculados con un delito advertidos «a simple vista o con el auxilio de medios técnicos, incluidos los sistemas de geolocalización o dispositivos de rastreo, siempre que permitan establecer, de manera precisa e inequívoca, su ubicación en dicho domicilio».

No es que antes la tecnología estuviera prohibida. Desde la Ley 14.258, de 2024, el inciso ya admitía los «medios técnicos», y la legalidad de esos ingresos debe ser controlada de oficio por un juez dentro de las 24 horas. La reforma nombra expresamente la geolocalización y el rastreo, y agrega una exigencia de precisión. Esa exigencia es un resguardo. Pero no resuelve la cuestión constitucional de fondo.

Saber dónde está un objeto no demuestra por qué es imposible pedir antes una orden judicial. La geolocalización puede indicar con exactitud dónde está un teléfono robado. De ese dato no surge, por sí solo, un peligro actual de destrucción de pruebas, una persecución inmediata ni ninguna otra urgencia que impida recurrir al juez. La inviolabilidad del domicilio, garantizada por el artículo 18 de la Constitución Nacional, no se debilita porque el Estado tenga mejores herramientas. Y el alcance del inciso no se limita a celulares: comprende cualquier objeto vinculado con un delito que pueda localizarse por rastreo.

La preocupación no es abstracta. Durante 2026, el uso del sistema Lince en Rosario derivó en una controversia judicial por un allanamiento sin orden basado en herramientas tecnológicas de identificación y seguimiento. El camarista Tomás Gabriel Orso convalidó aquel procedimiento por las circunstancias del caso. Pero su resolución mostró que la urgencia debe evaluarse en concreto: cuándo estuvo disponible la información y si había posibilidad real de acudir a un juez. Mostró, además, que una orden del Ministerio de Justicia y Seguridad no equivale a una autorización judicial.

La Ley 14.495 no establece que cualquier señal de geolocalización autorice un allanamiento. La pregunta que deberán responder los procedimientos es sencilla: si el Estado sabe dónde está lo que busca y tiene mecanismos rápidos para pedir una orden, ¿Qué circunstancia concreta justifica entrar primero y pedir el control después?

Del mercado al ciudadano, y del ciudadano al policía

Desde la Doctrina de la Sospecha Permanente (DSP), una de las preguntas centrales es cómo conductas ordinarias se convierten en objeto de fiscalización estatal sin una sospecha individualizada. Llevar un celular es una de las conductas más ordinarias que existen: con él se trabaja, se estudia, se paga y se mantiene la vida social.

La ley no declara sospechoso a todo portador de un teléfono, y sería incorrecto afirmarlo. Pero establece una facultad general de verificación y una consecuencia coercitiva ante la negativa. El riesgo es que una herramienta pensada contra un mercado delictivo se convierta en un control ordinario sobre personas sin ningún vínculo con ese mercado. El problema no es consultar un código, sino a quién se elige controlar. Si los controles se concentraran en ciertos barrios, en jóvenes o en determinados sectores sociales, la norma reforzaría desigualdades previas. Saberlo exigirá información verificable sobre los controles realizados, que la ley no obliga a registrar. No alcanza con suponer abusos, pero tampoco corresponde descartarlos de antemano.

Hay otra dimensión que suele quedar afuera: los trabajadores policiales. Serán ellos quienes pidan los identificadores, consulten los sistemas, retengan los aparatos y entren a los domicilios. Pero no son ellos quienes diseñan las normas, los protocolos ni los sistemas informáticos. Según el Principio de Reciprocidad Institucional (PRI), una institución que exige ejecutar decisiones que comprometen derechos debe dar a sus integrantes instrucciones claras, formación y respaldo legal. No puede concentrar las decisiones arriba y descargar las consecuencias sobre el último eslabón.

Eso exige protocolos precisos: cómo se hace el requerimiento, cómo se documenta una negativa, quién custodia el aparato retenido y cómo interviene el fiscal. En los allanamientos por geolocalización, habrá que conservar los registros técnicos, la hora en que llegó la información, su margen de error, la fundamentación de la urgencia y la identidad de quienes ordenaron y ejecutaron el ingreso. Esos registros protegen al ciudadano y también al policía frente a cuestionamientos administrativos, disciplinarios o penales. Si un agente aplica lo que Romero describió en lugar de lo que dice la ley, el que queda expuesto es él, no quien lo anunció en una conferencia de prensa.

Desde cuándo rige y qué falta

La ley no fija una fecha propia de entrada en vigencia. Por la regla general del artículo 5 del Código Civil y Comercial, rige después del octavo día de su publicación: desde el 27 de noviembre. Hasta entonces, las facultades de los artículos 23 a 25 no pueden ejercerse.

Las obligaciones de los comercios tienen su propio calendario. El artículo 26 dispone que serán exigibles desde que el Ministerio habilite el registro por acto administrativo, con un plazo de 90 días corridos para adecuarse y campañas previas de difusión y capacitación. La promulgación no equivale, entonces, a la puesta en marcha de todo el sistema.

Este miércoles 18, el Gobierno provincial y el Ministerio Público de la Acusación presentaron la ley en Rosario. Según lo informado, muchas denuncias por robo de celulares no incluyen el IMEI, el dato que permite bloquear y recuperar los equipos. El diagnóstico confirma que hay un problema real. Discutir las garantías de la ley no implica desconocer a las víctimas de esos robos.

La promulgación cierra la etapa legislativa y abre otra más importante: la aplicación. Habrá que ver si el sistema reduce el mercado ilegal y si los controles se aplican con criterios objetivos. También, si las retenciones respetan la ley y si la geolocalización justifica ingresos solo cuando hay una urgencia real. La existencia de una ley no demuestra que el control judicial previo ya se haya desplazado, pero tampoco descarta el riesgo. La respuesta dependerá de las prácticas, de los jueces y de la información pública sobre los resultados.

Una política de seguridad no se vuelve democrática solo por perseguir un fin legítimo: también debe serlo en los medios. La tecnología debe servir para investigar mejor, no para debilitar las garantías.

La norma completa

Ley Provincial Nº 14.495 Intervención de los Mercados ilícitos de Dispositivos Tecnológicos, by Apropol Noticias

 

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