Santa Fe: el Senado sancionó definitivamente la ley de fortalecimiento de la seguridad pública

Santa Fe: el Senado sancionó definitivamente la ley de fortalecimiento de la seguridad pública
La Cámara de Senadores aprobó este jueves 19 de noviembre la Ley de Herramientas para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública, impulsada por el gobernador Maximiliano Pullaro.

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La Cámara alta aceptó sin modificaciones el texto que había recibido media sanción de Diputados el pasado 5 de noviembre, luego de importantes cambios al proyecto original del Poder Ejecutivo. Ahora resta su promulgación.
La Legislatura de Santa Fe completó este jueves 19 de noviembre el tratamiento de la denominada Ley de Herramientas para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública, una de las principales reformas legislativas impulsadas por el Gobierno provincial en materia de seguridad y persecución penal.
La Cámara de Senadores aprobó sobre tablas el proyecto, aceptando las modificaciones introducidas por Diputados y dando sanción definitiva a una iniciativa que había ingresado a la Legislatura en mayo de este año mediante el Mensaje 17/2026 del Poder Ejecutivo.

Según informó el diario El Litoral, la decisión de la Cámara alta respondió al acuerdo político alcanzado previamente en Diputados, donde las diferencias entre sectores de la Unión Cívica Radical y el Partido Socialista habían provocado extensas negociaciones sobre el contenido y los alcances constitucionales de algunas disposiciones.

La sanción definitiva se produjo sin alterar el texto acordado en la Cámara baja, donde el proyecto había obtenido 37 votos afirmativos y 11 negativos. En el Senado, el justicialismo votó en contra de los artículos 5, 6 y 8.

Una reforma que modifica distintas leyes provinciales

La nueva legislación introduce modificaciones en el Código Procesal Penal de Santa Fe, Ley 12.734; el Código de Convivencia, Ley 10.703; la Ley 14.243 de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad; la Ley 14.246 del Sistema de Inteligencia y Análisis para la Prevención del Delito; y la Ley 13.494, vinculada con la protección de víctimas y testigos y el sistema de recompensas.

Entre los aspectos más relevantes se encuentran las modificaciones al régimen de allanamientos sin orden judicial, nuevas herramientas para la investigación penal, cambios vinculados con la intervención de víctimas y querellantes, disposiciones sobre el sistema penitenciario y ajustes en las facultades de inteligencia criminal.

Durante su tratamiento en Diputados, el proyecto original sufrió modificaciones importantes. Entre ellas, se eliminaron las denominadas zonas de intervención policial especial y la propuesta que permitía determinadas declaraciones policiales sin asistencia letrada, dos cuestiones que habían generado fuertes objeciones por sus posibles consecuencias sobre las garantías constitucionales.

También se incorporaron modificaciones relacionadas con el control de los allanamientos excepcionales, las garantías procesales y las condiciones de intervención de los organismos estatales.

Estas correcciones fueron determinantes para alcanzar el consenso que permitió avanzar con la iniciativa dentro de la coalición gobernante.

Los allanamientos sin orden judicial, uno de los puntos más discutidos

Uno de los capítulos que concentró mayor atención fue la modificación del artículo 170 del Código Procesal Penal, que regula las circunstancias excepcionales en las cuales las fuerzas policiales pueden ingresar a un domicilio sin autorización judicial previa.

El debate se centró especialmente en la ampliación de los supuestos legales y en los mecanismos de control posterior de esas intervenciones.

Durante el tratamiento legislativo, estas cuestiones fueron analizadas en nuestro libro Gobernar mediante la sospecha y posteriormente en el ensayo Allanamientos sin orden judicial: ¿la excepción como nueva regla?, donde examinamos las consecuencias de ampliar facultades excepcionales y los riesgos que pueden derivarse tanto para las garantías de los ciudadanos como para los trabajadores policiales encargados de ejecutar los procedimientos.

Una de las distinciones centrales de esos trabajos es que la necesidad de combatir eficazmente el delito no elimina la obligación de fundamentar jurídicamente las intervenciones que afectan derechos constitucionales.

La reforma finalmente sancionada presenta diferencias significativas respecto del texto inicialmente remitido por el Poder Ejecutivo, especialmente por los límites incorporados durante el debate parlamentario.

El acuerdo político permitió destrabar la iniciativa

La sanción definitiva también representa el cierre de una discusión interna que había expuesto diferencias importantes dentro de Unidos para Cambiar Santa Fe.

Mientras determinados sectores del oficialismo defendían la necesidad de aprobar rápidamente las herramientas solicitadas por el Gobierno, otros legisladores reclamaban modificaciones para evitar disposiciones excesivamente amplias o susceptibles de afectar garantías constitucionales.

El acuerdo alcanzado en Diputados permitió superar esas diferencias y reunir una mayoría suficiente para aprobar el proyecto.

En el Senado, tanto el presidente provisional Felipe Michlig como el titular del bloque radical Rodrigo Borla habían anticipado la intención de acompañar el texto sin nuevas modificaciones, evitando que regresara a la Cámara de origen.

La decisión finalmente adoptada permitió concluir el trámite legislativo de una reforma que llevaba más de seis meses de discusión.

Ahora resta la promulgación y su aplicación efectiva

Con la sanción definitiva de ambas cámaras, el proyecto quedó en condiciones de ser remitido al Poder Ejecutivo provincial para su promulgación y posterior publicación oficial.

La aprobación legislativa cierra una etapa de debate institucional, pero abre otra vinculada con la implementación de las nuevas disposiciones y su aplicación concreta en las investigaciones penales, los procedimientos policiales y el funcionamiento del sistema de seguridad.

La eficacia de estas herramientas deberá evaluarse a partir de sus resultados, pero también del respeto de las garantías constitucionales, de los mecanismos de control y de la seguridad jurídica de quienes tengan la responsabilidad de ejecutarlas.

La Legislatura modificó aspectos sustanciales de la propuesta original del Gobierno y estableció límites a determinadas facultades que habían generado controversias. Esas diferencias forman parte del resultado político y jurídico de un debate que no puede reducirse a una discusión entre quienes apoyan la seguridad y quienes la cuestionan.

La nueva legislación deberá demostrar que es posible fortalecer la capacidad estatal para combatir el delito sin debilitar los controles y las garantías que caracterizan a un Estado de derecho.

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