Villa Ángela (Chaco) – El video que muestra a policías golpeando a un hombre durante un procedimiento no puede analizarse únicamente desde la eventual responsabilidad individual de los efectivos.
Si se confirma que hubo un uso ilegítimo o desproporcionado de la fuerza, quienes participaron deberán responder profesional y judicialmente; pero el episodio también obliga a mirar hacia arriba, hacia las políticas de seguridad que construyen determinados modos de intervención, estimulan respuestas cada vez más intensivas y, cuando algo sale mal, suelen dejar al personal operativo convertido en el fusible de un sistema que previamente reclamó dureza, presencia y resultados.
Al mismo tiempo, la filmación ciudadana constituye una expresión concreta del Panóptico Social Ampliado: la comunidad observa a quien ejerce poder y establece límites allí donde antes podía existir opacidad.
El episodio ocurrido en Villa Ángela permite mirar mucho más allá de las imágenes que rápidamente provocaron indignación. La filmación muestra una intervención policial que deberá ser examinada con todo el rigor correspondiente, especialmente porque existe una persona lesionada y porque se ha señalado que atravesaría problemas de salud mental, pero limitar el análisis exclusivamente a la conducta de los dos uniformados significa observar apenas el último tramo de una cadena mucho más extensa.
En Gobernar mediante la sospecha planteamos precisamente el riesgo de que la seguridad deje de funcionar como una política pública limitada por reglas claras y comience a organizarse alrededor de una lógica de seguridad intensiva, donde la sospecha permanente, la presencia policial constante, la presión por intervenir y la exigencia política de resultados generan un terreno particularmente propicio para que las facultades coercitivas del Estado se expandan.
Eso no absuelve a nadie.
Si un policía golpea innecesariamente a una persona reducida, si continúa utilizando la fuerza cuando el peligro ya desapareció o si incumple los protocolos profesionales que regulan una intervención, existe una responsabilidad individual que debe investigarse y, en su caso, sancionarse. La condición de trabajador policial no puede transformarse en una excusa para justificar una conducta ilegítima.
Pero reconocer esa responsabilidad tampoco debería servir para ocultar otra pregunta mucho más incómoda: ¿Qué tipo de política de seguridad construye las condiciones dentro de las cuales estos episodios pueden producirse?
La diferencia entre responsabilidad individual y responsabilidad política
Esa distinción resulta indispensable porque una democracia seria debería poder sostener simultáneamente dos afirmaciones que no son contradictorias.
La primera es que cada policía responde profesionalmente por aquello que hace y que el uso de la fuerza debe estar sometido a criterios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y rendición de cuentas.
La segunda es que el Estado también debe responder por las doctrinas, mensajes, órdenes, incentivos, protocolos, capacitaciones y condiciones laborales mediante las cuales organiza la actuación cotidiana de sus fuerzas.
Cuando desde la conducción política se instala permanentemente la idea de que hay que avanzar, saturar, detener, controlar, identificar y demostrar autoridad; cuando el éxito se mide principalmente por cantidad de procedimientos, aprehendidos o presencia callejera; cuando cualquier duda operativa puede interpretarse como falta de compromiso o debilidad, el policía comienza a recibir un mensaje que excede ampliamente aquello que dicen los manuales.
El problema aparece cuando, después, una intervención atraviesa el límite.
Entonces desaparece rápidamente toda la arquitectura política que promovió la intensidad y quedan solamente dos nombres, dos legajos y un video.
El fusible policial vuelve a aparecer
Es allí donde aparece la figura del fusible policial.
El sistema necesita policías dispuestos a intervenir, a asumir riesgos, a enfrentar situaciones imprevisibles y muchas veces a resolver en segundos aquello que desde una oficina puede analizarse durante horas. Sin embargo, cuando el procedimiento genera un costo político importante, el mecanismo institucional suele operar de manera inversa: se individualiza inmediatamente la responsabilidad, se separa preventivamente al personal y se comunica que “no habrá encubrimiento”, mientras toda la discusión sobre el modelo operativo que produjo aquella intervención queda en segundo plano.
Nuevamente, esto no significa que el apartamiento sea necesariamente incorrecto ni que deba mantenerse trabajando a alguien cuya actuación está bajo investigación. Significa algo diferente: la respuesta administrativa sobre el policía no puede transformarse en un mecanismo para clausurar la discusión sobre las responsabilidades superiores.
Los dos efectivos involucrados en Villa Ángela ahora deberán afrontar una investigación administrativa, probablemente actuaciones judiciales, asesoramiento legal, exposición pública y una situación profesional incierta. Además, la separación del servicio con retención de haberes introduce un perjuicio económico inmediato que no afecta solamente al policía, sino también a su grupo familiar.
Ese costo aparece antes de que exista una resolución definitiva sobre las responsabilidades.
Por eso también merece examinarse la proporcionalidad de las medidas administrativas adoptadas y las garantías que acompañan al personal durante el proceso. Un trabajador policial investigado sigue siendo un trabajador y conserva el derecho de defensa, la presunción de inocencia y las restantes garantías propias de cualquier ciudadano.
La paradoja de la seguridad intensiva
La seguridad intensiva encierra una contradicción que estos episodios permiten observar con enorme claridad.
El Estado demanda una policía activa, visible y en permanente capacidad de intervención, pero simultáneamente puede reaccionar con extrema rapidez contra quienes ejecutan esas políticas cuando una actuación produce rechazo social.
Así se construye una doble presión sobre el agente.
Por un lado, recibe el mandato de actuar, controlar y reducir riesgos; por otro, sabe que una decisión tomada en segundos puede convertirse horas después en un video observado cuadro por cuadro por millones de personas, fiscales, autoridades administrativas, periodistas y dirigentes políticos.
La respuesta no puede ser eliminar ese control social, porque precisamente allí existe una conquista democrática extraordinariamente importante. La respuesta debería consistir en construir mejores policías, mejores protocolos y mejores conducciones, capaces de comprender que una política de seguridad intensiva sin límites claros termina exponiendo tanto al ciudadano como al propio trabajador policial.
El Panóptico Social Ampliado apareció en Villa Ángela
Desde la perspectiva que venimos desarrollando en torno al Panóptico Social Ampliado, el video constituye además un ejemplo particularmente claro de una transformación profunda del ejercicio del poder.
Durante décadas, buena parte de las actuaciones policiales ocurrían bajo una enorme asimetría de visibilidad. El policía observaba, identificaba, interrogaba y registraba al ciudadano, mientras que aquello que hacía el propio agente quedaba muchas veces sometido únicamente a su versión, a la del compañero que participaba del procedimiento o a los registros institucionales producidos por la misma organización.
Los teléfonos celulares alteraron radicalmente esa relación.
Ahora el ciudadano también registra.
La comunidad observa a quien observa.
El procedimiento policial deja de pertenecer exclusivamente al relato institucional y puede quedar sometido a una multiplicidad de miradas que producen evidencia, discusión pública y control social.
Eso es precisamente una de las dimensiones centrales del Panóptico Social Ampliado: el poder deja de monopolizar la capacidad de mirar y comienza también a ser mirado.
La comunidad como límite del poder
El video de Villa Ángela no solamente documentó una intervención. Produjo una consecuencia institucional concreta: circuló, generó rechazo social, llegó a las autoridades y obligó al Gobierno a responder.
Ahí aparece una forma contemporánea de control democrático que resulta imposible ignorar.
La persona que registró la escena no necesitó pertenecer a un organismo de control, integrar una fuerza política ni iniciar previamente un expediente administrativo. Le bastó con observar aquello que ocurría en el espacio público, registrarlo y ponerlo en circulación.
La comunidad comenzó entonces a actuar como límite.
Esto no significa que todo video muestre necesariamente la totalidad de los hechos, porque una grabación puede comenzar después del inicio de un conflicto, carecer de contexto o no registrar determinadas circunstancias relevantes. Precisamente por eso la investigación profesional sigue siendo indispensable.
Pero también resulta evidente que la existencia del registro modifica profundamente la relación de poder.
Un procedimiento que anteriormente podía resolverse mediante un parte policial ahora debe confrontarse con una evidencia producida desde fuera de la institución.
La vigilancia recíproca cambia también el trabajo policial
Ese nuevo escenario debería conducir a una transformación doctrinaria de las fuerzas.
El policía del siglo XXI debe saber que cada procedimiento puede ser observado y registrado, pero esa realidad no debería ser interpretada solamente como una amenaza disciplinaria. También puede convertirse en una garantía para el propio trabajador.
Una filmación ciudadana puede demostrar un exceso policial, pero también puede probar que una detención fue legítima, que existió una agresión previa, que el uso de la fuerza fue necesario o que una acusación posterior contra los agentes era falsa.
La trazabilidad del procedimiento funciona en ambas direcciones.
Por eso el Panóptico Social Ampliado no debería pensarse como una sociedad dedicada a perseguir policías, sino como un espacio donde el ejercicio del poder público se vuelve cada vez más visible, documentable y discutible.
Y esa visibilidad obliga a todos.
Obliga al policía a actuar dentro de la ley, pero también obliga a la conducción política a explicar qué órdenes impartió, qué capacitación proporcionó, qué protocolos diseñó y bajo qué condiciones laborales hizo trabajar a ese personal.
No alcanza con apartar a dos policías
La reacción más sencilla frente a un episodio de estas características consiste en separar a los involucrados, anunciar una investigación y comunicar públicamente que nadie será protegido.
Eso puede ser necesario, pero resulta insuficiente.
Si la investigación concluye que existió un abuso, habrá que determinar las responsabilidades individuales correspondientes; sin embargo, la discusión debería continuar preguntando qué formación recibió el personal para intervenir frente a una persona con problemas de salud mental, qué protocolos estaban vigentes, qué alternativas de reducción conocían, qué supervisión existía y cuál era la doctrina operativa dentro de la cual venían desarrollando su trabajo.
Porque si después de cada episodio solamente se reemplaza al fusible, el circuito permanece intacto.
Y tarde o temprano volverá a quemarse otro.
El límite democrático
Villa Ángela permite observar, entonces, dos fenómenos que parecen contradictorios pero forman parte de una misma transformación.
Por un lado, una política de seguridad puede intensificar las exigencias sobre el personal policial hasta generar condiciones favorables para respuestas desproporcionadas, especialmente cuando la cultura institucional premia la contundencia y considera la moderación como debilidad.
Por otro, una sociedad cada vez más equipada para observar, grabar y difundir esas actuaciones impone nuevos límites a la capacidad coercitiva del Estado.
Entre ambos movimientos queda el policía.
Debe actuar, pero sabe que será observado.
Debe utilizar la fuerza cuando resulte necesaria, pero deberá explicar posteriormente por qué la utilizó.
Debe obedecer órdenes legítimas, pero conserva responsabilidad personal sobre sus actos.
Y cuando se equivoca o atraviesa el límite, puede enfrentar consecuencias administrativas, económicas y judiciales que muchas veces deberá afrontar prácticamente en soledad.
Ese es precisamente el punto que no debería perderse de vista: separar la responsabilidad individual de la responsabilidad política no significa diluir ninguna de las dos, sino exigir ambas.
Si hubo abuso, deberá responder quien lo cometió. Pero si existió una política que estimuló intervenciones cada vez más intensivas, una formación insuficiente, protocolos deficientes o una conducción que exigía resultados sin proporcionar herramientas adecuadas, también habrá responsabilidades que buscar más arriba.
El Panóptico Social Ampliado agrega finalmente una tercera dimensión: la comunidad ya no está condenada a observar pasivamente el ejercicio del poder, sino que puede registrarlo, hacerlo visible y exigir explicaciones.
Ese cambio probablemente sea irreversible y puede resultar saludable tanto para la sociedad como para la propia institución policial, siempre que la transparencia no termine funcionando solamente hacia abajo. Si el policía es observado, también deben ser observadas las políticas, las órdenes y las decisiones de quienes lo mandan a la calle.
De lo contrario, habremos construido un sistema donde todos controlan al último eslabón mientras el poder que organiza su actuación permanece fuera de cuadro.
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“Quien quiera oír que oiga”
(*) Ex oficial de la PSF. Periodista. Licenciado en Seguridad Pública y Ciudadana (Universidad Nacional de Chaco Austral -. UNCAUs). Autor de los libros Doctrina de la Sospecha Permanente (DSP), «La Teoría del Foco y la Vara» (FyV), «El Principio de Reciprocidad Institucional» (PRI) ,«Gobernar mediante la sospecha», «Ciudadanía de Segunda Clase (CSC)». y ¿En nombre del odio?
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