El ministro de Seguridad dijo que antes los gendarmes quedaban presos y los delincuentes libres; hoy se libera al uniformado y se imputa a los ladrones. APROPOL venía denunciando ése sesgo hace años.
Por Rubén Pombo
Para APROPOL, sus declaraciones confirman lo que venimos denunciando: la inquina judicial —en especial del MPA— contra policías en actos de servicio. Hoy el propio ministro reconoce ese pasado y anuncia un cambio de criterio.
El disparador fue el episodio del gendarme que, estando de franco y trabajando como chofer de Uber, repelió un asalto e hirió a dos ladrones. El ministro de Seguridad Pablo Cococcioni informó que el efectivo fue liberado “sin formación de causa” y que los asaltantes resultaron imputados y detenidos. Remarcó que “hace años esto terminaba con el gendarme preso y los delincuentes libres”, señal de un cambio de mirada judicial frente a hechos de legítima defensa.
Caso Álvarez – Puntano: cuando la sospecha pesa más que las pruebas
Jurados para casos con fuerzas de seguridad
Cococcioni enmarcó este giro en la extensión del juicio por jurados a supuestos graves —incluidos enfrentamientos entre fuerzas de seguridad y delincuentes— medida ya activa en la provincia y con próximos procesos en Rosario durante octubre. El esquema (ley 14.253) deja en 12 ciudadanos la decisión sobre culpabilidad/no culpabilidad basándose sólo en lo producido en el debate.
Lo que el MPA mostró como “indicadores de gestión”
Aquí está el punto que APROPOL viene subrayando: la conducción del MPA exhibió como métrica de gestión el volumen de investigaciones sobre personal policial y penitenciario.
SANTA FE: Uno de cada ocho policías está procesado por la justicia
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Informe de Gestión 2024 presentado por Vranicich: 3.989 legajos iniciados contra policías y penitenciarios (≈ 11 por día). Sin embargo, sólo el 10% llegó a audiencia imputativa y apenas 44 condenas (algo más del 1%), según la cobertura de medios que citaron el documento oficial remitido a la Legislatura.
Nuestra lectura: cuando una jefatura del MPA muestra esos números como “resultados”, termina validando una matriz de sospecha que alimenta imputaciones automáticas, preventivas extensas y una doble vara probatoria contra agentes en servicio. Las cifras, además, no sostienen eficacia punitiva: muchas causas, pocas imputaciones, casi nulas condenas.
Qué cambia y qué falta
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Señal positiva: el caso del gendarme libre sin formación de causa y delincuentes imputados desactiva el reflejo “uniformado preso / delincuentes libres”.
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Paso institucional: jurados populares para hechos con fuerzas de seguridad (ya operativos; próximos en Rosario en octubre).
Agenda mínima APROPOL:
- Límites duros y revisión estricta de la prisión preventiva.
- Jerarquía de prueba (pericias, GPS/911, cámaras y cadena de custodia por encima de “climas”).
- Defensorías internas independientes y protocolos claros de uso progresivo de la fuerza.
- Revisión de legajos iniciados bajo la lógica del “castigo anticipado”.
- Remuneración digna y dedicación exclusiva (sin “changa”), línea que el propio ministro dijo promover.
- Fortalecimiento de los derechos humanos del trabajador policial.
- Prevención del uso político de la Justicia.
- Mejora de la salud mental y condiciones de vida del personal.
- Recuperación de la confianza social en las fuerzas.
Conclusión: disciplinamiento judicial y abandono institucional
Procesar a uno de cada ocho policías no es un mérito judicial: es una confesión institucional. Un síntoma de que la política de seguridad se está tercerizando en tribunales, sin control ni justicia.
Desde APROPOL decimos basta.
SI EL QUE CUIDA NO TIENE QUIÉN LO CUIDE, NO HAY SEGURIDAD PARA NADIE.
En una próxima entrega publicaremos un informe completo sobre las estadísticas del MPA, con su revisión punto por punto. Porque cada causa tiene una historia, y cada historia merece justicia.
Reflexión final
Si el propio Estado admite que ayer el final era “gendarme preso y delincuentes libres”, entonces hoy corresponde ordenar el proceso: garantías, evidencia dura, jurados cuando aplique y respeto a la legítima defensa del personal que actúa dentro de la ley.
Lo dijimos siempre y lo reafirmamos: “La sospecha es castigo anticipado.” La salida es Confianza Soberana: control con garantías.
Fuentes: declaraciones de Cococcioni (Cadena 3 Rosario y La Capital); comunicación oficial de la Provincia sobre juicio por jurados; coberturas del Informe de Gestión 2024 del MPA presentadas ante la Legislatura (cifras de legajos, imputaciones y condenas).
La sospecha permanente
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