Carta abierta a la Mesa del Diálogo Santafesino: frente a la “Ley Bozal”, el silencio también necesita una explicación

A los integrantes de la Mesa del Diálogo Santafesino:

Durante más de dos décadas ustedes construyeron un espacio que se presenta ante la sociedad como plural, representativo y orientado a promover el diálogo, la convivencia democrática y la búsqueda de consensos, integrado por universidades, iglesias y comunidades religiosas, entidades empresariales, organizaciones sociales y sindicales que poseen una trayectoria y una legitimidad propias y que, precisamente por eso, tienen capacidad para influir sobre la agenda pública de la provincia.

Por esa misma razón creemos que ha llegado el momento de formular públicamente una pregunta que hasta ahora no ha encontrado una respuesta satisfactoria: ¿fueron utilizados para abrirle el camino político a la denominada “Ley Bozal”, impulsada entre gallos y medianoche por el senador Felipe Michlig, o participaron conscientemente de un proceso que terminó intentando convertir el concepto de “discurso de odio” en una herramienta sancionatoria?

No hacemos esta pregunta desde una sospecha gratuita ni con la intención de atribuir responsabilidades que no puedan demostrarse, sino a partir de los propios antecedentes públicos de la Mesa y de la secuencia política que comenzó mucho antes de que el proyecto provocara el escándalo que finalmente conocemos.

La iniciativa no apareció de la nada

El 11 de junio de 2026 la Mesa del Diálogo Santafesino se presentó formalmente en la Legislatura provincial con la declaración titulada “Por el respeto, la convivencia y la paz en la pluralidad. Santa Fe, provincia libre de discriminación y discursos de odio”, en una jornada que incluyó conferencia de prensa, acto institucional en el hall de la Legislatura y la participación de autoridades políticas, universitarias, religiosas y miembros de ambas cámaras.

La rectora de la Universidad Nacional del Litoral, Laura Tarabella, explicó públicamente que la cuestión había sido pensada, discutida y conversada en distintas instancias de la propia Mesa, mientras que Eugenio Martín De Palma, rector de la Universidad Católica de Santa Fe y presidente del espacio, señaló que el núcleo central del mensaje llevado a la Legislatura consistía precisamente en pedir que Santa Fe fuera declarada provincia libre de discriminación y mensajes de odio.

La declaración presentada tampoco dejaba lugar a demasiadas dudas acerca de la intención política de la jornada, porque concluía peticionando expresamente a las autoridades legislativas que avanzaran en ese sentido, de manera que resulta evidente que la Mesa del Diálogo no fue un espectador ajeno al nacimiento de esta discusión, sino uno de los actores que contribuyeron a instalarla institucionalmente.

Una cosa es promover convivencia y otra muy distinta habilitar sanciones

Hasta allí podía existir un amplio espacio de coincidencia democrática, porque rechazar la discriminación, la violencia religiosa, la persecución o la agresión contra una persona por sus creencias constituye una posición perfectamente legítima y compatible con cualquier sociedad plural.

El problema comenzó cuando aquella declaración de carácter ético y político empezó a convertirse en legislación y, particularmente, cuando apareció la posibilidad de trasladar conceptos como odio, hostilidad, desprecio o menosprecio al terreno del poder sancionador del Estado.

Ese cambio no es menor ni puede presentarse como una simple continuidad administrativa de la declaración original, porque una cosa es promover educación, convivencia y respeto, y otra muy diferente es establecer figuras jurídicas suficientemente abiertas como para que una autoridad pueda determinar cuándo una expresión cruza determinada frontera y, a partir de allí, producir consecuencias legales para quien la pronuncia.

Allí la discusión dejó de ser solamente moral o cultural y pasó a involucrar una de las cuestiones centrales de cualquier sistema democrático: cuáles son los límites del poder estatal frente a la libertad de expresión.

La pregunta es qué sabía realmente la Mesa

Por eso creemos necesario formular algunas preguntas que hasta ahora nadie respondió con claridad:

¿la Mesa conocía el contenido concreto del proyecto legislativo que posteriormente tomó forma?,

¿sus integrantes fueron consultados antes de que aquellas ideas fueran incorporadas a una propuesta vinculada con el Código de Convivencia?,

¿sabían que el planteo podía abandonar el terreno declarativo para ingresar en un ámbito sancionatorio?,

¿habían evaluado las consecuencias que semejante herramienta podía producir sobre periodistas, dirigentes políticos, organizaciones gremiales, trabajadores, ciudadanos comunes o integrantes de fuerzas de seguridad sometidos además a regímenes disciplinarios internos?

También corresponde preguntarse si ocurrió algo distinto y políticamente no menos grave: que la Mesa simplemente hubiera promovido una declaración general en favor de la convivencia y que luego el poder político utilizara aquella petición, el acto institucional realizado en la Legislatura y el prestigio de sus integrantes para avanzar hacia una iniciativa cualitativamente diferente de la que inicialmente había sido debatida.

Si eso ocurrió, entonces la Mesa debería ser la primera interesada en explicarlo, porque ser utilizada como fuente de legitimidad para una herramienta que no se conocía o no se compartía también constituye un problema institucional serio.

Si fueron utilizados, deberían decirlo

La Mesa del Diálogo Santafesino está integrada por instituciones de enorme peso social, entre ellas la Universidad Nacional del Litoral, la Universidad Católica de Santa Fe, la Universidad Tecnológica Nacional, la Iglesia Católica, el Consejo de Pastores Evangélicos, la DAIA, la Unión Industrial, la Bolsa de Comercio, el Centro Comercial, la Sociedad Rural, la Cámara Argentina de la Construcción, la CGT Regional Santa Fe, la Pastoral Social y distintas asociaciones civiles.

Estamos hablando, por lo tanto, de entidades que representan tradiciones, intereses, sectores sociales y sensibilidades profundamente diferentes, razón por la cual resultaría especialmente grave que ese capital institucional hubiera sido utilizado para presentar como un gran consenso de la sociedad civil una iniciativa cuyo verdadero desarrollo jurídico no hubiera sido conocido ni debatido por quienes aparecieron respaldándola.

Si eso fue lo que ocurrió, corresponde que lo digan con claridad, no solamente para preservar la credibilidad de la Mesa, sino también porque ninguna universidad, iglesia, organización sindical o entidad empresaria debería permitir que su nombre sea utilizado para respaldar una legislación cuyo alcance real nunca fue sometido a discusión interna.

Pero si no fueron utilizados, la pregunta se vuelve todavía más incómoda

Existe, sin embargo, otra posibilidad que tampoco puede descartarse sin una explicación pública: que la Mesa conociera perfectamente el rumbo que estaba tomando la iniciativa y que hubiera acompañado no solamente la declaración política, sino también su posterior traducción normativa.

Si fue así, no existe nada ilegítimo en haber sostenido esa posición, porque en democracia pueden defenderse propuestas con las que otros estamos profundamente en desacuerdo, pero entonces corresponde asumirla públicamente y explicar sus fundamentos, especialmente cuando la discusión involucra la posibilidad de que el Estado sancione expresiones que una autoridad considere comprendidas dentro de conceptos cuya interpretación puede resultar amplia o controvertida.

La Mesa del Diálogo Santafesino no puede presentarse como protagonista cuando solicita a la Legislatura que intervenga sobre una determinada cuestión y convertirse luego en un espectador silencioso cuando esa misma cuestión genera una controversia de magnitud por sus eventuales consecuencias sobre la libertad de expresión.

La paradoja de una Mesa del Diálogo que dejó de hablar cuando apareció el verdadero debate

Hay algo particularmente llamativo en todo este episodio, y es que estamos hablando de una institución que lleva la palabra diálogo en su propio nombre, pero que cuando comenzó la verdadera discusión pública, cuando aparecieron objeciones, críticas, preguntas jurídicas y advertencias sobre los límites que debería tener el poder estatal, no ofreció una explicación equivalente a la intensidad con la que había promovido inicialmente la iniciativa.

El diálogo democrático no se demuestra cuando todos coinciden en que el odio, la discriminación o la violencia son indeseables, porque semejante consenso resulta relativamente sencillo; el verdadero diálogo comienza cuando alguien pregunta quién va a definir jurídicamente qué es odio, qué criterios se utilizarán, cuáles serán los límites interpretativos y qué podrá hacer el Estado después de haber realizado esa definición.

Toda sociedad democrática debe combatir la violencia y la discriminación, pero también debe observar con enorme cautela cualquier herramienta ambigua que pueda otorgar al poder una capacidad excesiva para disciplinar la palabra, porque precisamente allí se encuentra una de las fronteras más delicadas entre la protección de derechos y la restricción de libertades.

La legitimidad institucional también genera responsabilidades

El acto realizado en junio contó con la presencia del presidente provisional del Senado, Felipe Michlig; senadores y diputados provinciales; el intendente de la ciudad de Santa Fe, Juan Pablo Poletti; autoridades de distintos organismos públicos; representantes universitarios y miembros de diversos credos, de manera que no estamos hablando de una conversación académica ni de una actividad interna sin consecuencias públicas, sino de una intervención institucional destinada expresamente a producir efectos políticos.

Y los produjo.

Por eso ahora corresponde saber hasta dónde llegaba realmente el consenso que allí se exhibió, porque no alcanza con sostener que la intención era promover la paz y la convivencia si después esa aspiración fue utilizada para construir herramientas jurídicas que podían afectar derechos fundamentales.

En política y en legislación las consecuencias importan tanto como las intenciones, y la historia demuestra que muchas restricciones a las libertades fueron justificadas inicialmente mediante propósitos que se presentaban como nobles, protectores o moralmente indiscutibles.

Una responsabilidad especial de las universidades y del movimiento sindical

Hay integrantes de la Mesa cuya presencia vuelve esta discusión todavía más significativa, porque las universidades tienen como razón de existencia la producción, confrontación y circulación de ideas, incluso aquellas que resultan incómodas, irritantes o minoritarias, mientras que las organizaciones sindicales conocen perfectamente lo que significa para un trabajador ejercer el derecho a reclamar, denunciar, cuestionar decisiones jerárquicas o confrontar con estructuras de poder.

Por eso resulta legítimo preguntar también a la Universidad Nacional del Litoral, a la Universidad Católica de Santa Fe, a la Universidad Tecnológica Nacional y a la CGT Regional Santa Fe qué evaluación realizaron sobre las consecuencias concretas que una legislación de estas características podía tener sobre la expresión pública y, especialmente, si existió dentro de la Mesa una discusión específica sobre los riesgos de trasladar una declaración moral al ámbito sancionatorio.

No alcanza con haber participado de una declaración general contra la discriminación cuando después aparece la posibilidad de que el Estado sancione conductas expresivas, porque en ese momento la responsabilidad institucional cambia y también debería cambiar la profundidad del debate.

No buscamos culpables imaginarios, buscamos una explicación

Desde APROPOL no afirmamos que la Mesa del Diálogo Santafesino haya diseñado una maniobra de censura porque no tenemos elementos que permitan sostener semejante acusación, ni pretendemos adjudicar colectivamente a todas sus instituciones una posición que quizás no compartieron en idénticos términos.

Justamente por eso formulamos estas preguntas y consideramos que deben ser respondidas públicamente, porque queremos saber quién decidió, quién conocía el proyecto, quién lo respaldó, quién formuló objeciones y, sobre todo, si alguien dentro de la Mesa advirtió que entre promover convivencia y crear una herramienta sancionatoria existía una frontera que no debía cruzarse.

El silencio ya no alcanza

La denominada “Ley Bozal” produjo un fuerte cuestionamiento político y social porque terminó tocando una de las fibras más sensibles de cualquier democracia, que es la libertad de expresar opiniones frente al poder y frente a los demás, y resulta difícil comprender que quienes habían llevado originalmente el tema al corazón mismo de la Legislatura no hayan ofrecido, durante el momento de mayor controversia, una explicación clara sobre su posición.

Por eso esta carta no pretende clausurar ninguna discusión, sino abrirla donde verdaderamente importa.

A la Mesa del Diálogo Santafesino le pedimos que haga honor a su nombre y dialogue públicamente, que explique cuál fue su participación, que diga si conoció el desarrollo legislativo posterior, que aclare si respaldaba su componente sancionatorio y que responda finalmente la pregunta que hoy sigue abierta:

¿La política tomó una legítima iniciativa de convivencia y la convirtió en otra cosa sin conocimiento de ustedes, o ustedes acompañaron también esa transformación?

Si fueron utilizados, sería grave; si participaron conscientemente, tienen derecho a defenderlo, pero también la responsabilidad de explicarlo; y si nadie dentro de una Mesa integrada por universidades, iglesias, empresarios, sindicatos y organizaciones civiles se preguntó qué podía ocurrir cuando el concepto de “discurso de odio” pasara de una declaración moral al poder sancionador del Estado, entonces el problema sería todavía más profundo.

Porque el diálogo no consiste solamente en reunirse alrededor de principios compartidos, sino también en aceptar las preguntas incómodas cuando esos principios empiezan a convertirse en poder, y en una democracia esa diferencia nunca debería considerarse un detalle.

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