El proyecto que pretendía declarar a la provincia “territorio libre de discursos de odio” y crear una nueva contravención con multas y cursos obligatorios finalmente quedó sin tratamiento en Diputados.

La caída del proyecto santafesino contra los denominados “discursos de odio” merece ser analizada bastante más allá del resultado parlamentario inmediato, porque lo que estuvo en discusión nunca fue solamente una declaración de buenas intenciones vinculada con la convivencia, la pluralidad o la lucha contra la discriminación, sino la posibilidad concreta de incorporar al Código de Convivencia una nueva infracción capaz de sancionar expresiones mediante multas y cursos obligatorios, es decir, de trasladar una categoría moral y política al terreno del poder punitivo estatal.

Desde el comienzo sostuvimos que combatir la discriminación, las amenazas, la persecución o la incitación concreta a la violencia constituye un objetivo legítimo y necesario, pero que esa legitimidad no convierte automáticamente en adecuada cualquier herramienta jurídica creada para alcanzarlo. El problema comenzaba cuando conceptos abiertos como “promover”, “justificar” o “naturalizar” la hostilidad o el menosprecio pasaban a integrar una figura sancionatoria cuyo alcance dependía, en buena medida, de la interpretación que una autoridad pudiera realizar sobre el significado de una expresión concreta.

Finalmente, la falta de consenso político y el vencimiento de los plazos parlamentarios sin renovación de la preferencia hicieron caer el tratamiento, de modo que no hubo una declaración judicial de inconstitucionalidad ni una sentencia que clausurara definitivamente la posibilidad de que algo semejante vuelva a presentarse, pero sí hubo una derrota política de una iniciativa que no consiguió disipar las dudas que comenzaron a crecer alrededor del poder que pretendía otorgar al Estado sobre la palabra.

Malfesi llevó la batalla al terreno legislativo

Dentro de la Cámara de Diputados, la figura de Silvia Malfesi merece ser destacada porque fue quien asumió de manera más clara y persistente la resistencia parlamentaria cuando buena parte del sistema político prefería no enfrentarse a una consigna presentada bajo palabras tan nobles como respeto, paz, pluralidad, convivencia y protección frente a la discriminación.

Triunfa la Libertad!!

Finalmente, el proyecto para sancionar los «discursos de odio» no será tratado en Diputados.

Muchas gracias a todos los que difundieron este tema. Sin ustedes, esto habría salido rápidamente y hoy tendríamos un estado de CENSURA en Santa Fe. pic.twitter.com/0JKgMgCG3t

— Silvia Malfesi (@Malfesi) September 3, 2026

Malfesi cuestionó públicamente la amplitud de la definición, las multas que podían alcanzar cifras millonarias y el riesgo de que una norma de este tipo terminara funcionando como herramienta de censura o persecución contra periodistas, opositores y ciudadanos, y en agosto, cuando la iniciativa volvía a aparecer en la Comisión de Asuntos Constitucionales, ya señalábamos que su voz constituía la principal objeción pública dentro de Diputados.

Después de confirmarse la caída del proyecto, la diputada celebró el resultado y sostuvo que se había evitado una herramienta de censura, advirtiendo además que permanecerá atenta ante cualquier intento de reeditarla, una posición que puede discutirse en su formulación política pero que no puede minimizarse en cuanto al papel que cumplió dentro de la Legislatura para quebrar una unanimidad que, hasta ese momento, había parecido demasiado cómoda.

Javier Meyer la resumió como la “Ley Bozal”

Más recientemente, el intendente Javier Meyer aportó una definición política que terminó condensando buena parte de la discusión cuando calificó la iniciativa como la “Ley Bozal” y alertó sobre el riesgo de que una norma presentada para combatir el odio terminara condicionando la crítica, la denuncia y la expresión pública.

La fórmula puede ser provocadora, pero toca un punto central: el problema de una herramienta de este tipo no comienza necesariamente cuando alguien recibe una multa, sino mucho antes, cuando un periodista, un dirigente, un trabajador o un ciudadano empieza a medir cada palabra por temor a que una autoridad interprete su expresión como hostilidad o menosprecio y transforme una discusión pública en un expediente sancionatorio.

En ese punto aparece el efecto inhibidor que venimos señalando desde el principio, porque una estructura estatal no necesita prohibir expresamente una opinión para producir silencio si consigue aumentar lo suficiente el costo potencial de expresarla.

Esta discusión la empezamos cuando todavía había mucho silencio

También corresponde reconstruir nuestro lugar en esta historia, no para adjudicarnos una caída parlamentaria que tuvo múltiples causas y protagonistas, sino porque la memoria pública también debe registrar quiénes hablaron cuando todavía resultaba incómodo hacerlo.

Desde este medio comenzamos a advertir sobre los riesgos del proyecto prácticamente desde su aparición, cuando cuestionarlo implicaba discutir una propuesta envuelta en un lenguaje moralmente difícil de impugnar y cuando todavía podía instalarse la falsa idea de que señalar sus problemas equivalía a defender aquello que pretendía combatir.

Precisamente por eso escribí ¿En nombre del odio? Discursos, eufemismos políticos y poder sancionador, una obra concebida mientras el proyecto todavía avanzaba y no después de conocer su desenlace, porque entendí que intervenir una vez sancionada la norma habría servido, en el mejor de los casos, para registrar el problema cuando ya era demasiado tarde.

La tesis central del libro fue sencilla: una causa legítima no convierte automáticamente en legítima, precisa ni conveniente cualquier herramienta dictada en su nombre, y por eso el análisis se concentró en quién define el odio, qué grado de precisión debe exigirse cuando esa definición habilita una sanción, qué diferencias existen entre amenaza, hostilidad, menosprecio, crítica, ironía o sátira y hasta dónde puede avanzar la autoridad pública sobre el lenguaje de los ciudadanos.

Durante bastante tiempo esas preguntas encontraron poca compañía institucional, y justamente por eso hoy resulta necesario recordar que la discusión no empezó cuando el proyecto cayó, sino cuando todavía parecía avanzar con relativa tranquilidad.

La Mesa del Diálogo y un silencio que dejó de ser inocuo

Uno de los capítulos más incómodos de esta historia corresponde a la Mesa del Diálogo Santafesino, porque su declaración por una provincia libre de discriminación y discursos de odio aportó el marco moral e institucional que precedió a la rápida actuación del Senado.

Siempre hicimos una distinción necesaria: la Mesa formuló una demanda ética y comunitaria, mientras que la transformación de esa demanda en una definición jurídica, una política pública de sensibilización y una nueva infracción contravencional fue obra del Poder Legislativo, de modo que no corresponde atribuir automáticamente a cada uno de sus integrantes la redacción de la figura sancionatoria.

Sin embargo, precisamente por esa diferencia reclamamos durante meses que la Mesa aclarara si respaldaba también la incorporación de multas, cursos obligatorios y una nueva figura al Código de Convivencia, porque una cosa era pedir respeto y convivencia y otra muy distinta legitimar una arquitectura sancionatoria montada sobre conceptos abiertos.

No respondió.

Ese silencio, luego de haber aportado prestigio institucional a la causa que hizo posible el rápido avance del proyecto, dejó de ser políticamente neutro, porque cuando una declaración ética se convierte en poder punitivo y quienes prestaron su legitimidad inicial no consideran necesario marcar un límite, ese silencio termina funcionando, desde nuestra perspectiva, como un aval objetivo a una transformación que merecía ser discutida con mucha más claridad.

También callaron sindicatos y organizaciones periodísticas

La indiferencia de buena parte del propio mundo periodístico fue igualmente llamativa, porque hasta hoy no se vio una reacción proporcional al riesgo que la iniciativa podía generar para la actividad profesional.

Un periodista trabaja diariamente con expresiones que no necesariamente comparte, cita declaraciones agresivas para informar sobre ellas, reproduce documentos para investigarlos, explica los argumentos de grupos que pueden resultar repudiables y utiliza ironía, sátira o formulaciones provocadoras, por lo que la diferencia entre citar y adherir, explicar y justificar o documentar y promover debía estar especialmente protegida.

El propio libro advertía que la norma no distinguía con suficiente precisión entre proferir un discurso y dar cuenta periodística de que alguien lo profirió, y que una captura aislada o una frase sacada de contexto podía activar una maquinaria sancionatoria con consecuencias económicas y reputacionales antes incluso de que se llegara a una decisión final.

Sin embargo, sindicatos, asociaciones profesionales y entidades vinculadas con la defensa del periodismo permanecieron, salvo excepciones, notablemente indiferentes frente a una iniciativa que podía impactar directamente sobre una de las libertades que dicen proteger.

Ese silencio también merece quedar registrado.

Los trabajadores policiales podían quedar especialmente expuestos

Había además otro sector particularmente vulnerable: los trabajadores policiales y penitenciarios y, por extensión, sus familias.

Un policía ya se encuentra sometido a un régimen disciplinario intenso, donde una publicación, una declaración pública, una intervención gremial o una crítica formulada fuera del horario de servicio puede terminar generando actuaciones internas, sumarios, afectación de destino, pérdida de conceptos salariales o consecuencias sobre la carrera profesional.

El proyecto agregaba una segunda capa sancionatoria.

Una misma expresión podía activar simultáneamente el sistema disciplinario propio de la fuerza y el Código de Convivencia, con autoridades distintas, procedimientos distintos, estándares distintos y consecuencias también diferentes. El libro dedicó un capítulo específico a esta doble exposición de los trabajadores públicos, señalando que una misma conducta podía poner en marcha paralelamente el procedimiento contravencional y el administrativo, sin que el proyecto estableciera reglas claras para coordinar ambos sistemas.

La situación era todavía más delicada porque el propio Código contempla un agravamiento para determinadas contravenciones cometidas por funcionarios públicos en ejercicio o con ocasión de sus funciones, de modo que una opinión vertida desde una cuenta personal podía terminar relacionada con la condición funcional de quien hablaba si esa persona se identificaba públicamente como policía o si el contenido era vinculado con su actividad.

De haberse aprobado la norma, los policías podían convertirse en uno de los primeros sectores sometidos a esa nueva capa de vigilancia sobre la palabra, porque a la presión habitual del régimen disciplinario se le sumaba ahora un segundo circuito contravencional con capacidad de producir consecuencias adicionales y, eventualmente, contradictorias con las decisiones administrativas internas.

Y cuando un trabajador policial queda atrapado en cualquiera de esos mecanismos, el problema nunca termina en el agente, porque llega inmediatamente a su familia en forma de pérdida de ingresos, adicionales suspendidos, carrera paralizada, gastos jurídicos, exposición pública y estigmatización.

Por eso también resulta llamativo el silencio de sectores sindicales y sociales que deberían haber advertido que la nueva figura no amenazaba solamente a periodistas u opositores, sino también a trabajadores estatales que ya conviven con una fuerte asimetría frente a la administración.

Los medios “paraoficiales” y una pauta que obliga a preguntar

Luego están los grandes medios santafesinos, muchos de los cuales cubrieron durante semanas la iniciativa poniendo el acento en el objetivo declarado, la convivencia, las actividades institucionales o la discusión legislativa superficial, mientras el verdadero problema —la incorporación de una categoría discursiva abierta al derecho contravencional— quedaba relegado.

Desde este espacio hemos utilizado deliberadamente la expresión “medios paraoficiales” para describir a empresas formalmente privadas cuya dependencia económica de la publicidad estatal termina generando, a nuestro juicio, una cercanía excesiva con el relato gubernamental.

Y la pauta oficial no puede quedar fuera de esa discusión.

Venimos manejando estimaciones que colocan el gasto diario del gobierno provincial en publicidad formal en cifras cercanas a los 200 millones de pesos, aunque esa cifra debe ser presentada como estimación propia y sometida a contraste documental con información presupuestaria consolidada para determinar su monto exacto.

El problema político, de todos modos, no depende de que sean exactamente 122, 150 o 200 millones diarios, sino de otra pregunta mucho más importante: ¿Qué capacidad real de control conserva un sistema mediático cuando una parte sustancial de sus ingresos depende del mismo poder político que debería investigar y cuestionar?

La pauta oficial no demuestra por sí sola obediencia editorial, pero cuando su volumen alcanza semejante magnitud, la independencia periodística deja de ser un asunto interno de las empresas y se transforma en una cuestión legítima de interés público.

Pullaro no puede quedar afuera de esta responsabilidad política

Tampoco corresponde reducir toda esta historia a una iniciativa personal de Felipe Michlig.

Michlig fue el impulsor legislativo, pero no es un actor periférico dentro del oficialismo, sino uno de los constructores centrales de Unidos para Cambiar Santa Fe, una referencia histórica del radicalismo provincial y un dirigente estrechamente vinculado con Maximiliano Pullaro.

Por eso existe una responsabilidad política del gobernador, no porque pueda afirmarse que redactó personalmente cada artículo ni porque sea jurídicamente autor de la iniciativa, sino porque un proyecto de semejante sensibilidad institucional avanzó desde el corazón político de la coalición gobernante, obtuvo media sanción en el Senado y estuvo cerca de llegar al recinto de Diputados.

Un gobierno que ha demostrado capacidad para ordenar mayorías y conducir a su espacio cuando considera prioritario un tema no puede presentarse completamente ajeno cuando desde ese mismo dispositivo surge una herramienta capaz de ampliar el poder sancionador del Estado sobre la expresión.

Michlig, la grieta y una contradicción demasiado ilustrativa

Después de la caída del proyecto, Michlig sostuvo que la iniciativa había sido “tergiversada”, afirmó que pretendía terminar con la grieta y reconoció que, si alguna multa era excesiva, podía corregirse.

Michlig, el impulsor de la ley contra los «discursos de odio» lamenta la caída del proyecto. Dice que lo que en realidad buscaba era «terminar con la grieta».

Acaso «terminar con la grieta» está por encima de la libertad de expresión?
Acaso no se dio cuenta del peligro que… pic.twitter.com/Im0s5Ime15

— Silvia Malfesi (@Malfesi) September 4, 2026

Sin embargo, al cuestionar tanto a libertarios como a kirchneristas, llegó a sostener que determinados “extremos” no deberían gobernar ni tener poder de decisión sobre ciertas cuestiones importantes.

Esa expresión plantea una paradoja difícil de ignorar, porque si el propio impulsor de una ley contra los discursos de odio puede formular una opinión tan dura sobre sectores políticos concretos, entonces vuelve a aparecer la pregunta esencial: ¿quién hubiera decidido si esa frase constituía una opinión política áspera, una forma de hostilidad o una conducta sancionable?

No queremos que Michlig sea castigado por haberlo dicho, porque justamente defendemos su derecho a expresarlo y nuestro derecho a responderle, pero ese ejemplo demuestra por qué una categoría abierta puede convertirse rápidamente en una herramienta peligrosa cuando su aplicación depende de quién interpreta, quién denuncia y quién ocupa el poder.

El micrófono abierto también dejó una enseñanza

La misma lógica aparece en el episodio ocurrido durante la Convención Reformadora de 2025, cuando un micrófono abierto registró a Michlig diciendo respecto del libertario Nicolás Mayoraz que lo iba a “cagar a trompadas”, frase por la cual luego pidió disculpas y que explicó como un comentario privado producto de la tensión del momento.

No recuperamos aquella expresión para pedir que sea sancionado, sino para mostrar que una democracia necesita distinguir con precisión entre una amenaza real, un exabrupto, una ironía, una provocación, una opinión ofensiva y una incitación concreta a la violencia.

Cuando todas esas categorías pueden quedar atrapadas dentro de una definición suficientemente amplia, el resultado no es mayor protección, sino mayor discrecionalidad.

El Senado avanzó demasiado rápido y Diputados terminó haciendo lo que faltaba

Hay un dato que no debería olvidarse: el proyecto ingresó como asunto fuera de lista, fue reservado para tratamiento sobre tablas y obtuvo media sanción durante la misma sesión.

Se trataba de una iniciativa breve, de apenas cinco artículos, pero en esas pocas líneas se concentraban una declaración política, una definición jurídica, una política pública de sensibilización, una reforma del Código de Convivencia y una respuesta sancionatoria.

Eso merecía tiempo, especialistas, periodistas, sindicatos, organizaciones de derechos humanos, representantes de trabajadores públicos y una discusión constitucional seria.

No una aprobación exprés.

Diputados, finalmente, terminó haciendo aquello que el Senado prácticamente no había hecho: frenar, discutir y permitir que aparecieran las preguntas.

No derrotamos al odio porque haya caído una mala ley

La caída del proyecto no significa que la discriminación deje de ser un problema ni que las amenazas o la incitación concreta a la violencia deban quedar impunes.

Mi libro sostiene exactamente lo contrario.

Lo que plantea es que no toda palabra moralmente reprochable debe convertirse en una infracción, y que una sociedad puede condenar una expresión, responderla, educar contra ella, refutarla y aislarla socialmente sin recurrir automáticamente al aparato sancionador del Estado.

No toda ofensa es odio, no todo odio es incitación y no toda incitación tiene la misma capacidad para producir daño, de modo que hacer esas distinciones no debilita la protección de las víctimas, sino que la vuelve jurídicamente más seria.

Primero casi solos, después comenzaron a aparecer las voces

La secuencia merece ser recordada.

Cuando empezamos a advertir sobre el proyecto, tenía detrás una narrativa moral poderosa, la legitimidad institucional de la Mesa del Diálogo y una media sanción lograda con enorme rapidez en el Senado.

Preguntamos.

Publicamos.

Investigamos el expediente.

Escribí un libro entero mientras la iniciativa todavía podía convertirse en ley.

Durante un tiempo considerable, el eco fue escaso.

Después Malfesi llevó la discusión al terreno legislativo, Javier Meyer la resumió políticamente como la “Ley Bozal”, otras voces comenzaron a prestar atención y el consenso se debilitó hasta que finalmente el proyecto cayó.

No me adjudico el resultado porque no sería cierto, pero tampoco voy a borrar nuestra participación para quedar bien con quienes descubrieron el problema cuando ya resultaba políticamente más cómodo señalarlo.

Estuvimos cuando todavía había que explicar por qué combatir el odio no justificaba entregar al Estado una herramienta abierta para controlar palabras.

El proyecto cayó, pero la pregunta permanece

La iniciativa no avanzará esta vez, pero puede volver con otro nombre, otro articulado, otra multa, otra autoridad de aplicación o un lenguaje todavía más amable.

Por eso ¿En nombre del odio? no perdió actualidad con la caída del expediente, sino que probablemente ahora pueda comprenderse mejor para qué fue escrito.

La pregunta central permanece exactamente donde estaba:

¿hasta dónde puede avanzar el Estado sobre la palabra cuando actúa en nombre de combatir el odio?

Santa Fe decidió, por ahora, no cruzar ese límite mediante la herramienta que se proponía, y después de meses de silencios, advertencias y discusiones queda una enseñanza que convendría conservar: una democracia debe proteger a las personas frente a la violencia y la discriminación, pero no necesita entregar al poder un diccionario con el que pueda decidir discrecionalmente qué palabras merecen seguir circulando.

Como escribí al comienzo de esta discusión:

“Ninguna palabra nace culpable. El poder que aprende a nombrar el mundo también aprende, tarde o temprano, a decidir qué no puede nombrarse. Proteger a las víctimas no exige entregarle a nadie el diccionario”.

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