El proyecto aprobado por unanimidad y sobre tablas en el Senado será analizado este jueves en Asuntos Constitucionales y podría llegar al recinto de Diputados.
La diputada libertaria Silvia Malfesi ya planteó públicamente su rechazo por el riesgo de censura. Mientras tanto, la Mesa del Diálogo Santafesino continúa sin aclarar si respalda también la creación de una contravención con multas y cursos obligatorios. A esta altura, ese silencio dejó de ser neutral.
La Cámara de Diputados de Santa Fe se prepara para tratar uno de los proyectos institucionalmente más delicados de los últimos meses: la iniciativa que pretende declarar a la provincia “territorio libre de discursos de odio” pero que, mucho más allá de esa formulación políticamente atractiva, incorpora una nueva contravención al Código de Convivencia y habilita al Estado a sancionar expresiones verbales, escritas, simbólicas, audiovisuales y digitales.
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El expediente estará este jueves entre los asuntos que deberá resolver la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General, según la agenda legislativa conocida este miércoles.
Ya cuenta con dictámenes de otras comisiones y, de obtener despacho favorable, quedará en condiciones políticas de avanzar en la Cámara baja.
La advertencia, por lo tanto, dejó de ser teórica.
El proyecto está nuevamente en movimiento.
Malfesi rompió el silencio legislativo
La principal objeción pública surgida hasta ahora dentro de Diputados fue formulada por Silvia Malfesi, diputada del bloque Somos Vida y dirigente del Partido Libertario santafesino. La composición oficial de la Cámara continúa registrándola dentro de Somos Vida.
Malfesi cuestionó frontalmente la incorporación de esta figura al régimen contravencional y advirtió sobre la amplitud de la definición utilizada.
“No, es muy peligroso, porque ahí se está hablando de establecer como falta una conducta con una sanción pecuniaria que ronda los ocho millones de pesos o, si no, ir a hacer un curso”, sostuvo.
Su cuestionamiento toca precisamente el punto que desde APROPOL venimos señalando: no estamos discutiendo una declaración simbólica contra el odio ni una campaña educativa por una convivencia respetuosa.
Estamos hablando del poder sancionador del Estado.
El proyecto establece una definición extensa de “discurso de odio”, contempla multas de hasta sesenta jus y permite sustituirlas por la realización de un curso obligatorio. El texto alcanza expresiones que “inciten, promuevan, justifiquen o naturalicen” la discriminación, la hostilidad, la violencia o el menosprecio.
Malfesi alertó además sobre el riesgo político de semejante amplitud.
“Yo veo que se abre el camino para que ese discurso de odio se pueda interpretar contra cualquier persona que emita algún tipo de manifestación en contra del gobierno”, expresó.
Sus objeciones ya habían sido recogidas por este medio: cuestionó la falta de precisión de la figura, el monto de las sanciones, los cursos obligatorios y la posibilidad de que la norma pueda convertirse en un mecanismo indirecto de censura.
No es una discusión menor.
Cuando el Estado sanciona conductas debe decir con extraordinaria precisión qué está prohibido.
No alcanza con que la finalidad sea noble.
De una declaración contra el odio a una contravención
La iniciativa tuvo un recorrido llamativamente veloz en el Senado.
Fue presentada públicamente el 11 de junio y ese mismo día la Cámara alta la trató sobre tablas y la aprobó por unanimidad.
Ese consenso inicial contribuyó a instalar una imagen casi incontestable: ¿quién podría oponerse a una provincia “libre de odio”?
Pero esa formulación esconde el verdadero debate.
Nadie necesita defender el odio para discutir una mala norma.
Nadie necesita justificar la discriminación para exigir precisión jurídica.
Y nadie debería ser colocado bajo sospecha por reclamar límites al poder estatal.
Como advertimos al analizar originalmente el proyecto, el problema no está necesariamente en su finalidad declarada sino en lo que el texto permite hacer: abrir expedientes, citar ciudadanos, imponer sanciones económicas y ordenar cursos sobre la base de conceptos cuyo alcance puede depender considerablemente de la interpretación de la autoridad.
La diferencia es sustancial.
Una declaración institucional expresa valores.
Una contravención investiga, juzga y castiga.
La Mesa del Diálogo ya no puede esconderse detrás del silencio
Y aquí aparece una responsabilidad que hasta ahora ha quedado demasiado cómodamente fuera de escena.
La iniciativa fue presentada políticamente como una consecuencia del trabajo de la Mesa del Diálogo Santafesino, una institución de reconocida trayectoria cuyo prestigio social fue colocado detrás de la propuesta.
Sin embargo, una fuente vinculada a ese espacio hizo saber oportunamente a APROPOL que algunos de sus integrantes “se sintieron usados”.
La explicación fue terminante:
“Lo que se pidió fue una declaración. No este proyecto con una contravención”.
Según aquella fuente reservada, la Mesa había promovido un pronunciamiento institucional contra la discriminación y los discursos de odio, pero no había solicitado incorporar una nueva falta al Código de Convivencia provincial.
Hasta aquí hemos mantenido —y seguimos manteniendo— la reserva correspondiente sobre aquella fuente.
Pero existe otro hecho objetivo que ya no puede ignorarse:
la Mesa del Diálogo no ha salido públicamente a establecer esa diferencia.
Y ese silencio empieza a tener consecuencias.
Es cierto: callar no constituye jurídicamente una adhesión.
Pero la política no funciona solamente mediante actos jurídicos.
Cuando una institución presta involuntariamente su prestigio a una iniciativa, toma conocimiento de que ese respaldo está siendo utilizado para justificar algo que —según voces surgidas de su propio ámbito— excedía lo solicitado, y aun así no establece públicamente ninguna diferencia, su silencio termina funcionando como consentimiento político.
Peor todavía: termina ofreciendo al proyecto un escudo ético y social.
Porque cada vez que se cuestiona la contravención puede responderse que detrás se encuentra la respetada Mesa del Diálogo.
Es una extraordinaria comodidad para quienes impulsan la norma.
El legislador aporta la multa.
El Código de Convivencia aporta el aparato sancionador.
El Estado aporta al funcionario que interpretará la conducta.
Y la Mesa del Diálogo aporta, aunque sea por omisión, la legitimidad moral de una causa indiscutiblemente noble.
Eso es precisamente lo que debería terminar.
No alcanza con decir después “nosotros no pedimos eso”
Si efectivamente la Mesa solicitó una declaración contra los discursos de odio y no una contravención, tiene ahora una responsabilidad institucional elemental: decirlo públicamente antes de que Diputados vote.
No después.
No cuando aparezca el primer expediente.
No cuando un periodista, sindicalista, militante, opositor o ciudadano sea denunciado.
Ahora.
Porque existe una diferencia enorme entre convocar a la sociedad a combatir la discriminación y autorizar al Estado a decidir qué expresiones constituyen “hostilidad”, “menosprecio” o “naturalización” y aplicar una sanción.
APROPOL ya había advertido que la amplitud de esas categorías puede alcanzar particularmente al periodismo crítico y a la oposición política, donde la confrontación, la denuncia, la ironía, la indignación y la reproducción documental forman parte cotidiana del debate público.
Y también hemos señalado algo todavía más importante: las garantías no pueden diseñarse pensando exclusivamente en la buena fe del gobernante actual.
Las leyes permanecen cuando los gobiernos cambian.
Una herramienta creada hoy queda disponible mañana para otro gobernador, otro ministro, otro juez de faltas y otro clima político.
Diputados tiene ahora la responsabilidad
La unanimidad del Senado no debería convertirse en una orden para Diputados.
Al contrario.
La aparición de las objeciones de Malfesi permite finalmente discutir lo que prácticamente no se discutió en la Cámara alta: la constitucionalidad de la herramienta, la precisión de la conducta sancionada, la libertad de expresión, las garantías del acusado y el peligro de trasladar controversias políticas hacia el derecho contravencional.
El rechazo libertario abrió una grieta en aquel consenso aparentemente monolítico.
Ahora deberán hablar los demás bloques.
Y también deberá decidir qué hace la Mesa del Diálogo con el capital moral que puso —voluntariamente o no— detrás de esta iniciativa.
Porque después de dos meses de debate público y de advertencias concretas, seguir callando ya no preserva neutralidad alguna.
El silencio también produce efectos.
En este caso, permite que quienes impulsan una contravención cuestionada continúen exhibiendo detrás suyo a una organización social respetada como garantía moral de la propuesta.
La lucha contra la discriminación merece políticas públicas serias.
La convivencia democrática merece ser defendida.
Pero ninguna causa justa necesita definiciones ambiguas, multas millonarias ni ciudadanos preguntándose antes de hablar qué interpretación hará de sus palabras una autoridad estatal.
Diputados tiene la oportunidad de corregir lo que el Senado aprobó apresuradamente.
Y la Mesa del Diálogo tiene una decisión todavía más sencilla: aclarar públicamente si pidió una declaración ética contra el odio o si verdaderamente está dispuesta a poner su nombre detrás de una nueva herramienta para sancionar palabras.
Después, que cada uno se haga responsable de su respuesta.
(*) Periodista. Corresponsal en Santa Fe.
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