La diputada provincial Silvia Malfesi advirtió que el proyecto puede derivar en censura y ser utilizado contra quienes critiquen al gobierno. Además, una fuente vinculada a la Mesa del Diálogo aseguró que algunos de sus integrantes “se sintieron usados”, porque habían solicitado una declaración contra el odio y no una nueva falta con multas y cursos obligatorios.
El proyecto impulsado por el senador Felipe Michlig para incorporar una nueva contravención al Código de Convivencia de Santa Fe comenzó a encontrar rechazo dentro de la propia Legislatura provincial.
La diputada Silvia Malfesi cuestionó públicamente la iniciativa y advirtió que la amplitud de la figura propuesta podría abrir el camino hacia mecanismos indirectos de censura.
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“No, es muy peligroso, porque ahí se está hablando de establecer como falta una conducta con una sanción pecuniaria que ronda los ocho millones de pesos o, si no, ir a hacer un curso”, sostuvo la legisladora.
Malfesi puso el foco en una cuestión central: el proyecto no se limita a expresar el rechazo institucional a la discriminación o a promover campañas de convivencia. También incorpora una nueva falta al régimen contravencional, acompañada por una multa de hasta sesenta unidades jus y la posibilidad de sustituirla por un curso obligatorio.
La diputada caracterizó esa capacitación como una posible forma de adoctrinamiento estatal.
“Yo le digo ponerte en un adoctrinamiento a la persona que diga un discurso de odio”, señaló.
La observación adquiere relevancia porque el concepto incluido en el proyecto alcanza manifestaciones verbales, escritas, audiovisuales, simbólicas y digitales que inciten, promuevan, justifiquen o naturalicen la discriminación, la hostilidad, la violencia o el menosprecio.
Para Malfesi, la redacción no permite establecer con suficiente claridad cuáles serán las conductas concretas que podrían quedar alcanzadas por la sanción.
“El concepto que se da no se entiende”, afirmó.
La legisladora también cuestionó que la definición incluya expresiones abiertas, como la referencia a “otras causas personalísimas”, porque podrían ampliar considerablemente el margen de interpretación de la autoridad encargada de recibir las denuncias e imponer las sanciones.
El riesgo, según advirtió, es que la contravención termine utilizándose para examinar y castigar manifestaciones políticas dirigidas contra el propio poder.
“Yo veo que se abre el camino para que ese discurso de odio se pueda interpretar contra cualquier persona que emita algún tipo de manifestación en contra del gobierno”, expresó.
Del rechazo al odio a una figura sancionadora
La intervención de Malfesi coloca dentro de la Legislatura un debate que había quedado prácticamente ausente durante la aprobación unánime de la iniciativa en el Senado.
La cuestión no consiste en determinar si el odio, la discriminación y la violencia verbal merecen rechazo social. Esa pretensión es legítima, valiosa y ampliamente compartida.
El problema reside en el instrumento elegido.
El proyecto de Michlig utiliza ese consenso moral para justificar la creación de una contravención. Es decir, transforma un llamado ético a la convivencia en una herramienta concreta del poder sancionador estatal.
No se trata, por lo tanto, de una simple “ley contra el odio”.
La iniciativa modifica el Código de Convivencia provincial, habilita la apertura de expedientes, establece sanciones económicas y permite ordenar la realización de cursos obligatorios.
Ese paso desde la declaración hacia el castigo requiere una discusión mucho más rigurosa que la producida hasta ahora.
Una norma contravencional debe describir con precisión la conducta prohibida, establecer qué elementos deberán probarse, determinar qué autoridad resolverá cada caso y garantizar adecuadamente el derecho de defensa.
El rechazo moral a una conducta no puede sustituir esas exigencias jurídicas.
“Se sintieron usados”
A las objeciones formuladas públicamente por Malfesi se suma ahora el malestar que habría generado el proyecto entre personas vinculadas a la Mesa del Diálogo Santafesino, cuyo pronunciamiento fue utilizado como uno de los principales fundamentos políticos de la iniciativa.
Una fuente consultada por este medio, cuya identidad se mantiene en reserva, aseguró que algunos integrantes de ese espacio “se sintieron usados”.
Según explicó, la Mesa del Diálogo había impulsado una declaración institucional contra la discriminación y los discursos de odio, pero no había solicitado la creación de una nueva contravención.
“Lo que se pidió fue una declaración. No este proyecto con una contravención”, señaló la fuente.
La precisión resulta decisiva.
La Mesa del Diálogo había formulado una pretensión legítima y valorable: promover la convivencia, rechazar las expresiones discriminatorias y llamar a la responsabilidad de dirigentes, medios de comunicación y ciudadanos.
Ese planteo tenía una naturaleza ética, social e institucional.
La incorporación de multas y cursos obligatorios al Código de Convivencia fue una decisión legislativa posterior que excedió el alcance de aquella declaración.
De acuerdo con la fuente consultada, el malestar surge precisamente porque el pronunciamiento de la Mesa habría sido utilizado para legitimar una herramienta sancionadora que no formaba parte del pedido original.
Por el momento, no se trata de una posición oficial emitida por la totalidad de la Mesa del Diálogo, sino del testimonio reservado de una persona vinculada al espacio. Sin embargo, la expresión “se sintieron usados” revela que el uso político de aquella declaración comienza a producir repercusiones entre quienes participaron de la convocatoria inicial.
Una diferencia que no es menor
Una declaración institucional y una contravención no son jurídicamente equivalentes.
La primera expresa valores, fija una posición pública y convoca a la comunidad. La segunda habilita al Estado a investigar, citar, juzgar y sancionar personas.
Acompañar una declaración contra el odio no significa aceptar automáticamente cualquier mecanismo punitivo presentado en su nombre.
Tampoco implica consentir una figura que puede alcanzar publicaciones digitales, comentarios políticos, expresiones periodísticas, denuncias sindicales, sátiras o intervenciones difundidas en redes sociales.
El uso abusivo de una pretensión legítima puede terminar comprometiendo la propia causa que se afirma defender.
Cuando el rechazo a la discriminación se convierte en la justificación general de una contravención ambigua, cualquier cuestionamiento a la herramienta corre el riesgo de ser presentado falsamente como una defensa del odio.
Ese encuadre impide discutir lo verdaderamente importante: hasta dónde puede avanzar el Estado en el control y la sanción de las palabras.
El riesgo de la censura indirecta
Malfesi sostuvo que, detrás de una fundamentación aparentemente positiva, el proyecto puede terminar cercenando la libertad de expresión.
“Uno lee la motivación y parecería lindo, porque te habla de la paz, te dice ‘vamos a ser la primera provincia sin odio’. Vamos a ser sinceros: no podemos cercenar el derecho de expresión”, afirmó.
La legisladora recordó además que existen herramientas jurídicas para que una persona pueda reclamar cuando considera afectado su honor.
“Si una persona siente que algo le afecta, tiene la acción de calumnias e injurias, pero esto del discurso de odio genérico es sumamente peligroso desde mi punto de vista”, expresó.
El efecto restrictivo de una contravención de estas características no depende solamente de que finalmente se aplique una multa.
La posibilidad de ser denunciado, citado, sometido a un expediente y públicamente señalado como autor de un discurso de odio puede resultar suficiente para inducir a periodistas, opositores, sindicalistas y ciudadanos a moderar o silenciar sus opiniones.
La censura indirecta comienza muchas veces antes de la sanción.
Comienza cuando una persona deja de publicar, investigar, denunciar o cuestionar porque no sabe cómo será interpretada su expresión por la autoridad administrativa.
El consenso comienza a mostrar fisuras
La aprobación unánime obtenida por el proyecto en el Senado proyectó inicialmente la imagen de un acuerdo político y social sin mayores objeciones.
Sin embargo, esa apariencia comienza a resquebrajarse.
En la Cámara de Diputados ya surgió un rechazo público y explícito. Malfesi cuestionó la amplitud de la figura, el monto de la multa, la imposición de cursos y el riesgo de que la contravención sea aplicada contra quienes expresen críticas al gobierno.
Paralelamente, una fuente vinculada a la Mesa del Diálogo hizo saber que algunos de sus miembros se sintieron utilizados, porque su pedido se limitaba a una declaración institucional y no contemplaba la creación de una nueva falta sancionadora.
La Mesa del Diálogo aportó un llamado legítimo contra la discriminación. El proyecto de Michlig agregó el aparato contravencional del Estado.
La diferencia entre ambas cosas ya está produciendo consecuencias políticas.
El debate que se abre en Diputados no enfrenta a quienes rechazan el odio con quienes pretenden defenderlo. La verdadera discusión consiste en establecer si una causa justa puede ser utilizada para legitimar una herramienta punitiva imprecisa, acompañada por multas millonarias y cursos obligatorios.
La advertencia de Malfesi ya está formulada públicamente. El malestar dentro de la Mesa comienza a conocerse bajo reserva.
El consenso que acompañó la votación en el Senado ya no parece tan sólido como se pretendió mostrar.
AMPLIAREMOS
(*) Periodista. Corresponsal en Santa Fe.
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