Tras la publicación de los reclamos por horarios, favoritismos y falta de personal, nuevos testimonios llegados a APROPOL describen un cuadro de desorganización operativa en el departamento Belgrano.
Las acusaciones alcanzan la distribución de adicionales de Expoagro, el uso particular de patrulleros y la crítica situación de una dependencia ubicada sobre el límite con Córdoba.
Nuevos mensajes enviados por personal de la Unidad Regional III profundizan las denuncias sobre las condiciones laborales y el manejo operativo dentro de la repartición con cabecera en Las Rosas.
Los testimonios, cuyas identidades se mantienen en reserva para evitar represalias, señalan presuntas irregularidades en la organización de los servicios adicionales, jornadas que superarían ampliamente los límites legales, un régimen agotador para jefes y subjefes de comisarías, utilización de móviles oficiales para traslados particulares y una alarmante falta de efectivos en dependencias ubicadas sobre corredores rurales sensibles.
APROPOL presenta estos señalamientos como denuncias del personal que deberán ser explicadas e investigadas por la conducción policial y el Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe.
Reclamos por los adicionales de Expoagro
Uno de los principales cuestionamientos se relaciona con los servicios prestados durante Expoagro.
Según las fuentes, habría existido una discusión entre integrantes del personal y responsables de organizar el adicional, ya que inicialmente se les habría comunicado que algunas horas serían consideradas servicio ordinario y no abonadas como adicionales.
Los agentes se habrían negado a aceptar esa modalidad y anticiparon que formularían una denuncia. Recién entonces, aseguran, fueron incorporados a las planillas correspondientes.
El personal también menciona a una subcomisaria, integrante del área de Operaciones, como una de las funcionarias encargadas de administrar esos servicios. Las fuentes sostienen que determinados integrantes de la conducción habrían percibido sumas cercanas a los 900.000 pesos por su participación, mientras entre los agentes crecía el malestar por la distribución de las horas y los pagos.
Estas cifras no pudieron ser verificadas de manera independiente por APROPOL. Sin embargo, pueden comprobarse con relativa facilidad mediante las planillas de servicio, los registros de adicionales y las liquidaciones correspondientes.
A otro que señalan en el «manejo» de esos servicios es a un policía «reincorporados» que coordina actividades del Ministerio de Justicia y Seguridad que estuvo «instalado» toda la expo.
Jornadas de hasta catorce horas
Las denuncias indican además que, durante Expoagro, jefes de comisarías y responsables de unidades operativas habrían sido asignados a jornadas de hasta catorce horas diarias.
Entre los nombres mencionados aparece uno de los jefes del comando, señalado por las fuentes como uno de los funcionarios afectados o involucrados en la organización de esos servicios.
La normativa no permiten normalizar jornadas de semejante duración como si fueran una cuestión menor y las limita taxativamente a ocho horas maxima. Un policía que permanece catorce horas continuas en servicio pierde capacidad de atención, reacción y discernimiento, especialmente cuando porta un arma y debe intervenir ante situaciones de riesgo.
No se trata solamente de una discusión salarial. También está comprometida la seguridad del personal y de la ciudadanía.
Las autoridades deberían informar cuántas horas cumplió cada funcionario, cómo fueron liquidadas, qué descansos se otorgaron y quién autorizó esas diagramaciones.
Jefes y subjefes sometidos a guardias interminables
Otro punto cuestionado es el régimen horario impuesto a jefes y subjefes de comisarías.
Según describieron los agentes, en algunas dependencias el jefe cumple guardias de 24 horas los lunes y martes, mientras el subjefe cubre miércoles y jueves. Luego, el jefe vuelve a quedar afectado durante viernes, sábado y domingo, alternándose el esquema la semana siguiente.
El resultado sería que uno de los funcionarios cumple cinco días de servicio en una semana y dos en la siguiente, con extensos períodos de permanencia y descanso insuficiente.
Las fuentes afirman que quienes se resisten a esa organización quedan expuestos a ser desplazados de sus cargos.
Un sistema de conducción basado en jornadas prolongadas y agotamiento permanente difícilmente pueda garantizar controles adecuados. Un jefe exhausto no conduce mejor: administra urgencias, firma actuaciones y espera terminar el turno.
La falta de descanso no fortalece la disciplina. La degrada.
Móviles oficiales para viajes particulares
Las denuncias también alcanzan al uso de vehículos policiales para traslados que no guardarían relación directa con el servicio.
Los informantes aseguran que algunos jefes utilizan móviles oficiales para viajar desde y hacia localidades alejadas de sus destinos, generando gastos elevados de combustible y desgaste sobre unidades que deberían estar disponibles para patrullaje y emergencias.
En particular, mencionan a un inspector, quien presuntamente utilizaría el móvil para trasladarse hasta Coronda. Según los mensajes, el vehículo permanecería varios días fuera de observación directa y habría registrado dos cargas de combustible de aproximadamente 90.000 pesos cada una en una misma jornada.
Las fuentes sostienen que la conducción de la Unidad Regional conocería esta situación y no intervendría debido a una relación personal con el funcionario mencionado.
Se trata de acusaciones concretas que pueden ser verificadas mediante el sistema de geolocalización de los móviles, las hojas de ruta, los registros de kilometraje, las tarjetas de combustible y las órdenes de servicio.
Si el uso fue oficial, las autoridades podrán explicarlo. Si no lo fue, corresponde determinar quién lo autorizó y quién debe responder por los recursos utilizados.
Cuarenta policías con carpeta médica
El malestar por los horarios tendría además una consecuencia directa sobre la disponibilidad de personal.
Los testimonios afirman que alrededor de cuarenta policías se encontrarían actualmente con carpetas médicas, una cifra que atribuyen al agotamiento, la falta de descanso y la negativa de la conducción a revisar el régimen laboral.
No toda licencia médica puede explicarse por una única causa. Sin embargo, cuando en una misma unidad se acumulan decenas de casos, ya no alcanza con considerar cada situación como un problema individual.
La cantidad de personal enfermo también es un indicador institucional.
Si los horarios producen agotamiento, lesiones, trastornos del sueño o dificultades familiares, la conducción debe evaluarlos antes de seguir respondiendo que “no hay personal”. Porque muchas veces no hay personal precisamente por la manera en que se lo administra.
Una comisaría estratégica con un solo efectivo
La situación más preocupante señalada por las fuentes corresponde a una dependencia ubicada sobre la Ruta Provincial 15, en la zona limítrofe con Cruz Alta, provincia de Córdoba, identificada por el personal como la comisaría de “Baiocchi”, según la denominación utilizada en los mensajes recibidos.
La ubicación no es secundaria. Se trata de una zona rural, próxima al límite interprovincial, atravesada por caminos que conectan campos, pequeñas localidades y posibles rutas de fuga hacia Córdoba.
El personal plantea que un único agente queda imposibilitado de realizar recorridas, controlar vehículos o abandonar la sede ante cualquier novedad, porque dejaría la dependencia completamente desprotegida.
También expresaron preocupación por movimientos de avionetas en campos de la zona y recordaron un procedimiento reciente de Gendarmería en el límite provincial, vinculado con una aeronave. Según el relato, posteriormente apareció un vehículo incendiado sobre la Ruta 15, corredor que conduce hacia esa dependencia y permite continuar hacia Cruz Alta.
La combinación de una zona fronteriza, caminos rurales, movimientos aéreos denunciados y una comisaría atendida por un solo policía exige, como mínimo, una evaluación de riesgo seria.
Dejar aislado a un agente en un punto estratégico no es austeridad: es irresponsabilidad.
Una zona señalada desde hace años
APROPOL viene advirtiendo desde 2021 sobre la complejidad del corredor Baiocchi–Cruz Alta–Tortugas y sobre denuncias de delitos persistentes a ambos lados del límite interprovincial.
Fuentes locales han descrito la posible actuación de grupos integrados por personas de Santa Fe y Córdoba, algunas de ellas vinculadas —según esas denuncias— con sectores uniformados y no uniformados. Se trataría de redes capaces de aprovechar los caminos rurales, el arroyo, el puente interprovincial y las rutas secundarias para trasladar mercadería, vehículos u otros elementos de procedencia ilícita.
Son afirmaciones de extrema gravedad que no pueden presentarse como hechos comprobados sin una investigación judicial. Sin embargo, tampoco deberían ser descartadas cuando se repiten durante años y aparecen asociadas a episodios concretos ocurridos en la zona.
La geografía favorece la circulación discreta: campos extensos, caminos con escaso control, jurisdicciones policiales diferentes y un límite provincial que puede convertirse en refugio administrativo para quienes conocen los tiempos de respuesta de cada fuerza.
Por estas características, Baiocchi ha sido mencionada coloquialmente como una especie de “Tijuana” santafesina: una ventanilla fronteriza desde la cual personas, vehículos y objetos pueden cruzar rápidamente de una jurisdicción a otra.
La expresión es gráfica, aunque no debe reemplazar las pruebas. Lo que sí pone en evidencia es la percepción existente entre quienes conocen el lugar: se trata de un enclave donde el Estado debería reforzar su presencia y coordinación, no reducirla a un solo agente por turno.
El caso Farías y una muerte todavía rodeada de interrogantes
La preocupación sobre el corredor se profundizó a partir de la muerte del oficial Juan Martín Farías, quien había desarrollado funciones de conducción en esa zona.
El hecho ocurrió el 31 de mayo de 2021 en Cruz Alta y Farías falleció el 4 de junio en el Hospital Pasteur. Inicialmente fue presentado como un siniestro vial, pero posteriormente surgieron testimonios que habrían indicado que la motocicleta en la que circulaba fue impactada desde atrás.
Según información difundida entonces por APROPOL, se trataba de un vehículo policial dado de baja que continuaba siendo utilizado. También se mencionó la posible existencia de cinco testigos y versiones según las cuales el cuerpo habría sido retirado y luego devuelto al lugar varias horas después.
Estos elementos deberán ser corroborados dentro del expediente y por la fiscalía interviniente. APROPOL no está en condiciones de afirmar que Farías haya sido asesinado ni que su muerte guarde relación comprobada con una organización criminal.
Sin embargo, la posibilidad de un cambio de carátula y las circunstancias denunciadas justifican que el caso no sea olvidado ni reducido apresuradamente a un accidente común.
Si un funcionario que conocía una región atravesada por circuitos clandestinos murió en circunstancias dudosas, la transparencia exige esclarecer cada detalle y determinar si existió o no participación de terceros.
Avionetas, caminos rurales y un automóvil incendiado
Los nuevos testimonios recibidos también mencionan movimientos de avionetas en campos de la zona y recuerdan un procedimiento reciente de Gendarmería relacionado con una aeronave en el límite provincial.
Posteriormente habría aparecido un automóvil incendiado sobre la Ruta 15, vía que conduce hacia Baiocchi y permite continuar hacia Cruz Alta.
No corresponde afirmar que ambos episodios estén conectados ni que exista una pista clandestina sin peritajes, imágenes o actuaciones judiciales que lo acrediten. Pero la combinación de movimientos aéreos denunciados, caminos rurales, vehículos incendiados y una dependencia con un solo efectivo exige una evaluación de riesgo seria y coordinada entre Santa Fe y Córdoba.
La respuesta estatal no puede consistir en esperar que un policía aislado descubra o detenga por sí solo operaciones que, de existir, requerirían inteligencia criminal, seguimiento aéreo y terrestre, controles camineros y cooperación entre fuerzas.
Tortugas y los denominados puertos secos
APROPOL también informó en mayo de 2021 sobre movimientos de camiones y acopio de cereal en la zona de Tortugas, localidad ubicada junto al límite cordobés y en pleno corazón productivo.
Los llamados “puertos secos” o centros de acopio informal forman parte de una problemática vinculada con la comercialización de granos fuera de los circuitos fiscales. El fenómeno puede involucrar evasión, documentación adulterada, transporte irregular e incluso contrabando.
La existencia de actividad cerealera intensa no implica por sí sola la comisión de delitos. Pero cuando se combinan grandes movimientos económicos, controles escasos, rutas secundarias y posibles redes de protección, el Estado debe contar con mecanismos de trazabilidad y fiscalización suficientes.
En aquella oportunidad, el personal policial denunciaba que, mientras se multiplicaban los maltratos y las irregularidades internas, las jefaturas parecían concentradas en otros intereses y dejaban sin respuesta los problemas cotidianos del servicio.
Cinco años después, las nuevas quejas muestran que la percepción de descontrol no ha desaparecido.
¿Quién planifica la seguridad en la UR III?
Las nuevas denuncias vuelven a plantear el mismo interrogante que atraviesa a la Unidad Regional III: ¿existe una conducción operativa real o solamente se administran servicios a medida de relaciones personales y urgencias cotidianas?
Por un lado, se imponen jornadas excesivas y sistemas que empujan al personal hacia las licencias médicas. Por otro, se denuncian móviles utilizados para viajes particulares, adicionales manejados sin transparencia y dependencias sensibles sostenidas con un solo efectivo.
La falta de personal no puede utilizarse como explicación universal cuando, al mismo tiempo, los recursos humanos y materiales se distribuyen de manera discrecional.
La conducción debe informar cuántos agentes efectivos tiene cada comisaría, qué criterios utiliza para diagramar los horarios, cuántos móviles están disponibles, quién controla el combustible y cómo se asignaron los servicios adicionales de Expoagro.
También corresponde una auditoría sobre las jornadas cumplidas, las liquidaciones realizadas y el estado operativo de las dependencias ubicadas sobre el límite con Córdoba.
APROPOL deja abierta la posibilidad de respuesta a las autoridades de la Unidad Regional III y cualquiera que individualmente se sienta aludida o desee expresarse.
Pero algo debe quedar claro: cuando las quejas llegan de manera reiterada, desde distintos sectores y describen problemas coincidentes, ya no pueden ser descartadas como simples malestares personales.
La conducción no se demuestra castigando al que reclama. Se demuestra ordenando los servicios, cuidando al personal y rindiendo cuentas sobre el uso de los recursos públicos.
(*) Periodista. Corresponsal en Rosario
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