Unos carteles atribuidos al concejal Federico Lifschitz convierten a los “trapitos” en categoría denunciable, simplifica un problema social complejo y traslada sus consecuencias al personal policial. ¿QUIEN PAGA LOS MILLONES DE PESOS QUE CUESTA SI EL CONCEJAL APENAS SUPERA LOS CINCO MILLONES POR MES DE DIETA?
La campaña propagandística la comenzaron hace algunos meses pero vuelven con mas carteles en columnas del alumbrado publico esta vez en la avenida San Martín al 3200 de Rosario volvieron a colocar carteles de fuerte contenido político con una consigna directa: “Denunciá al trapito”. Debajo, afirma que cobrar por cuidar un automóvil es ilegal, invita a llamar al 911 y lleva la identificación “Fede Lifschitz”.
La pieza es atribuida al concejal Federico Lifschitz. Corresponderá que su autoría, financiamiento y condiciones de colocación sean explicadas públicamente. Pero, mientras tanto, el mensaje está allí, a la vista de miles de rosarinos, produciendo efectos políticos, sociales y operativos concretos.
No llama a denunciar una amenaza.
No llama a denunciar una extorsión.
No llama a denunciar daños contra un vehículo.
No llama a denunciar una exigencia intimidatoria.
Llama a denunciar “al trapito”.
Y esa diferencia cambia todo.
De la conducta a la persona
En un Estado de derecho se investigan y sancionan conductas concretas. Una persona puede ser denunciada por amenazar, exigir dinero mediante intimidación, dañar un automóvil o integrar una estructura que explota ilegalmente el espacio público.
Pero otra cosa muy distinta es transformar una categoría social completa en objeto de sospecha.
El cartel no dice “denunciá si te amenazan”. Dice “denunciá al trapito”.
De ese modo, deja de importar lo que una persona hizo y comienza a importar lo que representa dentro del paisaje urbano.
Todos quedan mezclados bajo una misma denominación:
- quien extorsiona;
- quien pide una colaboración voluntaria;
- quien trabaja informalmente;
- quien se encuentra en situación de calle;
- quien atraviesa consumos problemáticos;
- quien puede estar siendo explotado por terceros;
- y quien simplemente intenta sobrevivir como puede.
Una campaña política puede resumir todo eso en una consigna. La realidad no.
Cuando la propaganda construye un sospechoso
La estigmatización no es una consecuencia accidental del mensaje. Es su funcionamiento central.
Primero se identifica a un grupo social.
Después se lo asocia con el desorden.
Luego se lo presenta como ilegal o peligroso.
Finalmente, se convoca a la ciudadanía para que active la intervención policial.
El “trapito” deja de ser una persona cuya conducta debe evaluarse y pasa a convertirse en una figura denunciable por anticipado.
Eso es gobernar mediante la sospecha: la intervención deja de organizarse exclusivamente alrededor de un hecho concreto y comienza a apoyarse en identidades, presencias y categorías sociales consideradas incómodas o potencialmente riesgosas. En trabajos anteriores advertimos que la seguridad contemporánea tiende a extenderse desde la persecución del delito hacia la administración preventiva de territorios, poblaciones y conflictos sociales.
El cartel traduce esa lógica en una frase sencilla: vea un “trapito”, llame a la Policía.
La pobreza visible como enemigo urbano
Nadie puede negar que existen situaciones de apriete, extorsión, cobros compulsivos y amenazas vinculadas con cuidacoches. El vecino tiene derecho a estacionar sin ser intimidado y el Estado tiene la obligación de intervenir frente a esas conductas.
Pero reconocer ese problema no autoriza a señalar indiscriminadamente a todos los que ejercen esa actividad.
La pobreza no es delito.
La informalidad no es automáticamente extorsión.
La presencia en el espacio público no constituye por sí misma una amenaza.
La Pastoral Social de Rosario ya había advertido sobre la necesidad de distinguir entre quien ejerce violencia y quien intenta sobrevivir, entre delito y exclusión, entre mafia y vulnerabilidad.
La campaña atribuida al concejal se mueve en sentido contrario: borra esas diferencias y propone una categoría única, simple y denunciable.
Es mucho más fácil hacer política contra el pobre visible que explicar por qué la ciudad no logra resolver la indigencia, la falta de empleo, el consumo problemático, la degradación comunitaria y la ocupación informal del espacio público.
El cuidacoches queda convertido en símbolo del fracaso social, pero el fracaso pertenece al Estado.
El acoso social tiene consecuencias
Una campaña de este tipo no termina en el cartel.
Produce miradas.
Produce hostilidad.
Produce enfrentamientos.
Produce llamados al 911.
Produce ciudadanos convencidos de que la mera presencia de una persona les da derecho a reclamar su expulsión inmediata.
Y cada uno de esos llamados puede derivar en una intervención concreta.
Ahí aparece el punto que quienes colocan su nombre en una campaña suelen omitir: la estigmatización social tiene un costo operativo, humano e institucional.
Ese costo no lo paga quien diseña el cartel.
Lo paga el policía.
Del cartel al patrullero
La secuencia es sencilla:
- el dirigente instala que el “trapito” es el problema;
- la campaña invita a denunciarlo;
- el ciudadano llama al 911;
- la central comisiona un móvil;
- el agente llega y debe resolver una situación que puede ser mucho más compleja que la consigna publicitaria.
El policía puede encontrar una amenaza real. Pero también puede encontrarse con una persona vulnerable, alguien intoxicado, un conflicto vecinal, un trabajador informal conocido por el barrio, una persona con problemas de salud mental o una discusión originada en prejuicios previamente alimentados por la campaña.
Deberá determinar si existe delito.
Deberá distinguir entre intimidación y pedido.
Deberá evaluar si corresponde identificar, retirar, demorar o convocar a otra dependencia.
Deberá controlar a los presentes.
Deberá evitar que la situación escale.
Deberá actuar frente a teléfonos que filman fragmentos.
Y deberá firmar las actuaciones.
La propaganda simplifica.
El policía recibe toda la complejidad.
Si no actúa, es inacción; si actúa, puede ser abuso
La estigmatización también crea una trampa para el personal policial.
Si el agente llega y comprueba que no existe delito, puede ser acusado por el denunciante de “no hacer nada”.
Si ordena retirarse y la persona se niega, puede producirse una discusión.
Si intenta identificarla y aparece resistencia, puede ser necesario reducirla.
Si la reducción provoca una lesión, comenzarán las denuncias.
Si alguien filma solo una parte del procedimiento, el caso puede transformarse en escándalo mediático.
Entonces aparecen el sumario, la investigación penal, las citaciones, la búsqueda de abogado y el riesgo disciplinario.
Quien firmó el cartel conserva el rendimiento político de la campaña.
Quien actuó queda en el expediente.
Eso es convertir al policía en fusible: el sistema exige una respuesta inmediata, pero prepara responsabilidades individuales posteriores. Ya hemos señalado cómo los modelos de seguridad intensiva amplían la intervención mientras dejan al trabajador policial sin protección proporcional.
El 911 no puede ser utilizado como herramienta de propaganda
El sistema de emergencias debe estar disponible para amenazas, hechos violentos, delitos y situaciones que requieran intervención urgente.
Convocar indiscriminadamente a utilizarlo contra una categoría social puede producir saturación, desvío de móviles y consumo de recursos que deberían estar disponibles para hechos verdaderamente graves.
Cada llamado moviliza personal.
Cada identificación requiere tiempo.
Cada traslado demanda un móvil.
Cada actuación implica consultas, formularios y horas de servicio.
Mientras un patrullero responde a una denuncia motivada por la mera presencia de un cuidacoches, puede dejar de atender una emergencia real.
Por eso no alcanza con imprimir un número telefónico sobre fondo rojo. Quien promueve ese llamado debe asumir el costo que impone al sistema público de seguridad.
El policía no fue creado para administrar la exclusión
La Policía no creó la pobreza.
No creó la informalidad laboral.
No produjo la indigencia.
No desmanteló las políticas de integración.
No decidió abandonar territorios.
No generó el consumo problemático.
Tampoco diseñó esta campaña.
Sin embargo, terminará siendo enviada a administrar sus consecuencias.
Esto es lo que venimos señalando al analizar el pasaje de la cuestión social a la cuestión policial: cuando el Estado debilita sus capacidades sociales, educativas, laborales y comunitarias, aumenta la presión para que la Policía resuelva con un patrullero aquello que la política no resolvió durante años.
La consecuencia es doblemente injusta.
Se persigue al vulnerable por una situación que no eligió y se expone al policía frente a un problema que no generó.
El restauracionismo y la construcción del orden
El cartel tampoco aparece en un vacío cultural.
En Rosario viene consolidándose una corriente política y restauracionista que interpreta parte de la conflictividad urbana en términos de caos, degradación, pérdida de autoridad y necesidad de limpiar o recuperar el espacio público.
Trapitos, limpiavidrios, vendedores ambulantes, jóvenes periféricos y personas en situación de calle comienzan a ser presentados como símbolos del desorden.
No se trata de afirmar que todos esos sectores sean iguales ni que cada referente intervenga directamente en operativos policiales. Pero sus discursos colaboran en la construcción de un clima que vuelve aceptable el señalamiento de grupos enteros.
El restauracionismo aporta la legitimación moral.
La dirigencia política aporta la campaña.
El gobierno provincial aporta la doctrina de seguridad intensiva.
El Ministerio de Seguridad reclama herramientas rápidas.
Y la Policía termina poniendo el cuerpo.
Ese es el recorrido político del estigma.
¿Quién pagó la campaña?
Hay además una pregunta que no puede quedar al margen:
¿De dónde salieron los fondos para imprimir, distribuir y colocar estos carteles?
¿Fueron financiados con recursos personales?
¿Con aportes partidarios?
¿Con fondos del bloque?
¿Con estructuras del Concejo Municipal?
¿Hubo patrocinadores privados?
¿Cuántos carteles fueron colocados?
¿Cuánto costaron?
¿Quién autorizó su instalación en columnas y espacios públicos?
La pregunta no implica afirmar una irregularidad. Exige transparencia.
Según un informe periodístico sobre el presupuesto 2024, el costo promedio por banca del Concejo Municipal de Rosario —incluyendo personal, asesores, secretarías y estructura— alcanzaba cifras millonarias. Eso no representa el salario individual de cada edil, pero sí demuestra que los concejales actúan dentro de organismos financiados por la ciudadanía.
Difícilmente ningún concejal con un salario que apenas supera los 5 millones de pesos de bolsillo puede afrontarla.
Por eso, cuando una campaña política lleva el nombre de un funcionario público y ocupa el espacio urbano, su financiamiento debe ser explicado.
El concejal que invita a denunciar también debe rendir cuentas.
Otra forma de construir seguridad
La alternativa no es dejar al vecino abandonado.
No es tolerar amenazas.
No es justificar la extorsión.
No es negar que existen organizaciones que explotan la actividad.
Otra seguridad es posible si se parte de una comunidad sólida, de instituciones presentes y de reglas claras.
Cuando hay delito, debe intervenir la Justicia.
Cuando hay amenaza, debe actuar la Policía.
Cuando hay vulnerabilidad, deben intervenir los equipos sociales.
Cuando hay consumo problemático, debe actuar el sistema sanitario.
Cuando hay informalidad laboral, el Estado debe regular, reconvertir e integrar.
Cuando existe explotación organizada, debe investigarse a quienes se benefician, no solamente retirar al eslabón más débil.
La autoridad legítima no mezcla todo.
Distingue, organiza y conduce.
No debe administrar prejuicios
La Policía debe intervenir sobre conductas ilegales concretas.
No debe ser convocada para administrar prejuicios sociales ni para cumplir una fantasía de limpieza urbana.
Una campaña responsable debería decir:
“Denunciá la amenaza”.
“Denunciá la extorsión”.
“Denunciá el daño”.
Pero al decir “denunciá al trapito”, el mensaje convierte la identidad social en evidencia anticipada de culpabilidad.
Y cuando la identidad reemplaza al hecho, aumenta la discrecionalidad, crece el conflicto y se expone al trabajador policial.
El costo lo pagan siempre los mismos
El acosado paga con humillación, hostilidad y expulsión.
La comunidad paga con mayor fragmentación.
El sistema de seguridad paga con recursos y tiempo.
La institución policial paga con pérdida de legitimidad.
Y el agente paga con riesgo físico, presión psicológica y exposición jurídica.
Mientras tanto, el dirigente obtiene visibilidad.
Por eso la política debe hacerse responsable no solo de sus intenciones, sino también de las consecuencias previsibles de sus mensajes.
Detrás de cada cartel puede haber un llamado.
Detrás de cada llamado, una intervención.
Detrás de cada intervención, una discusión.
Y detrás de esa discusión puede quedar un policía solo frente a una denuncia, un sumario o una causa penal.
Nadie tiene derecho a extorsionar a un vecino. Pero nadie debería ser convertido en sospechoso automático por la actividad informal que realiza o por su condición social.
El cartel atribuido a Federico Lifschitz no llama a denunciar hechos. Llama a denunciar personas.
Ese es el problema.
Primero se construye el estigma.
Después se convoca a la persecución social.
Luego se moviliza el 911.
Finalmente se envía al policía a retirar del espacio público aquello que la política decidió presentar como molestia.
Y si el procedimiento termina mal, quienes impulsaron la campaña desaparecerán de escena.
El policía no.
El agente seguirá en el acta, en el sumario y en el expediente.
Por eso lo decimos con claridad:
El policía no puede ser la escoba social del Estado ni el brazo operativo de una campaña política contra la pobreza visible.
Su función es proteger a la comunidad y actuar frente a conductas ilícitas concretas. No barrer de la calle categorías sociales previamente estigmatizadas.
La legalidad que se reclama a los más débiles debe comenzar por quienes ejercen el poder.
Y quienes invitan a denunciar también deben explicar quién financió su campaña, cuánto costó y bajo qué autorización fue instalada en el espacio público.
Gobernar no es señalar personas desde un cartel.
Gobernar es distinguir entre delito y pobreza, proteger al vecino, integrar al vulnerable y respaldar al policía que pone el cuerpo.
Todo lo demás es propaganda.
Y la propaganda, tarde o temprano, siempre termina pagando alguien.
(*) Periodista. Corresponsal en Rosario.
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