Cuidacoches, restauracionismo y el riesgo de convertir la pobreza en un problema policial.
El debate por la ley de cuidacoches volvió a dejar expuesta una tensión mucho más profunda que una simple discusión sobre el uso del espacio público. Lo que está en juego no es solamente qué hacer frente a los llamados “trapitos”, sino qué tipo de seguridad pública está construyendo Santa Fe y sobre quiénes recaerán sus consecuencias.
Las recientes expresiones de altos funcionarios del gobierno provincial, marcaron con crudeza el rumbo del debate. Al referirse a los cuidacoches, sostuvo que no había que tratarlos como si hiciera falta “un juicio” o “nombrar un fiscal”, porque eso sería “un gastadero de plata”, y propuso formas más baratas de resolver el problema, “como habilitar al policía para que lo saque y listo”.
La frase es grave. No solo por su tono. También por lo que revela.
Porque cuando un alto funcionario del Estado presenta las garantías como un gasto, el control judicial como una molestia y la intervención policial directa como una solución barata, el problema ya no es solamente comunicacional. Es institucional.
La seguridad pública necesita eficacia, claro. Pero también necesita legalidad. Y no hay autoridad legítima cuando se pretende reemplazar el derecho por una orden rápida, una frase de impacto o una consigna de tribuna.
Una crisis real, una respuesta peligrosa
Santa Fe tiene problemas reales. Rosario y otras ciudades de la provincia arrastran violencia, extorsiones, deterioro del espacio público, narcocriminalidad y una profunda crisis de confianza en la capacidad del Estado para proteger a la comunidad. Negar eso sería absurdo.
El vecino tiene derecho a no ser apretado en la calle. Tiene derecho a estacionar sin miedo. Tiene derecho a circular sin amenazas. Tiene derecho a que el Estado actúe frente a la extorsión, la intimidación o la apropiación mafiosa del espacio público.
Pero una cosa es combatir la extorsión y otra muy distinta es convertir toda pobreza visible en sospecha.
Un cuidacoches puede ser un extorsionador. Pero también puede ser una persona en situación de calle, un trabajador informal, alguien atravesado por consumos problemáticos, un sujeto explotado por terceros o simplemente alguien empujado a la supervivencia por la exclusión.
Gobernar es distinguir.
Si el Estado no distingue, castiga injustamente.
Si el Estado no actúa frente al apriete, abandona al vecino.
Gobernar es evitar ambos errores.
El límite que no puede cruzarse
El debate se vuelve todavía más preocupante cuando desde el propio Ministerio de Seguridad se habla de un supuesto “decreto penal de prohibición de concurrencia” para retirar al infractor de una zona.
Hay allí una ligereza jurídica alarmante.
En la Argentina, la materia penal de fondo no puede ser legislada por decreto provincial. Ni siquiera una Legislatura provincial puede dictar normas penales de fondo, porque esa es una facultad del Congreso de la Nación. Las provincias pueden regular faltas, contravenciones, convivencia urbana y uso del espacio público dentro de sus competencias, pero no pueden crear por vía administrativa o local una pena encubierta que funcione como sanción penal material.
Además, si algo enseñó la tradición constitucional argentina es que el poder coercitivo del Estado debe estar sometido a límites previos, controles institucionales y garantías básicas. No se trata de formalismos. Se trata de la diferencia entre autoridad legítima y arbitrariedad.
Por eso resulta preocupante que altos funcionarios provinciales parezcan desconocer —o al menos relativizar públicamente— nociones elementales del derecho. La seguridad democrática no se construye a los codazos contra la Constitución.
De la cuestión social a la cuestión policial
Este debate no aparece de la nada. Ya veníamos advirtiendo que la discusión por los cuidacoches expresa una transformación más profunda: problemas nacidos de la exclusión social terminan siendo gestionados principalmente por organismos de seguridad.
Cuando la pobreza, la informalidad, la marginalidad urbana o el deterioro comunitario se redefinen como problemas de orden público, la respuesta estatal cambia.
Donde debería haber trabajadores sociales, aparece el patrullero.
Donde debería haber políticas de empleo, aparece la sanción.
Donde debería haber salud mental, aparece el traslado.
Donde debería haber integración comunitaria, aparece la remoción.
Así, la Policía termina ocupando espacios que no le corresponden. No fue creada para resolver la indigencia. No fue creada para generar trabajo. No fue creada para administrar las consecuencias de la fragmentación social. Y, sin embargo, cada vez con mayor frecuencia se la coloca exactamente en ese lugar.
Después, cuando el procedimiento sale mal, se la responsabiliza.
El policía como fusible
Esta es la cuestión central para APROPOL.
El gobierno promete orden.
El ministro pide rapidez.
Los municipios reclaman herramientas.
La sociedad exige respuestas.
La prensa demanda resultados.
Pero quien queda frente al conflicto es el policía.
Si hay que “sacarlo y listo”, alguien tiene que hacerlo. Si la persona se resiste, si aparece un forcejeo, si un celular filma solo diez segundos de una intervención de cinco minutos, si hay una denuncia, si interviene la justicia o si cambia el clima político, el expediente no baja sobre el ministro que habló. Baja sobre el agente que actuó.
En análisis anteriores lo definimos con precisión: el sistema exige intervención inmediata, pero prepara responsabilidades individuales futuras. Ese es el funcionamiento del policía como fusible institucional.
La expansión de facultades no viene acompañada de más protección para el trabajador policial. Se reclama más presencia, más intervención, más rapidez y más discrecionalidad, pero no se garantizan con igual fuerza representación profesional, defensoría autónoma, respaldo jurídico, salud mental, formación adecuada ni protocolos claros.
El resultado es brutal: el Estado exige más riesgo, pero ofrece poca protección.
La seguridad intensiva como modelo
Lo que ocurre con los cuidacoches debe leerse dentro de un proceso más amplio. Santa Fe viene consolidando un modelo de seguridad intensiva: más control territorial, más herramientas excepcionales, más intervención preventiva, más inteligencia, más capacidad operativa y menor tolerancia frente a todo aquello que sea presentado como desorden.
En el libro Gobernar mediante la sospecha advertimos que la seguridad contemporánea tiende a desplazarse desde la persecución de delitos concretos hacia la administración preventiva de riesgos, territorios y conflictos sociales. Allí la sospecha deja de ser una herramienta excepcional y comienza a transformarse en una tecnología política permanente de gobierno.
El caso cuidacoches encaja perfectamente en esa lógica.
Primero se lo nombra como “factor criminógeno”.
Después como “contacto social no solicitado”.
Luego como presencia riesgosa.
Finalmente, como sujeto removible del espacio público.
El problema ya no es solamente lo que alguien hizo. El problema pasa a ser lo que representa, dónde está, cómo se lo percibe y qué incomodidad produce.
Eso es gobernar mediante la sospecha.
El restauracionismo como clima cultural
Pero este modelo no se sostiene solamente desde el Ministerio de Seguridad. También tiene una legitimación política, religiosa y cultural.
En Rosario y Santa Fe se viene consolidando una mirada restauracionista que interpreta muchos conflictos urbanos bajo la clave del caos, la decadencia, la pérdida de autoridad y la necesidad de restaurar el orden social.
No se trata de afirmar que esos sectores ordenen procedimientos policiales ni diseñen técnicamente operativos. Pero sí corresponde señalar que sus discursos contribuyen a construir un clima donde determinadas figuras sociales —trapitos, limpiavidrios, vendedores ambulantes, jóvenes periféricos, personas en situación de calle— comienzan a ser vistas menos como ciudadanos atravesados por problemas sociales y más como signos de desorden, amenaza o degradación moral.
En trabajos anteriores señalamos que la seguridad rosarina ya no puede explicarse solo desde la estadística criminal. También expresa una disputa política, moral y cultural sobre el orden urbano, el control social y los límites de la democracia contemporánea.
Allí aparecen dirigentes políticos, referentes religiosos y comunicadores del orden que, desde distintos lugares, ayudan a legitimar una idea: la calle debe ser limpiada de presencias incómodas.
El restauracionismo aporta la justificación moral.
El gobierno aporta la decisión política.
El Ministerio de Seguridad aporta la herramienta operativa.
Y la Policía termina poniendo el cuerpo.
La advertencia de la Pastoral Social
Frente a esa matriz, la Pastoral Social de Rosario de la Iglesia Católica, recordó algo elemental: la pobreza no es delito.
No defendió amenazas. No justificó extorsiones. No pidió impunidad. Pidió distinguir entre quien ejerce violencia y quien intenta sobrevivir; entre organización mafiosa y trabajador informal; entre delito y exclusión; entre amenaza y vulnerabilidad.
Esa advertencia resulta central.
Una sociedad empieza a perder humanidad cuando deja de ver personas y comienza a ver solamente categorías: trapitos, merodeadores, sospechosos, intrusos, peligrosos.
Cuando el rostro desaparece detrás de la etiqueta, el Estado deja de integrar y empieza a administrar descartes.
Y cuando eso ocurre, la Policía suele ser convocada para hacer el trabajo sucio que la política no quiere nombrar.
Otra seguridad es posible
Frente a este modelo de seguridad intensiva, existe otra posibilidad.
No una seguridad débil.
No una seguridad ingenua.
No una seguridad que abandone al vecino.
No una seguridad que tolere amenazas.
Una seguridad fundada en comunidad sólida, legalidad, autoridad legítima, integración social y reciprocidad institucional.
Una comunidad sólida produce más seguridad que un territorio meramente vigilado.
La vigilancia puede controlar por un tiempo.
La saturación puede desplazar un problema.
La sanción puede inhibir una conducta.
La Policía puede intervenir ante una amenaza.
Pero nada de eso reemplaza a una comunidad con vínculos, instituciones presentes, escuela, trabajo, clubes, iglesias, organizaciones barriales, municipios activos, vecinos escuchados y policías respetados como trabajadores del Estado.
La seguridad no se construye solamente sacando gente de la calle. Se construye reconstruyendo las condiciones para que la calle vuelva a ser espacio común.
Firmeza sí, arbitrariedad no
Hay que decirlo sin vueltas: si hay extorsión, amenaza o violencia, el Estado debe actuar. Nadie tiene derecho a apropiarse del espacio público. Nadie tiene derecho a exigir dinero mediante intimidación. Nadie tiene derecho a someter al vecino.
Pero esa intervención debe cumplir condiciones básicas:
- Debe distinguir conducta de condición social.
- Debe apoyarse en ley clara.
- Debe respetar garantías.
- Debe incorporar abordaje social real.
- Debe proteger jurídicamente al personal policial.
- Debe tener conducción política responsable.
Lo contrario no es seguridad. Es administración policial de la exclusión.
Y cuando la exclusión se administra con patrulleros, todos pierden: pierde la persona vulnerable, pierde el vecino, pierde la comunidad, pierde la legitimidad del Estado y pierde la propia Policía.
El Estado no puede barrer sus fracasos con uniforme policial
El policía no puede ser la escoba social del Estado.
No puede ser enviado a barrer de la calle todo aquello que antes no resolvieron las áreas de desarrollo social, salud, educación, trabajo, vivienda, ni los municipios.
No puede ser convertido en barrendero armado de la pobreza visible.
No puede ser usado como fusible de decisiones políticas tomadas lejos de la calle.
No puede recibir órdenes ambiguas, frases efectistas o mandatos de “sacar y listo” sin respaldo jurídico, sin protocolo claro, sin protección institucional y sin garantías para su propio trabajo.
El Estado tiene derecho a ordenar. Más todavía: tiene la obligación de hacerlo. Pero debe ordenar con ley, con justicia, con comunidad y con responsabilidad.
Santa Fe necesita seguridad. Pero no cualquier seguridad
Necesita autoridad, pero autoridad legítima.
Necesita orden, pero orden democrático.
Necesita Policía, pero no trabajadores policiales abandonados a su suerte.
Necesita firmeza contra la extorsión, pero no criminalización de la pobreza.
Necesita presencia estatal, pero también integración social.
El gobierno provincial parece avanzar hacia un modelo donde la urgencia justifica la expansión permanente del control y donde incluso altos funcionarios llegan a insinuar soluciones incompatibles con principios básicos del derecho penal y constitucional.
Frente a eso, corresponde afirmar otro camino: ley clara frente al atajo, comunidad frente al descarte, intervención proporcional frente al abuso, respaldo real al policía frente al riesgo y humanidad frente a la pobreza.
Gobernar no es “sacar y listo”.
Gobernar es distinguir, ordenar, integrar y responder dentro de la Constitución.
Porque el vecino no puede quedar solo frente al apriete.
Pero el pobre tampoco puede ser tratado como residuo urbano.
Y el policía, mucho menos, puede ser usado como escoba social del Estado.
«Quien quiera oír que oiga»
(*) Periodista. Licenciado en Seguridad Pública y Ciudadana (Universidad Nacional de Chaco Austral -. UNCAUs). Autor de los libros Doctrina de la Sospecha Permanente (DSP), «La Teoría del Foco y la Vara» (FyV), «El Principio de Reciprocidad Institucional» (PRI) y «Gobernar mediante la sospecha».
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