La intervención de la Pastoral Social de Rosario ante la Legislatura santafesina reabrió una discusión que excede largamente el debate sobre los cuidacoches. Lo que está en juego no es una ordenanza. Es una forma de entender al ser humano, al Estado y al papel de la policía frente a la exclusión social.
La semana pasada ocurrió algo poco frecuente en una época donde gran parte del debate público parece reducido a estadísticas, sanciones y consignas de campaña.
La Iglesia Católica decidió intervenir.
Y lo hizo para recordarle al poder una verdad tan sencilla como incómoda: la pobreza no es un delito.
La presentación realizada por la Pastoral Social de la Arquidiócesis de Rosario ante la Cámara de Diputados de la provincia no fue una defensa de las amenazas, ni de la violencia, ni de las organizaciones que eventualmente puedan aprovecharse de la vulnerabilidad ajena.
Fue algo mucho más profundo. Fue la defensa de una concepción humanista de la sociedad.
Una concepción que sostiene que detrás de cada problema social existe una persona concreta, con una historia concreta y una dignidad que no desaparece por el simple hecho de encontrarse en situación de pobreza.
Por eso la Pastoral Social pidió distinguir. Entre quien extorsiona y quien intenta sobrevivir. Entre la organización mafiosa y el trabajador informal. Entre el delito y la exclusión. Entre la violencia y la necesidad.
La diferencia parece evidente.
Sin embargo, la reacción de una parte importante del sistema político demuestra que ya no lo es tanto.
Dos proyectos de sociedad
La discusión real no gira alrededor de los llamados trapitos.
La discusión real es mucho más profunda.
En Santa Fe hoy se enfrentan dos proyectos de sociedad.
De un lado, la tradición humanista y comunitaria expresada por la Pastoral Social de la Iglesia Católica. Una tradición que hunde sus raíces en la Doctrina Social de la Iglesia y que sostiene que la dignidad humana precede a cualquier consideración económica, laboral o social.
Una tradición que entiende que la pobreza constituye una herida colectiva y que el deber principal del Estado consiste en integrar, promover y acompañar.
Del otro lado aparece una concepción cada vez más visible en las políticas impulsadas por el gobernador Maximiliano Pullaro y acompañada públicamente por referentes religiosos como Walter Ghione y el pastor David Sensini.
No se trata simplemente de diferencias partidarias.
Se trata de una diferencia cultural y antropológica, de una diferencia sobre qué significa gobernar y sobre qué hacer frente a la exclusión social. La Pastoral Social preguntó qué ocurre con las personas.
El eje Pullaro-Ghione-Sensini pregunta qué ocurre con el orden.
- La Pastoral habló de dignidad.
- Ellos hablan de disciplina. La Pastoral habló de inclusión.
- Ellos hablan de erradicación. La Pastoral pidió distinguir entre delito y exclusión.
- Ellos tienden a fusionar ambos fenómenos dentro de una misma narrativa centrada en el orden público.
Por supuesto que tienen derecho a sostener esa posición.
Pero también tienen la obligación de hacerse cargo de las consecuencias que produce.
Los nadies
Y en el centro de esta discusión aparecen los de siempre.
Los que Eduardo Galeano llamó «Los Nadies». Los hijos de nadie. Los dueños de nada. Los que no figuran en las estadísticas del éxito pero sí en las estadísticas de la pobreza. Los que no ocupan los palcos del poder ni las mesas donde se toman las decisiones. Los que sólo aparecen en las noticias cuando molestan. Los que resultan invisibles cuando necesitan trabajo y visibles cuando alteran el paisaje urbano. Los que no son convocados cuando se habla de crecimiento económico, pero son señalados cuando se habla de seguridad.
Para unos, son ciudadanos vulnerables. Para otros, son un problema a administrar. Para unos, siguen siendo personas. Para otros, terminan convirtiéndose en categorías (Trapitos, merodeadores, intrusos. usurpadores, peligrosos, sospechosos).
Y acaso allí reside la diferencia más profunda que la Pastoral Social puso sobre la mesa.
Porque una sociedad comienza a perder su humanidad cuando deja de ver personas y empieza a ver únicamente etiquetas.
Cuando deja de preguntarse por qué alguien cayó y comienza a preguntarse solamente cómo quitarlo del camino.
Cuando el rostro desaparece detrás de la categoría.
Y cuando eso ocurre, los nadies dejan de ser ciudadanos para convertirse en objetos de intervención estatal.
La transformación silenciosa del Estado
Durante décadas, frente a fenómenos vinculados con la pobreza, la marginalidad, la falta de empleo o la exclusión social, el Estado desplegaba organismos específicos para intervenir. Trabajadores sociales, programas de empleo, áreas de desarrollo humano, dispositivos comunitarios, políticas de integración.
No siempre funcionaban bien pero existía una premisa básica: la exclusión social era considerada un problema social. Hoy observamos una mutación silenciosa.
Aquello que antes era tratado como una cuestión social comienza a ser redefinido como una cuestión de orden público. Y cuando cambia la definición del problema, cambia también la respuesta estatal.
Donde antes intervenía un trabajador social, ahora interviene un inspector. Donde antes actuaba un programa de inclusión, ahora aparece una sanción. Donde antes trabajaban organismos especializados, ahora se reclama la presencia policial.
Hay kilómetros de diferencia entre ambos modelos y esos kilómetros se miden en vidas humanas.
El policía como administrador de problemas sociales
La consecuencia más visible de esta transformación suele pasar inadvertida.
Cada vez más conflictos originados en la pobreza terminan siendo administrados por la policía.
La policía es enviada a resolver situaciones que no generó y para las cuales nunca fue diseñada. No fue creada para combatir la indigencia, para resolver el desempleo para administrar la marginalidad ni sustituir a las políticas sociales.
Sin embargo, cada vez con mayor frecuencia se la coloca exactamente en ese lugar.
Y luego se la responsabiliza por los resultados.
Cuando la exclusión se convierte en un problema policial, todos pierden.
Pierde la persona vulnerable, que deja de ser vista como sujeto de derechos para convertirse en objeto de control.
Pierde la comunidad, porque la conflictividad se profundiza.
Y pierde la propia policía, obligada a intervenir sobre consecuencias cuya causa se encuentra mucho más arriba y mucho más atrás.
En definitiva, el policía termina administrando con un patrullero aquello que antes intentaban resolver trabajadores sociales, educadores, organizaciones comunitarias y políticas públicas de integración.
Que se hagan cargo
No es momento de eufemismos. No es momento de esconder responsabilidades detrás de frases hechas.
Si el gobierno provincial, junto con dirigentes políticos y religiosos que acompañan esta orientación, consideran que la respuesta frente a la exclusión debe construirse principalmente desde la lógica del control y del orden, tienen derecho a sostener esa posición.
Pero deben asumir públicamente lo que ello implica.
Deben explicar por qué cada vez más problemas sociales terminan siendo abordados por mecanismos de seguridad.
Deben explicar por qué el Estado reduce su capacidad de integración mientras aumenta su capacidad de control.
Deben explicar por qué la primera respuesta frente a la vulnerabilidad parece ser cada vez más la sanción y cada vez menos la promoción humana.
Y deben explicar también por qué la policía termina ocupando espacios que históricamente correspondieron a organismos sociales especializados.
Porque estas decisiones no son neutras.
Son decisiones políticas.
Y toda decisión política tiene consecuencias humanas.
La advertencia de la Iglesia
Tal vez por eso la intervención de la Pastoral Social resultó tan incómoda.
Porque obligó a mirar donde muchos preferían no mirar.
Obligó a recordar que detrás de cada discusión sobre trapitos, personas en situación de calle, trabajadores informales o jóvenes marginados existen seres humanos concretos.
Los nadies de Galeano.
Los descartados de Francisco.
Los invisibles de nuestro tiempo.
Aquellos que aparecen siempre en el centro de los discursos sobre el orden, pero rara vez en el centro de las políticas de inclusión.
La Pastoral Social no pidió impunidad.
- No pidió tolerar delitos.
- No pidió justificar agresiones.
- Pidió algo mucho más elemental.
- Pidió que el Estado no confunda pobreza con criminalidad.
- Pidió que la respuesta frente a la exclusión no sea exclusivamente punitiva.
- Pidió que la dignidad humana siga ocupando el centro de la discusión pública.
Y dejó planteada una pregunta que trasciende por completo el debate sobre los cuidacoches:
¿Queremos un Estado que vea primero a los nadies como ciudadanos o un Estado que los vea primero como un problema?
Porque cuando el Estado deja de mirar primero a la persona y comienza a mirar únicamente la alteración del orden, el riesgo es enorme.
La historia demuestra que cada vez que la cuestión social fue reemplazada por la cuestión policial, los primeros perjudicados fueron siempre los mismos: los pobres, los descartados,
los invisibles.
Y detrás de ellos, inevitablemente, también la democracia.
Porque ninguna sociedad puede construir convivencia duradera si responde a la exclusión con patrulleros allí donde antes existían políticas de integración.
La Iglesia habló.
Y lo que puso en discusión no son los trapitos.
Lo que puso en discusión es el alma misma del Estado.
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«Quien quiera oír que oiga»
(*) Periodista. Licenciado en Seguridad Pública y Ciudadana (Universidad Nacional de Chaco Austral -. UNCAUs). Autor de los libros Doctrina de la Sospecha Permanente (DSP), «La Teoría del Foco y la Vara» (FyV), «El Principio de Reciprocidad Institucional» (PRI) y «Gobernar mediante la sospecha».
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