La dignidad como campo de disputa
El pastor y diputado Walter Ghione sostuvo recientemente, al defender la prohibición de los cuidacoches y cuestionar lo que llamó la “romantización de la mendicidad”, que determinadas políticas deben apuntar a “devolver dignidad” a quienes viven de esas prácticas.
La frase parece razonable a primera vista. Incluso compasiva. ¿Quién podría oponerse a la dignidad?
Sin embargo, detrás de esa formulación aparentemente humanitaria se esconde una concepción mucho más profunda sobre el poder, el orden social y la condición humana.
Porque afirmar que alguien debe “recuperar” o “recibir” dignidad implica aceptar previamente que esa dignidad puede perderse. Y si puede perderse, entonces necesariamente existe una autoridad —moral, política, religiosa o cultural— con capacidad para determinar quién conserva plenamente esa condición y quién no.
Ahí aparece el verdadero núcleo del debate.
¿La dignidad se posee o se concede?
La dignidad humana puede entenderse de dos maneras radicalmente distintas.
Existe una tradición humanista, jurídica y cristiana clásica que sostiene que la dignidad es inherente a toda persona por el simple hecho de existir. No depende de la riqueza, la productividad, la conducta ni la posición social. Desde esta mirada, incluso quien vive en la marginalidad, el delito, la adicción o la exclusión conserva intacta su condición humana y, por lo tanto, sus derechos esenciales.
Esa tradición atraviesa buena parte de la historia política argentina, la doctrina social de la Iglesia, el sindicalismo histórico, el humanismo cristiano, el constitucionalismo social,
y la idea misma de justicia social.
Por eso la pobreza era entendida como una injusticia a reparar y no como una degradación moral del individuo.
Pero hoy emerge otra racionalidad.
Una nueva derecha neoliberal y restauracionista, con expresiones políticas, religiosas y culturales diversas, empieza a instalar una lógica diferente: la dignidad ya no sería algo intrínseco a la persona sino una condición que debe recuperarse mediante orden, disciplina, trabajo, obediencia y adaptación a determinados parámetros morales y sociales.
En ese esquema, la dignidad deja de ser un atributo humano universal y pasa a convertirse en una condición que debe demostrarse, recuperarse o merecerse.
Y esto no es una simple diferencia semántica.
Porque cuando la política comienza a administrar dignidades, inevitablemente empieza también a clasificar personas: los recuperables, los adaptados, los productivos, los desviados, los peligrosos, los descartables, etc.
Los “trapitos” como síntoma
Por eso el debate sobre los “trapitos” en Rosario parece, a primera vista, una discusión menor sobre convivencia urbana. Pero detenerse solamente en la anécdota sería no comprender el verdadero fenómeno que atraviesa hoy a la Argentina y particularmente a Santa Fe.
Lo que está en juego no es solamente cómo ordenar la calle. Lo que se discute es quién tiene autoridad moral para definir qué vidas son consideradas normales, útiles, recuperables o amenazantes para el orden social.
Y esa disputa ya no ocurre únicamente entre partidos políticos. Se desarrolla en un terreno mucho más profundo: el cultural, el espiritual, el antropológico y finalmente el político.
Seguridad y restauración moral
En Santa Fe este proceso adopta formas particularmente visibles.
El gobernador Maximiliano Pullaro encarna una síntesis singular: gestión intensiva de seguridad, restauración del orden, y articulación con sectores religiosos evangelistas de fuerte impronta territorial y moral.
No se trata aquí de cuestionar creencias personales. La fe pertenece al ámbito íntimo y merece respeto. El problema político comienza cuando determinadas concepciones espirituales empiezan a modelar la racionalidad del Estado.
Porque entonces la seguridad deja de ser solamente política pública y comienza a transformarse en una forma de pedagogía moral.
El delincuente, el adicto, el trapito, el marginal, o incluso el funcionario “desviado”,
dejan de aparecer solamente como sujetos de derecho o problemas sociales complejos. Empiezan a convertirse en figuras del desorden moral que deben ser corregidas, restauradas o reconducidas.
La interna de las nuevas derechas
Y esto ocurre en simultáneo con otro fenómeno central: la disputa interna dentro del propio campo oficialista.
Pullaro necesita diferenciarse políticamente de Javier Milei, pero al mismo tiempo compite dentro del mismo ecosistema ideológico. Ambos disputan quién expresa mejor el nuevo sentido común restaurador basado en orden, autoridad y rechazo a las viejas mediaciones sociales y políticas.
Por eso no resulta anecdótico que desde sectores libertarios se ataque violentamente a figuras como el cardenal García Cuerva por reivindicar la justicia social. Tampoco es casual que en Rosario se cuestione al arzobispo Eduardo Martín desde sectores ligados al nuevo evangelismo político.
Lo que se está produciendo es una fractura más profunda: un choque entre dos tradiciones cristiano-políticas distintas.
Dos concepciones del cristianismo social
Por un lado, la tradición social de la Iglesia, heredera de León XIII, del humanismo cristiano y de la idea de comunidad organizada, donde la justicia social constituye un principio moral inseparable de la dignidad humana.
Por el otro, emerge una nueva racionalidad político-religiosa influida por el neoliberalismo contemporáneo y por ciertas corrientes neopentecostales y restauracionistas, donde predominan: la meritocracia, la moralización de la pobreza,
la sospecha sobre las mediaciones colectivas, la centralidad del orden, y una visión individualizada de la salvación y del éxito social.
Allí encaja perfectamente la afirmación de Javier Milei cuando define a la justicia social como “robo”. No se trata solamente de economía. Es una impugnación filosófica completa a la idea misma de comunidad solidaria.
Por eso también Francisco se convirtió en una figura incómoda para estas nuevas derechas globales. Porque representaba exactamente lo contrario: la centralidad de los pobres,
la crítica a la cultura del descarte, y la subordinación de la economía a la dignidad humana.
La seguridad y el alma de la Nación
Los sectores religiosos tienen un enorme derecho a participar del debate público. La fe forma parte de la vida social argentina desde sus orígenes y sería absurdo imaginar una Nación amputada de su dimensión espiritual.
Pero precisamente por esa enorme influencia moral, existe también una responsabilidad histórica.
Ningún liderazgo religioso debería avalar discursos o prácticas que naturalicen formas de discriminación, exclusión o supremacismo social incompatibles con la tradición humanista y comunitaria de nuestro ser nacional.
La Argentina podrá discutir modelos económicos, sistemas políticos o estrategias de seguridad. Lo que no puede discutir es la dignidad esencial de la persona humana.
Porque cuando una sociedad comienza a clasificar personas según su utilidad, productividad, adaptación cultural o cercanía al modelo moral dominante, deja lentamente de organizarse alrededor de ciudadanos y empieza a estructurarse alrededor de jerarquías humanas y esa lógica siempre termina degradando la convivencia democrática.
Nuestra tradición nacional —con todas sus contradicciones— nunca se construyó sobre supremacismos sociales, étnicos o religiosos. Por el contrario, se organizó históricamente alrededor de una idea profundamente integradora: la movilidad social, la comunidad organizada, la dignidad del trabajo, la solidaridad y la convicción de que aun el más humilde conserva una condición humana inviolable. Por otra parte así lo expresan nuestras Constituciones Nacionales y Provinciales y el bloque convencional al que adherimos como normas supremas.
Por eso el debate actual excede largamente la cuestión de los “trapitos”, la seguridad urbana o incluso la disputa política coyuntural.
Lo que está en discusión es qué tipo de sociedad queremos construir: una comunidad de ciudadanos iguales en dignidad o una sociedad donde determinados sectores comiencen a ser observados como moralmente inferiores, sospechosos o necesitados de reconducción permanente.
¿Qué policía nace de cada modelo?
Y allí aparece una pregunta decisiva que pocas veces se formula con honestidad:
¿Qué tipo de policía produce cada una de estas concepciones de sociedad?
Porque no existe policía neutral. Toda institución policial expresa finalmente una idea de orden, de autoridad y de ser humano.
En un modelo donde la dignidad es inherente a toda persona, la policía aparece como garante de derechos y de convivencia democrática. Su función consiste en proteger a la comunidad dentro de límites jurídicos claros, aun frente a quienes delinquen o viven en los márgenes.
En ese esquema, el policía: protege, previene, contiene e interviene pero nunca deja de reconocer humanidad en el otro.
La autoridad existe, pero limitada por la ley, la Constitución y la conciencia de que incluso el infractor conserva derechos esenciales.
Pero en un modelo donde la dignidad depende de la adaptación moral y social del individuo, la función policial cambia profundamente.
La policía deja de ser solamente fuerza pública para transformarse lentamente en instrumento de disciplinamiento social.
Ya no actúa únicamente frente al delito concreto, sino también frente al desorden, la marginalidad, la anomalía, la pobreza visible o las conductas consideradas amenazantes para un determinado ideal moral de comunidad.
Y allí el policía comienza a cargar una tarea imposible: administrar sospechas permanentes.
Porque cuando el Estado deja de reconocer ciudadanos y empieza a clasificar personas entre útiles, recuperables o peligrosas, la policía y el servicio penitenciario terminan siendo las herramientas concretas encargadas de ejecutar esa clasificación en la calle y en las cárceles.
Eso no fortalece a las instituciones de seguridad.
Las degrada.
Las convierte en fusibles sociales, en administradoras del conflicto estructural y finalmente en receptoras del odio, el miedo y las frustraciones acumuladas de toda la sociedad.
Los ejemplos cotidianos empiezan a multiplicarse.
En el ámbito penitenciario nacen proyectos extremos concebidos más como dispositivos de escarmiento público que de legalidad constitucional. No es casual que el propio gobierno llegue a utilizar categorías simbólicas como “el infierno” para definir determinados establecimientos penales. Allí el detenido deja progresivamente de ser sujeto de derecho para transformarse en objeto de castigo ejemplificador.
Las exhibiciones degradantes de presos, las vejaciones públicas, las prácticas de humillación difundidas incluso mediáticamente, ya comenzaron a generar observaciones internacionales y cuestionamientos ante organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Pero el costo concreto no lo paga solamente el detenido.
También lo pagan los trabajadores penitenciarios obligados a ejecutar políticas muchas veces reñidas no solo con la legalidad vigente, sino también con la ética profesional, la moral personal y la propia dignidad laboral.
Lo mismo ocurre en el ámbito policial.
Los históricos procedimientos de “10 bis” o detenciones por averiguación de antecedentes,
los operativos compulsivos, o incluso medidas masivas como la remisión indiscriminada de motocicletas a corralones municipales terminan colocando al policía en funciones ambiguas donde la frontera entre prevención legítima, recaudación, disciplinamiento urbano y hostigamiento social comienza peligrosamente a desdibujarse.
Y allí aparece otro fenómeno silencioso pero devastador: el daño moral y social sobre el propio trabajador policial y penitenciario.
Porque quien diariamente es obligado a actuar en contradicción con su propia conciencia profesional termina sufriendo consecuencias profundas: desgaste psicológico, aislamiento vecinal, ruptura comunitaria, descrédito social, conflictos familiares y deterioro ético institucional.
El policía y el penitenciario dejan entonces de ser percibidos como servidores públicos integrados a la comunidad para convertirse lentamente en ejecutores visibles de políticas de control social que muchas veces ni siquiera diseñaron.
La historia demuestra que toda política basada en la sospecha permanente termina finalmente degradando no solo a quienes son controlados, sino también a quienes reciben la orden de controlar.
La batalla de fondo
La discusión sobre seguridad jamás es puramente técnica.
En el fondo siempre expresa una pregunta mucho más profunda: qué idea de hombre,
qué idea de autoridad, y qué idea de Nación estamos dispuestos a defender.
La batalla de fondo, entonces, no es entre progresismo y conservadurismo en términos clásicos.
Es una disputa sobre qué concepción del ser humano organizará el poder político en las próximas décadas.
Una concepción donde la dignidad es inherente y el Estado debe garantizar derechos aun para quienes viven en los márgenes.
O una concepción donde la dignidad aparece condicionada por la adaptación del individuo a un determinado orden moral, productivo y disciplinario.
Rosario, atravesada por el miedo, la violencia narco y el agotamiento social, se ha convertido en uno de los laboratorios más intensos de esta transición.
Y quizás el mayor riesgo sea que, en nombre del orden, terminemos naturalizando una sociedad donde algunos ciudadanos ya no sean considerados plenamente sujetos de derechos sino objetos permanentes de sospecha y restauración.
La historia enseña que cuando el Estado comienza a administrar dignidades en lugar de reconocerlas, la frontera entre seguridad y control moral empieza lentamente a desaparecer.
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«Quien quiera oír que oiga»
(*) Periodista. Licenciado en Seguridad Pública y Ciudadana (Universidad Nacional de Chaco Austral -. UNCAUs). Autor de los libros Doctrina de la Sospecha Permanente (DSP), «La Teoría del Foco y la Vara» (FyV) y «El Principio de Reciprocidad Institucional» (PRI).
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Notas relacionadas:
La batalla por el orden: influencias religiosas y restauracionistas en la seguridad rosarina
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