Rosario atraviesa una transformación profunda donde la seguridad deja de ser solamente combate contra el delito para convertirse en una disputa política, moral y cultural sobre el orden urbano, el control social y los límites de la democracia contemporánea.
Rosario atraviesa una de las etapas más complejas y traumáticas de su historia contemporánea. La violencia narco, los homicidios, las amenazas mafiosas, el deterioro urbano y el miedo cotidiano produjeron una demanda social legítima de orden y protección. Negar esa realidad sería un ejercicio de cinismo intelectual. Pero precisamente porque el problema es real, resulta imprescindible analizar con seriedad qué tipo de modelo de seguridad comienza a consolidarse y cuáles son las influencias culturales, políticas y morales que comienzan a legitimarlo.
La seguridad intensiva como nuevo paradigma
La política de seguridad ya no puede explicarse únicamente desde la estadística criminal o la gestión policial. En Rosario emerge algo más profundo: una nueva racionalidad política basada en la seguridad intensiva, la restauración moral del orden urbano y la administración preventiva del conflicto social.
Las expresiones del gobernador Maximiliano Pullaro —“la mafia o nosotros”—, del intendente Pablo Javkin —“vamos a ganar los buenos”— o del diputado Walter Ghione impulsando la prohibición de cuidacoches y limpiavidrios no son frases aisladas. Todas forman parte de una gramática común: la idea de una comunidad amenazada que necesita ser restaurada frente al caos.
El caos como categoría política y moral
La palabra “caos” no es casual. El pastor David Sensini, una de las figuras más influyentes y menos visibles del entramado evangelista territorial rosarino, habló públicamente de “salir del caos” al referirse a cárceles y recuperación de jóvenes. Allí aparece un punto central: el problema ya no se presenta solamente como delito, sino también como degradación moral, ruptura comunitaria y desorden social.
En ese marco, la seguridad deja de ser simplemente una política pública para adquirir dimensiones culturales, morales y hasta espirituales.
El ensayista Ariel Rolfo sostiene que determinadas corrientes evangelistas neopentecostales contemporáneas comenzaron a desarrollar fuertes afinidades con modelos políticos orientados al orden, la disciplina social, la responsabilización individual y la administración preventiva del conflicto urbano. En contraposición a las tradiciones liberacionistas latinoamericanas centradas en la organización popular y la justicia social, estas nuevas matrices restauracionistas privilegian la pacificación territorial, la reconstrucción moral y la contención comunitaria frente al caos contemporáneo.
Desde esa perspectiva, la seguridad deja de presentarse únicamente como combate contra el delito para adquirir también dimensiones culturales y morales vinculadas a la restauración del orden comunitario.
No se trata de afirmar livianamente que Rosario atraviese un proceso teocrático. La ciudad continúa siendo parte de una democracia formalmente laica. Pero sería igualmente ingenuo ignorar las influencias que determinadas matrices religiosas y restauracionistas ejercen sobre las formas contemporáneas de pensar el orden urbano, la autoridad y el control social.
Una constelación político-cultural transnacional
Las nuevas derechas globales —desde Donald Trump y Jair Bolsonaro hasta Javier Milei y su principal referente cultural Agustín Laje— comparten una sensibilidad histórica común: la percepción de vivir una época de decadencia, fragmentación y crisis civilizatoria. Allí convergen narrativas de guerra cultural, restauración moral, autoridad fuerte y necesidad de reconstruir comunidad frente al desorden contemporáneo.
Rosario no está aislada de esa constelación político-cultural transnacional. Por el contrario: parece haberse convertido en uno de sus laboratorios más intensos en Argentina.
La legalidad de la excepción
La reciente reforma de seguridad impulsada por Pullaro expresa claramente este cambio de paradigma. Las denominadas “Zonas de Intervención Policial Especial”, los controles preventivos, las restricciones de circulación, la ampliación de facultades policiales y la lógica de intervención sobre territorios considerados conflictivos muestran un desplazamiento profundo: el Estado comienza a actuar no solamente sobre delitos consumados, sino sobre posibilidades anticipadas de amenaza.
Lo más significativo del nuevo paradigma rosarino quizás no sea la ruptura de la legalidad, sino precisamente su utilización para expandir capacidades excepcionales de control preventivo.
La excepcionalidad contemporánea ya no necesita suspender formalmente la democracia para avanzar. Le alcanza con juridificar el miedo, territorializar la sospecha y normalizar progresivamente mecanismos intensivos de vigilancia dentro de la propia institucionalidad democrática.
Allí aparece uno de los grandes dilemas contemporáneos: cuando la seguridad se transforma en principio organizador de la vida urbana, la frontera entre protección y control comienza lentamente a desplazarse.
La policía como administradora del orden urbano
En este contexto, la policía deja progresivamente de actuar únicamente como fuerza orientada a investigar delitos complejos y comienza a desempeñar funciones mucho más amplias:
- ocupación territorial;
- regulación conductual;
- administración preventiva del conflicto urbano;
- control de poblaciones consideradas riesgosas;
- y producción cotidiana de sensación de orden.
La seguridad intensiva ya no opera solamente sobre hechos consumados. Comienza a gestionar comportamientos, circulaciones y presencias urbanas.
Allí aparece uno de los aspectos más delicados del nuevo paradigma: el centro de gravedad se desplaza desde el hecho probado hacia la sospecha preventiva.
La construcción del enemigo
El problema ya no es sólo el crimen organizado. También comienzan a ingresar dentro de la lógica de control:
- las ocupaciones “incorrectas” del espacio público;
- las conductas consideradas disruptivas;
- las protestas;
- los trapitos;
- los vendedores ambulantes;
- los jóvenes periféricos;
- y determinadas formas de marginalidad urbana.
La pregunta que lentamente comienza a atravesar la seguridad rosarina ya no es solamente cómo combatir el delito, sino quién es el enemigo.
Allí aparece uno de los desplazamientos más delicados del nuevo paradigma: la construcción progresiva de categorías sociales asociadas al desorden, la conflictividad o la amenaza urbana.
Trapitos, vendedores ambulantes, trabajadores informales o incluso manifestantes comienzan lentamente a dejar de ser percibidos como emergentes de una crisis social para transformarse en figuras asociadas al caos, la alteración o la sospecha preventiva.
El riesgo no reside únicamente en la expansión policial, sino también en la expansión simbólica de la sospecha.
Toda política de seguridad necesita definir previamente quién amenaza el orden. Y allí aparece uno de los riesgos más delicados del clima contemporáneo: la progresiva demonización de determinadas formas de marginalidad urbana.
Porque ninguna democracia permanece intacta cuando sectores enteros de su población empiezan lentamente a ser percibidos menos como ciudadanos y más como enemigos difusos del orden comunitario.
Dos modelos religiosos frente al conflicto social
Sin embargo, el escenario religioso rosarino no es homogéneo. La postura del arzobispo Eduardo Martín —planteando regular antes que prohibir la actividad de cuidacoches— o las expresiones de Jorge García Cuerva frente a los operativos masivos sobre sectores vulnerables en Buenos Aires introducen otra lógica completamente distinta.
Mientras el restauracionismo securitario piensa el problema en términos de orden versus caos, el catolicismo social-mediador vuelve a colocar en el centro:
- la vulnerabilidad;
- la dignidad humana;
- la exclusión;
- la integración;
- y los límites éticos del poder punitivo.
No es una diferencia menor.
Porque en un modelo, el marginal aparece principalmente como amenaza al orden comunitario; mientras que en el otro continúa siendo una persona atravesada por condiciones de vulnerabilidad social que no pueden resolverse exclusivamente mediante control.
¿Seguridad o control?
Rosario parece haberse convertido así en escenario de una disputa mucho más profunda que la mera discusión sobre seguridad. Lo que está en juego es qué tipo de ciudad, ciudadanía y convivencia democrática comenzará a construirse en los próximos años.
La sociedad rosarina tiene derecho a exigir seguridad. Tiene derecho a exigir presencia estatal y combate firme contra las mafias. Pero también debe preguntarse hasta dónde está dispuesta a naturalizar:
- la excepcionalidad preventiva;
- la expansión permanente del control;
- la sospecha como criterio de intervención;
- la vigilancia cotidiana;
- y la moralización del espacio urbano.
El miedo como forma de gobierno
Rosario no vive un miedo imaginario. La violencia narco dejó muertos, amenazas, extorsiones y una profunda sensación de vulnerabilidad colectiva.
Pero precisamente por eso emerge una de las preguntas más delicadas de toda democracia contemporánea: cuánto control está dispuesta a aceptar una sociedad traumatizada para sentirse protegida.
Cámaras, saturación policial, controles preventivos, monitoreo territorial y vigilancia permanente dejan progresivamente de percibirse como excepcionales para integrarse al paisaje cotidiano de la ciudad.
Allí la seguridad deja de ser solamente una política pública y comienza a transformarse en una forma general de organización emocional y moral de la vida urbana.
Porque cuando el miedo se transforma en principio organizador permanente de la política, el orden corre el riesgo de convertirse en un valor absoluto.
La verdadera batalla por el orden
Y cuando eso ocurre, ciertos sectores sociales terminan lentamente desplazados hacia los márgenes:
- del espacio público;
- de la ciudadanía legítima;
- y finalmente de la propia memoria colectiva.
Rosario enfrenta hoy un desafío histórico enorme: reconstruir autoridad democrática sin transformar la excepcionalidad preventiva en forma permanente de gobierno ni convertir sectores enteros de la sociedad en enemigos difusos del orden urbano.
Porque ninguna democracia se erosiona únicamente cuando pierde elecciones o instituciones. También comienza a erosionarse cuando el miedo convierte la vigilancia en normalidad, la sospecha en criterio político y el orden en valor absoluto.
Esa es, quizás, la verdadera batalla por el orden.
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«Quien quiera oír que oiga»
(*) Periodista. Licenciado en Seguridad Pública y Ciudadana (Universidad Nacional de Chaco Austral -. UNCAUs). Autor de los libros Doctrina de la Sospecha Permanente (DSP), «La Teoría del Foco y la Vara» (FyV) y «El Principio de Reciprocidad Institucional» (PRI).
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