La media sanción modificada sobre los cuidacoches reabrió una discusión mucho más profunda: qué ocurre cuando problemas nacidos de la exclusión social terminan siendo gestionados principalmente por los organismos de seguridad del Estado.
La Cámara de Diputadas y Diputados modificó el proyecto aprobado por el Senado y lo devolvió para una nueva revisión. Detrás de la discusión sobre los cuidacoches emergieron diferencias profundas sobre seguridad, exclusión social y el papel del Estado frente a la vulnerabilidad.
Durante más de una hora y media, la Cámara de Diputadas y Diputados de Santa Fe debatió uno de los proyectos más controvertidos de los últimos meses: la regulación de la actividad de los cuidacoches, conocidos popularmente como «trapitos».
El resultado fue una media sanción modificada que obliga a devolver la iniciativa al Senado para una nueva consideración.
Sin embargo, reducir lo ocurrido a una simple discusión sobre cuidacoches sería quedarse en la superficie.
Lo que verdaderamente quedó expuesto en el recinto fue una diferencia mucho más profunda sobre la forma de concebir al Estado, la seguridad pública y la pobreza.
Antes del debate, habló la Iglesia Católica
La discusión legislativa tuvo un antecedente inmediato que ayuda a comprender la profundidad de lo que posteriormente ocurrió en el recinto.
Días antes de la sesión, la Pastoral Social de la Arquidiócesis de Rosario presentó ante la Legislatura una posición crítica respecto del enfoque que venía adquiriendo el debate sobre los cuidacoches y otras expresiones visibles de exclusión urbana.
Su mensaje fue claro:
La pobreza no es un delito.
La Iglesia pidió distinguir entre quienes ejercen violencia y quienes intentan sobrevivir. Entre las organizaciones que se aprovechan de la vulnerabilidad ajena y las personas atrapadas en situaciones de marginalidad. Entre criminalidad y exclusión.
No reclamó impunidad, no justificó amenazas ni negó la necesidad de intervención estatal.
Simplemente recordó que detrás de cada fenómeno social existen personas concretas cuya dignidad no desaparece por encontrarse en condiciones de pobreza.
Sin embargo, la Pastoral no fue la única voz que intervino en este debate.
Eje Pullaro – Pastores Evangélicos
Durante los últimos meses también comenzó a consolidarse otra mirada impulsada desde sectores políticos, religiosos y culturales que acompañan las políticas de seguridad y orden público promovidas por el gobierno provincial. Allí pueden ubicarse referentes como el gobernador Maximiliano Pullaro, el diputado Walter Ghione y el pastor David Sensini, quienes desde distintas responsabilidades públicas han puesto el acento en la recuperación de la autoridad, el orden y la disciplina social como condiciones indispensables para reconstruir la convivencia.
Más que una discusión sobre trapitos, comenzó a configurarse una discusión sobre dos formas de comprender la sociedad.
Tres miradas sobre un mismo problema
| Eje | Pastoral Social Católica | Sector restauracionista evangélico y oficialista | Grupo de Estudios Confianza Soberana |
|---|---|---|---|
| Punto de partida | La dignidad de la persona humana. | La necesidad de restaurar el orden social. | La comunidad organizada y la confianza institucional. |
| Problema principal | La exclusión social y la pobreza. | El desorden, la pérdida de autoridad y la fragmentación social. | La ruptura simultánea de la integración social y de la legitimidad institucional. |
| Rol del Estado | Integrar, acompañar y promover. | Ordenar, disciplinar y garantizar autoridad. | Integrar, proteger y ordenar respetando derechos y fortaleciendo la comunidad. |
| Seguridad | Debe estar subordinada a la dignidad humana. | Es condición previa para la convivencia. | Debe articular capacidad estatal, derechos humanos y participación comunitaria. |
| Pobreza | Problema social que interpela a toda la comunidad. | Realidad que debe abordarse sin tolerar conductas que alteren el orden. | Fenómeno estructural que requiere integración, trabajo y reconstrucción comunitaria. |
| Riesgo principal | Criminalización de la pobreza. | Normalización del desorden y debilitamiento de la autoridad. | Transformación de problemas sociales en problemas securitarios permanentes. |
| Concepto rector | Dignidad humana. | Orden. | Confianza soberana. |
La comparación permite advertir algo importante.
No estamos frente a una disputa entre quienes quieren orden y quienes no lo quieren.
Tampoco entre quienes defienden la seguridad y quienes la rechazan.
Las tres perspectivas reconocen la existencia de problemas reales y la necesidad de intervención estatal.
La diferencia aparece en el punto de partida.
La Pastoral Social pregunta primero qué ocurre con las personas. El restauracionismo pregunta primero qué ocurre con el orden.
La perspectiva desarrollada desde el Grupo de Estudios Confianza Soberana (GECS) intenta colocar en el centro la reconstrucción de la comunidad organizada, entendiendo que ni la dignidad humana puede sostenerse sin cierto orden social, ni el orden puede consolidarse duraderamente si se construye ignorando los procesos de exclusión.
Precisamente esa tensión terminó reapareciendo en el recinto legislativo.
Algunas intervenciones retomaron preocupaciones muy cercanas a las expresadas por la Pastoral Social.
Otras se alinearon con una lógica centrada en la recuperación del espacio público y la autoridad estatal.
Y entre ambas posiciones emergió una discusión más profunda sobre el tipo de Estado que Santa Fe pretende construir en los próximos años.
Por eso, detrás del debate sobre los cuidacoches apareció una controversia mucho más importante.
No se discutía solamente una actividad informal.
Se discutían distintas maneras de entender la relación entre dignidad, orden, comunidad y poder en la Argentina contemporánea.
Del Senado a Diputados: una ley distinta
La iniciativa había llegado desde el Senado con un enfoque mucho más cercano a la prohibición general de la actividad.
Durante su tratamiento en Diputados, sin embargo, el texto fue profundamente reformulado.
La diputada Lionella Cattalini explicó que el objetivo consistió en abandonar una lógica de prohibición absoluta para concentrarse en la sanción de conductas intimidatorias concretas vinculadas al cobro compulsivo de dinero en la vía pública.
Según el oficialismo, el proyecto procura diferenciar entre quienes ejercen violencia o extorsión y quienes desarrollan actividades informales sin recurrir a esas prácticas.
También incorpora herramientas de articulación con municipios, previsiones de reconversión laboral y la creación de nuevos cargos judiciales para atender conflictos contravencionales.
Tres posiciones frente al mismo problema
El debate dejó claramente expuestas tres miradas diferentes.
1. El oficialismo: orden, convivencia y regulación
La defensa del proyecto estuvo centrada en la necesidad de ordenar el uso del espacio público sin incurrir en la criminalización de la pobreza.
El diputado y pastor evangélico Walter Ghione, autor de una de las iniciativas originales, impulsó la discusión desde una perspectiva orientada a erradicar prácticas que considera incompatibles con una convivencia urbana ordenada y con el libre uso del espacio público.
Durante el debate, el diputado Martín Rosúa explicó que el texto finalmente aprobado difiere sustancialmente de la versión inicial. Según sostuvo, ya no se trata de una prohibición general de la actividad sino de una regulación dirigida a sancionar únicamente las conductas que impliquen exigencias intimidatorias de dinero.
Rosúa argumentó que esta modificación permitió superar posibles objeciones de constitucionalidad y evitar una prohibición genérica que podría resultar cuestionable jurídicamente.
Por su parte, Joaquín Blanco defendió la ley como una herramienta adicional para abordar el problema, destacando que distingue situaciones diferentes y combina sanciones para conductas abusivas con mecanismos de intervención municipal y reconversión laboral.
En síntesis, el oficialismo sostuvo que la norma no apunta contra la pobreza sino contra determinadas prácticas que afectan la libertad de los ciudadanos para utilizar el espacio público, procurando compatibilizar orden, convivencia y garantías constitucionales.
2. La oposición: la exclusión no se resuelve con sanciones
Las críticas más fuertes provinieron de sectores del peronismo y de la centroizquierda.
Lucila De Ponti cuestionó que el proyecto continúe abordando un fenómeno social mediante herramientas predominantemente contravencionales.
Marcos Corach observó que durante todo el proceso legislativo fueron escuchados intendentes, funcionarios, organizaciones e instituciones, pero nunca los propios cuidacoches.
Carlos Del Frade llevó la discusión a un plano aún más profundo.
Recordó que los relevamientos oficiales identifican aproximadamente 1.428 cuidacoches en seis ciudades santafesinas que reúnen cerca de dos millones de habitantes.
Y formuló una pregunta incómoda:
¿De verdad creemos que éste es uno de los principales problemas de la provincia?
Para Del Frade, la política corre el riesgo de colocar el foco sobre quienes sufren la pobreza en lugar de concentrarse en las causas que la producen.
«Aporofobia»
Verónica Baró Graf introdujo un concepto poco frecuente en el debate político argentino: la aporofobia. Es decir, el rechazo o la incomodidad frente a la pobreza visible.
Su planteo fue que muchas veces la reacción social no surge necesariamente del peligro sino de la presencia misma de personas vulnerables en el espacio público.
Inclusión
Por su parte, Juan Argañarás recordó experiencias desarrolladas mediante cooperativas y programas de inclusión que buscaron resolver situaciones similares sin recurrir prioritariamente a la sanción.
3. Una abstención sin explicación
Entre las distintas posiciones expuestas durante el debate hubo un caso que llamó particularmente la atención.
Mientras los legisladores que votaron a favor fundamentaron extensamente su postura y quienes rechazaron la iniciativa desarrollaron críticas jurídicas, sociales y políticas, el diputado Juan José Piedrabuena optó por la abstención sin realizar una exposición de fondo que permitiera conocer las razones de su decisión.
La situación resultó llamativa debido a que se trató de uno de los debates más extensos y relevantes de la sesión, con más de una hora y media de intercambio entre los distintos bloques.
La abstención es una herramienta legítima dentro del funcionamiento parlamentario. Sin embargo, cuando se produce en temas que involucran seguridad pública, espacio urbano, pobreza, facultades municipales y derechos ciudadanos, la ausencia de una fundamentación pública dificulta conocer cuáles fueron las objeciones, dudas o discrepancias que motivaron esa posición.
Paradójicamente, en una sesión donde oficialismo, oposición, sectores progresistas, espacios conservadores e incluso organizaciones religiosas dejaron claramente expresadas sus diferencias, la única abstención sin argumentación terminó siendo una de las intervenciones más difíciles de interpretar políticamente.
Una coincidencia inesperada
Quizás el dato más interesante de toda la discusión sea que, desde lugares ideológicos muy distintos, varias intervenciones terminaron convergiendo con las preocupaciones planteadas previamente por la Pastoral Social.
- La Iglesia habló desde la Doctrina Social.
- Del Frade desde una tradición de izquierda social.
- Otros legisladores desde enfoques vinculados a los derechos humanos o a las políticas públicas.
Pero todos coincidieron en una advertencia común:
El Estado no debería confundir pobreza con criminalidad.
Una discusión que ya estaba planteada
Lo ocurrido en la Legislatura también dialoga con debates que desde hace tiempo vienen desarrollándose en distintos ámbitos académicos y de reflexión.
Desde el Grupo de Estudios Confianza Soberana se ha señalado reiteradamente la existencia de una tendencia creciente a reinterpretar fenómenos históricamente considerados sociales como problemas de seguridad, convivencia o control.
En trabajos recientes se advirtió sobre el riesgo de desplazar el centro de gravedad de las políticas públicas desde la integración hacia la administración preventiva de los conflictos.
La cuestión no consiste en negar la necesidad de regulación.
Tampoco en desconocer situaciones de violencia o extorsión.
La pregunta es otra.
¿Dónde coloca el Estado el foco principal de su intervención?
¿Sobre las consecuencias visibles o sobre las causas que las generan?
El policía frente a problemas que no creó
La discusión también dejó planteado otro interrogante que rara vez aparece en el centro del debate público.
Cuando problemas nacidos de la exclusión social, la pobreza, las adicciones, la marginalidad urbana o la falta de oportunidades son redefinidos principalmente como cuestiones de orden público, quienes terminan interviniendo en primera línea suelen ser las fuerzas de seguridad.
La policía es llamada a gestionar situaciones que no produjo y para las cuales originalmente no fue concebida.
No fue creada para resolver la indigencia, no fue creada para generar empleo, no fue creada para reemplazar programas sociales, no fue creada para administrar las consecuencias de la fragmentación social y sin embargo, cada vez con mayor frecuencia termina ocupando esos espacios o posteriormente se la responsabiliza por resultados que dependen de decisiones políticas, económicas y sociales mucho más amplias la paradoja es evidente.
Mientras el Estado reduce o debilita determinadas capacidades de integración social, aumenta la demanda de intervención policial sobre fenómenos que tienen raíces estructurales ajenas a la propia institución.
El resultado suele ser una transferencia silenciosa de responsabilidades.
Problemas que antes eran abordados prioritariamente por áreas de desarrollo social, educación, salud, empleo o acción comunitaria comienzan a desplazarse hacia el ámbito de la seguridad pública.
La policía se convierte así en la cara visible de conflictos cuyo origen se encuentra mucho más atrás en la cadena de decisiones estatales.
Pero existe además otro riesgo institucional.
Cuando la política deposita expectativas excesivas sobre la capacidad policial para resolver problemas sociales complejos, se genera una brecha inevitable entre lo que se promete y lo que realmente puede lograrse.
La frustración posterior suele recaer sobre los propios agentes, que terminan expuestos como responsables de fracasos que exceden ampliamente sus competencias.
De esta manera, el trabajador policial se transforma en una suerte de fusible institucional: absorbe tensiones sociales, demandas políticas y expectativas públicas que no generó y que difícilmente pueda resolver por sí solo.
Por eso la cuestión no pasa por negar la necesidad de intervención policial cuando existen amenazas, violencia o delitos.
La cuestión consiste en evitar que la policía termine sustituyendo a las políticas sociales, del mismo modo que sería absurdo pretender que un trabajador social reemplace a una brigada de investigaciones.
Cada institución tiene una función específica dentro del Estado.
Cuando esas fronteras comienzan a desdibujarse, aparecen riesgos para todos: para la comunidad, para las personas vulnerables y también para los propios trabajadores policiales.
Tal vez por eso una de las preguntas más importantes que dejó este debate no sea qué hacer con los cuidacoches, sino qué tipo de Estado estamos construyendo cuando problemas esencialmente sociales terminan encontrando como respuesta principal la intervención de organismos concebidos para garantizar seguridad y no para administrar la exclusión.
Porque cuando la cuestión social se transforma exclusivamente en cuestión policial, el riesgo no es solamente para quienes quedan bajo control estatal.
También lo es para las propias instituciones encargadas de ejercerlo.
Una ironía inevitable
Durante el debate, el diputado Carlos Del Frade observó que por la Legislatura pasaron intendentes, funcionarios, representantes religiosos, organizaciones sociales y especialistas, pero que los únicos que no habían sido consultados eran los propios «trapitos».
La observación provocó sonrisas en el recinto, pero también deja una reflexión más amplia.
En Santa Fe parece haberse vuelto una costumbre discutir sobre las personas sin hablar con ellas.
Los cuidacoches no fueron consultados sobre la ley que los involucra y los trabajadores policiales tampoco suelen ser convocados cuando se diseñan muchas de las políticas de seguridad que luego deben aplicar.
Quizás no sea casualidad. A veces el Estado escucha con atención a quienes administran los problemas, pero olvida preguntarles a quienes los viven todos los días y otras veces ni siquiera eso.
Lo que viene
La ley todavía no está aprobada definitivamente.
El Senado deberá analizar ahora las modificaciones introducidas por Diputados y decidir si las acepta o insiste con el texto original.
Pero más allá del resultado legislativo, el debate dejó una pregunta abierta.
Nadie defendió amenazas.
Nadie justificó extorsiones.
Nadie negó la necesidad de ordenar el espacio público.
La verdadera discusión fue otra.
¿Queremos un Estado que vea primero una infracción o un Estado que vea primero una persona?
La respuesta probablemente diga mucho más sobre el futuro de Santa Fe que la propia discusión sobre los trapitos.
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«Quien quiera oír que oiga»
(*) Periodista. Licenciado en Seguridad Pública y Ciudadana (Universidad Nacional de Chaco Austral -. UNCAUs). Coordinador del Grupo de Estudios Confianza Soberana (GECS).
Autor de los libros Doctrina de la Sospecha Permanente (DSP), «La Teoría del Foco y la Vara» (FyV), «El Principio de Reciprocidad Institucional» (PRI) y «Gobernar mediante la sospecha».
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Web: Confianza Soberana – Teoría política en desarrollo
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La batalla por el orden: influencias religiosas y restauracionistas en la seguridad rosarina
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