¿Dónde está la línea? Seguridad, sospecha y poder en la Santa Fe de Pullaro

El discurso pronunciado por Maximiliano Pullaro este primero de octubre ante fiscales reunidos en Rosario sintetizó una contradicción que venía desarrollándose desde mucho antes. El gobernador afirmó que Santa Fe consiguió reducir la violencia “respetando las garantías constitucionales”, sostuvo que aquí se respeta la ley y la Constitución y aseguró que, a diferencia de otros países, “no se cruza ninguna línea”. Pero pocos minutos después cuestionó una concepción jurídica a la que denominó “garantismo bobo”, dijo que había provocado “mucho daño” y reclamó “no levantarle el pie de la cabeza al delito”.

La pregunta, entonces, resulta inevitable: ¿Dónde termina el garantismo constitucional que Pullaro reivindica y dónde comienza ese “garantismo bobo” que condena?

No es una cuestión retórica. Las garantías existen precisamente para limitar al Estado cuando investiga, detiene, allana, acusa y encarcela. Cuando empiezan a ser presentadas como obstáculos para obtener resultados, la discusión deja de referirse solamente al delito y empieza a involucrar la concepción misma del poder.

Desde Gobernar mediante la sospecha hemos planteado que la sospecha puede ser una herramienta legítima dentro de una investigación concreta, pero se transforma en algo diferente cuando pasa a ordenar la relación habitual entre el Estado y la sociedad. En ese momento ya no se pregunta únicamente qué hizo una persona, sino qué podría hacer, con quién se vincula, qué profesión ejerce, qué ideas sostiene o qué riesgo representa. El hecho deja de producir al sospechoso y la categoría comienza a producir sospecha.

De la advertencia institucional al enfrentamiento político

La controversia con los abogados penalistas no nació de una mala interpretación. El 30 de septiembre, Pullaro había planteado expresamente que el nuevo desafío era “ir contra los abogados y los contadores” que fueran parte de organizaciones criminales, que las asesoraran, transmitieran mensajes o aportaran conocimientos para estructurar maniobras de lavado.

Frente a esas declaraciones, la Asociación de Abogados Penalistas de Rosario reivindicó el papel constitucional de la defensa, advirtió que las injerencias del poder político sobre cuestiones judiciales pueden afectar la independencia judicial y sostuvo que, si el gobernador conoce delitos concretos cometidos por profesionales, tiene la obligación de denunciarlos e individualizarlos.

La respuesta de Pullaro al día siguiente fue endurecer el tono: “Que no se hagan los zonzos. Ellos saben muy bien de quién estoy hablando”. Aunque luego aclaró que no cuestionaba el derecho de defensa sino a quienes integraran efectivamente organizaciones criminales, el episodio deja expuesta una tensión central: cuando el poder político responde a una objeción institucional no precisando hechos, nombres o investigaciones, sino elevando el tono contra quienes reclaman garantías, la discusión corre el riesgo de abandonar el terreno jurídico y trasladarse al de la construcción del adversario. Y es precisamente allí donde la lógica de “ellos y nosotros” comienza a adquirir una relevancia que excede largamente la polémica con una asociación profesional.

Buenos y malos, ellos y nosotros

Esa transformación necesita también un lenguaje. Pablo Javkin lo expresó con una crudeza llamativa cuando sostuvo ante el Concejo Municipal: “Aunque no les guste, hay buenos y malos. Y en esta ciudad, ganamos los buenos”.

Puede parecer una simplificación efectista, pero encierra una lógica política importante. Una democracia constitucional no se organiza jurídicamente entre buenos y malos, sino entre ciudadanos, víctimas, imputados, condenados, funcionarios, policías y jueces, todos sometidos a reglas. Cuando esas categorías jurídicas son sustituidas por clasificaciones morales, aparece la posibilidad de dividir la sociedad entre un “nosotros” legítimo y un “ellos” sospechoso.

Hace tiempo nos preguntábamos “¿En qué piensan nuestros políticos?”. Quizás una respuesta inquietante sea que algunos han descubierto que no necesitan integrar a toda la comunidad para gobernar: les alcanza con construir una mayoría suficientemente cohesionada contra un adversario.

El mecanismo es conocido. Se identifica un problema, se selecciona un responsable, se concentra allí el foco y se construye un “ellos” frente al cual se fortalece un “nosotros”. Cuando un enemigo deja de ser útil, aparece otro.

El delincuente, el “garantista”, el docente que protesta, el abogado penalista que cuestiona, el periodista que contradice, el opositor o porqué no el policía que reclama sus derechos humanos mas elementales.

No porque todos sean formalmente equiparados, sino porque pueden cumplir la misma función política: ser aquello contra lo cual la mayoría propia se reconoce y se mantiene unida.

Allí aparece nuestra Teoría del Foco y la Vara: seleccionar dónde mirar, sobre quién descargar responsabilidades y con qué intensidad aplicar la regla.

Una creciente mileinización

Este lenguaje tampoco aparece aislado del clima político nacional. Existe una creciente mileinización del discurso público de seguridad, entendida no como subordinación partidaria de Pullaro a Javier Milei, sino como una convergencia retórica basada en autoridad, orden, dureza, rechazo al garantismo y división moral del conflicto.

Pullaro y Milei pueden competir políticamente y, precisamente por eso, disputar sectores similares del electorado mediante lenguajes parcialmente convergentes. La competencia no siempre produce diferenciación; muchas veces produce imitación.

También existe un vínculo documentado de ambos espacios con sectores evangélicos. El pastor rosarino David Sensini, integrante de la conducción de ACIERA, participó de un encuentro privado con Milei en Casa Rosada y explicó después que desde hacía dos años mantenían “una relación muy buena” con el gobierno santafesino, que estaban acostumbrados a orar con el gobernador y la vicegobernadora y que desde Nación “se está mirando lo que pasa en Santa Fe”.

Pullaro, por su parte, ha reconocido públicamente su cercanía con Sensini, Walter Ghione y otros referentes religiosos, e incluso vinculó la presencia espiritual de esos sectores con la recuperación de la seguridad, mientras reclamaba “leyes más duras”, una Policía más dura y un Servicio Penitenciario más duro. Posteriormente volvió a reunirse con pastores y les pidió profundizar su presencia en cárceles y barrios considerados conflictivos.

Nada de esto demuestra una dirección religiosa común de ambos gobiernos. Sí muestra una red de relaciones y una posible convergencia entre orden público, restauración moral y autoridad política que merece ser observada sin prejuicios, pero también sin ingenuidad.

Más poder, ¿y cuánto control?

El discurso tampoco puede separarse de la arquitectura institucional que viene construyéndose.

Santa Fe dispone de un sistema de inteligencia criminal, creó un Subescalafón Inteligencia dentro de la Policía y desarrolló Lince, una plataforma que utiliza inteligencia artificial para analizar grandes cantidades de imágenes, identificar personas y vehículos, reconstruir recorridos y cruzar información. El decreto que regula el nuevo subescalafón incluso mantiene reservada por razones de seguridad la nómina inicial del personal incorporado.

Lince ya opera sobre miles de cámaras y, según la propia Provincia, permite analizar información en tiempo real, detectar patrones y reconstruir movimientos, con centenares de intervenciones exitosas informadas oficialmente.

El problema no consiste en que el Estado disponga de inteligencia criminal o tecnología avanzada. El interrogante democrático es si los controles crecen con la misma velocidad con que crece la capacidad estatal para observar, clasificar, reconstruir y anticipar.

Y esa pregunta se vuelve especialmente importante cuando quienes deben controlar al poder también exhiben dificultades.

La investigación difundida recientemente por ACIJ sobre el Consejo de la Magistratura muestra que, entre 1999 y agosto de 2026, se recibieron 5.170 denuncias contra magistrados federales y nacionales; de las 4.910 cerradas, sólo 64 terminaron en sanción o remoción, mientras 469 caducaron por el mero paso del tiempo. El informe no demuestra que todos los denunciados fueran culpables, pero sí plantea serios interrogantes sobre opacidad, inacción y eficacia de los controles disciplinarios.

La pregunta, por lo tanto, debería invertirse: antes de preguntarnos cuánto más poder necesitan policías, fiscales y organismos de inteligencia, deberíamos preguntarnos cuánto control efectivo existe sobre quienes ya poseen ese poder.

El primer fusible

En todo este proceso hay además un actor particularmente expuesto: el policía y el penitenciario.

Las metáforas de fuerza pronunciadas arriba bajan por estructuras jerárquicas. “Patear la puerta”, detener delante de los hijos o mantener “el pie sobre la cabeza” pueden ser recursos retóricos para un dirigente político, pero quienes trabajan en la calle no intervienen sobre metáforas sino sobre personas. Si desde arriba se instala una pedagogía donde dureza equivale a eficacia, algunos pueden terminar creyendo que la violencia puede sustituir a la razón jurídica. Y cuando algo sale mal, el discurso queda arriba mientras el expediente empieza abajo.

Ahí aparece nuevamente el fusible policial y también nuestro Principio de Reciprocidad Institucional: el Estado que exige eficacia tiene la obligación de brindar órdenes claras, capacitación, controles, respaldo jurídico y límites precisos. No puede glorificar abstractamente la dureza y luego abandonar al último eslabón cuando esa dureza cruza el límite legal.

La verdadera línea

Pullaro sostiene que en Santa Fe “no se cruza ninguna línea”. Precisamente por eso tenemos derecho a preguntar dónde está.

Porque cuando se combinan expansión del poder punitivo, debilitamiento o descalificación de garantías, organismos judiciales con serios problemas de autocontrol, una Legislatura que acompaña ampliamente el rumbo del Ejecutivo, dispositivos cada vez más sofisticados de inteligencia y vigilancia y una retórica política basada en buenos y malos, ellos y nosotros, orden y enemigos, el ciudadano queda expuesto a una asimetría creciente frente al Estado.

No estamos afirmando que Santa Fe haya dejado de ser una democracia ni que Pullaro encabece un régimen autoritario. Hacerlo sería tan fácil como intelectualmente pobre.

La pregunta es anterior y más seria.

¿En qué momento la firmeza democrática empieza a transformarse en una concepción del poder donde aquello que lo limita comienza a ser visto con sospecha?

Una democracia puede tener un Estado fuerte. Puede perseguir duramente al crimen organizado, utilizar inteligencia, incorporar tecnología, decomisar bienes y encarcelar delincuentes después de procesos legales.

Lo que no puede hacer sin empezar a degradarse es considerar enemigos a quienes controlan, cuestionan o contradicen ese poder.

Porque cuando el Estado comienza a necesitar enemigos para explicar sus conflictos, la democracia empieza lentamente a perder ciudadanos.

Y quizá allí se encuentre finalmente la línea que estamos buscando.

“Quien quiera oír que oiga”