El fracaso como asunto personal

Expresiones como «agresión autoinfligida» o «muerte autoinfligida» pueden tener una utilidad técnica, pero también producen un efecto político: concentran la explicación del suicidio en la persona y dejan fuera del cuadro las condiciones laborales, institucionales y sociales. El sistema nunca fracasa; fracasa el individuo.

Hay palabras que permiten describir mejor una realidad y otras que, bajo una apariencia técnica o decorosa, ayudan a ocultarla. El eufemismo puede ser legítimo cuando busca evitar expresiones crueles o innecesariamente dolorosas. Se vuelve problemático cuando deja de proteger a las personas y empieza a proteger a las instituciones.

Se está extendiendo el uso de fórmulas como «agresión autoinfligida» o «muerte autoinfligida» para referirse al suicidio. Pueden resultar adecuadas en informes médicos o periciales, pero su traslado automático al lenguaje público no es neutral: al colocar el acento exclusivamente sobre la acción final de la persona, corren del centro de la escena todo lo que pudo haber rodeado y agravado su sufrimiento. En el caso de un policía o un penitenciario, la expresión no dice nada sobre sus jornadas, el acceso permanente a un arma, los recargos, la exposición cotidiana a hechos traumáticos, la presión jerárquica o el temor a pedir ayuda psicológica por las consecuencias que eso podría tener en su carrera.

El último acto queda registrado con precisión, mientras los años anteriores desaparecen del expediente.

Una explicación individual para un problema complejo

No corresponde sostener que cada suicidio policial sea consecuencia directa y exclusiva de la institución. El suicidio es un fenómeno complejo donde confluyen factores personales, familiares, económicos y sanitarios. Pero reconocer esa complejidad no libera al Estado de toda obligación de explicarse.

Cuando una persona presta servicio dentro de una organización armada, jerárquica y disciplinada, sometida a exigencias extraordinarias, el Estado tiene una responsabilidad especial sobre sus condiciones de trabajo y su salud. Esa responsabilidad no implica presumir culpabilidades penales, sino asumir el deber de investigar qué ocurrió, qué señales existieron y qué medidas podrían evitar que se repita. Cuando nada de esto se examina y el caso queda reducido a una «muerte autoinfligida», el término deja de ser una descripción y pasa a funcionar como una absolución burocrática.

Institucional cuando sirve, individual cuando cae

Existe una contradicción que no debería pasar inadvertida. Las fuerzas policiales y penitenciarias regulan horarios, destinos, licencias, ascensos, sanciones, portación de armas y buena parte de la vida de sus integrantes. Exigen disponibilidad, obediencia, disciplina y exposición al riesgo. El trabajador es parte inseparable de la institución mientras cumple órdenes y sostiene el servicio. Pero cuando se enferma, se quiebra o se suicida, su situación suele presentarse como un asunto privado. Aparecen entonces los «problemas personales», la «falta de adaptación» o la «agresión autoinfligida».

No puede reclamarse una pertenencia total mientras el agente resulta funcional y alegar una ajenidad absoluta cuando ya no puede continuar. Si el Estado exige deberes reforzados, también debe aceptar responsabilidades reforzadas. Esto no significa apropiarse de la vida privada del trabajador ni negar que existan conflictos ajenos al servicio: significa reconocer que las condiciones institucionales pueden proteger, agravar o precipitar situaciones de vulnerabilidad.

El peso de la sociedad del rendimiento

Este modo de trasladar la responsabilidad al individuo no es exclusivo de las fuerzas de seguridad. El filósofo Byung-Chul Han describió cómo la sociedad contemporánea ya no necesita organizarse solo mediante prohibiciones y castigos externos: el sujeto es inducido a pensarse como empresario de sí mismo, capaz de rendir siempre un poco más. Cuando alguien no alcanza los resultados esperados, deja de leer su situación como producto de una estructura excesiva y la interpreta como una deficiencia propia. Y cuando alguien se suicida, el sistema registra una muerte autoinfligida. La organización nunca exigió demasiado: fue el individuo quien no supo adaptarse.

Dentro de las fuerzas policiales esa lógica se agudiza: al agente se le exige obedecer, pero también mostrarse siempre disponible y resiliente. Si manifiesta agotamiento, el problema parece ser su incapacidad para administrar el descanso. Si pide ayuda psicológica, teme quedar bajo sospecha o perjudicar su carrera. La estructura conserva intactas sus exigencias y es el individuo quien debe modificarse indefinidamente para soportarlas.

Nombrar sin convertir en espectáculo

El lenguaje sobre el suicidio debe ser cuidadoso: no corresponde detallar métodos, romantizar la muerte ni transformar el dolor en espectáculo. Pero prudencia no es lo mismo que ocultamiento. Nombrar el suicidio con claridad no estigmatiza; al contrario, permite reconocer la gravedad del problema y desarrollar políticas específicas. No se trata de prohibir los términos «lesión» o «muerte autoinfligida» —pueden ser útiles en ámbitos técnicos—, sino de que dejen de funcionar como la única explicación pública cuando reemplazan toda investigación sobre las circunstancias.

Un cambio terminológico no es una política preventiva. Una categoría administrativa no contiene a una familia. Y ningún eufemismo puede absolver al Estado de su obligación de revisar lo ocurrido.

La prevención dentro de las fuerzas requiere equipos de salud mental independientes, atención confidencial, control de jornadas excesivas, intervención temprana ante señales de riesgo y mecanismos reales para denunciar hostigamiento sin temor a represalias. Pero ninguna de esas medidas alcanza mientras siga vigente una cultura que interpreta el pedido de ayuda como debilidad.

La expresión «muerte autoinfligida» puede ser técnicamente precisa, pero políticamente insuficiente. Detrás de ella puede esconderse una cultura que convierte el agotamiento en falta de resiliencia y las tragedias colectivas en derrotas individuales. Cuando esa red de contención desaparece, el individuo queda solo frente a exigencias que se presentan como oportunidades y, cuando finalmente cae, el sistema todavía pretende responsabilizarlo por no haber continuado rindiendo.

«Quien quiera oír que oiga»

(*) Periodista. Licenciado en Seguridad Pública y Ciudadana (Universidad Nacional de Chaco Austral -. UNCAUs). Autor de los libros Doctrina de la Sospecha Permanente (DSP),  «La Teoría del Foco y la Vara» (FyV), «El Principio de Reciprocidad Institucional» (PRI) ,«Gobernar mediante la sospecha». y «Ciudadanía de Segunda Clase (CSC)».

Facebook: Temática Seguridad

Linkedin: Martínez Alberto Rubén

Web: Temática Seguridad (Blogspot)

Web: Confianza Soberana – Teoría política en desarrollo

El libro, de distribución gratuita y sin fines comerciales, puede consultarse en formato digital aquí:

Descargar el libro

📘 >> Bajar libro gratis completo en formato PDF <<

Esta obra se distribuye bajo la licencia Creative Commons Atribución–No Comercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0).

Invitamos a todos nuestros lectores, al personal policial y sus familias a sumarse al canal oficial de APROPOL en WhatsApp, donde compartimos información actualizada, comunicados,    noticias y novedades de interés institucional.

Podés unirte de forma directa a través del siguiente enlace:
https://whatsapp.com/channel/0029VaAjYc1K5cDJMmGyyA15

25 AÑOS DE APROPOL NOTICIAS
“Información y algo más”

Hace 25 años nació un espacio pensado para informar con compromiso, independencia y cercanía.

Este año APROPOL Noticias celebra un cuarto de siglo acompañando a sus lectores, contando la realidad con la voz de quienes la viven y defendiendo el derecho a estar informados.

APROPOL  Noticias — 25 años de información y algo más.