Asignar a las fuerzas policiales la custodia de personas vinculadas al narcotráfico es un error que se ha repetido demasiadas veces en Argentina. En cada ocasión, el resultado ha sido el mismo: la línea entre la ley y el delito se vuelve difusa.
Por Alberto Martínez (*)
¿Quién protege a quién?
El reciente escándalo en la brigada motorizada de Rosario, donde varios policías fueron imputados por encubrir a una presunta vendedora de drogas, deja en evidencia una realidad que las autoridades parecen no querer ver: un policía con un salario que apenas roza la línea de pobreza es presa fácil de quienes manejan millones todos los días con la venta de drogas y otros ilícitos.
Los hechos expuestos por la fiscalía son graves. Según la versión fiscal, un grupo de agentes que comenzó custodiando el domicilio de una mujer tras una balacera terminó extorsionando, cobrando coimas millonarias y armando causas contra sus rivales. ¿Cómo se llegó a esto? Muy simple: porque el sistema sigue insistiendo en exponer a la policía a tentaciones que difícilmente pueda rechazar.
No se trata de justificar hechos de corrupción. Los delitos que se les achacan son gravísimos y de ser así deben ser castigados. Pero el problema es más profundo: cuando el Estado pone a la policía a custodiar narcos, le está dando la oportunidad de establecer lazos con el crimen organizado. Y cuando esos lazos se crean, romperlos se vuelve casi imposible.
El poder de la plata fácil
Un suboficial de la Policía de Santa Fe percibe un salario apenas por encima del salario mínimo. Su realidad cotidiana es trabajar jornadas extenuantes, enfrentar riesgos constantes y ser blanco de críticas permanentes desde la política, los medios y la sociedad. Mientras tanto, al otro lado de la línea, los narcotraficantes mueven cifras exorbitantes, disponen de recursos ilimitados y tienen la capacidad de comprar lealtades con solo deslizar un sobre.
El caso de la brigada motorizada no es el primero ni será el último. En distintos puntos del país, investigaciones judiciales han demostrado cómo policías que inicialmente actuaban como custodios de objetivos judicializados terminaron convertidos en cómplices o directamente empleados del narcotráfico. El deterioro salarial y la falta de reconocimiento profesional generan un escenario perfecto para que la plata sucia encuentre caminos fáciles.
Un efectivo mal pago, sin garantías laborales y con una carrera profesional en la que la única certeza es la precarización, no puede ser puesto en una posición donde su honestidad dependa únicamente de su integridad moral. No es una cuestión de valores individuales, es un problema estructural.
Custodia narco: la receta para la corrupción
El sistema insiste en repetir los mismos errores. Cada vez que la policía es asignada a la custodia de personas vinculadas al narcotráfico, se abre la puerta a relaciones que corrompen la función policial.
La lógica es clara: primero llega el “gracias por cuidarme”, después el “necesito un favor” y, finalmente, la complicidad total. Cuando un policía establece contacto constante con un narcotraficante, la frontera entre la legalidad y la ilegalidad comienza a desdibujarse. Si a eso se le suma un contexto de bajos salarios y falta de respaldo institucional, el resultado es el que vemos en Rosario y en tantas otras provincias.
Lo peor es que este problema es conocido por todos. No es casualidad que los escándalos de corrupción policial ligados al narcotráfico surjan, en su mayoría, en jurisdicciones donde los policías trabajan en condiciones indignas. Si los gobiernos realmente quisieran cortar con este círculo vicioso, la solución está al alcance de la mano: mejorar las condiciones laborales de la policía y prohibir que los efectivos custodien objetivos vinculados al narcotráfico.
La misma historia en los penales
Este fenómeno no se limita a la custodia de narcos en libertad. Situaciones similares ocurren con los policías que tienen la responsabilidad de vigilar a detenidos en penales y comisarías.
Los casos de corrupción en el Servicio Penitenciario y en unidades policiales con presos a cargo son moneda corriente. La estructura penitenciaria sobrecarga a la policía con tareas de custodia, exponiéndolos al poder del dinero de los reclusos, especialmente de aquellos ligados al crimen organizado. No es casualidad que las grandes bandas narco sigan operando desde las cárceles con teléfonos celulares y protección interna. Al igual que en las calles, en los penales el poder del narcotráfico se impone con dinero, y los policías mal pagos son el eslabón más débil.
El Estado no sólo los obliga a trabajar en condiciones indignas, sino que además los deja en una posición vulnerable ante las tentaciones del delito. La precarización es el caldo de cultivo ideal para la corrupción.
El riesgo de naturalizar lo inaceptable
El caso de Rosario es grave, pero lo más preocupante es que ya no sorprende. Nos hemos acostumbrado a que, cada tanto, surjan escándalos en los que policías aparecen involucrados en hechos de corrupción ligados al narcotráfico. Esa resignación es peligrosa, porque significa que estamos aceptando como algo inevitable lo que en realidad es evitable.
No hay misterio: si el Estado expone a la policía al poder corruptor del dinero narco, tarde o temprano algunos van a caer en la trampa. La solución no es la hipocresía del discurso de mano dura ni la indignación mediática pasajera, sino la construcción de un modelo de seguridad donde la ley no sea un privilegio, sino una garantía tanto para la sociedad como para quienes la hacen cumplir.
Cuando un policía cruza la línea y pasa a ser parte del problema en lugar de la solución, la pregunta que deberíamos hacernos no es solo por qué lo hizo, sino quién lo puso en una situación donde esa elección se volvió tan tentadora. Porque mientras sigamos exponiendo a la fuerza a la corrupción sin protegerla de la precarización, este será un ciclo que se repetirá una y otra vez.
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Y cuando la policía deja de ser confiable, la seguridad deja de existir.
¡Quien quiera oir que oiga!
(*) Licenciado en Seguridad Pública y Ciudadana por la Universidad Nacional del Chaco Austral (UNCAUS), ex oficial de la Policía de la Provincia de Santa Fe, dirigente gremial policial y periodista. Fundador y editor de APROPOL Noticias
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