Seis agentes de la brigada motorizada, una médica policial y dos civiles fueron imputados en una compleja audiencia judicial. Según la fiscalía, los policías protegían a una vendedora de drogas y extorsionaban a un presunto traficante de armas.
Una investigación que destapa un entramado oscuro
La audiencia judicial celebrada este martes en el Centro de Justicia Penal de Rosario expuso un entramado de corrupción dentro de la brigada motorizada. Un oficial, cinco suboficiales, una médica policial y dos civiles fueron imputados por su presunta participación en procedimientos irregulares destinados a beneficiar a una vendedora de drogas del barrio Parque Casas.
Según la teoría de los fiscales Pablo Socca y Karina Bartocci, los policías involucrados –el oficial Marcelo Borovachi y los suboficiales Jesús Soria, Dylan Pérez, Lucila Bellizzi, Ricardo Font y Rodrigo Ramírez– habrían utilizado su poder para favorecer a Sandra Álvarez, una presunta narcotraficante a la que conocieron tras custodiar su domicilio luego de una balacera. La investigación reveló maniobras de encubrimiento, extorsión, coimas millonarias y hasta torturas a detenidos.
Corrupción al servicio de una “transera”
El inicio de esta trama se remonta a julio del año pasado, cuando el domicilio de Sandra Álvarez fue atacado a balazos. A raíz de este hecho, un juez ordenó la custodia policial de su vivienda, tarea que quedó en manos de la brigada motorizada. A partir de allí, la mujer estableció una relación de confianza con el suboficial Soria, quien se convirtió en su contacto frecuente dentro de la fuerza.
El vínculo entre la presunta narcotraficante y los policías derivó en una operación irregular el 18 de noviembre pasado, cuando Álvarez les dio información sobre un supuesto traficante de armas, Rubén “Rana” Gusmaroli. Siguiendo la pista, el suboficial Pérez se hizo pasar por comprador, acordó una entrega y, cuatro días después, Gusmaroli cayó en la trampa.
Sin embargo, en lugar de proceder con la detención formal, los agentes se quedaron con las armas y exigieron una coima de dos millones de pesos para liberar al acusado. Además, según la investigación, informaron oficialmente el secuestro de una sola pistola, cuando en realidad eran dos, quedándose con el arma restante cuyo destino es aún desconocido.
Los fiscales exhibieron una conversación en la que Soria le comenta a Álvarez sobre la detención de Gusmaroli y le dice: “Lo dejé libre. Metí en cana al otro. Igual, nos hicimos amiguitos. A ver si el loco se pone la 10 con nosotros y nos tira alguna data”.
Extorsión y amenazas
La situación escaló cuando, según la fiscalía, el suboficial Soria decidió presionar aún más a Gusmaroli. Primero intentó contactarlo por WhatsApp, pero al no recibir respuesta, fue directamente hasta su casa. Allí, le exigió 20 millones de pesos a cambio de no proporcionar información que pudiera llevar a su detención. La presión sobre el presunto traficante de armas mostraba cómo los agentes operaban fuera de la ley en beneficio propio según los fiscales.
Abuso de autoridad y armado de causas
El segundo procedimiento irregular ocurrió el 27 de enero, cuando la brigada detuvo a una mujer de 72 años y a un hombre de 31, a quienes vincularon con la venta de drogas para la banda de Marcelo “Frentudo” Fernández, rival de Sandra Álvarez.
Según la acusación, la suboficial Bellizzi sacó nueve envoltorios de cocaína de su chaleco y los “plantó” en la anciana para justificar su detención. En tanto, el suboficial Pérez golpeó con un bastón al otro detenido, lo tiró al piso y le pisó las manos para obtener información sobre el comercio de drogas en la zona.
Ambos fueron trasladados a la comisaría 10ª bajo el pretexto de una averiguación de antecedentes, pero en realidad quedaron ilegalmente detenidos. Para agravar la situación, en la seccional la médica de policía Mara Romano falseó un informe forense, asegurando que el hombre no tenía lesiones visibles, cuando en realidad fue golpeado brutalmente, algo que se confirmó 19 días después en un nuevo examen forense.
El relato del detenido refuerza la denuncia: “Seguí aguantando que te voy a quebrar las piernas”, le habría dicho Pérez mientras lo golpeaba.
Un desenlace tardío para las víctimas
Las víctimas pasaron 17 días privadas de su libertad hasta que, en una nueva audiencia, se ordenó su liberación y se archivó el caso por falta de pruebas reales.
Mientras tanto, los policías implicados enfrentan una acusación que podría derivar en duras sanciones y penas de prisión. El juez Hernán Postma hizo lugar a la imputación y resolvió pasar a un cuarto intermedio hasta el próximo martes.
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