Amenazas dirigidas a dos ex jefes de la PDI y de Trata de Personas reactivan sospechas de espionaje político sin control en Santa Fe.
Por El Espía
Un artefacto explosivo inactivo y un mensaje mafioso aparecieron en las últimas horas frente a la puerta de la Comisaría 1ª de Villa Constitución. El escrito estaba dirigido a dos figuras de alto perfil en la historia reciente de la Policía de Investigaciones (PDI): Diego B. y Mónica V., ex jefes de las divisiones de Drogas Peligrosas y Trata de Personas, respectivamente.
Amenaza mafiosa en Villa Constitución: una granada y un mensaje directo contra ex jefes policiales
Dos nombres que reaparecen en el radar
Diego B. fue uno de los jefes de la antigua división de Drogas Peligrosas dentro de la PDI en la década pasada. Su apellido resuena también por la trayectoria de su hermano, que se desempeñó como jefe una Unidad Regional. Por su parte, Mónica V. dirigió la Agencia de Investigación sobre Trata de Personas (AITP) y es recordada también por su paso por la Escuela de Cadetes y su vínculo con otros cuadros destacados de su promoción hoy reincidente en el área de inteligencia.
Según información exclusiva que pudo obtener EL ESPÍA, las amenazas no estarían relacionadas con el pasado de estos ex funcionarios, sino con sus actividades actuales, que se mantienen en un terreno de alta reserva y conflicto institucional.
El regreso del espionaje político en Santa Fe
Fuentes vinculadas al sistema de seguridad señalan que tanto B. como V. continuarían operando en tareas encubiertas vinculadas al espionaje político, con aval del actual gobierno provincial. El señalamiento más grave: estaría en funcionamiento una nueva SIDE santafesina —sin denominación formal— que opera sin control legislativo ni judicial, replicando prácticas que ya generaron escándalos durante la gestión de Marcelo Saín y que hoy parecen reactivarse bajo una nueva cobertura política.
El caso tiene un antecedente inquietante: la causa judicial abierta contra el exministro Saín por presunto espionaje ilegal sigue “planchada”, protegida por pactos de silencio y acuerdos de impunidad que bloquean su avance en tribunales.
¿Quién los identificó? ¿Quién los amenazó?
En medio del hermetismo oficial, surgen nuevas preguntas:
- ¿Cómo fue que los autores de la amenaza identificaron a Diego B. y Mónica V. como objetivos específicos?
- ¿Cuentan con información interna?
- ¿Hay más “informantes” infiltrados en las áreas sensibles del Estado, como ocurrió recientemente con la empleada del 911 que habría facilitado datos clave a bandas delictivas?
La posibilidad de que se haya filtrado información desde los propios organismos oficiales refuerza la hipótesis de una estructura clandestina de inteligencia que no sólo espía, sino que además ejerce presión y amenaza a quienes participan o conocen esas maniobras.
¿Por qué en Villa Constitución?
La elección de Villa Constitución como escenario de la amenaza no fue casual. Se trata de una ciudad estratégica, a medio camino entre Rosario y el sur provincial, con fuerte presencia industrial, sindical y policial. No es epicentro de escándalos mediáticos, pero sí territorio de paso de muchos cuadros de la PDI, incluidos los mencionados en el mensaje. Dejar una granada frente a una comisaría en ese lugar funciona como advertencia quirúrgica: sin ruido nacional, pero con alto impacto dentro del sistema. Es un mensaje interno que dice, sin decir: “sabemos dónde están, seguimos mirando, y también podemos llegar”. Al elegir ese punto, los autores muestran que conocen los movimientos de sus destinatarios, que no improvisan, y que —como todo acto mafioso— buscan incomodar más que dañar, exponer más que eliminar.
¿Quién controla a los que espían?
Las preguntas se multiplican. ¿Quiénes integran esta estructura paralela? ¿A quién responden? ¿Con qué recursos operan? ¿Cuál es su objetivo? Desde APROPOL Noticias y EL ESPÍA venimos solicitando información pública sobre esta “nueva SIDE santafesina”, sin obtener hasta ahora respuestas por parte del gobernador Maximiliano Pullaro ni de la vicegobernadora Gisela Scaglia, responsables institucionales del área de Inteligencia según lo establece la Ley 14.246.
El silencio oficial alimenta las sospechas. No solo por la gravedad del hecho en Villa Constitución, sino porque se está naturalizando el uso del aparato estatal para controlar a los propios ciudadanos. Un escenario que, de confirmarse, pone en riesgo la vigencia plena del Estado de Derecho en Santa Fe.
Desde esta redacción reiteramos: el espionaje político es incompatible con la democracia. Y más aún cuando se hace con fondos públicos, sin control, y en nombre de la “seguridad”.
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APROPOL Noticias