La Fiscalía avanzó con pedidos de condena de fuerte impacto en la causa por el presunto fraude con combustibles policiales en la Unidad Regional II de Rosario.
Las penas solicitadas alcanzan hasta 14 años de prisión y consolidan la hipótesis de una estructura organizada para el desvío de fondos públicos destinados al abastecimiento de móviles policiales.
Sin embargo, mientras la investigación profundiza sobre el supuesto mecanismo de extracción de dinero estatal mediante cargas ficticias, retornos y maniobras administrativas, todavía no aparece una línea clara orientada a reconstruir la denominada “ruta del dinero”: es decir, quiénes terminaron beneficiándose económicamente del circuito investigado y qué otros actores —civiles o estatales— podrían haber participado fuera de la estructura policial.
Los pedidos de condena
Según trascendió en la acusación fiscal, las penas requeridas son las siguientes:
- Acosta: 12 años de prisión.
- Domínguez: 14 años.
- Salcedo: 7 años.
- Santamaría: 7 años.
- Pigozzi (BOU): 8 años.
- Blanco (Logística): 6 años y 6 meses.
- Bahl: 5 años.
- Luna (CGI): 5 años.
- Sandoval: 4 años y 6 meses.
- Roldán: 4 años y 6 meses.
En tanto, los imputados:
- Ramírez
- López
- Delgado
aparecen bajo la figura de imputados colaboradores o “arrepentidos”, por lo que sus situaciones procesales y eventuales pedidos de pena todavía no fueron determinados públicamente.
Una estructura jerárquica
La escala de penas permite observar cómo la Fiscalía construyó su teoría del caso.
Los pedidos más elevados —14 y 12 años— recaen sobre quienes serían considerados organizadores o jefes de la presunta asociación ilícita. En cambio, las penas menores corresponden a supuestos participantes secundarios o engranajes periféricos dentro del esquema.
La acusación no describe un mero desorden administrativo ni irregularidades aisladas, sino una presunta organización con:
- reparto de funciones,
- manejo sistemático de fondos,
- utilización irregular de tarjetas Visa Flota,
- retornos económicos,
- y participación coordinada de distintas áreas policiales.
Por eso las figuras penales atribuidas tendrían un peso importante:
- asociación ilícita,
- peculado,
- defraudación contra la administración pública,
- y posibles hechos de cohecho.
La clave ausente: la ruta del dinero
Aunque la investigación avanzó sobre el supuesto desvío de combustible y fondos públicos, hasta ahora no parece existir una pesquisa profunda sobre el destino final del dinero generado por las maniobras.
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Ese punto comienza a generar interrogantes dentro y fuera del ámbito judicial.
Porque si existió durante años un sistema sostenido de:
- cargas ficticias,
- sobrefacturación,
- circulación de efectivo,
- retornos periódicos,
- y participación empresarial, la pregunta inevitable es: ¿Quién administraba finalmente esos recursos?
La causa describe el mecanismo de extracción de dinero, pero todavía no expone con claridad el circuito financiero posterior.
Más allá de la Policía
Distintos sectores advierten que una investigación integral podría eventualmente involucrar responsabilidades ajenas al ámbito estrictamente policial.
Los sistemas de abastecimiento de combustible, logística y rendiciones administrativas dependen también de:
- controles presupuestarios,
- mecanismos de auditoría,
- autorizaciones administrativas,
- supervisión política,
- y empresas privadas proveedoras.
Por eso, algunos observadores sostienen que seguir la ruta del dinero podría abrir nuevas líneas investigativas vinculadas a:
- actores civiles,
- estructuras empresariales,
- áreas administrativas,
- y eventualmente funcionarios no policiales relacionados con el Ministerio de Seguridad u organismos de control.
Una causa que excede la “nafta”
El volumen de las penas solicitadas refleja que la Fiscalía considera que el caso excede ampliamente un simple fraude con combustible.
La acusación apunta a demostrar la existencia de una estructura de corrupción organizada dentro de la Policía rosarina, con funcionamiento estable y distribución jerárquica de beneficios económicos.
Sin embargo, en delitos complejos de corrupción estatal, muchas veces la verdadera dimensión del entramado aparece recién cuando la investigación avanza sobre el patrimonio, los movimientos financieros y los beneficiarios finales del dinero presuntamente desviado.
Y esa etapa, por ahora, todavía parece pendiente.
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(*) Periodista. Corresponsal en Rosario.
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