Alberto Martínez, advirtió en Radio Liberada sobre el cerco mediático, el uso ilegal del sistema de inteligencia, el desgaste del personal y una política de seguridad subordinada al poder político.
Por Rubén Pombo
En una extensa y contundente entrevista brindada a Radio Liberada de Casilda, el secretario general de APROPOL, Alberto Martínez, trazó un diagnóstico alarmante sobre la situación de la seguridad pública en la provincia de Santa Fe y el estado en que se encuentra la fuerza policial bajo la gestión de Maximiliano Pullaro y Pablo Cococcioni.
Desde el inicio, Martínez destacó el rol que viene cumpliendo APROPOL para romper el cerco mediático impuesto por el oficialismo. “Hay medios abonados a la pauta oficial que no cuentan lo que pasa. Nosotros tratamos de mostrar lo que otros silencian”, afirmó, y recordó que el presupuesto 2026 prevé 46 mil millones de pesos en propaganda oficial, una cifra que calificó como “compra de conciencias y alquiler de silencios”.
Advertencias que se repiten, gobiernos que no escuchan
Martínez señaló que muchas de las situaciones actuales ya se vivieron en otros momentos críticos, como en 2005 o 2013, cuando el deterioro laboral y operativo comenzó a mostrar consecuencias graves. “Lanzamos alertas, pero siempre hay oídos sordos”, sostuvo, y remarcó que hoy vuelven a aparecer indicadores preocupantes: protestas penitenciarias, aprietes al personal, amenazas de traslados y ausencia total de respuestas institucionales.
En ese marco, recordó que el personal del Servicio Penitenciario lleva más de un año gestionando expedientes con reclamos formales, sin recibir ni siquiera una contestación. “Es un gobierno con muy poca vocación democrática y una deriva autoritaria cada vez más marcada”, denunció.
El sistema de inteligencia, fuera de control
Uno de los ejes más delicados del reportaje fue la crítica al Sistema de Inteligencia Provincial, creado por ley y operado a través de la Central de Operaciones (CIOPE). Martínez advirtió que se trata de un aparato cuasi legal, utilizado para “hacerle los mandados al poder”.
Recordó que este sistema tiene prohibido realizar detenciones, pero sin embargo se lo vio actuando operativamente, incluso con efectivos identificados como inteligencia en procedimientos policiales. “Hoy lo usan contra un narco buscado; mañana puede ser contra cualquier ciudadano”, alertó.
A esto sumó la falta absoluta de controles democráticos: comisiones legislativas incompletas o inactivas y ausencia total de control sobre los gastos reservados. “Está todo descontrolado”, afirmó.
La política detrás de la crisis policial
Martínez fue claro al señalar que la corrupción y el deterioro policial no son solo un problema de la fuerza, sino una decisión política. Recordó las condenas a exjefes policiales como Grau, Odriozola y Tognoli, y cuestionó la falta de autocrítica de los gobiernos que los designaron.
¡TODOS SE HICIERON LOS BOLUDOS! gobiernos que no controlaron, gobiernos que fueron socios
“El jefe de policía es un jefe político. Alguien lo nombra”, remarcó, y denunció que mientras se compran patrulleros nuevos, hay móviles tirados y otros que no pueden circular porque se les redujo un 50% el cupo de combustible.
Medios comprados y relato oficial
Otro punto central fue la relación entre jefaturas policiales y medios locales. “Hay medios que publican notas hasta cuando inflan la goma de un patrullero”, ironizó, y describió un esquema donde la información se usa para enmascarar la recaudación, la ineficacia y el delito.
En ese contexto, llamó a la ciudadanía a hacer su propio balance sobre el rol de periodistas, militantes y dirigentes que sostienen el relato oficial mientras la realidad empeora.
Denuncias internacionales y advertencias penales
Martínez reveló que denuncias contra la gestión Pullaro llegaron al Comité contra la Tortura de la ONU, incluyendo cuestionamientos al sistema de inteligencia provincial. En ese marco, lanzó una advertencia directa a los efectivos involucrados: “Se están prestando a delitos que no prescriben. Ya vimos esto en otros momentos de la historia”.
Sin pertenencia, sin identidad
La entrevista también abordó la despersonalización deliberada de la fuerza: actos sin uniformes por falta de provisión, comisarías nuevas sin mástil, demolición de edificios históricos y eliminación de símbolos tradicionales. “Nos sacaron la camiseta”, sintetizó Martínez.
Recordó que antes ser policía implicaba honor, solidaridad y espíritu de cuerpo, valores que hoy fueron reemplazados por la sospecha permanente, el castigo selectivo y la competencia interna. “Hoy, por levantar la voz contra la corrupción, terminás echado o cobrando la mitad de tu sueldo si pasas a disponibilidad”, afirmó.
Una seguridad sin trabajadores cuidados
Finalmente, Martínez concluyó que sin salarios dignos, sin condiciones de trabajo adecuadas y con un manoseo permanente del personal, no puede haber seguridad pública de calidad. “Cumplimos en avisar”, cerró.
Desde APROPOL reiteramos que no hay seguridad posible sin trabajadores respetados, ni democracia compatible con sistemas de inteligencia fuera de control. El silencio oficial frente a estas denuncias no hace más que confirmar la gravedad de lo expuesto.
APROPOL Noticias
¿Nadie ha roto el hielo todavía?
Tu opinión es importante para nosotros. Sé la primera persona en dejar un comentario.
Empezar conversación ahora