La cena de la Fundación de la Familia Policial desdibujó su perfil solidario

La convocatoria de más de 700 referentes políticos, empresariales, judiciales y mediáticos convirtió una cena benéfica en una demostración de poder de convocatoria. El acto reabre preguntas que ya planteamos en abril sobre la relación entre asistencia, derechos y lealtades.

La Fundación de la Familia Policial de la Ciudad de Buenos Aires volvió a ocupar el centro de la escena, esta vez por una cena en La Rural que, según informó La Política Online, convocó a más de 700 personas. Compartieron el encuentro dirigentes del PRO, La Libertad Avanza y el peronismo, además de empresarios, jueces, funcionarios y directivos de medios.

La reunión fue presentada como una cena solidaria para recaudar fondos destinados a las familias policiales. Sin embargo, por la amplitud y diversidad de la convocatoria, el acto adquirió una dimensión política que desdibujó su perfil exclusivamente asistencial. LPO señaló que la capacidad de convocatoria de Genoveva Ferrero, presidenta de la Fundación y administradora del Poder Judicial porteño, alimentó especulaciones sobre una eventual proyección política. Durante la cena también se anunció la creación de un jardín maternal para hijos de policías, previsto para marzo.

En abril, cuando se inauguró la sede de la Fundación ante más de 300 invitados, analizamos el alcance de esa iniciativa y planteamos interrogantes sobre el vínculo entre asistencia, poder y representación policial. El nuevo acto no prueba que exista un intercambio de ayuda por apoyo político, pero sí confirma que la Fundación se ha convertido en un espacio de articulación entre actores de distintos ámbitos y sectores partidarios.

La asistencia a las familias policiales es necesaria y puede responder a necesidades concretas. La cuestión es qué lugar ocupa cuando los salarios y las condiciones de vida obligan a buscar fuera del Estado respuestas que deberían estar garantizadas mediante derechos y políticas públicas. Si la ayuda depende de decisiones particulares, puede generar relaciones de gratitud y lealtad que debiliten la autonomía de quienes la necesitan.

Por eso, la solidaridad debe acompañarse de reglas claras: transparencia sobre el financiamiento, criterios públicos para asignar beneficios, rendición de cuentas y garantías de que la asistencia no sustituya derechos laborales ni quede asociada a adhesiones o silencios. Cuidar a las familias policiales es una obligación legítima; ese cuidado no debe convertirse en una forma de dependencia.