Después de más de cuatro meses de espera, el Gobierno de Santa Fe respondió con evasivas a una solicitud de acceso a la información pública presentada en el marco de la Ley 12.510. LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO DE SANTA FE AUSENTE Y SIN AVISO.
Por Alberto Rubén Martínez (*)
Desde enero de este año, en la provincia de Santa Fe está vigente la Ley 14.246, que crea el Sistema de inteligencia y análisis para la prevención del delito. Fue presentada como un avance institucional sin precedentes: una norma que, por primera vez en el país, regula la actividad de inteligencia criminal a nivel provincial. Sin embargo, seis meses después, la estructura está operativa —lo ha confirmado el propio gobierno en comunicados oficiales—, pero no cuenta con ningún control legislativo real. El corazón institucional que debía garantizar la transparencia, la Comisión Bicameral, nunca fue conformado.
- Tema: Sistema de Inteligencia Criminal
Ingresado: 01/04/2025 – Respuesta no satisfactoria el 05/05/25
Dependencia: Ministerio de Justicia y Seguridad
Un aparato activo sin rendición de cuentas
El 31 de marzo de 2025, presenté formalmente un pedido de acceso a la información pública al Ministerio de Justicia y Seguridad, conforme a la Ley Provincial 12.510. La solicitud incluía aspectos básicos: organigramas, protocolos, autoridades designadas, presupuestos y, entre otras cosas, si se había presentado algún plan de trabajo ante la Comisión Bicameral prevista en el artículo 10 de la ley. Todo ello con el fin de contribuir a la transparencia y a la evaluación pública de las políticas de seguridad.
La respuesta llegó el 3 de julio. Fue categórica: rechazo total del pedido. Alegaron que la información está protegida por las excepciones previstas en la Ley Nacional 27.275, la Ley Provincial 14.256 y el Decreto 692/09. Se escudaron en que revelar esos datos “podría comprometer la seguridad pública”.
CUATRO MESES DESPUÉS: Esto respondieron. Una burla.
No todo lo pedido era confidencial
Hasta ahí, uno podría debatir si corresponde o no clasificar cierta información. El problema es que ni siquiera se dignaron a responder lo más elemental y no confidencial:
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¿Está conformada la Comisión Bicameral?
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¿Quiénes la integran?
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¿Se ha reunido alguna vez?
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¿Se presentó algún plan anual, como exige la ley?
Estas preguntas no implican ningún riesgo para la seguridad pública, y su negativa a responder denota una vocación deliberada de opacidad institucional. Si el aparato funciona, pero no hay comisión de control, entonces la ley se cumple en su forma pero se viola en su espíritu. No hay legalidad sin control.
El circuito cerrado que se vigila a sí mismo
El 7 de abril, recurrimos a la Cámara de Senadores. La respuesta fue desconcertante: nos informaron que no podían responder porque el pedido se había hecho “por la vía equivocada” (Decreto 692/09, que no aplica al Poder Legislativo). Ni una palabra sobre si la Comisión está conformada, ni una vía alternativa ofrecida. Desde entonces: silencio total.
Mientras tanto, el gobierno ha confirmado públicamente que este aparato de inteligencia ya está operando, participando en acciones anunciadas como parte de su estrategia de seguridad. Es decir, no hablamos de una hipótesis o un proyecto en implementación: el sistema está en marcha, sin control legislativo, sin transparencia presupuestaria y con funciones que involucran datos sensibles, convenios con otros organismos y fondos reservados.
El caso de la Defensoría: un garante que no garantiza
Lo más grave es que tampoco se ha contado con el respaldo institucional de quienes deberían defender los derechos ciudadanos. La Defensoría del Pueblo de la Provincia de Santa Fe, a la que recurrimos formalmente, se limitó a recibirnos mediante una coordinadora legal, pero no hizo absolutamente nada. Ni un pronunciamiento, ni una actuación oficiosa, ni siquiera una gestión interna.
Su pasividad frente a una situación que atenta contra el derecho humano de acceso a la información pública la convierte en cómplice institucional por omisión. En lugar de ser contrapeso, se ha convertido en parte del silencio oficial.
Cuando el secreto reemplaza al derecho
Esta no es una excepción. La misma actitud de cierre, reserva y evasión se repite en otros expedientes: casos de suicidios policiales, detenciones arbitrarias de ciudadanos bajo el artículo 10 bis, denuncias de violencia institucional. Ninguna de estas solicitudes fue respondida con seriedad. Así no se construye política pública: se encubre la realidad.
Hablan de prevención, pero cercenan el conocimiento necesario para prevenir. Hablan de institucionalidad, pero bloquean los mecanismos que le dan legitimidad a las instituciones. Hablan de transparencia, pero responden con oscuridad ante cada expediente que incomoda.
Lo que está en juego
Exigimos la inmediata constitución de la Comisión Bicameral establecida por la Ley 14.246 y la publicación del estado de implementación del sistema de inteligencia provincial. No puede haber democracia con zonas grises. Donde hay secretos sin control, hay riesgo de abuso.
El verdadero problema no es que haya un sistema de inteligencia. El verdadero problema es que funciona sin reglas claras, sin control externo y con total impunidad institucional. Y eso, en una democracia, no se llama prevención del delito: se llama poder sin ley.
¡Quien quiera oir que oiga!
(*) Periodista. Licenciado en Seguridad Pública. Especialista en seguridad y derechos laborales de los trabajadores policiales y penitenciarios.
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