Alejandro Sarubbi Benítez lo planteó entre risas para el conurbano bonaerense. El antecedente peruano demuestra que el horror no pertenece a la ciencia ficción. El Colegio de Abogados de la Capital Federal citó a audiencia disciplinaria al influencer libertario por denuncias de violencia verbal, amenazas y escraches en redes sociales, lo que podría derivar en su inhabilitación profesional.
Después de que un abogado libertario propusiera esterilizaciones masivas para el conurbano bonaerense, hasta militantes del propio espacio nos escribieron para confirmar si las declaraciones eran verdaderas. Lo eran. Y la historia latinoamericana demuestra que una idea semejante ya fue convertida en política de Estado: ocurrió durante el gobierno de Alberto Fujimori y destruyó la vida de cientos de miles de mujeres y de comunidades enteras.
Cuando publicamos que el abogado libertario de origen paraguayo Alejandro Sarubbi Benítez (que estudio en la UBA «con la nuestra» como les gusta decir a ese sector) había propuesto esterilizar personas, cercar el conurbano bonaerense con francotiradores y bombardearlo con napalm, las primeras reacciones fueron de incredulidad.
Algunos lectores pensaron que se trataba de una exageración periodística. Otros buscaron el video para comprobarlo. Incluso militantes libertarios se comunicaron con nosotros públicamente y por privado para preguntarnos si las declaraciones eran verdaderas.
No podían creerlo.
Y es comprensible. En una sociedad que todavía conserva cierta noción de humanidad, cuesta aceptar que alguien pueda presentar entre risas la esterilización de una población como una posible política estatal.
Pero las declaraciones existieron. Fueron pronunciadas en un programa, delante de otras personas que acompañaron el intercambio con carcajadas, comentarios sobre el color de la piel y una supuesta selección arbitraria de quienes tendrían derecho a salvarse.
Lo verdaderamente inquietante es que tampoco se trata de una fantasía desconocida. En América Latina, un Estado ya aplicó durante los años noventa un programa masivo de esterilizaciones dirigido especialmente contra mujeres pobres, rurales, campesinas e indígenas.
Ocurrió en Perú, durante el gobierno de Alberto Fujimori.
El horror convertido en política sanitaria
Entre 1996 y 2000, el régimen fujimorista ejecutó el Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar. Bajo el lenguaje aparentemente técnico de la lucha contra la pobreza, la planificación familiar y la anticoncepción quirúrgica, se desarrolló una intervención estatal masiva sobre los cuerpos de mujeres pertenecientes a los sectores más vulnerables.
Las cifras varían según la fuente y el criterio utilizado. Los registros oficiales citados en investigaciones internacionales contabilizaron alrededor de 270.000 mujeres y 22.000 hombres sometidos a esterilizaciones quirúrgicas. Estudios posteriores señalaron que decenas de miles no recibieron información suficiente sobre el carácter irreversible del procedimiento.
En 2024, el Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer sostuvo que más de 300.000 mujeres, principalmente rurales e indígenas, fueron esterilizadas forzosamente, frente a aproximadamente 25.000 hombres. El organismo calificó lo ocurrido como violencia basada en el sexo y discriminación interseccional contra mujeres pobres, campesinas e indígenas. Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
No todas las intervenciones fueron realizadas mediante el mismo mecanismo. Hubo mujeres que denunciaron haber sido engañadas, presionadas, amenazadas o trasladadas sin comprender qué operación les practicarían. Otras firmaron documentos escritos en un idioma que no podían leer. También existieron testimonios sobre condicionamiento de alimentos, atención médica o documentación de sus hijos.
Detrás de las diferencias estadísticas existe una certeza imposible de relativizar: el Estado peruano ejecutó una política masiva que afectó desproporcionadamente a mujeres empobrecidas, rurales e indígenas y anuló, en numerosos casos, su autonomía reproductiva.
No fueron números: fueron vidas destruidas
Una esterilización forzada no termina cuando finaliza la cirugía. Sus consecuencias atraviesan el cuerpo, la identidad, las relaciones familiares y el proyecto de vida.
Muchas mujeres denunciaron dolores permanentes, infecciones, incapacidad para trabajar y falta de atención posoperatoria. Algunas fueron abandonadas por sus parejas, que las acusaron de haber tomado secretamente la decisión. Otras sufrieron rechazo dentro de comunidades en las que la maternidad ocupaba un lugar central.
Hubo quienes jamás comprendieron plenamente qué les habían hecho porque solamente hablaban quechua y el procedimiento les fue explicado —cuando se les explicó— en castellano.
También hubo muertes.
Celia Edith Ramos Durand, una mujer de Piura, fue sometida a una esterilización en julio de 1997. Sufrió un paro cardiorrespiratorio, quedó en coma y murió 19 días después sin haber recibido una atención médica adecuada.
En una sentencia dictada el 25 de noviembre de 2025 y difundida públicamente en marzo de 2026, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró responsable al Estado peruano por la esterilización forzada y la muerte de Celia. El tribunal determinó que el programa operó como una política estatal dirigida especialmente hacia mujeres rurales, indígenas y en situación de pobreza. Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La Corte estableció algo elemental que, sin embargo, fue pisoteado durante años: toda esterilización requiere un consentimiento previo, libre, pleno e informado. Sin ese consentimiento, el Estado no presta un servicio sanitario. Ejerce violencia sobre el cuerpo de una persona.
Primero se construye al ser humano descartable
El programa peruano no apareció de la nada. Antes fue necesario instalar una idea: que la pobreza no debía combatirse transformando las condiciones sociales, sino reduciendo la cantidad de pobres.
Ese desplazamiento es decisivo.
Cuando una sociedad deja de preguntarse por qué existen la desigualdad, el abandono y la marginalidad, puede terminar responsabilizando a quienes las padecen. El pobre deja de ser una persona cuyos derechos fueron vulnerados y comienza a ser presentado como una amenaza que se reproduce.
Después llega el paso siguiente: si el problema es que los pobres tienen hijos, la solución ya no será la justicia social, el empleo, la vivienda, la educación o la salud. Será intervenir sobre su capacidad reproductiva.
Así se construye una política eugenésica sin necesidad de llamarla eugenesia. Se habla de planificación, eficiencia, modernización y lucha contra la pobreza. El vocabulario administrativo limpia la superficie mientras el poder estatal decide quién debería tener descendencia y quién no.
En Perú, la vara cayó principalmente sobre mujeres que reunían varias condiciones de vulnerabilidad: eran pobres, campesinas, indígenas, vivían lejos de los centros urbanos, no hablaban castellano o dependían de la asistencia estatal.
No fueron elegidas porque el sistema sanitario quisiera garantizarles mayor libertad. Fueron seleccionadas porque tenían menos posibilidades de defenderse.
Sarubbi no inventó esa monstruosidad
No estamos afirmando que las declaraciones de Sarubbi Benítez constituyan una política oficial del Gobierno argentino. Tampoco corresponde sostener que una frase pronunciada en un programa equivale automáticamente a un plan estatal.
Pero sería irresponsable ignorar el antecedente histórico.
Cuando alguien propone esterilizaciones masivas para una población a la que previamente describe como culturalmente irrecuperable, no está creando una provocación original. Está reproduciendo una lógica conocida: transformar la pobreza en una condición biológica y al pobre en un sujeto cuya reproducción debería ser controlada.
Tampoco es casual que la propuesta haya sido acompañada por otras dos imágenes: el encierro territorial mediante un muro custodiado por francotiradores y el bombardeo cotidiano con napalm.
Las tres alternativas parten de la misma premisa: existen personas cuya vida vale menos y un poder que podría decidir arbitrariamente quién merece salvarse.
Esterilización, confinamiento y exterminio no son ocurrencias independientes. Forman parte de una misma arquitectura de deshumanización.
La risa no vuelve inocente al horror
Podrán decir que se trató de humor negro. Podrán invocar la provocación, la incorrección política o los códigos propios del streaming. Podrán acusar a quienes cuestionan estas expresiones de no comprender una ironía.
Nada de eso modifica lo esencial.
En Perú también se utilizó un lenguaje que buscaba volver aceptable lo inaceptable. No se hablaba públicamente de mutilar a mujeres pobres. Se hablaba de salud reproductiva, control demográfico y lucha contra la pobreza.
Las mayores atrocidades políticas rara vez se presentan inicialmente con su verdadero nombre. Necesitan eufemismos, funcionarios obedientes, especialistas dispuestos a justificar y una sociedad acostumbrada progresivamente a considerar que determinados seres humanos constituyen una carga.
La risa cumple una función parecida. Reduce la resistencia moral. Convierte el horror en entretenimiento. Hace que la siguiente expresión extrema parezca un poco menos grave que la anterior.
Por eso la reacción social importa. No para perseguir penalmente una opinión ni para crear contravenciones ambiguas, sino para impedir que la crueldad se normalice.
Cientos de miles de cuerpos y una herida nacional
No sería rigurosamente correcto afirmar, sin aclaraciones, que existe una cifra definitivamente establecida de 350.000 mujeres esterilizadas forzosamente. Las fuentes ofrecen números diferentes y distinguen entre intervenciones realizadas, falta de información, coacción y víctimas registradas.
Pero la discusión estadística no reduce la magnitud del crimen.
Los datos oficiales hablan de cientos de miles de procedimientos. El Comité de la ONU se refirió a más de 300.000 mujeres esterilizadas forzosamente. Miles presentaron testimonios y solicitaron ser reconocidas como víctimas. La CIDH describió una política sistemática, violenta y discriminatoria dirigida especialmente contra mujeres indígenas y campesinas. La Corte Interamericana ya declaró la responsabilidad del Estado peruano en un caso emblemático.
No fue solamente el daño ocasionado a cada mujer. Se alteraron familias, comunidades y generaciones enteras. Se atacó la continuidad de pueblos indígenas y campesinos, se profundizó la desconfianza hacia el sistema sanitario y se instaló una herida que todavía permanece abierta.
Treinta años después, muchas sobrevivientes siguen reclamando verdad, justicia y reparación. Algunas murieron durante la espera.
No alcanza con decir que era una broma
La historia obliga a tomar en serio determinadas palabras, aunque hayan sido pronunciadas entre carcajadas.
No porque toda frase extrema vaya a convertirse inevitablemente en una política pública. Tampoco porque deba prohibirse cualquier expresión aberrante. Sino porque las sociedades necesitan reconocer a tiempo los lenguajes que construyen seres humanos descartables.
En Argentina, el conurbano bonaerense puede y debe ser discutido. Deben analizarse su pobreza, sus problemas de seguridad, la precariedad urbana, el narcotráfico, la falta de infraestructura y los fracasos de sucesivos gobiernos.
Pero ninguna crítica autoriza a convertir a millones de personas en una población susceptible de esterilización, confinamiento o exterminio.
Lo ocurrido en Perú demuestra que el límite entre una idea monstruosa y una política estatal no pertenece al terreno de la ciencia ficción.
Ya sucedió. Sucedió cerca. Sucedió en democracia formal, bajo un gobierno que afirmaba combatir la pobreza. Sucedió con médicos, formularios, presupuestos, metas administrativas y funcionarios públicos.
Y todavía hoy un pueblo entero paga sus consecuencias.
Por eso no exageramos cuando repudiamos esas declaraciones. Exagerar sería fingir que la historia nunca ocurrió.
(*) Periodista. Corresponsal en Buenos Aires.
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