La soberanía no termina en un mástil

Un proyecto de concejales del Movimiento Evita para restringir el izamiento de banderas extranjeras en el Monumento Nacional a la Bandera abrió una polémica que rápidamente quedó atrapada entre acusaciones de chauvinismo y defensas del patriotismo.

Sin embargo, detrás de esa discusión aparece una pregunta bastante más profunda: qué entendemos hoy por soberanía, cuánto de ella reside en los símbolos y cuánto se juega realmente en el control del territorio, los recursos, la infraestructura, las inversiones y la capacidad argentina de decidir sobre su propio destino.

El proyecto presentado en el Concejo Municipal de Rosario por Pablo Basso, Mariano Romero y María José Poncino propone modificar el régimen vigente para reservar el denominado mástil escolta del Monumento a la Bandera a la enseña nacional, las banderas provinciales, la de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y aquellas vinculadas con acontecimientos históricos o conmemoraciones patrias argentinas. La iniciativa apareció después de las controversias provocadas por los izamientos de las banderas de Israel y de Estados Unidos y despertó una respuesta particularmente dura desde el oficialismo municipal, donde el secretario de Gobierno Sebastián Chale llegó a caracterizarla como “chauvinista” y “cuasi fascista”.

Sería sencillo incorporarse a uno de los dos bandos y terminar allí la discusión. También sería una oportunidad perdida.

Porque el Monumento Nacional a la Bandera tiene una significación que excede ampliamente la administración municipal de un espacio público, y resulta perfectamente legítimo debatir qué símbolos pueden ocupar sus mástiles, bajo qué condiciones y con qué significado. Pero también conviene comenzar aclarando algo que una parte de la polémica parece olvidar: la bandera argentina jamás fue desplazada de su lugar principal. El Decreto municipal 1631/2011 reserva exclusivamente el Mástil Mayor y el mástil principal interno del Patio Cívico para nuestra enseña nacional, mientras que las banderas extranjeras admitidas por el protocolo utilizan un mástil escolta o los laterales.

Tampoco se trata de una práctica inventada por Javier Milei, Pablo Javkin ni por alguna colectividad que recientemente hubiese descubierto el Monumento. El historiador y exdirector de ese espacio Miguel Carrillo Bascary recordó que el izamiento protocolar de banderas extranjeras se remonta prácticamente a los primeros años del edificio y lleva cerca de siete décadas, como gesto de cortesía hacia países con los cuales la Argentina mantiene relaciones diplomáticas y hacia colectividades profundamente integradas a la historia rosarina.

La Argentina permanece arriba, en su lugar.

Los otros países aparecen circunstancialmente al costado.

Eso debería disminuir un poco la temperatura del debate y permitirnos avanzar hacia algo bastante más importante.

Las banderas también cuentan historias

Rosario tiene motivos particulares para tratar este asunto con inteligencia. La ciudad donde Manuel Belgrano hizo izar la enseña que terminaría convirtiéndose en nuestra Bandera Nacional es también una ciudad construida en buena medida por corrientes inmigratorias. Italianos, españoles, sirio-libaneses, judíos, armenios y comunidades provenientes de distintos países latinoamericanos y europeos no representan una presencia exterior en Rosario: forman parte de su composición histórica.

Precisamente por eso las colectividades cuestionaron que una tradición de décadas pudiera modificarse sin haber sido previamente consultadas. El régimen actual contempla banderas de países tan diversos como Estados Unidos, Líbano, Israel, Italia, España, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile, Bolivia, Perú, Colombia, México, Alemania, Japón y China, además de organismos como Naciones Unidas, Mercosur, OEA y Cruz Roja.

Podemos considerar que ese protocolo debería modificarse. Ninguna norma municipal es eterna. Pero resulta difícil sostener seriamente que una bandera extranjera izada durante algunas horas en un mástil secundario, respetando la preeminencia absoluta de la Argentina, pueda representar por sí misma una cesión de soberanía.

La soberanía es algo bastante más importante.

Y bastante más difícil de defender.

El capital también utiliza banderas, aunque ya casi no tenga nacionalidad

Rosario conoce otra imagen que permite ampliar el análisis. Durante la primera concesión privada del Puerto de Rosario, adjudicada en 1998 al grupo de origen filipino International Container Terminal Services Inc. (ICTSI), la presencia del concesionario llegó a identificarse públicamente con la bandera filipina en el acceso a una infraestructura que continuaba siendo pública aunque estuviera entregada a explotación privada.

La adjudicación a ICTSI está documentada: el grupo obtuvo en marzo de 1998 una concesión prevista inicialmente por treinta años y asumió la administración del puerto en junio de ese año; sin embargo, aquella experiencia terminó apenas dos años después, cuando la concesión colapsó en medio de problemas económicos, laborales y contractuales.

La bandera filipina podía impresionar visualmente, pero ni siquiera allí estaba lo sustancial.

La verdadera pregunta era quién administraba el puerto, bajo qué contrato, quién realizaba las inversiones, qué control conservaba el Estado, cómo se distribuía la renta, qué obligaciones asumía el concesionario y qué ocurría con los trabajadores de una infraestructura estratégica para la salida de la producción regional.

Porque hay una vieja afirmación que conserva enorme actualidad: el capital no tiene bandera, aunque muchas veces la coloque frente a sus edificios.

Las grandes empresas contemporáneas pueden poseer una sede societaria determinada y simultáneamente reunir accionistas, fondos de inversión, financiamiento y operaciones distribuidas por medio planeta. Una compañía puede ser jurídicamente estadounidense, china, filipina, canadiense o francesa y funcionar en la práctica como una estructura económica transnacional cuyo interés no coincide necesariamente con el interés nacional de ningún país en particular.

Por eso también vemos plantas industriales y sedes empresariales donde, junto con la bandera argentina, aparecen la enseña del país donde está localizada la casa matriz o directamente el pabellón corporativo. Nadie suele interpretar que aquella presencia ceremonial implique que el territorio haya dejado de ser argentino, porque comprendemos correctamente que el verdadero problema no está en la tela sino en las relaciones de poder que existen detrás.

Esa misma inteligencia debería aplicarse al debate del Monumento.

Del mástil al Súper RIGI

La cuestión se vuelve bastante más seria cuando abandonamos el terreno ceremonial y entramos en la política económica.

El Gobierno nacional presentó en mayo de 2026 el denominado Súper RIGI, un régimen destinado a promover inversiones de enorme escala en nuevas actividades industriales. El Ejecutivo lo defiende como una herramienta para acelerar inversiones, empleo y exportaciones, mientras el proyecto ingresó al Congreso dentro de una política que profundiza el esquema de incentivos y seguridades para grandes proyectos. (Argentina)

No corresponde descalificar automáticamente esa estrategia. La Argentina necesita inversión, tecnología, infraestructura, empleo productivo y capacidad para transformar sus recursos naturales en cadenas de mayor valor agregado. El problema soberano comienza cuando preguntamos bajo qué condiciones se consiguen esas inversiones.

Esa es la discusión que debería apasionarnos tanto como una bandera.

¿Qué estabilidad fiscal se garantiza y durante cuánto tiempo? ¿Qué capacidad conserva el Estado para modificar las reglas si cambia el interés nacional? ¿Cuánto componente argentino deben incorporar los proyectos? ¿Qué tecnología queda en el país? ¿Cuánto empleo nacional se genera? ¿Dónde se resuelven las controversias? ¿Qué ocurre con las divisas, los recursos naturales y los beneficios extraordinarios? ¿El capital extranjero complementa una estrategia nacional de desarrollo o la estrategia nacional termina adaptándose a las necesidades del capital?

El RIGI vigente fue concebido oficialmente para proporcionar incentivos y seguridad jurídica a grandes inversiones en sectores considerados estratégicos. El Súper RIGI profundiza aquella filosofía.

Allí sí estamos hablando de soberanía material.

Una bandera estadounidense puede flamear durante unas horas en un mástil escolta y no modificar una sola decisión argentina. Una cláusula contractual, tributaria, cambiaria o jurisdiccional puede condicionar decisiones nacionales durante décadas aunque sobre la puerta de la empresa flamee solamente una enorme bandera celeste y blanca.

Por eso una política soberanista madura debería aprender a distinguir el símbolo de aquello que el símbolo representa.

Podemos sacar cien banderas extranjeras de un edificio y continuar dependiendo de decisiones tomadas a diez mil kilómetros de distancia.

También podemos recibir cien banderas extranjeras y conservar intacta nuestra capacidad de decidir.

Malvinas: cuando la bandera argentina fue el problema

El reciente Mundial aportó una escena que vuelve todavía más interesante esta discusión.

Antes de la semifinal entre Argentina e Inglaterra se dispusieron restricciones para impedir el ingreso de banderas y camisetas con referencias a Malvinas, consideradas mensajes políticos potencialmente provocativos dentro del operativo del encuentro.

Después del triunfo argentino por 2 a 1, los propios jugadores desplegaron una pancarta con una frase tan elemental para nuestro orden constitucional y nuestra tradición nacional como “Las Malvinas son Argentinas”, episodio que provocó pedidos británicos de intervención y abrió la posibilidad de actuaciones disciplinarias de FIFA. (Reuters Connect)

Aquella bandera terminó teniendo un efecto que probablemente ninguno de sus protagonistas imaginó: volvió a colocar la cuestión Malvinas en el centro de la cultura popular argentina, especialmente entre generaciones jóvenes, y multiplicó su circulación en remeras, murales, redes y otros espacios.

Y acá conviene evitar una injusticia. Carolina Labayru, una de las dirigentes que rechazó el proyecto rosarino sobre banderas extranjeras, sí había expresado públicamente meses antes que “Las Malvinas son Argentinas, hoy y siempre”, de modo que no sería correcto presentarla como indiferente a la cuestión.  También existen expresiones públicas anteriores de Sebastián Chale vinculadas a la reivindicación argentina sobre las islas.

Lo que no encontramos en la búsqueda realizada es una reacción pública de similar intensidad de estos funcionarios específicamente contra la prohibición de símbolos de Malvinas durante aquel partido del Mundial. Eso no demuestra que no haya existido —y sería irresponsable afirmarlo—, pero sí permite formular una pregunta legítima: si restringir determinadas banderas extranjeras en el Monumento merece calificativos tan graves como “chauvinista” o “cuasi fascista”, qué juicio merece que argentinos no puedan ingresar a un estadio con símbolos vinculados a una reivindicación territorial que forma parte de una política histórica del Estado nacional.

La comparación no pretende igualar jurídicamente situaciones distintas. Un estadio sometido a reglamentos deportivos internacionales no es el Monumento Nacional a la Bandera.

Pero la pregunta política permanece.

¿Cuándo una bandera constituye diversidad y cuándo se convierte en provocación?

¿Quién lo decide?

¿Y con qué criterio?

Una paradoja todavía más cercana: edificios públicos sin lugar para la bandera

Hay además una contradicción mucho menos espectacular y quizá por eso más reveladora.

Mientras discutimos apasionadamente qué bandera extranjera puede utilizar un mástil secundario del Monumento, cada vez resulta más frecuente encontrar edificios públicos nuevos o remodelados donde el mástil directamente desaparece del diseño arquitectónico.

El fenómeno resulta especialmente llamativo en dependencias vinculadas con instituciones uniformadas. No pocas comisarías y edificios policiales contemporáneos se proyectan sin mástil, sin plaza de armas y sin aquel espacio institucional alrededor del cual tradicionalmente se realizaban el izamiento, el arrío, las formaciones, los homenajes y las ceremonias que vinculaban cotidianamente al personal con los símbolos nacionales.

No es necesario reclamar el regreso de una arquitectura castrense ni convertir cada dependencia estatal en un cuartel. Se trata de advertir algo mucho más sencillo: mientras la política descubre una sensibilidad extraordinaria respecto de qué banderas pueden flamear, el propio Estado parece haber perdido interés por proporcionar físicamente un lugar donde flamee la suya.

Eso también habla de una época.

Durante generaciones, la escuela, la comisaría, el edificio público y la plaza incorporaban el mástil como parte natural de su arquitectura. No era decoración. Expresaba visualmente que aquella institución ejercía una función pública en nombre de una comunidad política anterior y superior a cualquier gobierno circunstancial.

La bandera recordaba algo elemental: el funcionario pasa, la Nación permanece.

Cuando desaparece ese espacio simbólico quizá no desaparezca formalmente el patriotismo, pero sí se debilita una pedagogía institucional que durante décadas ayudó a transmitir pertenencia, continuidad histórica y responsabilidad pública.

Por eso resulta cuanto menos curioso discutir si la bandera italiana, estadounidense, israelí, libanesa o paraguaya puede permanecer unas horas en el Monumento sin preguntarnos simultáneamente por qué tantos edificios del propio Estado fueron dejando de reservar un lugar cotidiano para la Argentina.

Patriotismo no es decoración

La discusión promovida por los concejales del Movimiento Evita tiene, en ese sentido, un mérito que quizá exceda incluso sus intenciones: nos obliga a volver a hablar de símbolos nacionales.

No compartimos que la respuesta deba reducirse a prohibir banderas extranjeras ni creemos que la actual práctica protocolar, con casi siete décadas de historia y la absoluta preeminencia de la enseña nacional, represente una lesión evidente a la soberanía. Tampoco parece razonable responder a quienes plantean esa preocupación arrojándoles inmediatamente términos como “fascismo”, porque banalizar semejantes categorías históricas termina empobreciendo el debate democrático.

La pregunta debería elevarse unos cuantos metros por encima del mástil.

¿Qué significa ser soberanos en 2026?

Seguramente significa honrar la Bandera.

También recordar Malvinas.

Pero significa además conservar la capacidad argentina para decidir sobre sus puertos, su energía, sus minerales, su tierra, su industria, sus ríos, su moneda, su infraestructura y las reglas bajo las cuales opera el capital transnacional.

Significa que una inversión extranjera sirva a un proyecto nacional y no que el proyecto nacional termine subordinado a la lógica de la inversión.

Significa formar empleados públicos conscientes de que representan al Estado y construir instituciones donde la Nación siga teniendo presencia material y simbólica.

Y significa comprender que abrirse al mundo no exige disolverse dentro de él.

Rosario puede continuar homenajeando a las colectividades que ayudaron a construirla y conservar, al mismo tiempo, un profundo sentido de identidad nacional. No existe necesariamente contradicción entre ambas cosas. La tradición protocolar que permite banderas extranjeras en el mástil escolta convive precisamente con una regla inequívoca: el Mástil Mayor pertenece exclusivamente a la Bandera Argentina.

Quizá allí haya una metáfora bastante mejor que cualquier prohibición.

Podemos convivir con otros pueblos sin renunciar a nuestro lugar.

Podemos recibir capital extranjero sin entregar la conducción de nuestra economía.

Podemos participar del mundo sin abandonar Malvinas.

Podemos respetar otras banderas sin olvidar cuál debe ocupar el mástil principal.

Porque la soberanía necesita símbolos, pero comienza a vaciarse cuando queda reducida exclusivamente a ellos. La verdadera soberanía no consiste solamente en decidir qué bandera flamea sobre un territorio, sino en conservar el poder político, económico, cultural y estratégico para decidir qué ocurre debajo de ella.

“Quien quiera oír que oiga”

(*) Periodista. Licenciado en  Seguridad Pública y Ciudadana (Universidad Nacional de Chaco Austral -. UNCAUs). Autor de los  libros Doctrina de la Sospecha Permanente (DSP),  «La Teoría del Foco y la Vara» (FyV), «El Principio de Reciprocidad Institucional» (PRI) ,«Gobernar mediante la sospecha», «Ciudadanía de Segunda Clase (CSC)». y ¿En nombre del odio?

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