
El allanamiento a la clínica del ex concejal y veterinario Carlos Cossia reaviva la alerta: el régimen de “emergencia” y la ley antimafia en Rosario habilitan medidas desproporcionadas que golpean derechos básicos. En APROPOL Noticias lo advertimos: si lo excepcional se vuelve regla, la legalidad se degrada.
Por Alberto Martinez (*)
El caso que encendió la alarma
Cossia denunció el impacto personal y reputacional del operativo en su clínica. Más allá del resultado de la causa, el problema público es el uso de herramientas diseñadas para crimen organizado en situaciones donde no se acredita con rigor su necesidad intrusiva. El daño es inmediato; la reparación, incierta.
El marco que facilita excesos
Con la emergencia declarada y la ley antimafia habilitada se abre un marco que facilita excesos: bajan los umbrales probatorios para medidas de alta injerencia —como allanamientos y secuestros—, se instala un efecto “todo vale” bajo el rótulo antimafia que relaja los controles y proliferan operativos performativos —filtraciones y despliegues— que estigmatizan antes del juicio. El resultado es una tensión directa sobre garantías básicas: inviolabilidad del domicilio, debido proceso, proporcionalidad, presunción de inocencia y protección de la honra.

Lo anticipamos
En notas previas señalamos el desvío posible: “Rosario bajo excepción: se habilitó la ley antimafia y crecen los riesgos para ciudadanos y policías” y “Ley antimafia: el riesgo de combatir el delito violando derechos”. No es “ablandar” la respuesta al delito: es blindarla de nulidades y abusos.
Rosario bajo excepción: se habilitó la Ley Antimafia y crecen los riesgos para ciudadanos y policías
Ley Antimafia: El riesgo de combatir el delito violando derechos
Derechos en juego
Las medidas de alta injerencia exigen motivación estricta (por qué es indispensable y no bastan alternativas menos lesivas) y control judicial reforzado. Sin esos estándares, la excepcionalidad se normaliza y la prueba se vuelve frágil en tribunales.
El caso Cossia es un ejemplo concreto de la pendiente resbaladiza que advertimos: emergencia y antimafia no son carta blanca. La seguridad requiere eficacia con garantías. Solo así resiste el control judicial y, sobre todo, la democracia.
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¡Quién quiera oír que oiga!
(*) Periodista. Licenciado en Seguridad Pública y Ciudadana. Ex oficial de la policía de Santa Fe, Autor del libro «La Doctrina de la Sospecha Permanente» (2005) donde analiza en profundidad estas cuestiones.
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