Fuentes de la Unidad Regional III describen un clima interno cada vez más tenso.
Es por la sobrecarga del personal operativo, los cambios de destino que consideran discrecionales, las diferencias en los regímenes horarios y una distribución de servicios adicionales que, según denuncian, beneficiaría de manera reiterada a determinados grupos, mientras el temor a represalias desalienta la formulación de reclamos internos y agrava una situación que ya empieza a impactar sobre la prestación del servicio.
Desde hace varios meses, el clima dentro de la Unidad Regional III viene mostrando signos de deterioro que, según testimonios recogidos por este medio, se hicieron mucho más visibles después de distintas publicaciones periodísticas y de cuestionamientos públicos formulados desde localidades del departamento Belgrano, donde comenzaron a exponerse problemas vinculados con la organización del servicio, la falta de diálogo, los movimientos de personal y una creciente sensación de desigualdad entre quienes sostienen el trabajo operativo y quienes ocupan destinos administrativos.
Uno de los episodios que más repercusión tuvo fue el cuestionamiento formulado por el intendente de Las Rosas, Javier Meyer, quien señaló públicamente dificultades de interlocución con la conducción policial y llegó a hablar de una sensación de “zonas liberadas” dentro de su jurisdicción, además de mencionar que en una oportunidad ni siquiera habría sido recibido en la propia Jefatura. Ese antecedente, sumado a las quejas internas que comenzaron a trascender, terminó colocando bajo mayor observación una estructura donde el malestar, según las fuentes, venía acumulándose desde hacía tiempo.
Sobrecarga para el personal operativo y diferencias en los horarios
Uno de los principales reclamos está relacionado con el régimen de trabajo que soporta buena parte del personal operativo, que desde hace aproximadamente un año cumpliría una modalidad de uno por dos sin franco compensatorio, una organización que, combinada con licencias médicas, faltante de efectivos y largas distancias de traslado, termina generando una fuerte sobrecarga sobre quienes deben sostener guardias, patrullajes, custodia de detenidos y tareas preventivas.
La situación se vuelve más difícil porque una parte importante del personal vive a más de doscientos cincuenta kilómetros de sus destinos, lo que convierte cada jornada en un esfuerzo adicional y reduce todavía más el tiempo efectivo de descanso, especialmente cuando muchos trabajadores deben sumar servicios adicionales para compensar ingresos que consideran insuficientes.
Ese esfuerzo contrasta, según los testimonios, con la situación de otros agentes destinados en oficinas de Jefatura o funciones administrativas, donde existirían jornadas más reducidas de mañana o tarde y una menor rotación por guardias y tareas de calle, lo que alimenta la percepción de que las cargas laborales no se distribuyen de manera equitativa.
Pases y reasignaciones sin criterios claros
Otro de los focos de malestar está relacionado con una reciente serie de movimientos y reasignaciones de personal que, desde adentro, son percibidos como decisiones tomadas sin criterios objetivos suficientemente explicados.
Las fuentes sostienen que algunos efectivos que cumplían tareas operativas esenciales en comisarías, como recepción de denuncias, custodia de detenidos y atención directa al público, fueron desplazados hacia otros destinos, mientras otros agentes habrían sido enviados a cubrir puestos sensibles vinculados con controles en zonas de tránsito pesado y sectores próximos a puertos secos.
El problema no reside en la existencia de pases, algo habitual dentro de cualquier estructura policial, sino en la falta de información respecto de los criterios utilizados para decidir quién se mueve, quién permanece y por qué determinadas personas acceden a ciertos destinos mientras otras quedan sometidas a funciones de mayor desgaste.
Cuando esas decisiones no están acompañadas por reglas visibles y previsibles, la consecuencia inmediata es la desconfianza interna.
Los adicionales, otro punto de conflicto
La distribución de servicios adicionales aparece también como uno de los temas que más inquietud genera dentro de la Unidad Regional III, porque según los testimonios recibidos ese manejo estaría concentrado desde hace años en los mismos sectores y terminaría beneficiando a un grupo reducido con mejores horarios y destinos, mientras buena parte del personal debe conformarse con servicios de canchas, calle u otras tareas consideradas más exigentes.
Las fuentes señalan que estas diferencias serían especialmente visibles en dependencias de Armstrong y Las Rosas, donde parte del personal cumpliría funciones administrativas con jornadas más cortas y, al mismo tiempo, conservaría prioridad en determinadas asignaciones, una combinación que profundiza la sensación de favoritismo y desigualdad.
La cuestión no es menor porque los adicionales representan para muchos policías una porción importante del ingreso mensual, de modo que su distribución no sólo impacta sobre la organización laboral, sino también sobre la economía familiar de quienes dependen de esas horas para llegar a fin de mes.
El temor a reclamar profundiza el problema
El elemento que aparece de manera reiterada en los testimonios es el miedo a las consecuencias de formular planteos abiertos o cuestionar decisiones internas, porque muchos trabajadores creen que una queja puede terminar derivando en traslados hacia dependencias más alejadas, cambios de horario, pérdida de determinados servicios o modificaciones de destino que perjudican especialmente a quienes viven lejos.
Ese temor explica por qué buena parte del malestar se acumula en silencio y por qué muchas situaciones terminan llegando primero a los medios antes que a los canales administrativos internos.
Cuando el trabajador entiende que reclamar puede generar un perjuicio personal, la posibilidad de corregir desequilibrios desde adentro se debilita y el conflicto empieza a expresarse mediante rumores, mensajes reservados, pedidos de anonimato y creciente desconfianza hacia la conducción.
Un problema que ya empieza a trasladarse a la calle
El cuadro que describen las fuentes no debería ser reducido a una interna entre sectores policiales, porque la manera en que se organizan los horarios, los francos, los pases, las tareas administrativas y los adicionales termina teniendo consecuencias directas sobre la capacidad operativa y sobre la calidad del servicio que recibe la comunidad.
Si quienes sostienen patrullajes, guardias y prevención trabajan con descanso insuficiente, si existe una distribución desigual de cargas y si los movimientos de personal no responden a criterios claros, el deterioro interno inevitablemente termina afectando la presencia policial en la calle.
Ese punto cobra todavía mayor relevancia después de los cuestionamientos formulados públicamente por el intendente de Las Rosas, porque cuando desde afuera se denuncia falta de diálogo y desde adentro se describen sobrecarga, arbitrariedad y temor, la conducción de la Unidad Regional III tiene razones suficientes para revisar cómo está administrando sus recursos humanos.
La conducción debe explicar los criterios
La situación amerita una respuesta clara de la Jefatura de la Unidad Regional III y del Ministerio de Justicia y Seguridad, no para alimentar conflictos internos, sino para establecer si existen criterios objetivos para los pases, los horarios, la asignación de adicionales y la distribución de tareas entre personal operativo y administrativo.
También resulta necesario garantizar que quienes planteen problemas laborales puedan hacerlo sin quedar expuestos a represalias, porque una institución que pretende exigir profesionalismo hacia afuera debe ser capaz de administrar con transparencia y equidad sus propias relaciones internas.
Lo que describen las fuentes no parece ser un episodio aislado, sino una combinación de sobrecarga, discrecionalidad, desigualdad en la distribución del trabajo y ausencia de canales confiables de diálogo, una mezcla que, si no se corrige, puede seguir deteriorando tanto el clima interno como la capacidad de respuesta policial en todo el departamento Belgrano.
(*) Periodista. Corresponsal en Rosario.
Notas relacionadas
Las Rosas: el propio intendente denuncia una “zona liberada” al narcotráfico
¿Nadie ha roto el hielo todavía?
Tu opinión es importante para nosotros. Sé la primera persona en dejar un comentario.
Empezar conversación ahora