Licencias VIP: el Caso Capdevilla

De investigador influyente a licenciado permanente: preguntas que siguen sin respuesta. 

Tres años de licencia psiquiátrica, actividades privadas y preguntas que merecen respuestas.

Dentro de la Policía de Santa Fe existen casos que generan interrogantes inevitables sobre los mecanismos de control, transparencia y administración de los recursos humanos. Uno de ellos es el del Inspector Rodrigo Capdevilla.

Oriundo de Vera, Capdevilla construyó durante años una imagen vinculada al mundo de las investigaciones complejas, participando en causas de alto perfil y convirtiéndose en una figura conocida dentro de determinados sectores policiales y judiciales.

Sin embargo, con el paso del tiempo comenzaron a surgir cuestionamientos sobre su verdadera trayectoria profesional y sobre la situación administrativa que mantiene en la actualidad.

La controversia sobre su paso por la TOE

Fuentes policiales consultadas por APROPOL sostienen que Capdevilla solía ser identificado en distintos ámbitos como integrante de la Tropa de Operaciones Especiales (TOE).

Sin embargo, las mismas fuentes afirman que nunca habría realizado el Curso de Aptitud para Operaciones Especiales (C.A.P.E.), requisito tradicionalmente exigido para integrar formalmente esa unidad.

Según estas versiones, su incorporación a determinadas áreas investigativas se produjo por otras vías administrativas, desempeñándose posteriormente en la Oficina de Investigaciones Judiciales, donde desarrolló funciones de carácter investigativo y administrativo.

Su vínculo con las estructuras de investigación

A lo largo de su carrera ocupó funciones de estrecha colaboración con el entonces comisario Alejandro Druetta (hoy destituido y mano derecha del entonces ministro de seguridad Pullaro hoy gobernador y luego condenado por narco) dentro de la Brigada Operativa de Drogas de la Unidad Regional VIII.

Posteriormente mantuvo vínculos de trabajo con fiscales que tuvieron una fuerte exposición pública en investigaciones complejas, entre ellos Matías Edery y Luis Schiappa Pietra.

Durante aquellos años participó en la elaboración de informes e intervenciones que generaron conflictos internos dentro de la propia estructura policial.

Algunas de esas actuaciones derivaron en investigaciones administrativas y judiciales que finalmente no concluyeron con imputaciones contra los funcionarios señalados en aquel momento.

Uno de los casos más recordados fue la elaboración de un informe de inteligencia que apuntaba contra el entonces Comisario Mayor Marcelo «Malevo» Ferreyra, junto con un grupo de policías retirados y civiles. A raíz de esa investigación se realizaron allanamientos y secuestros de distintos elementos de interés para la causa.

Sin embargo, varios años después de aquellas medidas, el Ministerio Público de la Acusación no formuló imputaciones contra los involucrados ni brindó información pública sobre el estado o los resultados concretos de la investigación. Según las personas alcanzadas por esos procedimientos, parte de los elementos secuestrados fueron posteriormente restituidos por orden judicial.

Entre los afectados también se encontraba el Comisario General retirado Alejandro Franganillo, ex jefe de la Dirección General de Prevención y Control de Adicciones de la provincia. De acuerdo con fuentes consultadas, hasta la fecha tampoco habría recibido información precisa sobre el destino procesal de aquella investigación ni sobre los fundamentos que motivaron las medidas adoptadas en su momento.

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Su cercanía con el poder político

Diversas fuentes coinciden en ubicar a Capdevilla dentro de los espacios de trabajo más cercanos al ex ministro de Seguridad Marcelo Saín durante parte de su gestión.

Esa cercanía le permitió adquirir una influencia considerable dentro de determinados circuitos investigativos y de producción de información vinculada a causas sensibles.

Tres años de licencia psiquiátrica

Pero el aspecto que hoy genera mayores interrogantes no está relacionado con su pasado profesional sino con su presente.

Según distintas fuentes policiales, Capdevilla se encontraría bajo licencia psiquiátrica desde hace aproximadamente tres años, siendo la Unidad Regional VIII su último destino conocido dentro de la fuerza.

La situación adquiere relevancia porque durante ese mismo período habría desarrollado diversas actividades privadas vinculadas al ámbito empresarial.

Actividades privadas y preguntas pendientes

Fuentes consultadas señalan que mantiene participación en emprendimientos gastronómicos, entre ellos el conocido bar Roof ubicado en Puerto Norte, además de actividades vinculadas al transporte de cargas y a inversiones relacionadas con el sector cerealero.

Naturalmente surge una pregunta que excede a una persona en particular: ¿Qué controles realiza el Estado sobre los casos de licencias prolongadas cuando existen actividades privadas desarrolladas paralelamente?

La cuestión no implica prejuzgar sobre la legitimidad de esas actividades ni sobre la situación médica particular del funcionario.

Sin embargo, sí plantea la necesidad de transparencia respecto de los mecanismos de evaluación y seguimiento aplicados por la administración pública.

De investigador a investigado

Otro dato que contribuye a mantener la atención sobre el caso es que el nombre de Capdevilla aparece mencionado en investigaciones judiciales provinciales y federales actualmente en desarrollo.

Corresponde recordar que toda persona goza de la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia firme en su contra.

No obstante, resulta inevitable señalar la paradoja: quien durante años participó en investigaciones sobre terceros hoy aparece mencionado en expedientes que son objeto de análisis por parte de distintos organismos judiciales.

Por esa razón, dentro de la fuerza aparecen preguntas inevitables:

• ¿Los controles son iguales para todos?
• ¿Existen criterios uniformes de evaluación?
• ¿Se aplican los mismos estándares a personal de distintos rangos y sectores?
• ¿Quién controla los casos de licencias prolongadas?

La pregunta pendiente

Más allá de nombres propios, la cuestión de fondo sigue siendo la misma.

Mientras cientos de policías son sometidos diariamente a estrictos controles de asistencia y salud laboral, la ciudadanía y los propios trabajadores tienen derecho a conocer cómo se supervisan los casos de licencias prolongadas dentro de la institución.

Porque la transparencia no debería aplicarse únicamente a unos pocos.

Si los controles existen, deben ser iguales para todos.

Y si no lo son, corresponde explicar por qué.

AMPLIAREMOS

(*) Periodista. S2 de APROPOL Noticias.

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