La Justicia rechazó los planteos defensivos y confirmó que el exministro y dos de sus colaboradores deberán afrontar un juicio oral por el presunto direccionamiento de la millonaria compra de armas para la Policía de Santa Fe.
La Cámara rechazó los planteos con los que las defensas buscaban impedir el debate oral y confirmó, en esta instancia, el envío a juicio del exministro de Seguridad de Santa Fe, Esteban Montenegro y Maximiliano Novas. La acusación sostiene que intentaron direccionar una compra multimillonaria de armamento policial hacia una empresa sin estructura operativa suficiente.
La estrategia defensiva no logró frenar el juicio oral y público. La Justicia rechazó los principales cuestionamientos formulados contra la resolución de primera instancia y confirmó que Marcelo Fabián Sain y dos integrantes de su equipo en el Ministerio de Seguridad deberán responder ante un tribunal por la frustrada licitación destinada a comprar armas para la Policía de Santa Fe.
Junto con el exministro serán juzgados el exsecretario de Seguridad Pública Esteban Germán Montenegro y el exsubsecretario de Gestión Técnica y Administración Financiera Maximiliano Novas.
Los tres están acusados como presuntos coautores de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, en concurso ideal con tentativa de defraudación a la Administración Pública.
La resolución no constituye una condena ni determina todavía la culpabilidad de los imputados. Significa que la acusación superó el control de la etapa preliminar y que los hechos, las pruebas y las responsabilidades deberán discutirse finalmente en un juicio oral y público.
Los planteos defensivos no alcanzaron
Las defensas habían cuestionado la legalidad de allanamientos, requisas y secuestros, la cadena de custodia de distintos elementos y la incorporación de información extraída de teléfonos celulares.
También plantearon la prescripción de la acción penal, supuestos defectos formales de la acusación, la atipicidad de las conductas atribuidas y la inexistencia de un perjuicio patrimonial, debido a que la compra de armas finalmente no se concretó.
Hernán Martínez, abogado de Sain, sostuvo públicamente que parte del material había sido obtenido mediante “allanamientos ilegales” y posteriormente filtrado a la prensa para perjudicar la imagen del exministro y de sus colaboradores.
La defensa también volvió a presentar la investigación como una persecución política y vinculó el expediente con las tareas de inteligencia desarrolladas durante la gestión de Sain. Según Martínez, la causa por la licitación de armas formaría parte de una reacción del poder político, judicial y mediático contra investigaciones que habían alcanzado intereses importantes.
Esos argumentos podrán ser desarrollados durante el juicio, pero no consiguieron impedir su realización.
Una licitación por más de 1.400 millones de pesos
La investigación gira alrededor de una licitación iniciada en 2020 para adquirir 12.000 pistolas Jericho calibre 9 milímetros, 260 fusiles Tavor X95 y Uzi Pro y 12 rifles para tiradores especiales.
El presupuesto oficial superaba entonces los 1.400 millones de pesos —más de 17 millones de dólares según la cotización del momento— y contemplaba armamento fabricado por la empresa israelí Israel Weapon Industries, conocida como IWI.
La hipótesis del Ministerio Público de la Acusación sostiene que las especificaciones técnicas habrían sido preparadas para favorecer a Emprendimientos Grupo Patagónico SRL, representante de IWI en la Argentina.
Entre los elementos señalados por los fiscales aparece la utilización de documentación comercial de esa marca para confeccionar el pliego y la decisión de concentrar todo el armamento en un único renglón, lo que habría restringido la participación de otros proveedores.
La licitación fue suspendida luego de las impugnaciones presentadas por empresas competidoras y de las observaciones formuladas por la Fiscalía de Estado, el Ministerio de Economía y el Tribunal de Cuentas.
La sombra de la “empresa fantasma”
Uno de los aspectos más graves de la acusación es la situación de la firma que habría sido beneficiada.
Durante las audiencias, la Fiscalía describió a Emprendimientos Grupo Patagónico SRL como una empresa sin sede efectiva, oficinas ni trabajadores registrados y afirmó que ni siquiera se encontraba inscripta como proveedora del Estado provincial cuando comenzó el procedimiento.
También sostuvo que la sociedad prácticamente desapareció después de iniciada la investigación.
Estas afirmaciones forman parte de la teoría acusatoria y deberán ser demostradas durante el juicio. Pero plantean una pregunta que hasta ahora no recibió una explicación institucional convincente: ¿cómo pudo una empresa presuntamente carente de estructura quedar posicionada para participar en una compra estratégica de miles de armas destinadas a la Policía santafesina?
No se estaba contratando un servicio menor. La operación involucraba material letal, repuestos, mantenimiento, capacitación y garantías de funcionamiento. La capacidad técnica, comercial y patrimonial del proveedor debía constituir una condición elemental.
Las penas solicitadas
El Ministerio Público de la Acusación solicita para Marcelo Sain una pena de cinco años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos.
Para Montenegro y Novas pide cuatro años de prisión y la misma inhabilitación.
La situación del exjefe del Departamento Logística —D4— de la Policía de Santa Fe, Marcelo Leandro Correa, fue discutida separadamente. Correa había sido sobreseído en primera instancia porque el juez José Luis García Troiano consideró que actuó siguiendo órdenes superiores y que no se encontraba acreditado el interés personal exigido por el delito. La Fiscalía y la querella apelaron esa decisión para intentar incorporarlo al juicio.
La discusión deberá darse frente a un tribunal
Sain y sus defensores aseguran que existe una persecución política. La Fiscalía sostiene, por el contrario, que existió un intento deliberado de direccionar una contratación multimillonaria. Ahora ambas posiciones deberán confrontarse públicamente y bajo las reglas del debido proceso.
La presunción de inocencia debe respetarse hasta que exista una sentencia firme. Pero tampoco puede utilizarse la denuncia de persecución política como respuesta automática frente a cada investigación judicial.
La necesidad de renovar el armamento policial era real. Precisamente por eso resulta especialmente grave la sospecha de que esa necesidad pudo haber sido utilizada para impulsar un negocio orientado hacia una empresa presuntamente carente de estructura.
La apelación fracasó y el juicio ya no pudo ser evitado en esta instancia. Será el debate oral, con acusación, defensa y producción de pruebas, el que determine si existió una maniobra delictiva o si, como sostiene Sain, todo fue parte de una persecución.
Lo que ya no habrá será un cierre silencioso del expediente: la licitación, sus responsables y la denominada “empresa fantasma” deberán quedar expuestos frente a un tribunal.
(*) Periodista. Corresponsal en Santa Fe.
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