Los números que el gobierno no puede ocultar, más de 10 mil adhesiones que muestran el tamaño de la crisis.
El gobierno de provincial celebró que más de 10 mil santafesinos adhirieran al plan provincial de refinanciación de deudas. Pero detrás del marketing oficial aparece una realidad mucho más incómoda: miles de trabajadores públicos y privados ya no llegan a fin de mes. (ver nota: «Más de 10 mil santafesinos ya adhirieron al plan de desendeudamiento»)
Porque cuando un Estado necesita ofrecer crédito para que su propia población sobreviva, el problema no es financiero. El problema es salarial.
Y los datos oficiales y técnicos empiezan a mostrar con crudeza esa realidad.
Santa Fe no tiene “exceso” de empleados públicos
Uno de los argumentos históricos del ajuste fue instalar que el Estado santafesino estaba “sobredimensionado”. Sin embargo, los números desmienten ese relato.
La provincia cuenta con aproximadamente 155 mil trabajadores públicos provinciales en 2025, distribuidos principalmente entre educación, seguridad y salud. El sector educativo concentra el 38% de la planta estatal; seguridad el 19%; salud el 17%; y administración general el 14%.
Además, Santa Fe posee uno de los índices más bajos de empleo público del país: 45,2 trabajadores estatales cada mil habitantes, por debajo del promedio nacional de 53,9. El informe del CEPA ubica a la provincia en el penúltimo lugar nacional en proporción de empleo estatal.
Es decir: el problema fiscal santafesino no surge de un exceso de empleados públicos.
Mientras tanto, el sector privado tampoco atraviesa un escenario favorable. Santa Fe posee alrededor de 508.200 trabajadores registrados privados, pero sectores claves como la industria manufacturera y la construcción vienen mostrando caída de empleo y retracción de actividad desde fines de 2023.
Mientras ajustan trabajadores, agrandan la planta política
El dato más explosivo del informe aparece cuando se analiza la evolución de la estructura estatal desde el cambio de gestión.
Entre 2023 y 2025 la provincia perdió alrededor de 6.000 puestos de trabajo estatales, especialmente en educación y áreas administrativas. Sólo el sector educativo perdió unos 4.800 cargos.
Pero mientras se reducían trabajadores de planta, la gestión Pullaro expandió de manera extraordinaria los cargos políticos.
La planta política pasó de 662 cargos en 2023 a 2.115 en 2025, más que triplicándose.
El informe detalla además la creación de nuevos niveles de asistentes técnicos de designación directa y sin concurso, junto con un fuerte incremento de autoridades superiores.
La postal es brutal: menos enfermeros, menos docentes y menos trabajadores administrativos; pero más funcionarios políticos.
El verdadero drama: salarios pulverizados
La refinanciación de deudas no aparece en el vacío. Llega después de una caída sostenida del poder adquisitivo de los trabajadores públicos.
Según el informe técnico, las pérdidas salariales reales desde noviembre de 2023 son contundentes:
- Enfermería: caída del 17,3% del salario real.
- Maestros: pérdida del 17,4%.
- Policías y penitenciarios: deterioro del 15,7% en el salario mínimo garantizado.
- Administración central: caída superior al 11% en categorías bajas.
El propio informe concluye que el ajuste recayó sobre “los sectores más vulnerables” del empleo público provincial.
Pullaro quiere despegarse de Milei, pero acompañó el ajuste
El gobierno provincial intenta ahora construir un discurso de diferenciación respecto del gobierno nacional de Javier Milei. Sin embargo, los hechos muestran otra cosa.
Los legisladores alineados con Pullaro acompañaron leyes y medidas económicas que facilitaron el ajuste nacional: devaluación, tarifazos, caída del consumo y licuación salarial.
Ese combo terminó golpeando de lleno a trabajadores estatales y privados.
Ahora, frente a las consecuencias sociales del modelo, el oficialismo provincial intenta ofrecer créditos blandos para amortiguar el desastre.
Es una paradoja política difícil de esconder: ayudaron a construir las condiciones del endeudamiento y ahora presentan la refinanciación como política social.
La deuda no es la enfermedad: es el síntoma
Más de 10 mil adhesiones al plan provincial no representan una recuperación económica.
Representan un grito silencioso de trabajadores ahogados.
Policías que financian alimentos con tarjeta. Docentes que refinancian servicios. Enfermeros que acumulan cuotas para llegar a mitad de mes. Empleados públicos que sostienen áreas esenciales del Estado mientras sus ingresos pierden valor mes tras mes.
El gobierno provincial podrá presentar el programa como “alivio financiero”. Pero ningún esquema de refinanciación puede ocultar el problema de fondo: salarios deteriorados, precarización creciente y un ajuste que cayó sobre quienes sostienen el funcionamiento cotidiano del Estado santafesino.
(*) Periodista. Corresponsal en Santa Fe.
Fuentes:
- Informe “Análisis sobre la situación del empleo público en la provincia de Santa Fe” – CEPA, diciembre 2025.
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