A cincuenta años de la Masacre de Rosario, el gobernador tiene la oportunidad de encabezar un homenaje que saque definitivamente a sus víctimas de los márgenes de la memoria pública.
El presidente Javier Milei encabezó en Buenos Aires el acto por el Día del Policía Federal Caído en Cumplimiento del Deber, realizado al cumplirse cincuenta años del atentado contra el comedor de la entonces Coordinación Federal. Aquella bomba, atribuida a Montoneros, dejó 23 muertos y alrededor de 110 heridos el 2 de julio de 1976. Durante la ceremonia también fue recordado el agente Rodolfo Manfredi, asesinado recientemente en Rosario.
La presencia de la máxima autoridad nacional constituyó un gesto institucional importante.
No resolvió las discusiones históricas sobre los años setenta. Tampoco reemplazó a la Justicia ni agotó el reclamo de los familiares. Pero colocó al Estado en el lugar donde debía estar: junto a las víctimas.
Dentro de poco más de dos meses, Santa Fe tendrá una oportunidad semejante.
El 12 de septiembre de 1976
El domingo 12 de septiembre de 1976, aproximadamente a las 16.20, un micro del Batallón Guardia de Infantería de la Unidad Regional II regresaba de un operativo de seguridad realizado en el estadio de Rosario Central.
Cuando el vehículo llegó a la esquina de Junín y Rawson, en el barrio Refinería, explotó un automóvil cargado con explosivos, bulones, rulemanes y fragmentos metálicos destinados a multiplicar el daño.
La operación había sido planificada y posteriormente fue reivindicada por Montoneros.
Murieron nueve policías y dos civiles. Decenas de personas resultaron heridas. Entre los sobrevivientes hubo amputaciones, discapacidades permanentes y secuelas físicas y psicológicas que acompañaron durante décadas a las víctimas y sus familias.
Los civiles asesinados fueron Oscar Walter Ledesma e Irene Ángela Dib. Circulaban detrás del micro junto con su hija adolescente después de señar el salón donde celebrarían sus quince años.
No eran combatientes.
Los policías tampoco pertenecían a ninguna conducción política o militar. Eran trabajadores uniformados, muchos de ellos jóvenes, padres de hijos pequeños y provenientes de hogares modestos.
Una memoria que permaneció en los márgenes
La Masacre de Rosario nunca desapareció completamente.
Fue recordada por familiares, sobrevivientes, retirados policiales, vecinos y personal de la fuerza. Hubo placas, misas y actos internos. Pero casi siempre se trató de homenajes con escasa presencia política, poca difusión y limitada incorporación a la memoria pública de la provincia.
No fue un hecho desconocido.
Fue un hecho desplazado.
Permaneció durante décadas en una zona lateral de la historia: suficientemente visible para no desaparecer, pero demasiado incómodo para ocupar el lugar institucional que su magnitud merecía.
En 2010, APROPOL impulsó que el 12 de septiembre fuera declarado Día del Policía Caído. Años después, el diputado Gabriel Chumpitaz presentó un proyecto con el mismo objetivo, acompañado por propuestas de cenotafios, placas y registros históricos. La iniciativa perdió estado parlamentario sin siquiera ser tratada en comisión.
Finalmente, en 2022, el gobierno provincial estableció por decreto el Día del Policía de la Provincia de Santa Fe Caído en Cumplimiento del Deber, tomando como referencia la muerte del vigilante Antonio De Los Santos, ocurrida en Colonia Helvecia en 1874.
Aquella decisión no borró la Masacre de Rosario.
Pero volvió a dejarla esperando.
Una oportunidad para Pullaro
Maximiliano Pullaro construyó buena parte de su identidad política alrededor de la seguridad pública, el reconocimiento de la autoridad estatal y la jerarquización de la Policía.
Este 12 de septiembre tendrá la posibilidad de demostrar que esa jerarquización no se limita al equipamiento, los discursos operativos o las reformas institucionales.
También exige memoria.
Si el presidente de la Nación pudo encabezar el homenaje por el atentado contra el comedor de la Policía Federal, el gobernador de Santa Fe puede —y debería— encabezar personalmente el acto por los cincuenta años de la Masacre de Rosario.
No como gesto partidario.
No para reabrir trincheras.
No para competir con otras víctimas.
Sino para incorporar plenamente a estas once personas y a sus familias dentro de una memoria democrática más amplia.
El acto debería realizarse en Rosario, con presencia del gobernador, la vicegobernadora, el ministro de Justicia y Seguridad, la Jefatura de Policía, representantes de los tres poderes, autoridades municipales, familiares, sobrevivientes y personal policial en actividad y retiro.
Medio siglo de espera justifica algo más que una ceremonia interna.
Como dato significativo, la actual vicepresidenta Victoria Villarruel participó años atrás de este homenaje en Rosario cuando todavía actuaba desde el llano como dirigente social vinculada a las víctimas del terrorismo. Su presencia, en tiempos en que el acto casi no tenía acompañamiento político, refuerza la propuesta: si ella estuvo antes de ocupar un cargo institucional, Pullaro puede encabezar el homenaje al cumplirse cincuenta años.
Un nuevo decreto para el 12 de septiembre
El gobernador también podría revisar la decisión adoptada en 2022 y disponer que el 12 de septiembre sea el Día del Policía de la Provincia de Santa Fe Caído en Cumplimiento del Deber.
No se trataría de desconocer al vigilante Antonio De Los Santos ni de borrar una referencia histórica anterior. Su memoria puede y debe conservarse.
Pero ninguna fecha representa con tanta fuerza el sacrificio policial santafesino como aquella jornada en la que nueve policías fueron asesinados colectivamente mientras regresaban de cumplir un servicio, junto con dos civiles que quedaron atrapados por la explosión.
El 12 de septiembre reúne:
memoria policial;
memoria civil;
historia de Rosario;
violencia política;
sacrificio en cumplimiento del deber;
y una deuda institucional de cincuenta años.
La elección de esa fecha permitiría además que cada Unidad Regional, escuela policial y dependencia de la provincia recuerde anualmente a todos los caídos a partir de un acontecimiento profundamente santafesino.
No se trata de disputar víctimas
Reconocer la Masacre de Rosario no significa relativizar el terrorismo de Estado ni alterar las conquistas democráticas construidas desde 1983.
Tampoco significa igualar automáticamente responsabilidades históricas diferentes.
Significa algo más sencillo y más humano: aceptar que ninguna víctima inocente debería quedar excluida de la memoria común porque su historia resulte incómoda para los relatos predominantes.
La democracia no se debilita cuando amplía su capacidad de recordar.
Se debilita cuando selecciona dolores dignos de reconocimiento y deja otros confinados a ceremonias marginales.
El gesto que falta
Durante cincuenta años, el recuerdo fue sostenido desde abajo.
Por las familias.
Por los sobrevivientes.
Por los compañeros.
Por policías retirados.
Por vecinos.
Por quienes conservaron fotografías, documentos y testimonios cuando las instituciones no lograban construir una memoria estable.
Ahora corresponde que el Estado provincial asuma esa responsabilidad.
El próximo 12 de septiembre no debería ser un aniversario más.
Podría ser el momento en que la Masacre de Rosario deje definitivamente los márgenes y ocupe el lugar que le corresponde dentro de la memoria pública santafesina.
Milei estuvo presente en el homenaje nacional a los federales caídos.
Pullaro puede hacer lo mismo en Rosario.
Y puede además corregir una deuda institucional mediante un nuevo decreto que consagre el 12 de septiembre como fecha oficial de homenaje a todos los policías santafesinos caídos en cumplimiento del deber.
No sería un favor a la Policía.
Sería un acto de justicia histórica.
Porque cincuenta años después, aquellas víctimas no necesitan que se invente su historia.
Necesitan que el Estado finalmente esté presente para nombrarlas.
«Quien quiera oír que oiga»
(*) Periodista. Licenciado en Seguridad Pública y Ciudadana (Universidad Nacional de Chaco Austral -. UNCAUs). Autor de los libros Doctrina de la Sospecha Permanente (DSP), «La Teoría del Foco y la Vara» (FyV), «El Principio de Reciprocidad Institucional» (PRI) y «Gobernar mediante la sospecha».
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