La suboficial Franco denuncia—según su testimonio—maltrato y hostigamiento desde 2019: lesión de columna no reconocida como accidente laboral, “extras” irregulares y tareas incompatibles con su junta médica. Pide auditoría, adaptación de puesto y protocolo de salud mental sin represalias.
Por Rubén Pombo
Verónica Noemí Franco (leg. 678619), hoy destinada a la Comisaría 19ª de Sauce Viejo, relata una cadena de episodios iniciada en 2019: agresiones y maltrato en servicio, una lesión vertebral grave no reconocida como accidente laboral, presión para tareas incompatibles con su estado de salud, y maniobras con horas extras. Pide auditorías, adaptación de puesto y que se garantice el cuidado psicológico del personal.
Suboficial de la Policía de Santa Fe. Actualmente cumple funciones de cedulera (notificaciones, cédulas, actas) en la Comisaría 19ª de Sauce Viejo. Aporta constancias de juntas médicas y afirma contar con carnet de discapacidad otorgado por Bienestar Policial.
El origen (2019)
Según su testimonio, el conflicto comenzó en la Comisaría 20ª de Rosario (URII) cuando, como superior de servicio, marcó irregularidades administrativas y de higiene a otra suboficial. Afirma que la discusión terminó con agresiones verbales y un objeto arrojado. Hubo un acta interna; después —siempre según su versión— la otra agente publicó acusaciones en redes. La situación derivó en pases y, tiempo más tarde, en una sanción disciplinaria.
De la lesión al pánico: el vía crucis de Verónica Franco en la fuerza
De la calle al quirófano (2020)
Relata que en un servicio nocturno, durante un procedimiento por orden judicial, recibió golpes y al día siguiente sufrió una caída en la escalera de su edificio. Los estudios posteriores diagnosticaron lesión vertebral que requirió cirugía. Asegura que en plena pandemia la cobertura fue dificultosa y que la ART/DIPAR no reconoció el siniestro como accidente laboral, declarando el expediente “caducado”.
El regreso y las extras (2021)
Tras la operación, fue destinada al MPA y luego a Tribunales para traslados y puestos fijos. Sostiene que recibió maltrato verbal, cargas horarias extensas y que horas extras suyas aparecían registradas a nombre de terceros; tras reclamar, dice que le devolvieron dinero en efectivo, “de mala gana”. Pide trazabilidad y rendición de todas las extras.
Crisis y salud mental
Describe un episodio de angustia severa tras un cruce con un fiscal y la decisión de pedir retiro del arma por indicación psiquiátrica. Señala ataques de pánico, insomnio y descompensaciones en servicio. Reclama que se aplique un protocolo de salud mental con enfoque preventivo y sin estigmatización.
Adaptación del puesto: del monitoreo a la 19ª
Con limitaciones funcionales (dolor, pérdida de fuerza, caídas), pidió tareas acordes: pasó por monitoreo y oficinas, hasta llegar a cedulera en la 19ª. Denuncia que, pese a informes médicos que restringen esfuerzo físico y permanencias prolongadas de pie/sentada, jefaturas le impusieron tareas y cambios de turnos incompatibles o la descalificaron (“no servís”, según su relato).
Lo que pide
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Auditoría independiente de sumarios, sanciones y pases dictados desde 2019.
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Trazabilidad de horas extras y adicionales: quién las ordena, quién las cobra y bajo qué acto administrativo.
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Reconocimiento del accidente laboral y cobertura integral (rehabilitación, medicación, traslados).
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Adaptación permanente del puesto conforme a junta médica (ergonomía, horarios, distancia).
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Protocolo de salud mental con resguardo del arma cuando corresponda, sin represalias.
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Formación de mandos en violencia laboral y perspectiva de cuidado.
La voz de la protagonista
“Entré apta, hice carrera y terminé operada de la columna, sin ascenso y con el rótulo de que ‘no sirvo’. No me callo más: quiero trabajar, pero con respeto, cuidados y reglas claras.”
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