Nuevos detalles revelan un trasfondo de abandono institucional, salud mental deteriorada. Hay malestar y dolor.
Por Alberto Martínez (*)
La muerte del oficial Cristian Ariel Oficialdegui, ocurrida el pasado domingo 4 de mayo en el barrio Parque Casas de Rosario, ya no puede ser leída sólo como un hecho policial. Se trató de un desenlace trágico, sí, pero también de una cadena de omisiones, silencios y fracturas previas que deben ser contadas. Porque lo que lo mató no fueron los disparos. Fue el abandono institucional y un sistema que no supo —o no quiso— intervenir a tiempo.
Del uniforme a la carpeta médica: señales que nadie leyó
Cristian Ariel Oficialdegui tenía 47 años y era agente de la Policía de Santa Fe. No estaba en servicio: se encontraba bajo carpeta médica. No por un resfrío. Por problemas que afectaba directamente su estabilidad emocional. Esa situación —según fuentes internas— era conocida por la fuerza. Sin embargo, no se aplicó ningún plan de seguimiento serio, ni contención psicológica efectiva. Apenas un trámite burocrático.
Tampoco hubo alertas institucionales cuando comenzó a mostrar signos de aislamiento, angustia, y conflictos personales. Las carpetas médicas sirven para sacarse de encima a un problema, no para resolverlo y suelen ser el primer indicador de estos casos o de otros como el acoso, maltrato laboral o conflictos interpersonales.
Un hombre roto
La expresión “hombre roto” no es una frase al azar. Tiene raíces antiguas: en la Escocia medieval, designaba al guerrero que había perdido su clan, su tierra y su protección. Era el desplazado, el que ya no respondía a nadie, errante y vulnerable. Hoy, en contextos policiales y militares, nombra a quienes han sido quebrados por dentro —por la violencia, el abandono o el olvido institucional—. Cristian Oficialdegui no fue un monstruo. Fue, en ese sentido profundo y doloroso, un “hombre roto”: alguien a quien el sistema dejó sin amparo, sin escucha, sin horizonte. Y cuando estalló, fue demasiado tarde.
El arma no mata. Lo que mata es el abandono (y la indiferencia)
Desarme policial: cuando el Estado traslada el riesgo y se lava las manos
A Oficialdegui le habían retirado el arma reglamentaria, pero al momento del hecho portaba no una, sino dos armas de fuego: una calibre .32 y otra .40, además de un chaleco balístico sin identificación de fuerza. Esto no solo vuelve ineficaz la política de “desarme preventivo” aplicada por protocolo en algunas fuerzas, sino que muestra la fragilidad de los controles del mercado ilegal de armas, que circulan con más libertad que las emociones mal gestionadas de un servidor público.
“En la calle hay más armas que en los arsenales de la policía”, declaró un alto jefe policial bajo reserva. Y en este caso, las armas llegaron antes que la ayuda.
Dos disparos en la cabeza y tensión entre fuerzas
Según informaron fuentes confiables a este medio, Oficialdegui fue abatido con dos disparos en la cabeza por personal de Gendarmería Nacional que había sido atacado previamente, hiriendo a uno de los efectivos en la pierna.
El dato no menor es que existió tensión en el lugar entre personal de Gendarmería y la Policía provincial. Algunos testigos percibieron malestar, reproches, y un clima hostil en la escena posterior al abatimiento. Todo esto plantea serias preguntas sobre el uso progresivo de la fuerza, la coordinación entre jurisdicciones, y la legitimidad del procedimiento letal aplicado. Circula una versión que habla directamente de una «ejecución innecesaria» que por ahora los fiscales parece no haber visto pero se espera el peritaje de cámaras existentes en el lugar.
Una historia más común de lo que se admite
Oficialdegui no fue un delincuente común. Tampoco un ejemplo institucional. Fue, como tantos otros, un hombre roto por dentro, sin red de contención, y expuesto a un contexto violento, emocionalmente tóxico y lleno de armas.
Los testimonios de sus vecinos, de su expareja y de quienes compartieron años de servicio con él, coinciden en algo: estaba fuera de sí, pero también fuera del sistema. Ya nadie lo veía.
¿Quién se hace cargo?
Desde APROPOL, lo decimos con claridad: la responsabilidad de lo ocurrido no puede limitarse a un sumario interno ni a una autopsia. Hay preguntas que deben responder el Ministerio de Seguridad, la Jefatura de Policía, y los responsables políticos de las políticas de prevención institucional:
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¿Qué seguimiento real se hace de los policías en carpeta médica?
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¿Cuántos agentes viven en situaciones de crisis emocional no abordadas?
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¿Qué rol juegan los ambientes laborales tóxicos, verticalistas o injustos en estos desenlaces?
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¿Cómo se regula el acceso y circulación de armas ilegales en manos de personal policial retirado o fuera de servicio?
Una tragedia que obliga a actuar
Oficialdegui murió en un el domingo. Pero en realidad comenzó a morir mucho antes, cuando el sistema decidió mirar para otro lado. No es el único. Solo es el caso más reciente de una cadena de desprotección que no se corta.
Y si no se actúa ahora, no será el último.
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¡Quien quiera oir que oiga!
(*) Periodista. Licenciado en Seguridad Pública. Especialista en seguridad y derechos laborales de los trabajadores policiales y penitenciarios.
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