Mientras reprime a jubilados y persigue a gendarmes y policías que reclaman derechos elementales, Patricia Bullrich maneja el Ministerio de Seguridad Nacional como una empresa familiar.
Por Alberto Martinez (*)
Compras millonarias sin control, sobreprecios escandalosos, y un entramado de sociedades vinculadas a su hijo revelan un modelo de gestión basado en el saqueo, el castigo y la impunidad. Todo en nombre de la seguridad.
El presente informe se basa, en parte, en el trabajo exhaustivo realizado por el diputado nacional Rodolfo Tailhade, quien a través de investigaciones documentadas y presentaciones públicas, expuso una trama de corrupción, sobreprecios, lavado de dinero y retornos ilegales durante la gestión de la funcionaria al frente del Ministerio de Seguridad. Lo revelado por Tailhade no solo evidencia el uso fraudulento de recursos públicos, sino que permite entender cómo se construyó un esquema de poder que combina represión, negocios privados y blindaje judicial.
“Todo por la seguridad”, decía el discurso oficial. Pero debajo del uniforme, del protocolo y del humo mediático, la mencionada tejió una red de corrupción con fondos públicos, sobreprecios, compras directas, y un sistema aceitado de retornos y lavado de activos en el que su propio hijo juega un rol clave.
No se trata de una denuncia aislada ni de una teoría conspirativa. Lo dicen documentos oficiales, informes de auditoría, registros societarios, y causas judiciales que duermen en los cajones de Comodoro Py, mientras los responsables de esos hechos hoy vuelven al poder y compran más equipamiento represivo para reprimir a los mismos ciudadanos que pagan sus negociados.
Dos grandes maniobras, una misma lógica: seguridad como excusa, corrupción como fin
Entre 2016 y 2019, cuando Bullrich fue ministra de Seguridad del gobierno de Mauricio Macri, se ejecutaron dos operaciones multimillonarias bajo la excusa de “emergencia en seguridad” y “protección del G20”. En ambos casos, se repitieron los mismos patrones:
-
Compras sin licitación, amparadas en decretos de necesidad y urgencia.
-
Contrataciones a empresas vinculadas a funcionarios o sus familiares.
-
Equipamiento entregado fuera de plazo, en algunos casos después de los eventos que supuestamente justificaban su urgencia.
-
Sobreprecios escandalosos: drones, chalecos, uniformes, ambulancias y furgones pagados con incrementos de hasta 315% sobre el valor de mercado.
-
Falta de control, sanciones o penalidades a las empresas proveedoras.
-
Participación de ONGs de fachada y empresas gastronómicas como posibles canales de blanqueo.
El caso Israel: drones fantasmas y torres que no ven la selva
En diciembre de 2016, Bullrich compró por 90 millones de dólares equipamiento a empresas israelíes: ocho drones, 15 torres de vigilancia y cuatro lanchas rápidas.
-
No hubo licitación. Se eligió a una empresa que ofrecía un producto más caro, y se pagaron USD 35 millones por un sistema que otra firma ofrecía por USD 15,5 millones.
-
En 2024, la Auditoría General de la Nación (AGN) constató que seis drones jamás se usaron y dos ni siquiera fueron desembalados. Estaban guardados en Campo de Mayo.
-
Se pagó USD 1 millón por un curso de 6 semanas para capacitar a 12 personas. Una suma ridícula e injustificable: USD 85.000 por persona.
-
En Puerto Iguazú, las torres debieron ser reconstruidas porque los “genios del proyecto” no contemplaron que hay árboles en la selva misionera.
Todo está documentado. Los informes de la AGN, la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y la denuncia penal de la Oficina Anticorrupción (OA) coinciden. Pero la causa, que tramita bajo el número 3541/2022, está cajoneada en el juzgado del juez Julián Ercolini.
El G20 y los negocios truchos de siempre
Para la cumbre del G20 en Buenos Aires en 2018, el Ministerio de Seguridad firmó un acta acuerdo que habilitó ocho compras directas para supuesta protección del evento. La mayoría de los insumos llegaron meses después de la cumbre, sin multas, con sobreprecios, y con beneficiarios sospechosamente vinculados al entorno ministerial.
Entre las compras figuran:
-
Chalecos antibala con sobreprecio de 300.000 dólares a una firma donde el directivo integraba la Fundación Confianza Pública, de Graciela Ocaña.
-
Uniformes a la empresa Geotex SRL, con entrega parcial e irregular, por 200.000 USD.
-
Equipos de comunicación adjudicados a Aloy SRL, cuyo único empleado visitó a los funcionarios días antes de recibir el contrato.
-
En todos los casos: sin sanciones, sin controles, sin vergüenza.
El hijo invisible: Francisco Langieri Bullrich, el empresario fantasma
Detrás del decorado oficialista aparece un protagonista crucial: el hijo de Patricia Bullrich, Francisco Langieri Bullrich, que según declaraciones juradas y registros societarios:
-
Es dueño del 95% de la empresa Tostado Buenos Aires SRL, responsable de la cadena Tostado Café Club.
-
En 2015 tenían un barcito en Córdoba y Paraná. Hoy operan más de 50 locales en Argentina, Madrid, Miami, San Pablo y Montevideo.
-
En 2017 creó Grupo Tostado SA, luego Tostado Franquicias SA, con su esposa como socia y él como presidente.
-
Declaró ingresos por USD 171.500 sin justificar tras su paso como funcionario del Ministerio de Modernización.
-
Es también titular de Beta Connect, una firma de software y consultoría que comparte vínculos con Axoft S.A., donde también aparece promocionando productos Juan Ignacio Onel, exdirector de Compras del Ministerio de Seguridad.
Todo indica que los negocios familiares crecieron al calor del dinero público. Pero ni Langieri ni su madre quieren hablar de eso. De hecho, Patricia Bullrich prohibió que se tomaran fotos de su hijo en el acto donde celebró haberle ganado la interna a Horacio Rodríguez Larreta. Sabe que es su punto débil.
¿Y la justicia?
Mientras Bullrich reprime protestas con nuevos cascos y escudos adquiridos en tiempo récord, las causas por corrupción y lavado siguen sin moverse.
La causa por las compras del G20, radicada bajo el número 3578/2024 en el juzgado de Marcelo Martínez De Giorgi, está detenida, como tantas otras que comprometen al poder real.
Conclusión: El relato de la seguridad sirve para tapar el negocio
La gestión de Patricia Bullrich no fue —ni es— un intento de mejorar la seguridad ciudadana. Es una estructura de negocios montada sobre la represión, el blindaje mediático y la impunidad judicial. La seguridad como pantalla, la violencia como espectáculo, y la corrupción como regla.
El relato se cae cuando los drones no vuelan, los chalecos no protegen, y los que marchan por un plato de comida son golpeados con escudos que se compraron para proteger a líderes del G20.
La pregunta que queda es: ¿Hasta cuándo va a durar este “Ministerio del negocio”? Y más aún: ¿Cuánto más deberá callar la justicia para que el silencio siga pagando?
Documentación oficial de la investigación
Auditoría de Gestión MINISTERIO DE SEGURIDAD Proyecto 12010800 by Apropol Noticias
DNIF- SGI Denuncia y Remisión (SISA N° 18.441) by Apropol Noticias
.
¡Quien quiera oir que oiga!
(*) Licenciado en Seguridad Pública y Ciudadana por la Universidad Nacional del Chaco Austral (UNCAUS), ex oficial de la Policía de la Provincia de Santa Fe, dirigente gremial policial y periodista.
Fuente consultada: Canal del diputado nacional Rodolfo Tailhade, Auditoría General de la Nación
APROPOL Noticias