Policías de argentina y latinoamérica repudian represalias del gobierno de Kicilloff

Policías bonaerenses enfrentan represalias por reclamar mejoras laborales y se expresan organizaciones que los nuclean. (Imágen: Lic Luis Miranda)

En un contexto donde la dignidad y los derechos de los trabajadores policiales son fundamentales para garantizar un servicio de seguridad pública eficiente, recientes acontecimientos en la Provincia de Buenos Aires han encendido las alarmas en la comunidad policial.

MIRANDA: «El policía en Argentina es prácticamente un ciudadano de segunda»

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Criminalización de la protesta pacífica

El Centro de Oficiales Retirados de la Policía – Filial La Matanza ha presentado una denuncia judicial que pone en evidencia un preocupante proceso de criminalización de las manifestaciones pacíficas realizadas por personal policial fuera de servicio. Estos efectivos, desarmados y vestidos de civil, ejercieron su derecho constitucional a reclamar condiciones salariales y laborales dignas. Sin embargo, lejos de ser escuchados, enfrentan medidas coercitivas que atentan contra sus derechos fundamentales.​

Vulneración de derechos constitucionales e internacionales

La Federación Argentina de Sindicatos Policiales y Penitenciarios (FASIPP) ha denunciado que las represalias, amenazas y procesos administrativos o penales contra los efectivos que ejercen sus derechos constitucionales constituyen una violación directa al artículo 14 bis de la Constitución Nacional y al artículo 9 del Convenio 151 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Este último establece que los empleados públicos, incluyendo al personal policial, deben gozar de los derechos civiles y políticos esenciales para el ejercicio normal de la libertad sindical.​

Reclamos legítimos y condiciones laborales precarias

Los policías bonaerenses han alzado su voz para exigir salarios acordes a la canasta básica, condiciones laborales adecuadas y una vida profesional compatible con los derechos sociales reconocidos por la Constitución y tratados internacionales. Es inaceptable que quienes velan por la seguridad de la ciudadanía trabajen con chalecos vencidos, turnos extenuantes y horas extra mal remuneradas.​

Exigencias de FASIPP y CTPPL

Ante esta situación, la FASIPP y la Confederación de Trabajadores Policiales y Penitenciarios de Latinoamérica (CTPPL) exigen:​

  1. Cese inmediato de represalias administrativas, judiciales y disciplinarias contra el personal policial involucrado en los reclamos.​

  2. Reincorporación urgente de los efectivos injustamente apartados.​

  3. Creación de un mecanismo legal, transparente y participativo para canalizar los reclamos laborales del personal uniformado.​

  4. Adecuación de la Ley 13.982 y su decreto reglamentario a los estándares internacionales en materia de libertad sindical y protección del trabajo policial.​

Llamado a la solidaridad y unidad

Se hace un llamado a la sociedad civil, poderes del Estado, organismos de derechos humanos y comunidad internacional para que apoyen esta causa justa en defensa de la dignidad y derechos de quienes garantizan nuestra seguridad diaria. A los trabajadores uniformados de todo el país: no están solos. La FASIPP y la CTPPL están firmes junto a ustedes. La justicia y la verdad prevalecerán.

COMUNICADO OFICIAL 

San Salvador de Jujuy, 28 de marzo de 2025
A los trabajadores y trabajadoras uniformadas de la República Argentina,
a la ciudadanía en general, y a las autoridades del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires:
Me dirijo a ustedes con firmeza institucional, profundo compromiso con el Estado de Derecho y una inquebrantable solidaridad con nuestros compañeros y compañeras de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, hoy objeto de medidas injustas y contrarias al marco normativo nacional e internacional.
La reciente presentación del Centro de Oficiales Retirados de la Policía – Filial La Matanza ante el Poder Judicial, en el marco del expediente LM-5137-2025, deja en evidencia un proceso alarmante de criminalización del reclamo pacífico, realizado por personal policial franco de servicio, sin armas, vistiendo de civil y sin interrumpir el servicio de seguridad pública. Se trató de una legítima manifestación que exigía condiciones salariales y laborales dignas, que lejos de constituir un acto de indisciplina o sedición, es una manifestación concreta del ejercicio de los derechos humanos fundamentales.
Desde la FASIPP sostenemos con absoluta claridad que este tipo de medidas coercitivas, amedrentamientos, amenazas, desafectaciones y causas administrativas o penales contra efectivos policiales que ejercen derechos constitucionales, representan una vulneración directa al artículo 14 bis de la Constitución Nacional y, sobre todo, al artículo 9 del Convenio 151 de la Organización Internacional del Trabajo, que establece que:
“Los empleados públicos, al igual que los demás trabajadores, gozarán de los derechos civiles y políticos esenciales para el ejercicio normal de la libertad sindical, a reserva solamente de las obligaciones que se deriven de su condición y de la naturaleza de sus funciones.”
Este principio internacional de jerarquía supralegal (art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional), prohíbe cualquier limitación que anule o vacíe de contenido el derecho de expresión, petición y participación organizada de los trabajadores del sector público, incluyendo al personal policial.
Reivindicamos en este sentido que las manifestaciones efectuadas —de forma pacífica, sin afectar el orden público ni poner en riesgo la seguridad ciudadana— se enmarcan plenamente en los parámetros democráticos que protegen la libertad de expresión, el derecho a peticionar y la dignidad del trabajador estatal, incluso cuando se trate de agentes de seguridad.
El intento de silenciar, castigar y perseguir a quienes simplemente reclaman por un salario digno (muy por debajo de la canasta básica), condiciones laborales mínimas (chalecos vencidos, turnos extenuantes, horas extra mal remuneradas) y una vida humana y profesional compatible con los derechos sociales reconocidos por la Constitución y los tratados internacionales, no sólo constituye una grave falta política, sino una amenaza institucional a los valores democráticos.
Desde la FASIPP y la CTPPL, exigimos:
  1. El cese inmediato de todo tipo de represalias administrativas, judiciales y disciplinarias contra el personal policial involucrado en los reclamos.
  2. La reincorporación urgente de los efectivos injustamente apartados.
  3. La creación de un mecanismo legal, transparente y participativo de canalización de los reclamos laborales del personal uniformado, que permita dar cumplimiento efectivo al derecho a peticionar consagrado en nuestra Carta Magna.
  4. La adecuación de la Ley 13.982 y su decreto reglamentario a los estándares internacionales en materia de libertad sindical, diálogo social y protección del trabajo policial.
Hacemos un llamado a la sociedad civil, a los poderes del Estado, a los organismos de derechos humanos y a la comunidad internacional a que acompañen esta causa justa y necesaria, en defensa de la dignidad y los derechos de quienes garantizan nuestra seguridad todos los días, muchas veces en condiciones extremas y con salarios indignos.
A los trabajadores y trabajadoras uniformadas de todo el país, les digo con claridad y sin temor: no están solos. La FASIPP y la CTPPL están de pie, al lado de cada uno de ustedes. La justicia está de nuestro lado, y tarde o temprano, la verdad y la dignidad se abrirán paso.
Lic Luis Miranda
Secretario General
Federación Argentina de Sindicatos Policiales y Penitenciarios (FASIPP)
Secretario General
Confederación de Trabajadores Policiales y Penitenciarios de Latinoamérica (CTPPL)

FA24

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