Se trata de al menos 15 efectivos trasladados recientemente, que se encuentran en pabellones compartidos con personas condenadas o procesadas por delitos comunes, incluyendo casos de alta peligrosidad. Se encuentran a disposición de la Justicia Federal.
Por Alberto Martínez (*)
Pese a las advertencias realizadas por gremios policiales, familiares, abogados defensores y organismos de derechos humanos, el Servicio Penitenciario de la provincia de Santa Fe volvió a alojar policías imputados por causas federales junto a presos comunes en la Unidad Penitenciaria N.º 1 de Coronda.
Acusan a los gobiernos de Río Negro, Santa Fe y Misiones de violar derechos humanos fundamentales
La decisión, adoptada en un contexto de “reestructuración” y puesta en marcha parcial de la nueva cárcel federal de Coronda, viola garantías básicas de seguridad y dignidad para quienes, más allá de estar procesados, conservan el principio de inocencia y su condición de trabajadores del Estado.
Derechos vulnerados: una advertencia que se repite
Tal como denunciamos esta semana en nuestra nota editorial (“Del discurso ejemplificador al abandono institucional: policías alojados con delincuentes comunes”), esta práctica:
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Viola el artículo 18 de la Constitución Nacional, que garantiza el principio de inocencia y condiciones dignas de detención.
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Coloca en riesgo la integridad física y psicológica de los policías detenidos.
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Expone a represalias y situaciones de extrema vulnerabilidad, especialmente en contextos de motines o conflictos internos.
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Ignora el mandato de separación entre procesados y condenados, y entre miembros de fuerzas de seguridad y civiles.
Una cárcel en transición que no puede ser excusa
Las autoridades provinciales justifican el traslado como parte de una etapa de adecuación a la nueva cárcel federal, que aún no está plenamente habilitada. Sin embargo, la transición no puede utilizarse como pretexto para vulnerar derechos humanos básicos.
Alojar policías en una unidad provincial que no fue diseñada para ellos, ni dispone de infraestructura ni protocolos específicos, no solo es irresponsable: es temerario.
¿Para qué están detenidos, si el Estado no puede garantizar condiciones mínimas?
Desde el Servicio Penitenciario de Santa Fe se aduce que no hay plazas ni instalaciones adecuadas para alojar a los policías imputados en condiciones seguras, a la espera de su traslado a la nueva cárcel federal de Coronda.
Pero la pregunta es inevitable: ¿Para qué están detenidos, entonces?
Si el propio Estado reconoce que no puede garantizar condiciones dignas, separadas y seguras, ¿cómo justifica mantenerlos en prisión preventiva durante más de un año y medio?
La prisión preventiva no puede ser un castigo anticipado ni una medida de exposición al riesgo. Es, en todo caso, una herramienta procesal que exige garantías mínimas de trato y respeto a los derechos humanos.
Y si esas garantías no existen, la prisión pierde toda legitimidad jurídica y se convierte en una forma de venganza institucional.
Un llamado urgente a las autoridades judiciales y penitenciarias
Desde APROPOL y la Federación Argentina de Sindicatos Policiales y Penitenciarios (FASIPP), exigimos:
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El inmediato traslado a un espacio adecuado y seguro.
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La habilitación efectiva de los módulos federales ya terminados.
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La creación de un protocolo específico para la detención de personal policial, que respete su condición, derechos y riesgos específicos.
La seguridad jurídica empieza por el trato justo a quienes, aún en situación procesal, forman parte del sistema de seguridad del Estado. No se puede combatir el delito humillando a quienes portaron el uniforme.
Conclusión: un modelo punitivo que ya fracasó
La política de castigo ejemplificador, maltrato institucional y abandono a los trabajadores policiales detenidos no sólo es injusta, sino ineficaz. No construye justicia: construye resentimiento, miedo y desmoralización en las filas.
Y lo que es peor: debilita la autoridad legítima del Estado al mostrar que ni siquiera puede garantizar derechos a sus propios agentes.
Es hora de frenar esta lógica perversa.
Porque sin justicia para quienes nos cuidan, no hay justicia para nadie.
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¡Quien quiera oir que oiga!
(*) Licenciado en Seguridad Pública y Ciudadana por la Universidad Nacional del Chaco Austral (UNCAUS), ex oficial de la Policía de la Provincia de Santa Fe, dirigente gremial policial y periodista.
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