El exgobernador de Entre Ríos fue alojado en la Unidad Penal N.º 9, ubicada sobre la ruta nacional 136, a unos 26 kilómetros de Gualeguaychú.
Se trata de un establecimiento de perfil productivo, con talleres, capacitación laboral, una granja de animales y monitoreo permanente, aunque recientemente también fue escenario de reclamos de los internos por las condiciones de alojamiento.
Una unidad penitenciaria con trabajo y formación laboral
La Unidad Penal N.º 9 “El Potrero” volvió a concentrar la atención pública a partir del ingreso de Sergio Urribarri, condenado a ocho años de prisión efectiva por negociaciones incompatibles con la función pública y peculado. También fueron alojados allí el exministro Pedro Báez y Juan Pablo Aguilera, condenados en el mismo expediente.
Con una capacidad aproximada para 500 personas privadas de libertad y sectores diferenciados para hombres y mujeres, El Potrero es una de las unidades penitenciarias más antiguas del país y se caracteriza por sostener un modelo que combina el régimen de seguridad con actividades educativas, capacitación en oficios y trabajo productivo.
Dentro del predio funciona una granja en la que se crían cerdos, ovejas y gallinas, mientras que los internos participan de tareas vinculadas a la producción de alimentos y el mantenimiento de las instalaciones. La unidad cuenta además con sala de faena de ovinos, talleres de carpintería, albañilería, tapicería, costura y panadería, esta última destinada a abastecer parte de la población penitenciaria.
Pelotas de fútbol hechas por internos
Entre las experiencias más conocidas de la Unidad Penal 9 se encuentra el taller artesanal de confección de pelotas de fútbol, que funciona en un espacio de la biblioteca. El proyecto nació a partir de los conocimientos de un interno y luego fue ampliándose como instancia de formación laboral dentro del sistema penitenciario entrerriano.
La producción, como las demás actividades de oficio, constituye una herramienta de capacitación que puede resultar decisiva al momento de recuperar la libertad. El trabajo penitenciario no debe ser reducido a una ocupación meramente funcional: cuando se realiza con reglas claras, formación certificable y condiciones dignas, puede ofrecer una vía concreta de reinserción y de reconstrucción de vínculos sociales.
El pabellón donde fue alojado Urribarri
Urribarri fue destinado a un pabellón colectivo ubicado cerca del ingreso al penal, en un sector que había sido proyectado originalmente como módulo sanitario y cuyas obras fueron inauguradas en 2025. El lugar cuenta con 17 celdas individuales, dos baños de uso común, cocina con heladera, comedor y un patio compartido que permanece habilitado hasta las 17.
Según la información difundida desde Entre Ríos, el exmandatario compartirá el pabellón con otros doce internos. Las celdas, de aproximadamente tres por cuatro metros, disponen de cama, mesa de luz y un sistema de cámaras con monitoreo permanente. En el sector se alojan mayormente personas mayores de 60 años, algunas con problemas de salud y otras detenidas por diferentes causas penales.
Los internos pueden acceder a un televisor común en el comedor y, bajo las condiciones reglamentarias de la unidad, pueden contar con un aparato propio en la celda. No tienen permitido el uso de teléfonos celulares ni el acceso a internet.
Monitoreo y reclamos por las condiciones de alojamiento
Durante el último año, la cárcel incorporó un Centro Operativo de Monitoreo con cámaras de alta definición, domos en áreas estratégicas y control permanente sobre el perímetro y los sectores internos. La tecnología puede contribuir a prevenir incidentes, pero no reemplaza al personal suficiente, la infraestructura adecuada ni la atención oportuna de los reclamos que puedan surgir dentro de una unidad de encierro.
La llegada de Urribarri se produjo pocos días después de una protesta en el Módulo C, donde alrededor de 130 detenidos reclamaron mejoras en las condiciones de alojamiento y realizaron un ayuno colectivo. El episodio vuelve a poner sobre la mesa una cuestión que atraviesa a todo el sistema penitenciario: la seguridad, el tratamiento y la reinserción no son objetivos opuestos, sino responsabilidades que deben sostenerse de manera simultánea.
Todo llega
La presencia de Urribarri en El Potrero tiene, además, una inevitable carga política para el personal policial entrerriano: durante su gestión, en diciembre de 2013, las protestas por salarios dignos y mejores condiciones laborales derivaron en causas penales contra efectivos de Concordia, a quienes sus defensas y organizaciones vinculadas al reclamo denunciaron como víctimas de una criminalización selectiva.
La paradoja es difícil de soslayar: el exgobernador cumple hoy una condena por corrupción en la misma Unidad Penal 9 a la que, según recuerdan aquellos policías, el poder provincial procuró enviar a quienes se habían organizado para reclamar un salario que les permitiera vivir con dignidad. La Justicia confirmó posteriormente condenas por sedición agravada contra participantes de aquella protesta, por lo que corresponde diferenciar esa decisión judicial de la discusión política y sindical sobre el modo en que se construyeron y utilizaron esas causas.
Fuentes: La Voz y R2820.
(*) Periodista. Corresponsal en Buenos Aires.
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