Una denuncia por acoso y maltrato laboral contra un jefe vuelve a exponer un doble estándar alarmante: no se activaron protocolos, no hubo sanciones ni apartamientos. Mientras tanto, la denunciante fue trasladada y el denunciado protegido. Un nuevo caso que revela cómo Asuntos Internos aplica la ley según el cargo y las relaciones de poder.
Por Rubén Pombo
La División de Investigaciones Judiciales y Administrativas (DIJA) vuelve a estar en el ojo de la tormenta. Esta vez, por un caso de acoso y maltrato laboral protagonizado por su propio jefe, el Inspector Carlos R., denunciado hace más de un mes y medio por una de sus numerarias por acoso y maltrato laboral.
La denuncia está radicada en la Fiscalía de Violencia Institucional, a cargo de la Dra. Bartocci. Sin embargo, el tratamiento que ha recibido el caso es escandalosamente desigual si se lo compara con lo que ocurre habitualmente cuando el denunciado es un agente común:
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A Carlos R. le dieron licencia “por vacaciones”.
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A ella la trasladaron recientemente, como si el problema fuese su permanencia y no la conducta denunciada.
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No se activó el Protocolo de Violencia de Género, ni se abrió causa administrativa alguna.
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Tampoco se le retiró el arma ni se lo puso en disponibilidad, como ocurre en cualquier otro caso donde se aplican las normas vigentes.
En cualquier otra dependencia y con cualquier otro agente, ante una denuncia de este tipo, automáticamente se activa el protocolo, se aparta preventivamente al denunciado y se inicia la investigación administrativa correspondiente. Acá, en cambio, hay protección política y corporativa.
No estamos ante un olvido: estamos ante un doble estándar.
Este caso se suma a una serie de situaciones graves que involucran a personal con poder dentro de Asuntos Internos y otras áreas sensibles, donde la ley se aplica selectivamente.
Un ejemplo claro es el de Aldo R., oficial y abogado cuya doble condición se mantuvo oculta durante años y que —como expusimos— trabajó en connivencia con los fiscales Edery y Schiappa Pietra, denunciados por armar causas contra policías. Fue uno de los que participó en la causa del galpón de calle Guatemala, donde se allanó, detuvo y secuestró bienes sin sustento legal. Ver nota completa.
Un patrón que se repite
Estos casos no son aislados: configuran un sistema de impunidad interna donde ciertos nombres gozan de protección política y administrativa, mientras se aplica la máxima dureza contra agentes comunes por hechos mucho menores.
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Se demora o bloquea la aplicación de protocolos cuando los denunciados tienen rango o vínculos.
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Se desalienta a las denunciantes mediante traslados en lugar de protegerlas.
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Se usa Asuntos Internos como instrumento de disciplinamiento, no como garante de legalidad.
Desde APROPOL
Exigimos que se aplique de manera inmediata el Protocolo de Violencia de Género, que se aparte preventivamente al Inspector Ríos, que se proteja a la denunciante y que se dé curso a la investigación judicial sin interferencias.
No puede haber “castas” internas inmunes a las normas. La credibilidad institucional de Asuntos Internos depende de que la ley no se aplique con nombre y apellido, sino con igualdad real ante la norma.
AMPLIAREMOS
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