El reclamo del oficial Elian Donno, publicado por APROPOL en enero pasado, vuelve a cobrar actualidad en medio de nuevas denuncias provenientes de la Unidad Regional V.
El efectivo sostiene que documentación vinculada con su pedido de traslado por razones familiares y humanitarias no habría sido elevada oportunamente desde División Personal a Provincia. Aunque actualmente existen señales de que el trámite podría avanzar, el antecedente vuelve a poner bajo discusión el funcionamiento administrativo de una unidad donde recientemente también surgieron reclamos por condiciones laborales, recargos, traslados y presuntos malos tratos.
La situación que atraviesa actualmente la Unidad Regional V de Rafaela obliga a volver sobre un caso que APROPOL hizo público el pasado 28 de enero y que, lejos de constituir un episodio aislado, hoy permite observar con mayor claridad una problemática que parece repetirse dentro de la estructura administrativa de esa dependencia.
Se trata del oficial Elian Donno, quien junto con su esposa —también integrante de la Policía de Santa Fe— había solicitado un traslado interdivisional hacia una unidad más cercana a su domicilio debido a una situación familiar particularmente compleja. El matrimonio presta servicios en Rafaela pero reside en el departamento Garay y debe atender las necesidades permanentes de su hijo pequeño, quien posee certificado de discapacidad y requiere distintos tratamientos especializados.
A esa situación se agregan problemas graves de salud que afectan a los padres del efectivo. Su madre atraviesa una enfermedad oncológica que requirió intervenciones quirúrgicas, mientras que su padre padece una patología coronaria, diabetes y, según informó ahora Donno, se habría sumado además un cuadro de insuficiencia renal.
La documentación médica y administrativa correspondiente había sido presentada oportunamente y el pedido de traslado se fundaba precisamente en esas circunstancias familiares y humanitarias.
Un trámite que habría quedado frenado dentro de la propia Unidad Regional
Donno volvió a comunicarse con APROPOL luego de observar las recientes denuncias surgidas desde Rafaela y aportó un dato que agrega otra dimensión al caso: según aseguró, parte de la documentación relacionada con su situación no habría sido elevada oportunamente desde División Personal de la Unidad Regional V hacia las autoridades provinciales encargadas de resolver el traslado.
Este punto resulta especialmente relevante porque, si la documentación efectivamente quedó retenida o demorada dentro de la propia estructura administrativa, buena parte del prolongado silencio que soportó la familia podría no haber dependido exclusivamente de una decisión tomada en Santa Fe, sino también del funcionamiento interno de la unidad.
Donno manifestó que actualmente continúa esperando una resolución definitiva, aunque recibió indicios de que el trámite finalmente estaría avanzando y que el pedido podría encontrar una respuesta favorable. La eventual solución, sin embargo, no elimina las preguntas sobre todo lo ocurrido durante los meses anteriores ni sobre las razones por las cuales una situación debidamente documentada permaneció durante tanto tiempo sin respuesta.
Una familia que pidió una respuesta, no un privilegio
Cuando APROPOL publicó originalmente el caso, Donno explicaba que su hijo requería tratamientos de fonoaudiología, estimulación temprana y kinesiología, además de una presencia familiar constante debido a sus condiciones particulares. Al mismo tiempo, las enfermedades de sus padres multiplicaban las obligaciones de cuidado y convertían la distancia entre Rafaela y el domicilio familiar en un problema cotidiano difícil de sostener.
El planteo nunca estuvo orientado a obtener un privilegio funcional sino a conseguir una organización del servicio compatible con una realidad familiar excepcional y respaldada por certificados médicos, informes profesionales y documentación administrativa.
Precisamente por eso resulta difícil comprender que un pedido de esas características pueda permanecer durante meses sin una definición clara y, más aún, que exista ahora la versión de que parte de la documentación ni siquiera habría recorrido oportunamente el circuito administrativo correspondiente.
El antecedente adquiere otra dimensión frente a las nuevas denuncias
El caso vuelve a cobrar relevancia porque en las últimas horas APROPOL recibió nuevas quejas provenientes de personal recientemente incorporado al Comando Radioeléctrico de Rafaela, donde se denuncian presuntos malos tratos y hostigamientos, recargos que no serían correctamente registrados o abonados, incumplimientos vinculados con el transporte del personal, pases y permutas que permanecerían sin resolución y temor a eventuales represalias.
La aparición simultánea de problemas de naturaleza diferente pero atravesados por un denominador común —la dificultad para obtener respuestas administrativas claras— obliga a preguntarse si estamos frente a episodios independientes o ante falencias más profundas en los mecanismos de conducción y gestión de personal dentro de la Unidad Regional V.
El antecedente de Donno resulta significativo precisamente porque su conflicto comenzó mucho antes de las denuncias actuales. En enero ya advertíamos sobre una familia policial que había presentado documentación, recorrido las vías administrativas y esperado durante meses una respuesta que no llegaba.
Ahora aparece un dato adicional: el propio efectivo sostiene que la documentación no habría sido elevada correctamente desde la dependencia correspondiente.
Cuando la administración también se convierte en un problema laboral
Dentro de una institución jerarquizada, el funcionamiento administrativo no constituye una cuestión secundaria. Un expediente que no se eleva, una permuta que no se tramita, un pedido que permanece sin respuesta o una documentación que queda detenida en alguna oficina puede modificar profundamente la vida de un trabajador y de toda su familia.
Esto adquiere una dimensión todavía mayor cuando existen enfermedades, discapacidad o tratamientos médicos involucrados.
Los policías no dejan de tener hijos, padres enfermos, dificultades económicas o responsabilidades familiares cuando ingresan al servicio. Una conducción profesional debe compatibilizar, dentro de las posibilidades operativas, las necesidades institucionales con situaciones humanas excepcionales debidamente acreditadas.
La respuesta tampoco puede consistir en obligar al trabajador a recurrir a los medios de comunicación para conseguir que un expediente comience a moverse.
Una oportunidad para saber si algo cambió
El propio Donno señala actualmente que su pedido parecería encontrarse encaminado y espera una resolución favorable. Sería una buena noticia para una familia que lleva demasiado tiempo esperando y también una oportunidad para que la propia institución demuestre que puede corregir los mecanismos que fallaron.
Pero queda pendiente una cuestión que APROPOL ya había planteado en enero y que hoy adquiere nueva vigencia: ¿qué ocurrió durante todos estos meses con el expediente y por qué fue necesario llegar hasta este punto para obtener una respuesta?
La situación merece ser aclarada no solamente por Donno y su familia, sino también porque los nuevos reclamos surgidos dentro de la Unidad Regional V muestran que existen otros trabajadores atravesando dificultades administrativas y laborales que tampoco parecen encontrar canales eficaces de resolución.
Una institución que exige disciplina, disponibilidad y cumplimiento permanente a su personal debe ofrecer, como contrapartida elemental, mecanismos administrativos que funcionen, expedientes que circulen y respuestas que lleguen en tiempos razonables.
El caso Donno puede finalmente estar camino a solucionarse.
Lo que todavía falta saber es si también se solucionó aquello que permitió que el problema llegara tan lejos.
AMPLIAREMOS
(*) Periodista. Corresponsal en Santa Fe.
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