SANTA FE: «El Infierno» y la estética del castigo en la política de seguridad provincial

Lo que era vox populi pasó a integrar una presentación institucional

Durante ExpoSeguridad Rosario, realizada los días 4 y 5 de noviembre de 2026, el Gobierno de Santa Fe expuso distintos aspectos de su programa de seguridad pública, incluyendo las reformas legislativas, la incorporación de tecnología y la ampliación de la infraestructura penitenciaria destinada al alojamiento de personas consideradas de alto perfil criminal.

En ese contexto, durante el panel dedicado al Servicio Penitenciario, la Dra. Lucía Masneri Calderari, secretaria de Asuntos Penales y directora general del Servicio Penitenciario a cargo, presentó una diapositiva que enumeraba establecimientos nuevos y proyectados. Entre ellos aparecía una identificación que merece especial atención: «U.P. 8 El Infierno: 1.152 plazas».

La denominación no constituye una novedad absoluta, porque el propio Gobierno provincial la viene utilizando desde hace tiempo para referirse a la cárcel de máxima seguridad que construye en Piñero, destinada especialmente a alojar personas vinculadas con organizaciones criminales de elevada peligrosidad.

Sin embargo, existe una diferencia entre una expresión que circula informalmente, su reiteración en declaraciones de funcionarios y su incorporación a una presentación institucional que expone ante especialistas, autoridades y representantes de distintos sectores los resultados y proyectos de una política pública.

El hecho adquiere especial relevancia porque quien utilizó esa denominación es una abogada que ejerce responsabilidades superiores dentro del sistema penitenciario y conoce profesionalmente las obligaciones jurídicas que rigen la privación de libertad.

No estamos ante una modificación formal de nomenclatura que hayamos podido acreditar mediante un decreto, sino ante algo diferente y también significativo: la incorporación explícita de una representación del sufrimiento al lenguaje con el que el propio Estado comunica su proyecto penitenciario.

La estética del poder: por qué los nombres también importan

La estética de una política pública no se limita a su presentación gráfica, las fotografías oficiales o los recursos utilizados para comunicar sus resultados. Comprende también los símbolos, las denominaciones y las imágenes mediante las cuales el Estado representa su autoridad y transmite a la sociedad qué valores pretende asociar con el ejercicio de sus facultades.

Desde esta perspectiva, llamar «El Infierno» a un establecimiento penitenciario no equivale a denominarlo Unidad Penitenciaria N.º 8 de Máxima Seguridad, porque mientras esta última expresión describe una función institucional, la primera remite culturalmente al sufrimiento, el tormento y el castigo extremo.

No es necesario sostener que el Gobierno pretenda practicar torturas ni que la denominación constituya por sí misma una violación constitucional para advertir el problema simbólico que introduce.

La pregunta es por qué un Estado que se encuentra jurídicamente obligado a garantizar condiciones dignas de detención decide representar públicamente uno de sus establecimientos mediante una imagen asociada al padecimiento.

La estética no es una cuestión secundaria, porque el lenguaje utilizado desde el poder contribuye a construir expectativas sociales acerca de lo que las instituciones deben hacer y de aquello que se considera aceptable en nombre de la seguridad.

Cuando la cárcel se representa como un infierno, el control masivo de personas como demostración de eficacia y la ampliación permanente de facultades policiales como sinónimo de progreso, comienza a configurarse una determinada imagen de la autoridad estatal, en la cual la severidad y la capacidad de intervención adquieren un protagonismo que puede desplazar otros criterios igualmente indispensables para evaluar una política pública.

Entre ellos se encuentran la legalidad, la proporcionalidad, la prevención efectiva del delito y el respeto por las garantías individuales.

En la Divina comedia, Dante Alighieri imaginó el Infierno como un territorio de condenación eterna, donde el sufrimiento constituye una condición irreversible y la esperanza desaparece definitivamente. Sobre su puerta colocó una de las advertencias más célebres de la literatura universal: «Dejad toda esperanza, vosotros que entráis».

La imagen resulta particularmente significativa cuando un Estado constitucional decide incorporar la denominación «El Infierno» a la presentación pública de un establecimiento penitenciario, porque mientras el universo dantesco representa la imposibilidad de redención, nuestro ordenamiento jurídico exige que la privación de libertad preserve la dignidad humana y mantenga como finalidad esencial la reinserción social. No se trata de sostener que un nombre demuestre por sí mismo la existencia de prácticas ilegales, sino de advertir la distancia ética y simbólica entre una representación del encierro fundada en la desesperanza y las obligaciones jurídicas que deben orientar a una institución penitenciaria democrática.

La ética constitucional: las cárceles son para seguridad, no para tormento

La discusión estética conduce necesariamente a una cuestión ética y jurídica, porque el Estado no dispone de libertad absoluta para establecer los fines de las instituciones penitenciarias ni para determinar las condiciones bajo las cuales las personas privadas de libertad deben cumplir sus condenas.

El artículo 18 de la Constitución Nacional establece que las cárceles deben ser sanas y limpias, destinadas a garantizar la seguridad y no a imponer castigos adicionales que excedan los legalmente autorizados.

La Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 5, reconoce el derecho de toda persona privada de libertad a recibir un trato respetuoso de su dignidad y establece que las penas privativas de libertad deben tener como finalidad esencial la reforma y readaptación social de los condenados.

Estos principios no impiden la existencia de establecimientos de máxima seguridad ni desconocen los riesgos que representan determinadas organizaciones criminales, especialmente cuando sus integrantes intentan continuar dirigiendo actividades ilícitas desde las cárceles.

El Estado tiene la obligación de impedir esas conductas mediante recursos adecuados, tecnología, inteligencia penitenciaria sometida a controles y procedimientos profesionales.

Pero la necesidad de un régimen estricto no altera los límites constitucionales de la ejecución penal ni convierte el sufrimiento en una finalidad legítima de la privación de libertad.

La seguridad máxima puede ser una necesidad institucional; el tormento no puede convertirse en su identidad.

La cuestión ética consiste precisamente en establecer qué valores deben orientar el ejercicio legítimo de la coerción y cómo impedir que los recursos necesarios para proteger a la sociedad terminen asociados con una concepción del poder que naturalice restricciones y padecimientos más allá de lo jurídicamente permitido.

La misma estética aparece en los controles masivos de personas

La denominación penitenciaria adquiere una dimensión más amplia cuando se la examina junto con otras prácticas y mensajes de la política de seguridad santafesina.

El Gobierno viene otorgando considerable visibilidad a los operativos de saturación, las identificaciones de personas, los controles vehiculares y las estadísticas relacionadas con la cantidad de intervenciones policiales realizadas en la vía pública.

Esas actividades pueden cumplir funciones preventivas legítimas, siempre que se desarrollen dentro de los presupuestos y límites establecidos por la legislación.

Sin embargo, desde APROPOL venimos cuestionando la tendencia a presentar el volumen de identificaciones como un resultado positivo en sí mismo, sin explicar suficientemente qué relación existe entre la cantidad de ciudadanos sometidos a controles y los resultados concretos obtenidos en materia de prevención o investigación criminal.

El artículo 10 bis de la Ley Orgánica Policial permite determinadas demoras para identificación bajo los requisitos legalmente establecidos, pero no constituye una autorización general para restringir indiscriminadamente la libertad de cualquier persona.

Por su parte, el Decreto provincial 460/2022 regula facultades policiales de control y retención preventiva de motovehículos en circunstancias determinadas. Aunque fue dictado durante la administración anterior, continúa integrando el marco normativo utilizado para estas intervenciones.

El problema no es que existan esas facultades, sino la posibilidad de que su aplicación se transforme en una práctica masiva, orientada a satisfacer objetivos cuantitativos o demostrar presencia estatal mediante intervenciones cuya justificación individual debería ser examinada cuidadosamente.

En distintas denuncias recibidas por APROPOL, trabajadores policiales señalaron exigencias de cumplir determinadas cantidades de identificaciones y controles, acompañadas de presiones vinculadas con recargos de servicio.

Esas denuncias requieren comprobación administrativa, pero permiten plantear una cuestión institucional concreta: cuando el procedimiento se convierte en una meta numérica, existe el riesgo de que deje de ser una herramienta subordinada a una necesidad preventiva específica y comience a funcionar como una obligación de producción estadística.

En ese escenario, los ciudadanos quedan expuestos a intervenciones cada vez más frecuentes, mientras los policías pueden verse presionados para realizarlas independientemente de la valoración profesional de cada situación.

Del control de circulación a la identificación de las comunicaciones privadas

La preocupación se vuelve todavía más visible al examinar las declaraciones realizadas el 12 de noviembre por la jefa de la Unidad Regional I, Margarita Romero, sobre los nuevos controles de teléfonos celulares mediante el código IMEI.

La legislación fue presentada como una herramienta para combatir el robo y la comercialización ilegal de dispositivos tecnológicos mediante procedimientos de identificación y trazabilidad.

Sin embargo, al explicar públicamente su posible utilización, Romero habló de verificar qué estaba haciendo una persona, qué estaba comunicando y con quién se comunicaba, aunque simultáneamente sostuvo que no se pretendía revisar su vida privada.

La contradicción merece atención porque el IMEI identifica técnicamente un dispositivo, pero no permite conocer por sí mismo las comunicaciones de su propietario.

La funcionaria también afirmó que una persona que se negara a exhibir el identificador sería trasladada y puesta a disposición del fiscal de turno, una consecuencia que exige distinguir cuidadosamente entre las facultades legales de verificación del aparato, las eventuales medidas sobre el dispositivo y aquellas que permiten restringir la libertad personal.

Las declaraciones no prueban que exista una instrucción escrita para revisar comunicaciones privadas ni que se hayan realizado procedimientos ilegales mediante esa interpretación, pero sí muestran cómo una autoridad policial puede describir públicamente facultades más amplias que la finalidad específica que justificó su incorporación legislativa.

Este desplazamiento resulta relevante porque permite observar que los procesos de ampliación del control no dependen solamente de la sanción de nuevas normas, sino también de las interpretaciones que las autoridades desarrollan y transmiten a quienes deberán aplicarlas.

Cuando la excepción comienza a naturalizarse

En Gobernar mediante la sospecha venimos desarrollando una preocupación relacionada con la progresiva incorporación de mecanismos excepcionales al funcionamiento ordinario de la seguridad pública, especialmente cuando las facultades de intervención estatal comienzan a extenderse más allá de las circunstancias concretas que justificaron su reconocimiento.

No toda medida de seguridad intensiva constituye un estado de excepción ni toda ampliación de facultades resulta ilegítima, porque el Estado tiene responsabilidades concretas de prevención del delito y protección de la comunidad.

La cuestión aparece cuando las restricciones comienzan a normalizarse, los requisitos legales pierden centralidad frente a la expectativa de obtener resultados y la excepcionalidad adquiere valor como representación política de eficacia.

En ese contexto, la denominación «El Infierno», las identificaciones masivas, los controles vehiculares y las interpretaciones expansivas de nuevas facultades tecnológicas pueden analizarse como expresiones diferentes de una estética de la coerción que merece una evaluación ética y constitucional.

La cárcel identificada mediante una imagen de sufrimiento, el procedimiento policial presentado como una cifra de productividad y el teléfono convertido potencialmente en una fuente de información sobre las relaciones privadas de su propietario no son situaciones jurídicamente equivalentes.

Pero todas permiten examinar una misma pregunta: ¿hasta dónde puede extenderse el poder de intervención del Estado antes de que los instrumentos excepcionales comiencen a modificar la naturaleza ordinaria de la relación entre autoridad y ciudadanía?

La Constitución no establece que la eficacia estatal deba medirse por la intensidad de la coerción ejercida, sino que exige que las autoridades actúen conforme a las leyes y respeten los derechos que esas mismas instituciones tienen la obligación de proteger.

Los trabajadores policiales y penitenciarios también quedan comprometidos

La dimensión ética del problema no alcanza exclusivamente a las personas privadas de libertad o a los ciudadanos sometidos a controles, porque la ampliación de facultades coercitivas también modifica las condiciones bajo las cuales los policías y penitenciarios deben desarrollar su trabajo.

Cuando las instituciones son presentadas públicamente mediante una estética de severidad permanente, los trabajadores pueden quedar sometidos a expectativas que privilegian la demostración de fuerza por encima del criterio profesional y del cumplimiento estricto de las reglas.

El personal penitenciario necesita disponer de herramientas adecuadas para controlar establecimientos complejos, prevenir hechos violentos y garantizar la seguridad de quienes se encuentran bajo su custodia, pero también requiere instrucciones que no confundan la disciplina con el castigo arbitrario ni la máxima seguridad con la degradación de las condiciones de detención.

De manera semejante, el trabajador policial necesita facultades claras para prevenir delitos, identificar personas cuando corresponda y realizar controles legalmente autorizados, sin recibir presiones para multiplicar procedimientos o aplicar interpretaciones que puedan comprometer posteriormente su responsabilidad.

En ambos casos aparece una contradicción institucional: las decisiones políticas pueden ampliar la capacidad coercitiva del Estado, mientras las consecuencias jurídicas y profesionales de su ejecución recaen directamente sobre los agentes encargados de llevarlas adelante.

Esta situación no elimina la responsabilidad individual de los trabajadores por sus propios actos, pero exige que las autoridades superiores asuman plenamente las obligaciones correspondientes a la planificación, reglamentación, capacitación y supervisión de los procedimientos.

La profesionalización policial y penitenciaria no consiste en disponer de facultades cada vez más amplias, sino en ejercer correctamente las que la ley reconoce, con recursos adecuados, formación suficiente y responsabilidad institucional.

Lo que revela la presentación de «El Infierno»

La imagen exhibida durante ExpoSeguridad Rosario tiene una importancia que excede la discusión acerca de si existe o no un decreto que establezca formalmente esa denominación.

Lo significativo es que una expresión asociada al sufrimiento fue incorporada a una presentación institucional del programa penitenciario provincial, utilizada por una autoridad profesional del derecho y situada entre las obras que el Gobierno exhibe como parte de su política de seguridad.

Ese hecho permite abrir una discusión sobre la correspondencia entre la estética del poder y la ética constitucional que debe orientar su ejercicio.

La primera expresa cómo el Estado quiere ser percibido; la segunda establece qué está autorizado a hacer y cuáles son los límites que no puede atravesar.

Cuando ambas dimensiones comienzan a separarse, aparece el riesgo de que determinadas representaciones de severidad adquieran mayor importancia política que las condiciones jurídicas que deben regir las intervenciones.

Santa Fe necesita establecimientos penitenciarios seguros, controles policiales eficaces y herramientas tecnológicas capaces de contribuir a la prevención y la investigación criminal, pero también necesita que esas capacidades estén subordinadas a finalidades legítimas, criterios de proporcionalidad y garantías verificables.

El problema no es que el Estado ejerza autoridad, sino cómo representa esa autoridad, qué límites reconoce y qué responsabilidades asume por las consecuencias de sus decisiones.

Una democracia no demuestra su fortaleza porque pueda construir una cárcel llamada «El Infierno», identificar masivamente ciudadanos o ampliar indefinidamente las oportunidades de control, sino porque es capaz de garantizar seguridad sin convertir la excepcionalidad en una forma ordinaria de gobierno.

La presentación de la Unidad Penitenciaria N.º 8 constituye, por eso, algo más que una curiosidad sobre el nombre elegido para una cárcel.

Es una oportunidad para discutir qué concepción de la autoridad se está construyendo, cómo se relaciona con las garantías constitucionales y qué efectos puede tener sobre las personas sometidas al poder estatal y sobre los propios trabajadores responsables de ejercerlo.

Porque el ejercicio legítimo de la coerción requiere límites claros y una ética institucional que no puede ser reemplazada por imágenes de dureza.

Dentro de la ley, todo. Fuera de la ley, nada.

“Quien quiera oír que oiga”