SANTA FE: Pullaro y Cococcioni ordenan violar la intimidad de los hogares de los policías

¿Un nuevo protocolo o una nueva intromisión estatal? El gobierno anuncia, pero no informa. El Ministerio decide, pero no consulta. El personal policial, como casi siempre, se entera último.

Por Alberto Martínez (*)

Con una sobriedad llamativa y sin ningún tipo de comunicación formal clara al personal, el ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, deslizó días atrás la existencia de un “nuevo protocolo” destinado a habilitar visitas domiciliarias a los policías.

Lo dijo sin eufemismos: se trata de fiscalizar y verificar en qué condiciones está ese personal. ¿Pero qué implica realmente esta medida? ¿Qué garantías la regulan? ¿Cuál es el protocolo?

Protocolo fantasma: el anuncio sin reglamento

Hasta el momento de esta publicación, no hay un solo documento público —resolución, circular o disposición interna— que dé cuenta formal de la creación y aplicación de este nuevo protocolo. El texto no ha sido publicado en el Boletín Oficial, no circula por los canales administrativos internos, y lo más grave: el personal afectado no fue informado ni consultado.

Esta ausencia de información vuelve cualquier visita una práctica discrecional, sujeta a interpretación y abierta al abuso.

¿Inspección o vigilancia?

La práctica de supervisar a quienes se encuentran de baja médica no es, per se, ilegal. Pero debe estar regida por garantías mínimas: aviso previo, objetivos claros, presencia de profesionales idóneos, respeto del ámbito privado y la intimidad familiar. Nada de eso está garantizado hoy en Santa Fe.

Por el contrario, el personal policial según lo anunciado en medios de prensa comenzarán a recibir visitas en sus domicilios, sin saber qué protocolo se aplica, con qué fines, ni quién autorizó la intervención. Una verdadera zona gris institucional.

Un nuevo abuso: del cuartel a la casa

Si durante años denunciamos las condiciones infrahumanas en que trabajan miles de policías, ahora se suma un nuevo nivel de intrusión: el hogar como territorio de fiscalización. No sólo precarizan su salario, los exponen en operativos sin respaldo, los trasladan sin avisar, y los procesan sin pruebas; ahora también los vigilan en su propia casa.

Y todo esto, sin un marco jurídico claro, sin participación gremial, y sin transparencia. Se vuelve inevitable preguntarse: ¿hasta dónde van a llegar?

Exigimos explicaciones

Desde APROPOL exigimos:

• La publicación inmediata del protocolo completo, con firma oficial, marco legal y reglamentación operativa.

• La suspensión preventiva de las visitas hasta tanto no se garantice el respeto de derechos laborales, privacidad e integridad familiar.

• La intervención de la Legislatura Provincial, especialmente de las comisiones vinculadas a Seguridad y Derechos Humanos.

• Se requiere la urgente intervención de la Defensoría del Pueblo, dado que esta medida viola a prima facie derechos humanos fundamentales, especialmente el derecho a la intimidad y a la inviolabilidad del domicilio.”
• Y sobre todo, la participación activa del personal policial a través de sus organizaciones representativas, en todo debate que involucre su vida y su salud.

A modo de conclusión

Un Estado que no garantiza el cuidado de sus fuerzas, pero sí su persecución y control arbitrario, no está construyendo seguridad. Está sembrando miedo, desconfianza y desprotección.

Ya lo advertimos con los traslados abusivos. Lo denunciamos con los policías detenidos junto a presos comunes. Hoy lo volvemos a decir con firmeza: si el protocolo no se publica y no se explica, es ilegal. Y si no hay consentimiento, es invasión.

No vamos a permitir un nuevo abuso. Ni en el cuartel ni en el hogar.

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(*) Periodista. Licenciado en Seguridad Pública. Especialista en seguridad y derechos laborales de los trabajadores policiales y penitenciarios.

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