En menos de diez días, dos policías santafesinos se atrincheraron en sus casas.
Por Alberto Martínez (*)
El primero, César Muga, dejó un saldo de horror: su pareja baleada, su hija herida y un tiroteo con sus propios compañeros.
El segundo, este sábado, fue Federico Cardozo, de 42 años, en barrio Nueva Esperanza, que terminó rindiéndose tras un operativo del GOE.
En ambos casos, el escenario fue el mismo: un trabajador armado, en crisis, que pasa de la rutina a un episodio límite. En ambos casos, el barrio quedó sitiado y la tensión atravesó la noche. Y en ambos casos, la pregunta es idéntica: ¿cómo llegamos hasta acá?
No es un hecho aislado: es la confirmación de lo que advertimos
El 14 de mayo escribíamos en este mismo espacio:
“La policía de la provincia de Santa Fe está rota. Anímica, física y emocionalmente. Y lo peor es que esto no es una emergencia: es una política de desgaste planificada.”
No eran palabras exageradas. Eran un diagnóstico. Y lo que está pasando ahora es su confirmación más dolorosa.
Los atrincheramientos no son caprichos individuales ni “arrebatos” desconectados: son el síntoma de una estructura que exprime a su personal hasta quebrarlo.
El patrón es claro
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Jornadas interminables.
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Salarios que no alcanzan ni para comer.
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Ausencia total de contención psicológica real.
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Protocolos que se activan después, nunca antes.
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Estigma social y silencio institucional.
Cuando la crisis estalla, se despliega todo: patrulleros, grupos tácticos, negociadores. Pero antes de que explote, el Estado no está.
¿Y ahora qué?
Si en diez días tenemos dos episodios de atrincheramiento en el mismo barrio, lo que tenemos no es mala suerte: es un patrón de riesgo extremo que nadie quiere reconocer.
Si no se cambia ya la forma de cuidar —y no me refiero a cuidar a la sociedad, sino a cuidar a quienes cuidan—, el próximo atrincheramiento podría ser peor.
Las alarmas ya están sonando. En mayo lo dijimos:
“O decimos basta, o nos callan para siempre.”
Hoy lo repetimos. Porque lo que está en juego no es solo la vida de los vecinos, sino también la de los propios trabajadores policiales, que son personas antes que uniformes.
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(*) Periodista. Licenciado en Seguridad Pública. Especialista en seguridad y derechos laborales de los trabajadores policiales y penitenciarios.
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