Una sociedad más segura no se construye con leyes inconstitucionales ni con policías desprotegidos. Sin Estado de Derecho, no hay seguridad duradera. El policía debe dejar de ser el primer desprotegido al que el propio Estado le viola sus derechos más elementales.
Por Alberto Martinez (*)
Un ejemplo que alarma: la Ley Antimafia
La reciente sanción de la Ley Antimafia (El número oficial de la Ley Antimafia sancionada en 2025 es la Ley N.º 27.788 publicada en el Boletín Oficial de la República Argentina el 15 de marzo de 2025. ) puso en evidencia una tendencia peligrosa que venimos denunciando hace tiempo: el avance de un modelo punitivista que no solo atropella derechos constitucionales, sino que instala una lógica de excepción como norma. Como bien explicó el Dr. Gustavo Feldman, esta ley presenta artículos que rayan en lo disparatado: detenciones sin orden judicial, zonas enteras bajo vigilancia federal y sanciones colectivas que desconocen principios básicos del derecho penal.
Feldman fue claro: se trata de una norma que, bajo la excusa de combatir el crimen, sienta las bases de una intervención federal encubierta y vulnera garantías protegidas por la Constitución Nacional y por pactos internacionales de derechos humanos. Un esquema más cercano al autoritarismo que a la República.
Cuando el Estado se convierte en amenaza
La gravedad institucional que enfrentamos en Argentina —y particularmente en Santa Fe— no se limita a las cifras del delito. Se expresa en un debilitamiento progresivo del sistema republicano, del control judicial y del respeto por las formas democráticas. Y esto tiene consecuencias directas sobre quienes están en la primera línea del conflicto: los trabajadores policiales y penitenciarios.
Venimos sosteniendo con firmeza: no se puede brindar seguridad desde la inseguridad. Y esa inseguridad no solo es social. Es también institucional, jurídica, política y operativa. Hoy, muchos trabajadores policiales cumplen funciones en un marco legal difuso, con escasa protección ante decisiones arbitrarias, y siendo los primeros en ser señalados cuando algo falla.
Tarde o temprano, las leyes inconstitucionales y las violaciones a los derechos humanos terminan afectando directamente la salud, la libertad y la vida de los policías. Porque antes que funcionarios, son ciudadanos. Y antes que brazo ejecutor del Estado, son trabajadores. Cuando el Estado vulnera la ley, no solo debilita su legitimidad: expone injustamente a quienes lo representan en la calle.
La seguridad no se impone, se construye
No hay atajos hacia la paz social. Los intentos de imponer la seguridad por vía de la represión, de la suspensión de garantías o de la intervención de facto de poderes provinciales, no solo fracasan, sino que erosionan el fundamento mismo de la autoridad estatal. Porque el Estado que viola sus propias leyes deja de tener legitimidad.
La inseguridad no se resuelve con más miedo, sino con más justicia. Y esa justicia solo es posible si se respeta la legalidad, se fortalece la autonomía provincial y se garantizan los derechos laborales, operativos y humanos de quienes deben ejercer el poder de policía.
Por una seguridad que no sacrifique derechos
Desde nuestros espacios sostenemos con claridad: proteger a quien protege es una condición para lograr seguridad pública de calidad. La criminalidad organizada debe ser combatida, sin duda. Pero hacerlo sin respeto por los derechos constitucionales convierte al Estado en parte del problema.
Las leyes que se sancionan hoy determinarán el tipo de país que tendremos mañana. Si no defendemos el Estado de Derecho, no habrá justicia que valga, ni seguridad que dure. Y en esa defensa, los trabajadores policiales y penitenciarios no deben ser carne de cañón de ninguna cruzada: deben ser sujetos de derecho, con respaldo, formación y dignidad laboral.
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